ECOSOC, 04/01/95, PRECIOS, INERCIA Y ESTABILIDAD CAMBIARIA
Hacia una estrategia anti-inflacionaria para Venezuela

Economía Y Ciencias Sociales

País/Country:Venezuela

Universidad Central de Venezuela

Autor/Author:LEONARDO VERA

Número/Number2-3

Frecuencia/Frequency: 4/yearly 4/año

Fecha/Date:04/01/95

Durante más de un decenio la economía venezolana ha sido sometida a experimentos extremos de política económica que han pretendido enfrentar la doble tarea de lograr objetivos de estabilidad económica y crecimiento sostenido. Después de anos de esfuerzos por tratar de imprimir al aparato productivo una dinámica propia, los resultados no pueden ser más desalentadores: la inflación ha dejado de ser un fenómeno esporádico y moderado para convertirse en uno crónico y rampante, en tanto que la acumulación y el crecimiento del aparato económico privado muestra signos de raquitismo y dependencia de la gestión publica expansiva.

El carácter crónico que ha adquirido la inflación en Venezuela no sólo ha conducido a una asignación más regresiva del producto y del ingreso, sino que los efectos que la misma ha ejercido sobre ciertos precios claves y sobre las expectativas de los agentes económicos, ha terminado por desviar en forma continua recursos económicos de la actividad productiva hacia otras actividades más lucrativas. Es quizás por esta razón, más que por ninguna otra, que el retomo a un escenario de baja inflación resulta impostergable. La inflación constituye hoy día la principal barrera contra el crecimiento.

En las líneas que siguen se hace un breve análisis de las causas de la inflación en una economía que sufre de un severo y crónico estrangulamiento externo, y en donde los agentes económicos organizados despliegan un comportamiento fuertemente defensivo en la formación de los precios. Se recrea en forma no exhaustiva la experiencia venezolana a partir del año 1989 (la cual parece interesante como materia de discusión en este sentido), se ensaya en la segunda parte una propuesta para dar salida al impase inflacionario sin obviar las dificultades inherentes a la misma y finalmente se hace una breve descripción del programa anti-inflacionario mexicano por ser el experimento de política económica que más se asemeja a nuestra propuesta. El trabajo, en líneas generales, está escrito en una forma no técnica de manera tal que el lector en una primera ojeada pueda captar algunos de los rasgos básicos de un tema que en ocasiones puede costar trasladar al papel.

1. INTERPRETANDO LA DINAMICA DE LA INFLACION

1. A. Impulsión, conflicto distributivo y propagación

Es preciso señalar, de entrada, que el enfoque que aquí utilizaremos para explicar las causas así como la salida al proceso de inflación en Venezuela, difiere en algunos puntos importantes de las explicaciones y las terapéuticas convencionales. El argumento que ubica el origen de la inflación en el aumento desordenado de la oferta de dinero o en las gestiones deficitarias del sector publico es bien conocido. La recomendación de política de estas tesis convocan la contracción de la demanda y en definitiva están asociadas a medidas recesivas. Sin pretender hacer un comentario critico exhaustivo sobre la pertinencia o no de estas posiciones, lo que si podemos afirmar es que estas explicaciones corren el riesgo de ser, cuando menos, simplistas. La Figura 1, por ejemplo, muestra lo difícil que resulta inferir algún tipo de relación estadística entre el déficit y la inflación reciente en Venezuela. Por otra parte, dos estudios empíricos recientes sobre la inflación en Venezuela (Guerra 1993, y Niculescu y Puente 1992)¹ revelan que la tan difundida "tesis" que ve la inflación como el resultado del exceso de dinero en la economía no parece tener un sólido sostén. Guerra usa un test de causalidad de Granger con data anual que va desde 1973 hasta 1991 a fin de evaluar el orden de causalidad entre la oferta monetaria y los precios. Sus resultados no rechazan la hipótesis nula de no causalidad del dinero a los precios. Niculescu y Puente usan un modelo de vectores autoregresivos con data mensual para el periodo 02/89 - 08/91 con la finalidad de determinar las relaciones de causalidad entre el tipo de cambio, el nivel de precios y la base monetaria. Sus resultados tampoco encuentran que la base monetaria explique el incremento en los precios. En definitiva nuestro análisis sugiere entonces la necesidad de entender que la dinámica inflacionaria de la economía venezolana como un fenómeno mucho más complejo que el que se encuentra implícito en los modelos convencionales (bien sea de corte monetarista o keynesiano), y que por tanto su solución pasa por la implementación de políticas múltiples que exigen una instrumentación orgánica y no mecánica.

La interpretación que aquí proponemos -un aggiomamiento de los modelos estructuralistas de la inflación- pretende aproximarse al problema inflacionario a un nivel .más fundamental que el exigido por las tesis convencionales. Se trata, a fin de cuentas, de identificar o descubrir la trama social que subyace en las abstracciones que usualmente usamos los economistas. En la raíz del problema, nuestro enfoque identifica la inflación como el resultado del conflicto o la pugna de los distintos actores societales (grupos, clases, regiones, agencias gubernamentales, grupos de intereses organizados) sobre la distribución del ingreso. Para ser más especifico, el conflicto distributivo surge tan pronto estos actores experimentan desbalances entre el ingreso real efectivo y el ingreso real aspirado (a consecuencia de variaciones en los precios relativos), y es eso lo que despierta un deseo colectivo por proteger lo que cada grupo organizado considera debe ser su participación legitima en el nivel de producto social. Ese desbalance entre el ingreso real efectivo y el ingreso real aspirado, es lo que algunos autores han denominado a "la brecha de aspiraciones".²

Naturalmente, todas las economías de mercado tienden a estar sujetas al conflicto y a la inflación, sin embargo, estas tendencias son mucho más pronunciadas en economías como la nuestra, donde las presiones de cambio en los precios relativos (que se manifiestan en formas de choques) son mucho más fuertes y recurrentes que las experimentadas por un país desarrollado, y donde las brechas, las desigualdades, la desarticulación, y la carencia de un proyecto común en el seno de los grupos o sectores más representativos repotencian las bases del conflicto.

