A un paso de terminar el siglo XX, nos proponemos hacer una revisión rápida, desde 1996, a los resultados de las políticas sociales aplicadas especialmente en los años 90. Se pretende determinar si hay resultados que muestran un avance hacia un desarrollo humano sostenido en nuestro país en materia de salud, educación, ambiente y, en general, en calidad de vida.
El propósito de la política económica supone efectos concretos que buscan aumentar el bienestar de la sociedad en la búsqueda de la equidad y la justicia social. Sin embargo, entre el supuesto y la realidad casi siempre existe un abismo que afecta a la mayoría de la población, persistiendo una injusta distribución de la riqueza, que hace resaltar la injusticia social y la inequidad. Mientras esta realidad persista, la economía estará divorciada de un desarrollo humano sostenido, meta principal de cualquier modelo de desarrollo.
I. Introducción
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagra el derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para los individuos en una sociedad. También se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Estos ejemplos datan de la década de los años 40, época base del sustento de la seguridad social; siendo contextos históricos concretos los que van dando origen a un Estado de Bienestar, caracterizado por la seguridad social y el protagonismo del Estado como actor importante en la vida de los países, pues recae en él la responsabilidad de dar sustento económico a estas determinaciones sociales.
En los años 90, el contexto que envuelve a la seguridad social cambia radicalmente. Todo el planeta (con muy pocas excepciones) está siendo sometido a políticas sustentadas en el libre mercado y en la necesidad de que el Estado se transforme dando espacio a la actividad privada.
Por supuesto que cada uno de estos elementos merece un tratamiento de fondo. Aquí lo que nos interesa es dejar planteado que el panorama político mundial genera un conflicto: ¿quién debe garantizar la seguridad social, el mercado o el Estado? Ahora, el planeta se debate entre la guerra comercial y renovadas nuevas relaciones capitalistas de producción que obliga, necesariamente, a replantear la organización interna de los países.
Esto permite observar en la vida nacional el surgimiento de una fuerte actividad privada en campos como la salud y la educación nunca antes vista. Sin darnos cuenta, aceptamos como un hecho natural que quien pueda pagar tenga acceso a servicios básicos de supuesta mayor calidad, frente a un deterioro veloz de los servicios públicos a los que acuden quienes no pueden pagar. Esto va dando forma a una nueva estructura social entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen. Se perfila con claridad las clases sociales privilegiadas y las excluidas del derecho a una vida digna, desvirtuándose los objetivos de equidad y de justicia social.
Tratemos de dar una mirada rápida al acontecer nacional desde 1996, con el fin de observar los principales resultados de la política social producto de los criterios económicos asumidos por quienes gobiernan.
II. Una Mirada a Costa Rica desde 1996 y Perspectivas de Equidad.
El proceso de desmantelamiento del Estado se ha asumido en nuestro país como la panacea a los problemas económicos que se enfrentan en los años 90, sin considerar que la existencia de un Estado fuerte, con visión de conjunto y de futuro, es indispensable, ahora más que nunca, dada la era de la globalización, en donde la tendencia es a perder la identidad como nación.
La unión de dos elementos: desmantelamiento del Estado e incapacidad de construir políticas económicas alternativas a las gestadas para el Tercer Mundo por los Organismos Financieros Internacionales, ha hecho que todo en Costa Rica esté en venta. Las empresas del Estado, que han generado superávit, se pretenden trasladar al sector privado, sin que éste haya sido evaluado a profundidad para demostrar su capacidad de asumir actividades públicas dentro de la filosofía de servicio sin fines de lucro. A ello se suma que las empresas privadas de peso están siendo absorbidas por capital extranjero, el que ha venido en forma acelerada apropiándose de la actividad privada del país.
Los años 80, desde el punto de vista de este trabajo, no fue una década perdida, porque fue la base para que culminaran políticas económicas ligadas al desarrollo humano. Esto lo muestra el desarrollo en salud, educación, servicios públicos como electricidad, telefonía, agua potable, etc. Por el contrario, la década de los noventa se está convirtiendo en la del retroceso social, pues están prevaleciendo las transformaciones conservadoras dirigidas a minimizar la acción del Estado, en su misión de garantizar la continuidad en el desarrollo humano alcanzado. Esto lo muestra el deterioro en servicios de salud, educación, en inversión pública y en satisfacción de necesidades de vivienda.
