INTRODUCCION
A pesar de que la Constitución de Cuba de 1976 hubiera previsto la posibilidad de inversiones extranjeras y empresas mixtas y que el Decreto Ley n° 50 de 1982 estableciera la reglamentación necesaria a tal efecto es evidente que fue la crisis económica provocada por el colapso del Bloque Soviético que llevó a la búsqueda de una apertura al capital extranjero a un lugar central en 1a política dei gobierno cubano. Tomando en cuenta las dimensiones de la crisis y la apremiante necesidad de generar fuentes de divisas convertibles (Carranza, 1993, 5; Triana, 1994, 6; SELA, 1992, 3), no cabe la menor duda de que una apertura resultó necesaria. Lo que no está tan claro para muchos es la manera en que esta política se ha llevado a cabo y cuáles pudieran ser sus consecuencias a la larga.
El debate respecto a las potenciales implicaciones de la asociación con capital extranjero se hace aún más necesario porque, si bien es evidente que se produjo, en primer término, por su potencial contribución a la resolución de la actual crisis, no es menos cierto que se le atribuye un papel importante en la proyectada reestructuración global de la economía (IRELA, 1994, 6), de manera que su presencia no será coyuntural sino permanente. Siendo así, es de suponer que la relación que se viene estableciendo con el capital foráneo pudiera incidir de manera decisiva en el carácter de esta reestructuración económica y, en consecuencia, en el rumbo que asumiera el mismo proyecto revolucionario.
Insistimos en esto porque hay quienes creen o temen que esta apertura significa la introducción de un «caballo de Troya» que llevaría a la larga a un proceso de privatización dominado por el capital extranjero. Quienes así piensan suponen que esto llevaría a un inevitable debilitamiento del carácter socialista de la Revolución, sobre todo tomando en cuenta que se efectúa dentro de un contexto en que otras medidas (como la legalización del dolar, la autorización del trabajo por cuenta propia, etc.) parecieran apuntar en la misma dirección. Hay otros que, compartiendo estos mismos temores, no obstante admiten la necesidad de las medidas adoptadas pero argumentan que deben ser acompañadas de un fortalecimiento del frente interno, impulsando cooperativas y formas autogestionadas orientadas hacia un proceso de transformación tecnológica más autosuficiente y que promueve las organizaciones de mediana y pequeña escala (Hernández, 1994). En todo caso, los acelerados cambios que han caracterizado los últimos cuatro años y la manera cada vez más radical con que se rompe con el modelo económico vigente hasta 1989, naturalmente provocan inquietudes e interrogantes en tomo a aquellos `logros fundamentales de la Revolución' que el régimen se empeña en defender en las difíciles circunstancias de la actual crisis.
Coincidimos con la opinión expresada recientemente por dos colegas cubanos cuando argumentan que
... resulta contrastante la creatividad e imaginación desplegadas en el terreno práctico por los formuladores y ejecutores de la política económica cubana actual, con la ausencia de trabajos teóricos sobre el tema por parte de académicos e investigadores del país {Monreal y Rua, 1994, 160).
Otros autores cubanos van más lejos y plantean que "la realidad cubana espera por una reinterpretación teórica". (Fleites-Lear y Patterson, 1993, 51 ) A fin de cuentas, se trata no solamente de la necesidad de reflexionar respecto a la reciente experiencia cubana; el colapso del Bloque Soviético ha impuesto una revisión general de supuestos que tradicionalmente han inspirado el pensamiento socialista. Conscientes de la amplitud del reto, nosotros nos limitamos a explorar un solo aspecto del problema, aunque lo consideramos de una importancia medular.
Cualquier intento de calibrar las implicaciones más generales de los cambios efectuados recientemente en Cuba nos exige superar un primer escollo: entre intelectuales latinoamericanos (sobre todo ´de izquierda') persiste una fuerte identificación entre socialismo y propiedad estatal de los medios de producción, de manera que la estatización de empresas privadas (y más aún si son empresas extranjeras) ha sido considerado casi automáticamente durante décadas como una medida `socialista' o, cuando menos, como una medida que apunta hacia una posible `transición hacia el socialismo'. A pesar de que el mismo Lenin hubiera reconocido, durante los primeros años de la Revolución Rusa, la necesidad y hasta la conveniencia de atraer a capitales foráneos (Haya de la Torre, 1975, 67-70), en general quienes han invocado su nombre posteriormente han tenido la tendencia de identificar al capital extranjero como el principal enemigo de cualquier proyecto socialista, quintaesencia del imperialimo.
En cualquier caso, y por supuesto en el caso cubano que nos preocupa aquí, se hace necesario examinar los supuestos que hemos comentado y, por tanto, repensar los mismos parámetros de un proyecto socialista. Y el punto de partida no puede ser otro que las alternativas que enfrentan las mismas experiencias revolucionarias. En cuanto a nuestro propósito de calibrar las implicaciones de la apertura al capital extranjero, requiere de un análisis de las condiciones precisas bajo las cuales se está, produciendo.