Por razones que van mucho más allá de la simple conveniencia analítica, es útil considerar la aparición de la inflación como el resultado de dos tipos de mecanismos: los mecanismos "impulsores" y los mecanismos "propagadores".³ Los mecanismos impulsores, como su nombre lo sugiere, dan inicio al proceso de alza en los precios al modificar el vector de precios relativos. Un ejemplo típico de este tipo de eventos son las devaluaciones, el deterioro en los términos de intercambio, los aumentos en los impuestos, o los ajustes de precios controlados. Todos estos factores crean inestabilidad en la distribución de las corrientes de ingreso y en circunstancias ya inflacionarias, elevan el piso inflacionario sobre el cual los agentes intentan protegerse.

Aún siendo necesarios, los mecanismos impulsores no son suficientes para desencadenar un proceso inflacionario, pues los mismos por sí solos no generan un aumento continuo en los precios. Para que exista inflación es necesario adicionalmente que el efecto redistributivo que produce tal choque, genere reacciones por parte de los agentes afectados. Aquellos agentes que perciban un deterioro en sus niveles de ingreso real, pugnarán en la medida de sus posibilidades por restituir un nivel posiblemente pre-determinado de ingreso real (o ingreso real aspirado). Como las demandas por compensación son hechas en puntos discretos y específicos en el tiempo, el éxito de cada grupo o sector social en asegurar un incremento en su ingreso, significará un deterioro relativo en la posición de otro. Los mecanismos de indexación y la asincronía en los ajustes son los elementos que propagan la inflación en el tiempo. La falta de coordinación macroeconómica, por ejemplo, en la formación de precios y salarios, atenta contra cualquier intento de estabilidad en la distribución del ingreso y por tanto coadyuva a propagar las aspiraciones de indexación. La inflación termina por recoger elementos inerciales absolutamente independientes a los cambios en la demanda agregada.

Para ilustrar esto último basta con usar un pequeño modelo que muestra las reglas de formación de precios de los principales agentes en una economía: empresas y asalariados.

Las empresas forman precios utilizando márgenes de recargo (mark-up) sobre los costos unitarios de mano de obra y materia prima importada.

Esta regla en forma dinámica puede expresarse como:

donde las variables p, b, w, a, e, y p* representan tasas de crecimiento de los precios, el margen, el inverso de la productividad, los salarios, la relación insumos importados-producto, el tipo de cambio nominal, y los precios externos respectivamente. Por su parte representa Ia porción sobre los costos unitarios totales de los costos laborales y (1-a) la porción que representan los costos de insumos importados.

Si se asume constante el mark-up (µ= 0), ausencia total de cambios estructurales y cambios en la productividad del trabajo (a = 0 y b = 0), y precios internacionales constantes (P* _e = 0), la expresión (1 ) se reduce a:

La regla de ajuste salarial de la economía en términos dinámicos viene dad por la siguiente expresión:

lo que indica que el ajuste de los salarios nominales en el período corriente corresponde a una porción de la inflación acumulada en el periodo anterior. El coeficiente representa el grado de indexación salarial de la economía.

Al sustituir la regla de indexación en la ecuación (2), y suponiendo por un instante un tipo de cambio nominal fijo (e_t= 0) obtenemos:

La expresión (4) indica entonces que dados ciertos arreglos institucionales, los precios desarrollan una dinámica propia, independiente (en el corto plazo) del curso que tomen las variables de demanda agregada. Los precios por tanto responden a su propia inercia. Notemos además que en aquellos casos en que , el sistema se hace inestable conduciendo a un permanente incremento en la tasa de inflación.

l.B. El episodio inflacionario reciente en Venezuela

El proceso descrito con anterioridad por simple que parezca, es extremadamente útil para explicar la evolución de los precios en la economía venezolana en los últimos 15 años. Durante ese periodo, Venezuela ha estado sometida a tres (3) episodios inflacionarios de distinta intensidad (ver Figura 2). Los picos inflacionarios de estos episodios han estado asociados (con algún nivel de rezago), con un agudo deterioro de los términos de intercambio (1978),' con la política de liberalización y sinceración de precios (1979), y con dos devaluaciones intensas (1983,1989). Aunque uno pudiera pensar que la mayoría de estos episodios se originan en hechos de naturaleza distinta, todos sin embargo, forman parte de lo que nosotros hemos llamado, en marco analítico descrito anteriormente, mecanismos impulsores. Pasados cada uno de estos eventos la evolución de los precios ha presentado rasgos diferentes y en la medida que la economía ha aprendido a convivir con indexaciones periódicas y con una elevada inflación, la situación ha tendido a institucionalizarse.

En particular, el choque devaluatorio del año 89, imprimir a la economía algunos rasgos particulares que parece importante recalcar si observamos la Figura3. En primer lugar, después del impacto inicial sobre los precios que tuvo la devaluación, la inflación comenzó a converger hacia un piso inflacionario substancialmente superior al que venia experimentando en los trimestres anteriores. En segundo termino, y quizá no menos importante a los fines que nos preocupan, a partir del tercer trimestre del año 89 la inflación trimestral comienza a hacerse mucho más estable, lo que en definitiva pudiera indicar que los agentes han aprendido a convivir con indexaciones periódicas (a una elevada tasa inflacionaria) y que la situación ha tendido a institucionalizarse.