Esta situación permite cuestionar en 1996, ante el panorama mostrado de transformación a ultranza del Estado, ¿a cuál capital privado entregaremos la actividad productiva pública de nuestro país, tanto en el campo de servicios, como en el productivo, dada la injerencia de capital extranjero de grandes transnacionales que están copando actividades estratégicas en todo Latinoamérica, y será la actividad privada capaz de continuar con el desarrollo humano alcanzado hasta ahora por Costa Rica? Vale la pena hacerse esta pregunta para incentivar a la investigación más profunda de la perspectiva económica que en los noventa tiene nuestro país, en un mundo globalizado y con una tendencia al agotamiento del reciente modelo de promoción de las exportaciones, según lo señala el reciente estudio del Estado de la Nación (Estado de la nación en desarrollo humano sostenible: 1995).
Por ahora podemos anotar que hay estudios que muestran que las perspectivas de desarrollo de nuestro país no están siendo conducidas por el camino más correcto. Al menos así lo confirman análisis realizados por los documentos El Estado de la Nación para 1994 y 1995, donde se muestra el deterioro social producto de las políticas económicas escogidas.
Estos estudios apuntan que el crecimiento económico es un componente del desarrollo pero no el único; además, puede haber crecimiento económico depredador, el que tiene un alto componente de sacrificio de la naturaleza y del ser humano. Costa Rica se acerca al rango "depredador", pues la tasa de deforestación ha sido muy alta en las últimas dos décadas, incluido 1994, nivel que de mantenerse acabaría con nuestros bosques primarios en ocho años y con los secundarios en dieciséis.
En cuanto al desarrollo humano, hay una importante caída en el binomio producción-educación, existiendo una tendencia hacia la deserción escolar, además de la baja calidad de la educación formal, siendo la zona rural la más afectada y los sectores más sufridos los niños, los jóvenes y las mujeres. Si se toma en cuenta que en Costa Rica la educación ha sido un canal de movilidad social importante, éste es un aspecto muy grave para el desarrollo del país. Las estadísticas a este respecto señalan que en 1995 se alcanzaron los niveles de deserción para el I y II ciclo más altos de la década (un 5%), estimado en 8% más en relación con 1994, siendo afectadas en mayor porcentaje las zonas rurales. No se queda atrás el III ciclo y la Educación Diversificada (Estado de la Nación: 1996). Con esto podemos analizar que si bien se habla de que la educación ha tenido un avance en cobertura, al incluir la preescolar, no así mejora la situación en el sector debido a los altos niveles de deserción, ligados obviamente a la situación socioeconómica de la población, dado que el costo de vida creció a mayor ritmo que el aumento salarial, deteriorándose el poder adquisitivo de los salarios (Estado de la Nación: 1996).
Se suma a lo anterior el problema en salud, que en la década de los años 90 ha visto renacer enfermedades que se creían extinguidas como el cólera, el dengue, la malaria y el sarampión, problema que crece dada la restricción presupuestaria con que opera el Ministerio de Salud, que le impide realizar vigilancia epidemiológica, adoptar medidas oportunas de control y reactivar actividades preventivas y de promoción de la salud. Esta situación ha obligado a que para 1996 se procure una mayor inversión en el sector, lo cual se hace difícil dada la política de restricción de gasto que mantiene el gobierno en procura de disminuir la deuda interna.
En salud, el deterioro de los servicios son otra muestra del retroceso. Los problemas en suministro de medicinas, filas para citas, listas interminables para atención quirúrgica han sido la característica predominante en la década de los 90.