En consecuencia, proponemos organizar nuestra discusión en tres partes: una primera dedicada a ubicar este aspecto de la política gubernamental en el contexto de su estrategia global; una segunda que examina el marco jurídico-institucional elaborado para regular las relaciones del capital extranjero con el Estado, con la fuerza laboral y con la sociedad en su conjunto; y una tercera en que intentaremos explorar algunas de las posibles consecuencias sociales de la apertura. Redondearemos la discusión con unas reflexiones provisionales en tomo a posibles implicaciones teóricas.
LA BUSQUEDA DE UNA APERTURA COMPATIBLE CON LA REVOLUCION
Lo primero que llama la atención al analizar la reacción del régimen cubano frente a la crisis y frente a la imperiosa necesidad de acomodar sus relaciones con un entorno ya dominado por una economía capitalista globalizada, es que sus prioridades fueron, desde el primer momento, radicalmente distintas si las comparamos con aquellas de otros gobiernos latinoamericanos enfrentados con problemas similares (aunque, por supuesto, menos agudos).
Frente a la disminución drástica de su capacidad de importar (de $8.000 millones en 1989 a aproximadamente $1.700 millones en 1992) (IRELA, 1993, 2), la primera decisión estratégica era de defender hasta donde fuera posible, los logros fundamentales de la Revolución: los servicios sociales (seguridad social, educación, salud), la garantía de empleo y el notablemente igualitario sistema de remuneraciones (aunque ahora se trata de una igualitaria distribución de los sacrificios). Al iniciarse el `Período Especial', lo primero que se anunció era la determinación de
lesionar lo menos posible lo ya avanzado en los aspectos sociales, evitando los altos costos sociales que han afectado a otros países subdesarrollados cuando aplicaron drásticos programas de ajustes (SELA, 1992, 3).
Lo último significó un aumento importante en la proporción de alimentos y otros bienes esenciales de consumo sujetos al sistema de racionamiento y la decisión (mantenida hasta septiembre de 1994) de no recurrir a aumentos de precios como mecanismo para enfrentar el exceso de liquidez.
Sobre esta base, se diseñó una estrategia para contrarrestar el grave desequilibrio en el sector externo de la economía, buscando todas las maneras posibles de racionalizar la demanda de importaciones y aumentar al máximo las fuentes de divisas convertibles.
Los dos ejes centrales de los intentos por reducir la demanda de importaciones eran
2) esfuerzos por racionalizar la utilización de energía.
En general, resulta evidente que el interés más inmediato y general era el aporte que significó el capital extranjero a la resolución del problema de la escasez de divisas. Sin embargo, es necesario apreciar que este aporte no se reduce a una simple inyección de capital: Inclusive, la llegada de capital fresco muchas veces constituye el aspecto menos interesante de un proyecto de asociación. Tal como hemos visto en el caso del turismo, la introducción de capacidad gerencial puede ser más importante. El capital extranjero está también en condición de ofrecer facilidades de mercadeo (particularmente importante dada la falta de experiencia de los cubanos en este campo), o acceso a materias primas difíciles de conseguir etc.
Estos distintos aportes potenciales han llevado a que los cubanos hayan experimentado con una variedad de modalidades de asociación con el capital extranjero; aparte de las empresas mixtas que vamos a examinar en detalle, se encuentran producciones cooperadas, acuerdos de comercialización, cuentas de participación y (en el caso de la exploración petrolera) contratos de riesgo (De la Fuente, 1994,23-56).
Por el momento, queremos concentrar nuestra atención en las empresas mixtas y en los criterios que determinan su introducción en el sector productivo de la economía. En el sector industrial, inicialmente se identificó tres áreas prioritarias:
1. Aquellos sectores en donde la reactivación de una capacidad ociosa pudiera contribuir a aumentar las exportaciones o sustituir importaciones. Se destaca en este grupo la industria médicofarmacéutica (menos la biotecnología que quedó en manos del Estado), la industria textil, la poligráfica, la actividad electrónica, las refinerías, la producción de cemento y otros materiales de construcción.2. Aquellos sectores de bienes tradicionalmente exportados (azúcar, cítricos, níquel) donde existen perspectivas de .aumentar el valor agregado de las exportaciones.
3. Allí donde pudieran aportar al ahorro de energía o materias primas o un aumento de su suministro local. Aquí se destaca la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima (Pérez, Zuanzábar y Casanova, 1993, 40).
Como se puede apreciar, el criterio fundamental era el aporté potencial a la resolución del problema de divisas, existiendo una gran variedad de sectores que, bajo este criterio, eran potenciales receptores.
En 1992, el Ministro José Luis Rodríguez estimó el monto total de las inversiones extranjeras en Cuba entre 400 y 500 millones de dólares. A esas alturas, se destacaban una inversión de US$ 192 millones para construir un hotel en la Isla de la Juventud y algunas inversiones importantes en el sector energético pero, por lo demás, se trataba básicamente de contratos en la pequeña y mediana industria que no implicaban montos mayores de $ 100.000 (Lessmann, 1994, 48). Desde la perspectiva de la economía racional en su conjunto, la proporción de la mano de obra afectada era sumamente reducida y se seguía concibiendo al sector vinculado al capital extranjero como una especie de enclave, sujeto a un régimen especial, al margen del funcionamiento del sector estatal. Aparentemente, muchos no se dieron cuenta de las verdaderas dimensiones de la crisis, ni de la profundidad de los cambios que se imponía para enfrentarla. Posiblemente, los montos relativamente reducidos de las inversiones extranjeras en aquel entonces explica la tardanza de los `académicos e investigadores' en reflexionar respecto a sus potenciales implicaciones.