El impacto que el ajuste cambiario tuvo sobre los precios relativos fue inusitado. El bolívar se devaluó en casi un 100% y la inflación anual registro 85% (la más alta en lo que va de siglo). Inicialmente el sector productivo tuvo que asimilar el aumento de precio en bolívares de insumos intermedios y bienes de capital (en su mayoría importados), al tiempo que el sector asalariado experimenta una disminución en sus ingresos reales por dos vías: por el aumento de precio de los bienes de consumo importables, así como por el aumento del precio de los bienes de consumo nacionales que en su mayoría son producidos por empresas en estructuras de mercado oligopólicas. El alto grado de concentración del sector productivo y comercial y el poder de mercado que las empresas lideres detentan, hizo probablemente que los ajustes de precios por impactos vía costos fueran casi instantáneos. Los grupos asalariados contractuaron a destiempo esperando la negociación de un nuevo contrato para demandar incrementos nominales en los salarios. Esto generó una nueva presión sobre los costos dando rienda suelta a la acción de los mecanismos propagadores y a la espiral precio-salario. De esta forma lo que ha existido después del choque devaluatorio, es un intento periódico por tratar de recuperar las perdidas inflacionarias por medio de mecanismos de indexación desincronizados, lo que ha provocado entre otras cosas, la institucionalización de los conflictos distributivos, el desarrollo de una inercia inflacionaria, y la independencia de la inflación del comportamiento de la demanda agregada.

La política cambiaria tuvo signos aún más importantes. La paridad cambiaria pasó en el año 1989 de un esquema de tipo de cambio fijo a un esquema de flotación sucia y luego en 1992 a un esquema de deslizamientos periódicos (o crawling peg) que hace crisis en el segundo trimestre del año 1994 con el advenimiento de la crisis financiera. En uno u otro caso el principio rector de la flexibilidad cambiaria fue el de mantener la competitividad de los exportables y aligerar las presiones sobre la demanda de divisas.⁵ Los efectos en el mecanismo de formación de precios internos, sin embargo, han pasado desapercibidos para quienes gerenciaron la política económica en los últimos anos. El deslizamiento del tipo de cambio ha generado no solo una presión sobre los costos, sino que ha hecho que las empresas incorporen en sus márgenes de recargo las anticipaciones de la depreciación del signo monetario interno. Cuando llega el momento del ajuste, los precios se incrementan de acuerdo con los aumentos de precio que han tenido lugar desde el ajuste anterior y con los aumentos esperados antes del próximo ajuste. Este componente de expectativas impide en gran medida que la inflación pueda converger a niveles estables. En estas circunstancias la política cambiaria no solo ha servido como un mecanismo impulsor de la inflación, sino además se ha convertido en un mecanismo alimentador de la misma.

l.C. La contribución no trivial del sector publico en la inflación

La pugna por la distribución del ingreso no se circunscribe exclusivamente al sector privado. Dada la enorme importancia que tiene el Estado en la generación y distribución del ingreso, la pugna distributiva se origina igualmente en el sector publico, y como tal, hay que asignarle a la política fiscal un papel activo en la generación de presiones inflacionarias.

En la economía venezolana existen numerosos grupos representativos que se encuentran en una relación bilateral con el gobierno. En términos ilustrativos esta relación bilateral semeja una situación donde existen un conjunto de ventanillas a las que cada grupo o sector recurre para pedir transferencias o compensaciones. En esta arena, desajustes entre el ingreso real aspirado y el ingreso real efectivo, al igual que en la economía privada, originan presiones sobre el ingreso. Las empresas publicas exigen más recursos, los trabajadores públicos piden ser compensados, los ministerios, las gobernaciones, la salud, la educación y la infraestructura, cada uno exige una cuota de compensación si es que ven sus ingresos reales menguados por alguna circunstancia. En el pasado el modelo rentista petrolero no solo atendió las demandas sino que creó los incentivos para que la gran mayoría de estos grupos obtuvieran transferencias a su favor. Es obvio que en las circunstancias actuales estas demandas no pueden ser atendidas. En el juego bilateral con el sector publico, toda la presión de los grupos se ejerce en una misma dirección y cada uno busca maximizar las transferencias a su favor sin tener mucho en cuenta el modo y los costos de la financiación (que usualmente viene dado por la distorsión que significa el impuesto inflacionario, o más generalmente, por los costos de la inflación). La presencia de un sistema tributario poco efectivo, con un impuesto al ingreso de base estrecha (por diseño y por efecto de la evasión), y una clara dificultad de incrementar la recaudación por otras vías (por la impopularidad y el carácter fuertemente regresivo de la imposición indirecta), hacen que las presiones que se ejercen en la marcha sobre el sector publico, contribuyan a incrementar el déficit. En estas condiciones, al obtener una transferencia, un grupo descarga sobre otro el peso de su financiamiento y, al mismo tiempo, impone un costo social al conjunto.

2. HACIA UNA ESTRATEGIA ANTI-INFLACIONARIA HETERODOXA

La relación biunívoca entre ajuste cambiario e inflación y la relación aparentemente sencilla entre sus movimientos, pudiera llevar a muchos a pensar que la estabilidad del tipo de cambio (e incluso una revaluación) podría ser el paliativo para atenuar el proceso. Existe incluso un importante numero de observadores que ven en el uso de las tasas de cambio, como ancla nominal, y en el regreso al tipo de cambio fijo, la solución final al problema inflacionario. Desde nuestra óptica sin embargo, existen dos tipos de problemas que nos hacen ver con reservas tanto la propuesta de la efectividad del anclaje como instrumento anti-inflacionario, como también cualquier intento de lograr ese anclaje en forma brusca e inmediata.