Tampoco ha dejado de crecer el problema de vivienda estimándose que no se logra cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de ésta, además de que la vivienda de los sectores de menores ingresos se ha reducido de tamaño, ha perdido calidad en su acabado y tiene menos infraestructura (según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda el número de créditos para vivienda, complementado con Bono de Vivienda, se redujo de 1993 a 1994 en un 44.2%). Se considera que entre 1980 y 1994 se registró una caída en el acceso de la población a la vivienda, siendo el factor principal el deterioro de capacidad de compra de las familias. (Estado de la Nación: 1995, 1996).
En cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso, la tendencia es hacia la concentración, pues para 1994 los hogares del sector más rico han acumulado, en promedio, 29 veces más ingreso que el sector más pobre. Este dato, unido a los ritmos de productividad y comportamiento de los salarios mínimos, muestra como tendencia acentuar las diferencias socioeconómicas entre los diversos estratos de la población. Situación que se ve empeorada por cuanto los programas de compensación social muestran fallas de cobertura efectiva, de pertinencia de los servicios ofrecidos y de filtraciones hacia los no pobres (Estado de la Nación: 1996).
En este orden de cosas, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR determinó que hay un claro predominio de la clase baja (65.8%) con un 29,7% para la media y un 4.5% para la alta. Para estos investigadores no hay una política de desarrollo social explícita en período de gobierno Figueres Olsen (1994-98) con objetivos que muestren el norte. Los logros presentados son aislados y carecen de una visión de conjunto de mediano y largo plazo. Muchas de las propuestas no son nuevas y merece incluso preguntarse si pueden incluirse como logros. Además, no se evalúa el impacto, para sacar conclusiones mas allá de simples números descontextualizados. Ejemplo de ello es cuando se habla de la creación de más de trescientos EBAIS, sin evaluar cuál ha sido el real impacto en la corrección del deterioro de la salud; o cuando se habla de la ampliación de la cobertura en educación básica, sin tomar en cuenta el alto índice de deserción.
Finalmente, el análisis del sistema tributario, sobre el que interesa aclarar quién paga impuestos y quién está eximido de ellos, muestra que existe un gravamen muy fuerte sobre los sectores asalariados, pues son ellos los que pagan la mayor parte. Para 1995 los impuestos indirectos gravaban los ingresos familiares en un 51.2% de las recaudaciones dentro de los ingresos corrientes. A este se une la contribución social (pensiones con cargo al presupuesto nacional) que pasa de un 7% en 1983 a un 15% en 1994.
Por otra parte, los sectores propietarios del capital tienen una carga menor: poco peso relativo de impuestos a la propiedad (territorial y traspaso de bienes inmuebles); caída proporcional del impuesto a la renta que pasa de más del 87% en1983 del total de los impuestos directos, a un 72% en 1994. Debe agregarse además que entre un 25 y un 30% del impuesto a la renta corresponde a impuestos sobre el salario, lo que constituye un gravamen al salario, cosa que no sucede con el capital. Incluso, hay exoneración a las exportaciones y los impuestos que las incluyen recaen sobre las tradicionales, mientras que los no tradicionales no aportan al fisco y más bien han recibido transferencias de los CATS que para 1996 están valoradas en 24.551.0 millones de colones . (Estado de la Nación: 1995, 1996)
Esta información unida al problema de la evasión fiscal existente en nuestro país, permite cuestionar las razones del alto déficit fiscal que mantiene el país y lanzar la hipótesis de que éste no es porque el Estado gaste mucho, sino porque quienes deben contribuir solidariamente no lo hacen, el peso de los ingresos estatales está recayendo sobre los salarios, pues tanto la renta al salario, como el impuesto de ventas es asumida por la población, mientras que el capital recibe tratamientos preferenciales . Esto hace aparecer entonces los gastos mucho más elevados que los ingresos, dadas las características del sistema tributario de este país. Lo anterior no niega la necesidad de corregir en el sector público las políticas de gasto, introducir mejoras en los procesos de gestión pública y el establecimiento de parámetros de eficiencia y calidad, acompañado de procesos permanentes de evaluación.