A estas alturas, finalizado el año 1994, la reflexión se impone. En noviembre de 1994, el Ministro Carlos Lage precisó que «al culminar el presente año, el aporte financiero externo suscrito a través de esas asociaciones superaría la cifra de US$ 1.500 millones y comentó que «se encuentran en negociación más de 200 proyectos. Al mismo tiempo, hizo referencia a la «reciente firma de acuerdos para empresas mixtas en telecomunicaciones, procesamiento de níquel y refinación de petróleo (Lage, 1994, 3-4). Da la impresión de que estos últimos acuerdos no figuraban en el cálculo del Ministro porque el solo proyecto de telecomunicaciones implica un monto de US$ 1.500 millones. Tal vez por eso, en una consulta hecha en la Embajada de Cuba en Caracas, el monto que se manejaba para finales de 1994 era de US$ 4.000 millones. En todo caso, resulta evidente que en el curso del último año se ha dado un salto notable en cuanto a los montos de capital extranjero comprometidos. Tal vez es por esta razón que, cuando Roberto Robaina se reunió recientemente en Nueva York con representantes del capital norteamericano, les dijera "no es que vayan a llegar tarde, ya llegaron tarde a la apertura económica cubana" (Robaina, 1994, 7).
Más allá de los montos involucrados se puede constatar que, en el curso del último año, se ha abandonado cualquier pretensión de reservar ciertos renglones dé la actividad productiva para el Estado. Según Lage, «en lo adelante ningún sector productivo estará excluido de la inversión de capitales extranjeros» (Lage, 1994, 6).
Para reforzar el punto hizo referencia a negociaciones en curso en tomo a la producción azucarera (anteriormente excluido) y en bienes raíces (ibid). Además, se insistió en la posibilidad de participaciones mayoritarias y, por lo menos en el caso de inversiones latinoamericanas, no se descartan las inversiones directas. (Lessmann, 1994, 23).
Tal vez lo más llamativo es la política adelantada en tomo a las industrias básicas, precisamente aquellas que socialistas latinoamericanos se han empeñado durante décadas en reservar para el Estado. En un reciente discurso, el Ministro de Industria Básica, Marcos Javier Portal León, aportó la siguiente información al respecto: en base a la información geológica disponible, se han establecido para el desarrollo de la minería,
37 regiones perspectivas que abarcan 40.000 km. cuadrados, que representa el 30% del territorio nacional, donde estamos promoviendo diferentes modalidades de negocios: contratos de prospección y búsqueda de minerales a riesgo por firmas extranjeras; exploración geológica a riesgo compartido entre firmas extranjeras y cubanas; empresas mixtas para la explotación conjunta de los yacimientos; y asociación económica para prestar servicios a los trabajos que se desarrollan con firmas extranjeras.Hasta el presente, se han firmado 26 contratos de búsqueda y exploración de minerales; dos contratos de prestación de servicios, un contrato de explotación integral del yacimiento de cobre Mantus y dos contratos de asociación en los estudios de factibilidad de los yacimientos de oro en Delita y de plomo y zinc en Castellano ... el 50% del área se encuentra contratada y continuamos negociando... para finales de año (1994) estarán contratadas el 100% de las áreas con mayores perspectivas y actualmente se precisa con entidades financieras de Europa y Canadá su participación en estas concesiones (Portal León, 1994, 2-4).
Por ser más conocidos, no abundamos en detalles respecto a los contratos celebrados con empresas extranjeras para la exploración y explotación del petróleo y para la refinación del níquel (para detalles, ver De la Fuente, 1994, 102-104).
EL MARCO JURIDICO-INSTITUCIONAL
Cualquier acuerdo con el capital extranjero pasa por un contrato y cualquier contrato supone un marco jurídico claramente establecido. Este marco jurídico, a la vez que constituye una garantía para el inversionista, condiciona sus relaciones con el Estado y con la sociedad. En consecuencia, conocer este marco es de fundamental importancia para calibrar las implicaciones de la apertura hacia el capital extranjero.