En primer lugar, aún reconociendo que la estabilidad cambiaria constituye un elemento importante para una estrategia anti-inflacionaria exitosa, la salida al proceso requiere de otros objetivos no menos importantes. Un movimiento hacia un tipo de cambio fijo puede reforzar la convergencia de la tasa de inflación doméstica a la tasa de inflación mundial; solo en el caso en que los mecanismos de propagación e indexación están ausentes. De lo contrario, y paradójicamente en oposición a lo que podrían esperar las autoridades, los agentes económicos pudieran mantener un mercado ligado a un sistema de indexación rígido y conectado al pasado. En analogía con las experiencias de la física mecánica, un mecanismo que es movido por una determinada fuerza impulsora, no tiene que necesariamente detenerse cuando cesa de actuar esa fuerza, bien sea porque buena parte de la misma pudiera haber sido acumulada y continuar siendo utilizada posteriormente, o bien pudiera el mecanismo adquirir vida propia por la acción que la energía acumulada ejerce sobre otras fuerzas. En uno u otro caso, para detener el proceso es necesario no solamente eliminar la fuerza original sino también descargar la energía acumulada. A nuestro entender, entonces la inflación no se detiene cuando se frena la fuerza impulsora inicial, si no se actúa además, sobre los mecanismos propagadores.

El segundo riesgo importante es aquel que puede existir si se intenta anclar el tipo de cambio de forma inmediata. Este tipo de estrategia, en presencia de un escenario de inflación alta, pudiera generar una apreciación real muy pronunciada y continua del bolívar, afectando gravemente la competitividad de las firmas que producen bienes transables, y ejerciendo tales presiones sobre el mercado de divisas, que tarde o temprano podrían conducir a un ataque especulativo y a una creciente fuga de divisas, similar a la experimentada en el año 1983 y a principios del año 94. La acción del gobierno en este caso no es otra cosa que una declaración de buenas intenciones.

Una forma relativamente simple de mostrar la inefectividad del anclaje por si solo, es ampliando el modelo anterior con tres ecuaciones adicionales que representen: la ley de un solo precio, la regla de depreciación cambiaria de la economía (antes del anclaje), y la inflación como promedio ponderado de la inflación de los bienes internos y externos.

donde todas las variables se expresan como antes, como derivadas logarítmicas de una expresión original en forma de nivel. Por simplicidad hemos supuesto que la inflación futura esperada no entra ni en la regla de ajuste salarial ni en la regla de formación de precios. Es decir, la inercia se recoge (como se hizo anteriormente) puramente por la indexación sobre el comportamiento pasado de los precios.

A la notación anterior se agrega lo siguiente: P_t = tasa de crecimiento del nivel de precios domestico, P_et= tasa de inflación los bienes externos en moneda domestica, P_it = tasa de crecimiento de los precios de los bienes internos, e_t = tasa de devaluación en el periodo t, P*_et = tasa de inflación mundial en el periodo t, ( = grado de ajuste del tipo de cambio, y ( = porción de la inflación atribuible a los bienes internos. Manipulando la ecuaciones (1 ), (3), (5), (6) y (7), y asumiendo un mark-up constante, y ausencia de cambios estructurales y cambios en la productividad laboral (µ = 0, a= 0, y b= 0), escribimos la dinámica de la inflación domestica como la siguiente expresión:

De la ecuación (8) podríamos obtener varios escenarios importantes de la dinámica de la inflación. Consideremos el caso en donde después de anclar el tipo de cambio, existe aún plena indexación ((= 0, y ( =1 ). La ecuación (8) se transforma en:

lo que indica que aún después de fijar el tipo de cambio, habrá alguna inercia inflacionaria y en consecuencia el tipo de cambio real estará sujeto a una apreciación continua.

2. A. En búsqueda de estabilidad cambiaria: el corto y el largo plazo

La vía más segura para frenar los efectos de los movimientos cambiarios sobre la inflación es propiciando la convergencia hacia niveles estables de una manera gradual. El esquema de mini-depreciaciones periódicas (crawling peg) pudiera ser útil en la medida que éste conduzca en un periodo no muy largo a un tipo de cambio más o menos estable. En concreto, el esquema que proponemos es uno en donde la autoridad monetaria en un momento t anuncia una tasa de devaluación a lograrse en un periodo t+n. Esa tasa de devaluación podría colocarse deliberada- mente por debajo de la tasa de inflación para así dirigir las expectativas inflacionarias hacia la baja. El programa consistiría entonces en utilizar el sistema de crawling peg, pero a una tasa de depreciación decreciente y que converja a 0 en el periodo t+n, y cuya sumatoria sea igual a la tasa de devaluación preanunciada. En el escenario hipotético en el cual el tipo de cambio en el periodo t fuera, por ejemplo, de 110 Bs/$ y en el que el periodo t+n fuera de doce meses, un esquema de mini-devaluaciones de 15 céntimos podría preanunciar una devaluación de un 36% para llegar en seis meses a un tipo de cambio de 149,6 Bs./$. Es necesario acotar, sin embargo, que esta meta seria una sobrestimación de cuánto debe ser la magnitud del deslizamiento cambiario total, pues como argumentaremos más adelante, paralelamente al proceso de estabilidad cambiaria es vital implementar un plan de desindexación gradual del resto de los contratos en la economía.

La idea de deslizar el tipo de cambio a una tasa decreciente implica naturalmente un control más estricto sobre el mercado de divisas por parte de la autoridad monetaria. Venezuela ha perdido una magnifica oportunidad en este sentido pues el Banco Central ha contado en los últimos años con holgura suficiente como para inyectar el monto marginal requerido de divisas que induzca la disminución progresiva de la tasa de depreciación del bolívar.

Un escenario más problemático y controversial seria aquel en el cual el Banco Central, por un fundado temor de perder sus reservas operativas, tuviera que inhibirse en su intento por inyectar una oferta marginal creciente de divisas. Esta es naturalmente una de las limitaciones con las que tropezaría nuestra propuesta. La crisis que actualmente aqueja al sistema financiero nacional efectivamente ha colocado en guardia al Banco Central vista la intensidad con la cual los agentes económicos sustituyen bajo estas circunstancias activos financieros de "mala" calidad por divisas. En este caso, la única forma de. conservar el objetivo de lograr una tasa de depreciación decreciente del signo doméstico, seria actuando sobre la demanda de divisas en una forma discriminatoria. La prudencia indica que tal discriminación sobre la demanda debe ser sorpresiva y sobre los requerimientos no productivos de divisas.⁷

La circunstancia anterior obliga a orientar cualquier intento de alivio de la demanda de divisas a políticas de cuotas o gravámenes sobre los requerimientos de divisas para fines no productivos (como colocaciones en títulos financieros extranjeros o requerimientos para gastos de consumo contingente). Por otra parte, la discriminación sobre la demanda de divisas además de ser sorpresiva, debe ser temporal. Para eso es preciso recordar, que en ultima instancia, el problema cambiario y del estrangulamiento crónico externo de la economía venezolana, requiere de un aumento sostenido de la oferta de divisas y por lo tanto de un estilo de crecimiento de largo aliento y orientado hacia las exportaciones.

Naturalmente, la incidencia de un control sobre ciertos componentes de la estructura de demanda de divisas es inmediata, en tanto que una política de estimulo a la oferta de divisas requiere de un reacomodo importante del aparato productivo, y como tal, es de largo aliento. Esta asimetría sugiere que la política económica debe ser lo suficientemente sensible como para relajar las restricciones sobre la demanda de divisas en la medida en que la producción de exportables se haga más dinámica.

Cualquiera que sea la ruta para hacer converger la suma de las depreciaciones decrecientes a la tasa de devaluación preanunciada, es importante hacer notar que en el largo plazo, la estabilidad cambiaria dependerá de la supresión del estrangulamiento externo. Es aquí, precisamente, donde una política industrial inteligente y activa se conjuga con el objetivo de estabilidad cambiaria. Después de cinco anos bajo la acción casi exclusiva de los precios relativos, la presencia de las exportaciones nacionales en los mercados internacionales sigue siendo tímida y al interior de la nueva administración comienza a vislumbrarse la formulación de algún tipo de política dirigida al estimulo de las exportaciones. La acción de estos estímulos, sin embargo, debe manejarse cuidadosamente sin recaer irrestrictamente sobre cualquier sector. Una política industrial inteligente, debe ser aquella que favorezca orientaciones exportadoras que se refuercen a si mismás por efectos de tipo acumulativos. El éxito de tal política radica por consiguiente, en la identificación de ciertos sectores estratégicos en donde realmente exista una conexión entre movimientos en la productividad y la competitividad relativa. La identificación de aquellos sectores en donde existe el potencial para que un incremento en las exportaciones genere una mayor tasa de crecimiento y un incremento en la productividad, es de vital importancia, porque es allí donde los cambios en la productividad perpetúan el proceso de aumento en las exportaciones al incrementar la competitividad relativa. Cualquiera que sea el tipo de estimulo a usar (exenciones tributarias, financiamiento preferencial, desgravamen a los insumos, etc...) el punto crucial resulta ser el de cómo identificar un sector estratégico. Es allí donde el sector publico debe hacer una evaluación técnica que permita llegar a una pre- identificación, para luego someter a la misma a una discusión abierta con el sector privado de la economía.⁸

2.B. La acción sobre los mecanismos propagadores

Anteriormente hemos dicho que la estabilidad cambiaria por sí sola no altera la dinámica inflacionaria, específicamente la que obedece a los mecanismos propagadores. Una experiencia estabilizadora exitosa debe complementar la política de estabilidad cambiaria con una política de ingresos dirigida a desindexar al resto de la economía.

Desindexar la economía sin embargo, no es tarea fácil. En un marco de Inflación, los agentes económicos sólo abandonan sus prácticas protectoras cuando sienten la seguridad de que el contexto ha cambiado realmente a uno de precios estables. Este tipo de histéresis, en la que los agentes persisten en el uso de la indexación, aun sin ser ésta necesaria, ha sido una barrera importante para los intentos de estabilización.

La experiencia latinoamericana indica que la mejor forma de detener la acción de los mecanismos propagadores es por la vía de un acuerdo cooperativo en procesos repetitivos de concertación social entre los grupos o sectores en pugna.⁹ Estos acuerdos buscarían en primer lugar imprimir un alto nivel de sincronismo a los ajustes de precios en todos los mercados, y en segundo lugar, reducir las aspiraciones de indexación de todos los agentes a niveles moderados. Por ejemplo, la moderación salarial y la menor beligerancia laboral, tendría como contrapartida el compromiso de los empresarios de limitar las alzas de precios y de propiciar un mayor crecimiento del producto, al tiempo que el sector público se comprometería a vigilar la estabilidad cambiaria y fiscal. Al termino de cada periodo de negociación, se acordaría, entre las partes involucradas, la proporción en que se incrementarían los precios claves de la economía en el periodo siguiente. Así, gracias a decisiones de aumentos sincronizados cada vez menores, podría esperarse un desmontaje paulatino de los mecanismos protectores de los agentes organizados. Si el compromiso de anclaje nominal del tipo de cambio es para un periodo de doce meses, una meta prudente de desindexación podría consistir en proyectar la indexación acumulada futura a un periodo t+n en sólo la mitad de la indexación pasada en un periodo t-n. En otras palabras si la indexación acumulada promedio de los precios de la economía en los seis meses previos al momento t fue de 47%, un objetivo plausible de incremento concertado en los precios en los siguientes doce meses al periodo t seria de 23,5%, que bien podría distribuirse trimestralmente en 8%, 6%, 5% y 4,5o/a para los correspondientes cuatro trimestres.¹⁰