Resumimos rápidamente los rasgos generales de este marco legal que comprende la Constitución, el Decreto-Ley No 50 de 1982, el Código de Comercio, la Ley Fiscal, la Ley de Contratos Económicos, los tratados internacionales firmados por Cuba y reglamentos sobre la propiedad de marcas y patentes:
1. La empresa mixta se constituye normalmente con un aporte de 49% del capital extranjero y de 51 % del Estado cubano (salvando casos especiales que contemplan la posibilidad de una participación mayoritaria de los socios extranjeros);2. Esta empresa se constituye por un plazo determinado (generalmente de cinco a diez años) que puede prolongarse sobre la base de un acuerdo de las partes;
3. Opera en moneda libremente convertible;
4. El socio extranjero tiene derecho a la repatriación total o parcial en moneda libremente convertible del capital invertido, en caso de que se acuerde la liquidación de la asociación económica y su retiro del territorio nacional;
5. Las nuevas inversiones externas quedan sujetas a un impuesto de hasta el 30% sobre la actividad neta anual, pero se permite deducir la parte de la ganancia que se reinvierta en incremento del capital social de la empresa mixta; además, la empresa paga un impuesto del 25% sobre la nómina del personal cubano, con lo cual se cubre la contribución de la empresa a la seguridad social de ese personal.
6. Puede exportar directamente su producción o, si lo considera conveniente, hacerlo mediante entidades estatales de comercio exterior;
7. Pueden importar directamente aunque las empresas nacionales conservan el derecho de la primera opción, siempre y cuando ofrezcan condiciones de abastecimiento internacionalmente competitivas (CEPAL, 1992, 4-5).
Este marco general es susceptible de modificaciones acordadas por las autoridades cubanas y se ha adoptado como política ofrecer condiciones preferenciales a capitales latinoamericanos, incluyendo participaciones mayoritarias, menores tasas de impuestos y períodos de gracia para el cobro de impuestos.(Lessmann, 1994, 23)
Sobre la autonomía de las empresas mixtas, se establece que:
... una vez aprobada la creación de una empresa mixta, y corridos los trámites legales de su constitución, ésta adquiere personalidad jurídica propia, y con ella, total independencia con respecto al Estado. La empresa tendrá absoluta libertad para designar la junta de los directores y gerentes; definir su programa de producción; fijar precios y planes de venta; exportar e importar directamente; determinar la plantilla de personal y seleccionarlo; suscribir contratos con entidades nacionales y extranjeras; decidir el sistema de contabilidad que entienda más adecuado y diseñar su política financiera (República de Cuba, 1991, 4).
Quisiéramos examinar más de cerca las relaciones que se establecen entre la empresa mixta y la fuerza de trabajo contratada. Primero, queda establecido que en general, salvando excepciones acordadas por el Estado, la mano de obra contratada debe ser cubana y sus tarifas salariales "son las expresadas en la legislación vigente" (Art. 41 del Decreto-Ley No 50/1982). Además, la empresa está en la obligación de crear un Fondo de Estimulación Económica para los trabajadores cubanos. En el caso de los gerentes y trabajadores especializados reclutados en el exterior, su nivel de remuneración queda a la discreción de la empresa y tienen el derecho de remitir a su país de origen hasta el 68% en divisas convertibles (De la Fuente, 1994, 125-127). Como hemos visto, la protección al trabajador implícita en el sistema de seguridad social del país está cubierto por un impuesto de 25%. Además, "las empresas mixtas están obligadas a cumplir la legislación vigente sobre protección e higiene del trabajo" (Art. 39 del Decreto-Ley No 50/1982).
Los cambios más importantes para los trabajadores cubanos incorporados a una empresa mixta se derivan de su autonomía tal como ha estado definido arriba, es decir, la «absoluta libertad» de «definir su programa de producción » y de «determinar la plantilla de personal y seleccionarlo. Además, la gerencia tiene el derecho de despedir a cualquier trabajador que no satisfaga sus requerimientos. Potencialmente, estas definiciones ofrecen al gerente amplios poderes para modificar el impacto del cuerpo de previsiones legales que, en las demás empresas del país, reglamentan horarios, definición de responsabilidades, normas de cumplimiento, etc.
Sin embargo, estas prerrogativas gerenciales tienen como contrapartida varias previsiones cuyo objetivo es proteger al trabajador de las consecuencias del despido imprevisto, tales como se manifiestan en un contexto capitalista. En primer lugar, la contratación de la mano de obra no se hace directamente con la empresa sino con una instancia administrativa cubana, responsable de canalizar la oferta de mano de obra, como también de recolocar aquellos que, por la razón que sea, terminan la relación laboral con una empresa mixta (De la Fuente, 1994, 121-127). En este último caso, el trabajador sigue disfrutando de los mismos derechos (al empleo, seguridad social, etc.) que los demás trabajadores cubanos. Como lo expresara Carlos Lage: «los trabajadores que laboran en esas empresas mixtas no están expuestos al desempleo, no están expuestos a la inseguridad social, no están privados de la asistencia médica gratuita, no están privados de educación para ellos y para sus hijos, tienen los beneficios y las ventajas del sistema social. Es decir que en las empresas mixtas que funcionan, los colectivos de trabajadores forman parte del sistema socialista y están integrados a esa economía mixta. (citado en Lessmann, 1994, 94).