¿Cómo se conjuga entonces el objetivo de desindexación con el objetivo de estabilidad cambiaria mencionado con anterioridad? Dentro del contexto referido para determinar la regla vigente de mini-devaluaciones, lo que el Banco Central usualmente hace es determinar el monto de la mini-devaluación en función de los diferenciales de inflación pasados (interno vs. resto del mundo), sin embargo, en el caso particular que estamos proponiendo, la tasa de devaluación a futuro que debe preanunciarse hoy, debe tomar en consideración los efectos atenuantes que sobre el diferencial de precios externo e interno va a tener la nueva regla de indexación. Pensando que la regla de indexación a convenir para el periodo t+n pueda ser un 50% menor a la inflación pasada (entre t-n y t como efectivamente establecimos anteriormente, y asumiendo adicionalmente que la inflación externa se mantiene constante, la meta de devaluación para e1 periodo t+n bien podría ser de un 18% (en lugar de 36% como indicaría el crawling peg de 15 céntimos por día), lo que colocaría al tipo de cambio en el periodo t+n en 129,8 Bs./$. Esto significa que en un periodo de doce meses con 264 días hábiles de transacciones en el mercado cambiario el tipo de cambio debería converger a una regla de depreciación de 19,8 Bs. (1.990 céntimos), que podría comenzar con minidevaluaciones de 15 céntimos durante los primeros días hasta llevarla a 0 en el día 264 (que seria el momento t+n).

Es importante recalcar, que los acuerdos temporales entre agentes del sector privado para romper la inercia inflacionaria deben ser acompañados de un compromiso público. Al ser el sector publico un agente más en la pugna distributiva, toda solución que busque nivelar los ingresos efectivos con los niveles aspirados debe pasar por la ecuación fiscal. Hay, por lo demás, un elemento de credibilidad publica que hace que los agentes privados racionalicen la falta de compromiso fiscal y cambiario, por parte del sector publico, con inestabilidad en los precios, lo que en definitiva deviene en conductas protectoras. Si bien un tratamiento riguroso de los mecanismos institucionales requeridos para aliviar la presión fiscal escapa de nuestro objetivo analítico, es indiscutible la conveniencia de buscar una salida a la estrechez fiscal por la vía tributaria, y de reducir el juego de las negociaciones bilaterales dentro del sector publico, a un marco de negociación colectiva en donde cada sector en presencia de los demás se comprometa a normas más o menos estrictas de ejecución presupuestaria. Los mecanismos legislativos parecen ser los ámbitos naturales para que la negociación presupuestaria se concrete en un documento con fuerza legal, no sólo por razones de legitimidad, sino atendiendo a los requerimientos impuestos en materia de costos de transacción e implementación de un acuerdo que defina la estructura de gastos y de impuestos.

Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, estos acuerdos temporales de precios, salarios y otros contratos no tienen por objeto sustituir el mecanismo de mercado ni la libertad de los agentes económicos, sino que tienen el propósito de restablecer el funcionamiento normal del mecanismo de mercado al hacer posible que los agentes económicos adopten decisiones con base a información no distorsionada. La concertación general al interior del propio grupo industrial y comercial permite que las decisiones individuales sobre precios se tomen en un ambiente de escasa incertidumbre respecto al movimiento de los demás precios privados. Así, los grupos que detentan poder de mercado no necesitan involucrarse en complicados juegos estratégicos ni necesitan tener especiales habilidades para descifrar el futuro cercano. En definitiva, lo que el gobierno establece es un objetivo alrededor del cual los precios y los salarios pueden converger y de esa manera ayudar a coordinar el comportamiento de los agentes. Las políticas de ingresos no impiden el acercamiento a los equilibrios sino que, por el contrario, conducen a la economía al logro del mejor de todos los equilibrios posibles. En este sentido, y tal como lo ha señalado Simonsen (1987), el gobierno no descubre la estrategia óptima del sector privado, sino que coordina un conjunto de estrategias que son seleccionadas de forma simultánea.¹¹

Existen, desde luego, varios peligros inminentes en todo intento de concertación social. Si llega a existir, por ejemplo, falta de credibilidad en la capacidad de los negociadores para crear conciencia en los potenciales free riders, de cuáles son los costos globales de las acciones unilaterales, el poder de los acuerdos sobre salarios y precios se toma poco confiable. Por eso, es muy importante que la instancia publica que propicia la concertación haga ver los efectos negativos que originan el conflicto y la acción individual de los agentes organizados, para que de esta forma los agentes puedan concluir que la solución cooperativa es mejor que la solución individual. En segundo término, es necesario hacer un seguimiento de las variables relevantes, hay que hacer cierto esfuerzo de coordinación en la discusión entre los sectores, se necesita tomar decisiones sobre la marcha sobre cuestiones no acordadas, y hay que trabajar los consensos que habrán de transformarse en acuerdos al vencimiento o antes de cada concertación. Ninguno de estos objetivos es de fácil consecución si no se crea como parte del pacto una Comisión de Seguimiento y Evaluación en la cual están representados los sectores involucrados. La tercera gran dificultad radica en la forma cada vez más descentralizada en que se negocian los acuerdos de precios en la economía. Por una parte, la descentralizacibn del movimiento laboral ha ido creciendo a lo largo de los últimos anos, trayendo disidencias dentro del seno de las confederaciones tradicionales. Por otra parte, en el seno de los gremios empresariales y comerciales, el problema de la representatividad pudiera ser todavía más serio. Estos elementos acarrean ciertas dificultades a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo global, y podrían implicar que el grado de obediencia sea bajo.