Hasta el momento, el único sector donde hay una experiencia de relaciones laborales suficientemente prolongada como para hacer una evaluación tentativa respecto a cómo funcionan en la práctica, es el turismo. Este sector tiene como particularidad, aparte de la relativamente alta rotación de la mano de obra (característico en cualquier país), la urgente necesidad de superar rápidamente una tradición revolucionaria de pésimo servicio, lo que llevó a que se autorizara al Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social a permitir condiciones especiales de derecho laboral en lo que se refiere a nivel salarial, rendimiento y disciplina en el trabajo (Lessmann, 1994, 19). Dicho de otra manera, los gerentes de empresas mixtas en el sector turístico disfrutan formalmente de prerrogativas mayores que aquellas del resto de la economía. Sin embargo, resulta interesante constatar cómo la gerencia tiende a delegar decisiones sobre despidos a comisiones compuestas de representantes de los empleados cubanos (caso del Hotel Sol Palmeras) (Lessmann, 1994, 36; para una discusión más extensa, ver pp. 33-36).
Antes de explorar hasta qué punto las relaciones laborales vigentes en el turismo comparten rasgos con aquellas de las empresas mixtas en el sector productivo, quisiéramos adelantar unas conclusiones generales respecto al marco jurídico establecido para reglamentar las relaciones con el capital extranjero. Nos parece evidente que una de las preocupaciones fundamentales del gobierno cubano ha sido precisamente evitar la posibilidad de que la dirección global del proceso de ajuste y apertura se le escapara de las manos. La conformación de empresas mixtas con capital extranjero no puede entenderse como un proceso de privatización, si por eso se entiende, entre otras cosas, el traspaso de la propiedad jurídica absoluta al capital privado. Se trata más bien de una relación con el Estado basada en contratos de usufructo por lapsos determinados, prorrogables, pero siempre revocables. Por otra parte, se puede apreciar el cuidado con que la administración se ha empeñado en ofrecerle al inversionista extranjero márgenes amplios de discreción en cuanto al ejercicio de las `prerrogativas gerenciales' sin exponer a la mano de obra cubana a las arbitrariedades características del mercado laboral capitaIista.
ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA APERTURA
La perspectiva de una presencia de capital extranjero en todos los renglones fundamentales de la actividad productiva del país, hace urgente una evaluación, aunque sea tentativa, de algunas de las probables consecuencias de las medidas adoptadas. Empezamos con varios problemas que ya se han manifestado a raíz de la acelerada expansión de la industria turística, algunos inherentes al turismo como tal, otros adjudicables a las nuevas normas gerenciales introducidas por los socios extranjeros.
En las circunstancias generales de privación vigentes en la isla a raíz de la crisis y con la cotización del dólar en el mercado negro por encima de 100 pesos (como en 1993), era inevitable que reaparecieran las `jineteras' y sus equivalentes masculinos. También resultó problemático que una modesta propina en dólares equivaliera en pesos al sueldo mensual de la mayoría de los cubanos. Sin embargo, estos problemas no eran achacables ni al capital extranjero ni tampoco a las nuevas normas gerenciales introducidas. Son características de la actividad turística como tal y asumieron proporciones alarmantes básicamente por el desequilibrio económico reflejado en las cotizaciones del mercado negro.
Más allá del problema de las propinas, no obstante, se ha preguntado si no se estaría formando un sector laboral privilegiado, un especie de `aristocracia obrera'. La evidencia disponible hasta el momento indica que los sueldos son, en efecto, por encima del promedio nacional de 200 pesos mensuales. En el sector turístico se gana entre 264 y 696 pesos (para el vicedirector cubano en la gerencia mixta) y el sueldo promedio es de 315 pesos. Además, se percibe un aporte adicional de 48 pesos e incentivos al rendimiento de entre el 20y el 30%. De manera que el ingreso promedio del sector está por encima de los 400 pesos, es decir, por lo menos el doble del promedio nacional (Lessmann, 1994, 33). Aún cuando el sector se caracteriza por una relativamente alta rotación de la mano de obra (como en cualquier país) y las medidas disciplinarias (incluyendo suspensión de incentivos y retención de hasta la mitad del sueldo) son relativamente frecuentes, es de suponer que aquellos que, por su `idoneidad', trabajan de manera permanente en la industria turística, ganan considerablemente mejor que la mayoría de los asalariados, sin tomar en cuenta 1a incidencia de las propinas y un acceso privilegiado al mundo de las mercancías del turismo.
Sería aventurado extrapolar esta tendencia tan evidente en el turismo, a las empresas mixtas en el sector productivo. Hemos visto cómo el marco legal que rige la contratación de la mano de obra cubana determina que las empresas mixtas deben respetar los niveles de remuneración vigentes en el resto del país. Sin embargo, se ha establecido que son las tarifas salariales mínimas de la legislación vigente que la empresa mixta está obligada a respetar, mientras que "la firma extranjera podrá convenir con ACOREC (Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales. S. A.) un incremento salarial en atención al tipo de servicio, la utilización de idiomas extranjeros, la complejidad del trabajo y las características según la experiencia y calificación del trabajador seleccionado" (De la Fuente, 1994, 122).
En todo caso, como no contamos con información respecto a las remuneraciones vigentes en las empresas mixtas del sector productivo, nos limitamos a sugerir la posibilidad de que se reproduzca el mismo fenómeno que hemos registrado en el caso del turismo. Nos parece probable por varias razones: primero, porque la gerencia de estas empresas tiene un interés más que evidente en lograr una fuerza laboral idónea y estable; segundo; porque para gerentes acostumbrados a calcular sus gastos laborales en monedas convertibles, la mano de obra cubana resulta muy barata; tercero, porque más allá de las limitaciones legales, suele imponerse en cualquier parte una lógica económica que apunta hacia sueldos reales por encima del promedio en aquellas empresas que disponen de tecnología más avanzada y niveles de productividad notablemente por encima del promedio nacional (sean nacionales o internacionales); y, por último, porque el mismo gobierno cubano tiene un vivo interés en promover una alta productividad en las empresas mixtas. Siendo esta última razón de particular importancia, llama la atención la reciente decisión del gobierno cubano de autorizar el pago de parte del salario de los trabajadores cubanos en divisas libremente convertibles, en aquellas industrias cuyo producto está destinado a la exportación.
Una segunda problemática a esclarecer nos lleva de vuelta a las prerrogativas de que disfruta la gerencia de las empresas mixtas dentro del marco jurídico establecido. Parece evidente que `las relaciones sociales de producción', por lo menos en la medida en que pudieran estar reflejadas en las normas de organización del trabajo dentro de las empresas mixtas, difícilmente pueden calificarse de `socialistas'. Los gerentes extranjeros, naturalmente, introducen normas aprendidas en un contexto capitalista y es precisamente por eso que los han buscado. Además, los asesores que contrata el mismo gobierno cubano en los países capitalistas para mejorar el ambiente gerencial, las técnicas de mercadeo, etc. justifican sus altos honorarios precisamente por su dominio del `know-how' de las empresas más exitosas del mundo capitalista. Es más, tal vez lo más llamativo es que los especialistas en gerencia que se han formado en los últimos años en Cuba (básicamente en el Centro de Estudios de la Economía Cubana), se han formado casi exclusivamente sobre la base de materiales de apoyo provenientes del mundo capitalista. Aún cuando insisten en la necesidad de adaptar las normas vigentes en los países capitalistas avanzados al contexto latinoamericano, ni siquiera plantean la posibilidad de que pudiera haber normas de gerencia o relaciones laborales con un contenido específicamente socialista (Casanova, 1994, 18-20; y conversaciones con otros miembros del citado Centro).
De manera que la diferencia más importante entre un trabajador cubano empleado en una empresa mixta y otro que trabaja para el mismo capital en un país capitalista, tal vez se reduce a que este último no cuenta con un sistema de seguridad social comprensivo que lo ampara hasta en el caso de que lo despidan (que, por supuesto, no es poca cosa). Frente a esta situación, un próspero hombre de negocios cubano-norteamericano que se interesa en invertir en Cuba, comentó a un periodista:
si tú me dices a mí que darle garantías mínimas al pueblo cubano, darle medicinas al pueblo cubano, darle educación al pueblo cubano es ser socialista, yo soy también socialista.... Pero el problema es que hay que pagarlo... Es posible, pero antes de llegar a eso hay que pasar mucho trabajo...Y siguió, expresando su preocupación por el rendimiento del trabajo, por lo demás muy natural en cualquiera que piense invertir su capital (Méndez, 1995, 25-26).
Las implicaciones de los comentarios que acabamos de hacer respecto a las empresas mixtas tendrían un alcance relativamente limitado si pudiéramos concebir este sector de la economía como un enclave, aislado del resto de la sociedad. Pero la apertura de todos los renglones de la actividad productiva al capital extranjero, junto con las cantidades ya comprometidas, hacen imposible tratarlas de esta manera. Puede ser que todavía tenga sentido analizar la economía cubana como un sistema dual. El sector que se ha abierto al capital extranjero tiene una clara orientación mercantil, mientras que el denominado Sistema de Dirección y Planificación de la Economía sigue vigente en la mayor parte de los sectores de la economía. Sin embargo, si la característica central que distinguía al régimen de asociaciones con capital extranjero de aquello vigente en el resto de la economía, era precisamente su orientación mercantil, este elemento de diferenciación se ha debilitado mucho en el curso de los últimos dos años.
Monreal y Rua han argumentado que
La manera específica en que ha evolucionado la política económica más reciente en Cuba parece indicar el papel clave que ha desempeñado la apertura económica en el lanzamiento y desarrollo de un proceso paulatino de modificaciones institucionales que, en su propio avance, rebasó el énfasis inicial en lo externo y se proyectó hacia lo interno ...... Resulta significativo que en las dos transformaciones normativas adoptadas en 1992 -la reforma constitucional y la Resolución No 151 /92 del Banco Nacional de Cuba- se hizo evidente que a diferencia de disposiciones legales anteriores vinculadas a la apertura económica, las dos modificaciones jurídicas antes mencionadas no se limitaron a favorecer solamente la apertura económica sino que tienen consecuencias, presentes y potenciales, para el desarrollo del mercado interno...