3. LA EXPERIENCIA MEXICANA DE ESTABILIZACION CONCERTADA

Entre los objetivos centrales de política económica que la nueva administración ha esbozado, destaca un esquema para abatir la inflación al que ha denominado "el Compromiso de Solidaridad". Aunque el contenido y los detalles de este esquema son (para sorpresa de muchos) aún desconocidos, algunos personeros de la administración han adelantado que tal plan consistiría en la instrumentación de una política de ingresos cuyos elementos fundamentales simularían el plan mexicano de estabilización puesto en practica en diciembre de 1987. Aunque recientemente existe una tendencia creciente en el seno de las comunidades académicas y de la tribuna publica a discutir sobre el éxito y los fracasos de los planes de estabilización heterodoxos, la discusión deja entrever que es poco lo que se sabe en relación a los detalles de estos programas anti-inflacionarios y que efectivamente en el caso mexicano, el desconocimiento es casi total. Como el programa mexicano constituye, por así decirlo, un experimento exitoso de lucha anti-inflacionaria de corte heterodoxo, resulta importante, quizá, reportar aquí tanto eI contexto, como los elementos constitutivos y resultados inmediatos de esta experiencia.¹²

3.A. Breves antecedentes

Las presiones inflacionarias de la economía mexicana comienzan a desatarse en 1973, aunque las mismas estuvieron bajo control hasta 1981. Esta situación se modifica substancialmente en el ano 1982 cuando en medio de una severa crisis de incapacidad para cumplir sus compromisos financieros y de estrangulamiento externo generalizado, el gobierno mexicano decide devaluar la moneda en un 466%. Al final del año la inflación alcanzó una histórica marca de 100% y por primera vez desde 1932 el PIB registró un descenso con respecto al ano anterior (-0,6%). En esta circunstancia, el gobierno comienza a atacar la inflación con una política ortodoxa de austeridad que logra solo resultados parciales en 1984 (59,2%), pero que no logra evitar su recurrencia en los anos venideros llegando a alcanzar en 1987 el 160% anual. Este nuevo brote inflacionario de 1987 tuvo sus causas inmediatas en la fuerte devaluación que experimentó el peso mexicano, como consecuencia de la caída estrepitosa de las cotizaciones del .mercado bursátil. Para el 12 de noviembre de ese ano el precio de las acciones había descendido en un 70%'3 y el desastre bursátil ya había desvanecido todo tipo de ilusiones, por lo que los agentes económicos comenzaron a dirigir un enorme monto de recursos hacia el mercado cambiario en busca de dólares. Aunado a esto, muchas empresas empezaron a adquirir divisas en el mercado libre a fin de liquidar anticipadamente deudas con los agentes externos, ya que algunos acreedores comenzaron a ofrecer descuentos por pagos anticipados. Las compras masivas de dólares amenazaron con afectar tan seriamente el nivel de reservas internacionales, que el 18 de noviembre el Banco de México tomo la decisión de dejar de intervenir en el mercado cambiario provocando una devaluación del peso de cerca del 40%.

Teniendo como antecedente la devaluación masiva del año 82 y el fracaso de las políticas anti-inflacionarias ortodoxas, el día 15 de diciembre, el Presidente de la República anunciaba una nueva política de estabilización llamada Pacto de Solidaridad Económica. Los objetivos declarados del Pacto eran abatir rápidamente la inflación atacando su componente inercial y sentar las bases para el crecimiento de la economía.

3.B. El diseño y evolución del plan

Formalmente el plan de concertación consistió en un mecanismo por cual el gobierno se comprometía a compartir la responsabilidad de la política económica con los representantes de los sectores empresariales, obrero y campesino, estableciendo acuerdos sobre los porcentajes máximos de variación de los precios públicos, de los precios privados de los bienes y servicios y de los salarios, así como también sobre el tenor de la política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial. Por estar la economía mexicana fuertemente corporativizada, en realidad la representación de los sectores obrero y campesino la ejercieron instituciones que estaban disciplinadamente encuadradas con el partido de gobierno.¹⁴ Como parte del Pacto se creó una comisión de seguimiento y evaluación con representación de los sectores firmantes a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las metas y de coordinar la discusión.

El Pacto contempló básicamente dos etapas. En la primera de ellas, entre la firma el día 15 de diciembre 1987 y el 28 de febrero de 1988, se buscaba corregir los desequilibrios existentes entre los distintos precios relativos, tratando por tanto de lograr un vector clave inicial de precios lo suficientemente cercano al nivel "normal" de manera de minimizar las presiones unilaterales. En este sentido, se ajustaron los salarios mínimos, los precios y tarifas publicas, y el tipo de cambio controlado. Así mismo en esta primera etapa el sector publico se comprometió a lograr una meta superavitaria del presupuesto fiscal primario y una política monetaria levemente restrictiva. Estas medidas fueron complementadas con una política de apertura que disminuyo el arancel máximo y el promedio arancelario, acotando aún más el margen de movilidad de los precios internos.¹⁵

La segunda etapa del Pacto comenzó a partir del mes de marzo de 1988 y se prolongó hasta el año 1990 tiempo durante el cual se realizaron nueve rondas de negociación cuyas vigencias pactadas fueron variables, estableciendo un mes para la más corta. A beneficio del plan el relevo de poderes de diciembre de 1988 no suscitó ninguna incertidumbre porque los operadores económicos reconocían la responsabilidad del nuevo equipo gobernante en el diseño y ejecución de la política económica de la administración saliente. Los principales acuerdos pactados contemplaron en la práctica los siguientes elementos:

En materia cambiaria, luego de un aumento acumulado de apenas 2,8% en los meses de enero y febrero de 1988 para los tipos de cambio libre y controlado, el tipo de cambio se anclo desde marzo hasta diciembre, cuando se acordó un deslizamiento de un peso diario hasta mayo del 1990, de 0,80 pesos diarios hasta noviembre de ese mismo ano, y de 0,40 pesos diarios a partir de entonces.

En materia de salarios, se acordó un aumento del 8% a partir de marzo de 1988 y otro de 8% a partir de diciembre de ese mismo ano. Un nuevo aumento de 10% se hizo en diciembre de 1989, para luego permanecer constante hasta noviembre del 90, cuando se aumentó en un 18%.

Los precios privados y públicos se mantuvieron sin mayores cambios durante el año 1988, sin embargo, con respecto a los primeros durante los dos anos sucesivos el mismo sector privado recomendó a sus agremiados mantener al mínimo las variaciones, absorbiendo los aumentos de costos. En relación a los precios y tarifas públicos se acordaron incrementos de 18,4% y a razón de 29,5% en 1989 y 1990.

En materia fiscal el gobierno fijó una meta superavitaria del 8,3% del PIB para el año 1988, sin embargo, la disminución contingente del precio del petróleo solo permitió llevar el superavit primario al 6% del PIB. Durante 1989 y 1990 el superávit primario fue superior al prometido y el gobierno se comprometió a profundizar la desregulación económica.¹⁷

La política monetaria intentó regular la monetización de la economía de modo que no ahogara el fuerte impulso que la inversión física privada comenzó a adquirir y no presionara excesivamente el nivel de precios.

3.C. Los resultados del Pacto

En el terreno de la lucha anti-inflacionaria los resultados del esquema de concertación fueron muy alentadores, ya que la inflación descendió gradualmente de alrededor de 15% mensual en los meses de diciembre de 1987 y enero de 1988 a menos de 1 % mensual a partir de agosto. La inflación anual en 1988 descendió en 107 puntos con respecto al año anterior para situarse en 51,7%, y en 1989 y 1990 registro las cifras de 19,7% y 29,9% respectivamente (ver Figura 4). Tan importante como lo anterior es el hecho de que la desinfección se logró sin un costo importante en términos del producto, tanto es así que el PIB creció durante los tres años a una tasa promedio de 2,8% anual. Visto desde la perspectiva de la acumulación y las posibilidades potenciales para el crecimiento, el programa ha sido de un éxito evidente. La inversión privada fue el elemento más dinámico del lado de la demanda, creciendo en estos tres anos a una tasa promedio anual de 11,4%. Al crecer la demanda global a un ritmo aún mayor que el producto (a una tasa anual promedio de 4,7%), el programa suscitó, no obstante, un inusitado incremento en las importaciones que llevó a posiciones deficitarias en la balanza comercial en los años 89 y los primeros anos de la década de los noventa. Este es quizá uno de los posibles eventos desestabilizadores del programa, pues a pesar de que los desequilibrios comerciales durante estos anos han sido financiados con reservas acumuladas y entradas de capital, esta no es una situación sostenible en el mediano y largo plazo y requiere necesariamente que el comercio internacional induzca efectivamente dinamismo a las exportaciones.

4. COMENTARIOS FINALES

En suma, y en términos de la propuesta antes señalada, hemos centrado la discusión en la conveniencia de estabilizar el tipo de cambio de una manera gradual a través de un mecanismo preanunciado de mini-depreciaciones periódicas decrecientes, con el objeto de llegar así a una flexibilidad restringida. Es importante iniciar un proceso de ajuste cambiario como el planteado en compañía de una situación de holgura en la posición de reservas. Sin embargo, en el largo plazo, la única forma de evitar desalineamientos de la tasa de cambio real, es contando con el aliento de un régimen de crecimiento orientado hacia las exportaciones. Es en este punto donde la estabilidad cambiaria, la política anti-inflacionaria, y la política industrial y comercial se conjugan. La política de anclar el cambio nominal de una forma gradual será creíble y puede tener efectos positivos sobre el proceso de estabilización, si y solo si un conjunto de condiciones adicionales están presentes. Nuestro enfoque sugiere además que una posible manera de minimizarlos riesgos de un programa anti-inflacionario es complementando las acciones para estabilizar el tipo de cambio, con una política de ingresos dirigida a desindexar el resto de la economía , utilizando el mecanismo de los acuerdos voluntarios periódicos e incorporando ciertas metas y objetivos fiscales en la agenda de negociaciones. Sin embargo, hemos expresado algunas de las dificultades que una acción como la de los acuerdos voluntarios puede acarrear (la falta de compromiso publico, la acción de los free riders, la carencia de coordinacion y seguimiento de los acuerdos y la perdida de representatividad de los sectores organizados tradicionales). Superados estos obstáculos y una vez implementado el esquema en los detalles comentados en este ensayo, la observación empírica a esperar es la de un quiebre estructural en las propiedades dinámicas de la inflación. Este quiebre estructural ocurrió en -o alrededor de- el momento en que se anuncie y se implemente el esquema, y a partir de ese momento la inflación rezagada debe decaer, reflejando la reducción en el grado de persistencia del proceso inflacionario. Finalmente, hemos hecho una breve descripción del programa anti-inflacionario mexicano de diciembre del 1987 que habiéndose coronado con éxito semeja en muchas de sus líneas al planteado en este ensayo. Componentes fundamentales de este plan fueron los acuerdos entre los principales agentes sobre un programa de políticas de ingreso con mecanismos específicos de desindexación para el tipo de cambio, los salarios, los precios de los bienes y servicios públicos al mismo tiempo que se obtenía un acuerdo voluntario explícito de los empresarios de no incrementar los precios. Al reseñar los logros de estabilidad y acumulación y crecimiento del producto del acuerdo mexicano, hemos igualmente planteado las dificultades futuras que el desequilibrio comercial puede acarrear para el sostén del programa en el largo plazo.

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