... La orientación mercantil de las nuevas leyes y otras disposiciones legales comenzó a rebasar en 1993 el ámbito del mercado externo (...) y se extendió más perfiladamente hacia la cautelosa ampliación de un mercado interno con la presencia de nuevos elementos (1994, 173-4, 176).
El Decreto-Ley No 140 (agosto 1993) que despenalizó la tenencia de divisas y el No 141 (septiembre 1993) que reguló el ejercicio de trabajó por cuenta propia, básicamente legalizaron actividades ilícitas existentes pero también sentaron las bases para una ampliación de estas actividades. Tal vez de mayor alcance fue la decisión de introducir modificaciones en el sector agrícola con vistas a propiciar la creación de mercados mediante el desarrollo de formas cooperativas y, en menor escala, de formas privadas de producción (ibid., 174). Una medida de los alcances de estas reformas podría ser la población directamente afectada, que se calcula en aproximadamente un millón de trabajadores, es decir, casi la tercera parte de la población económicamente activa (Triana, 1994, 1314). Pareciera que «en las áreas que abarca la apertura económica el Estado sigue siendo un agente importante, pero su actividad corresponde más con un esquema de `Estado regulador' que de `Estado empresario' tradicional (Monreal y Rua, 1994, 175).
Triana ha sugerido que, más allá de la evidente redefinición del papel del Estado, que está en curso, las implicaciones sociales e ideológicas más importantes del proceso de apertura serían: la aceptación de formas de funcionamiento económico esencialmente diferentes al funcionamiento socialista; la introducción de valores éticos y normas de comportamiento laboral diferentes de las tradicionalmente aceptadas; la gradual sustitución del concepto de `igualdad' por el de `equidad'; y la aceptación de la existencia de `diferencias sociales' (Triana, 1994, 14-15).
ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS
Existe la tentación de interpretar la reciente flexibilización de la política frente al capital extranjero y la ampliación de la apertura hacia la economía interna como evidencia de la desesperación y debilidad del Estado cubano y de una disposición de hacer cada vez más concesiones al capitalismo. Además, para quienes consideran la propiedad estatal de las industrias básicas como el meollo de cualquier proyecto socialista o, cuando menos, símbolo y sustancia de la soberanía nacional debe resultar difícil concebirlas de otra manera. Se trataría de concesiones obligadas o excesivas, un paso atrás para preparar un eventual salto adelante o una tendencia que amenaza con poner en peligro el mismo carácter socialista de la Revolución.
Sin embargo, en lo que se refiere a las asociaciones con capital extranjero, cada contrato ha sido cuidadosamente negociado y nos queda, como posible alternativa, interpretar esta política como evidencia de una mayor confianza por parte del Estado cubano en su propia capacidad de establecer y garantizar contratos que preserven el papel rector del Estado en el manejo global de la política económica. Es decir quisiéramos explorar la posibilidad de que, lejos de ser un síntoma de debilidad, las dimensiones y las características dé la apertura hacia el capital extranjero (y su posterior extensión hacia la economía doméstica) se explican más bien en base a un reconocimiento de la fortaleza del Estado cubano y como evidencia de una capacidad de modificar sus funciones para mejor defender los logros de la Revolución.
Pero antes de desarrollar nuestro argumento sobre este punto, hace falta despejar el camino, aclarando que no nos parece útil plantear como problema central si se está defendiendo (con o sin éxito) al `socialismo'. El Canciller, Roberto Robaina, afirma que "no es el momento para un socialismo químicamente puro"; Carlos Lage sostiene "que Cuba defenderá el socialismo, aunque permita la incorporación de elementos del capitalismo" y un empresario cubano-americano puede identificarse como "socialista", si por eso se entiende defender los logros de la revolución cubana en los campos de la salud y la educación. Las dimensiones de la confusión se encuentran reflejadas en un comentario de Fidel Castro quien, en noviembre de 1991, planteó lo siguiente:
Estoy dispuesto a admitir que hay elementos de capitalismo en ciertas áreas de nuestro sistema socialista. Para eso tengo una respuesta teórica. En ningún libro de Marx, de Engels o de Lenin se dice que es posible construir el socialismo sin capital, sin tecnología y sin mercados... En las condiciones de un pequeño país como Cuba... es muy difícil desarrollarse... dependiendo sólo de los recursos propios... Es por esa razón que no tenemos más alternativa que... asociarnos con aquellas empresas extranjeras que pueden proporcionar el capital, la tecnología y los mercados.:. La alternativa sería renunciar a la independencia, a la Revolución y al socialismo, para convertirnos otra vez en una colonia de los Estados Unidos (citado en Lessmann, 1994, 94-95).
Por supuesto, la `respuesta teórica' es tramposa, es un simple recurso retórico para sugerir que las medidas asumidas por el gobierno cubano no entran en contradicción con la ideología oficialista de corte marxista leninista. Pero indica todo lo contrario: deja la impresión de que el máximo exponente de esta ideología en Cuba no logra justificar las medidas adoptadas en base a los criterios teórico-ideológicos que está acostumbrado a manejar, aunque no le cabe la menor duda de que las medidas son acertadas. Ya en otra ocasión hemos sugerido que la ideología `oficial' constituye un obstáculo para cualquier intento de análisis teórico respecto a los cambios que experimenta la sociedad cubana (Parker, 1994; Parker, 1995). Aquí, quisiéramos sugerir que `el socialismo', como punto de referencia conceptual, se ha hecho algo problemático o, por lo menos, demasiado problemático para que intentemos abordar nuestra actual discusión en estos términos.
Sin embargo, en la anterior cita, Fidel Castro indica el meollo del problema: "La alternativa sería renunciar a la independencia, a la Revolución y al socialismo, para convertimos otra vez en una colonia de los Estados Unidos". Para defender los valores centrales que representa la Revolución Cubana, no hubo alternativa. La interrogante que nos parece más indicada en estas circunstancias es la siguiente: ¿como es posible que, a pesar de las dimensiones de la crisis y de las renovadas presiones de parte del imperialismo norteamericano para derrocar al régimen, éste haya logrado mantenerse y adaptarse con 'tanta rapidez a las nuevas circunstancias internacionales? Consideramos que, más allá de cualquier juicio respecto a la idoneidad de las distintas decisiones de la dirigencia política, la única respuesta posible apunta hacia un reconocimiento de la fortaleza del Estado cubano. Esta fortaleza es reflejo de un alto grado de legitimidad doméstica (e internacional), una notable concentración del poder de decisión en el sistema político y una aparente capacidad de implementar las decisiones adoptadas. Es precisamente esta fortaleza del Estado cubano que hace posible que se haya logrado simultáneamente resistir las presiones del imperialismo norteamericano y ofrecer al capital extranjero condiciones atractivas para sus inversiones.
La capacidad mostrada por el régimen cubano para enfrentar las consecuencias del derrumbe del Bloque Soviético, nos obliga a reivindicar un clásico del pensamiento político latinoamericano nunca citado por tos dirigentes cubanos, despreciado dentro de la tradición marxista y poco recordado por quienes se suponen sus propios herederos.
En 1928, Haya de la Torre planteó que en América Latina el socialismo no podría ser un objetivo a alcanzar a corto plazo pero que se tenía que hacer una revolución que apuntara hacia este objetivo. En base a su conocimiento de las experiencias iniciales de Ia Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa (las dos conocidas de primera mano y estudiadas con seriedad), llegó a proponer para América Latina la necesidad de una revolución antimperialista y la consolidación de un Estado Antimperialista:
Conseguida la derrota del imperialismo en un país dado, el Estado deviene el baluarte sostenedor de la victoria, lo que supone toda una estructuración económica y política. El imperialismo no cesará de atacar y sus ataques tenderán a buscar una nueva adaptación o ensemblaje (sic) en el flamante mecanismo estatal eregido por el movimiento triunfante. El Estado Antimperialista debe ser, pues, ante todo, Estado de defensa, que oponga al sistema capitalista que determina el imperialismo un sistema nuevo, distinto, propio, que tiende a proscribir el antiguo régimen opresor...El movimiento triunfador antiimperialista organizará su defensa estableciendo un nuevo sistema de economía, científicamente planeado y un nuevo mecanismo estatal que no podrá ser el de un Estado democrático `libre', sino el de un Estado de guerra, en el que el uso de la libertad económica debe ser limitado para que no se ejercite en beneficio del imperialismo...
. es indispensable también la limitación de la iniciativa privada y el controlor (sic) progresivo de la producción y de la circulación de la riqueza... Es imposible conciliar y he aquí el concepto normativo del Estado Antiimperialista- la libertad absoluta individual en materia económica con la lucha contra el imperialismo...
... El Estado Antiimperialista desarrollará el Capitalismo de Estado como sistema de transición hacia una nueva organización social, no en beneficio del imperialismo ... sino en beneficio de las clases productoras, a las que irá capacitando gradualmente para el propio dominio y usufructo de la riqueza que producen... (énfasis en el original)
Además;
Un partido que reúna en sus filas a todas las clases amenazadas por el imperialismo y que las organice científicamente, no bajo los postulados de la democracia burguesa sino sobre las bases de una forma clasista de democracia funcional o económica, ha de ser el único efectivo instrumento de lucha contra el imperialismo... (Haya de la Torre, 1976, 240-243).
En cuanto a la actitud a asumir frente al capital extranjero,
En tanto que el sistema capitalista impere en el mundo, los pueblos de Indoamérica, como todos los económicamente retrasados, tienen que recibir capitales del extranjero y tratar con ellos... es el Estado y sólo él -el Estado Antiimperialista- el que debe controlar las inversiones de capitales bajo estrictas condiciones... (ibid., 262266)
Si hemos citado tan extensamente al texto de Haya de la Torre es porque nos parece de una sorprendente actualidad y porque coloca la reflexión teórica allí donde consideramos que debe estar, no en el terreno de la búsqueda de una definición abstracta de las características de un `modelo socialista', sino en función del problema del Estado y de su papel potencial en la construcción y la defensa de una alternativa a aquel capitalismo salvaje que pareciera imponerse á través del actual proceso de globalización.
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