El Impacto de los PAES en Materia de Equidad:
Los años de ajuste estructural no han dado muestras de eficiencia productiva y calidad de vida para los costarricenses, lo que hace obvia la necesidad de buscar perspectivas diferentes en cuanto a la estructura productiva, los equilibrios macroeconómicos y el papel del Estado.
En Costa Rica los procesos de ajuste se inician con el gobierno del presidente Monge, que surge "como la primera expresión política concreta de una clase burguesa nacional propiamente dicha... habían desaparecido las contradicciones entre los intereses agroexportadores e industrializadores para dar paso a su integración estructural" (Reuben: 1988, p. 17).
Las nuevas políticas conducentes al ajuste estructural tuvieron tres pilares: el estímulo a las exportaciones, la reforma financiera y la reducción de la intervención estatal.
Para autores como Sergio Reuben (Reuben: 1988, p.123), los programas de ajuste en Costa Rica, tuvieron una ausencia en la orientación programática de las actividades del Estado de tal forma que éste pudiese responder a las necesidades de la década, lo que "pone de manifiesto la falta de un análisis sustantivo de los orígenes y determinantes fundamentales de los problemas económicos nacionales, de su estructuración con la transformación de la economía mundial". Esto, para este autor, limita adecuar el proceso dentro de una organización capitalista a escala global. Criterios que son de suma importancia si pensamos que el proceso de globalización en los últimos años se ha acelerado en comparación con la década de los ochenta, con lo cual, su planteamiento de ausencia de un análisis sustantivo de los problemas económicos hace más grave la situación, pues no se tienen variables claves a las cuales referir el ajuste.
Para Francisco Esquivel (Vargas, Luis P: 1990, 118-170), al igual que para otros autores, la crisis se inicia en la década de los años 70, siendo uno de los factores detonantes las dificultades del desarrollo del sector externo. De los problemas más serios señala la poca capacidad de crecimiento que mostró el sector agropecuario, debido a su dependencia de mercados externos, con lo cual, cualquier crisis hace más vulnerable la situación. Por otro lado, este autor evalúa al sector industrial como un sector que "evidenciaba su sensibilidad respecto a la situación externa de la economía" , con lo cual su estabilidad es muy débil ante los movimientos externos, dificultándose cualquier planeamiento a largo plazo.
Esquivel califica al Ajuste como de "carácter conservador" dada la falta de voluntad política para buscar criterios alternativos en materia económica para dar respuesta a los objetivos de las propuestas de política económica provenientes del exterior.
Esta afirmación es de suma importancia, pues recordemos que los procesos de ajuste no fueron un fenómeno costarricense, sino de todos los países del Tercer Mundo que, dada su debilidad externa y su carácter dependiente, deben responder ante la crisis que inician las economías del centro. Así, el ajuste no es una respuesta a la crisis, sino un resultado de la crisis y por tanto sus resultados no responden a otra cosa que a la obsesión de saldar cuentas.
Otro criterio en relación con el Ajuste lo manifiesta el Lic. Rodrigo Alberto Carazo (Cristianos y Neoliberales: p.49), quien considera que el ajuste aplicado mostró algunas características interesantes. En el campo social deja las cosas igual o peor de como estaban antes del proceso, conservando los intereses de un reducidos grupo de la sociedad. El sacrificio no responde a las posibilidades de cada sector, siendo los trabajadores objeto de un exceso de ajuste, aumentando la productividad pero no los salarios. Veamos que esta afirmación es muy importante, pues muchos autores, entre ellos Mandel, han señalado que cuando la tasa de ganancia tiende a caer (crisis del capital) uno de los factores manipulados para detener esa tendencia es la búsqueda de aumentar la productividad y de afectar los salarios.
Carazo considera que este Ajuste repite errores del pasado, enfatiza en el componente económico y ha priorizado el capital sobre el trabajo; en síntesis, concluye que no se considera el principio de la dignidad humana.
En relación con el Estado, su valoración es que éste inició un proceso de desmantelamiento, queriendo dejarlo todo en manos del mercado. Esta apreciación tiene mayor fundamento en 1995 a partir del Pacto Figueres-Calderón, momento a partir del que florece el proceso de privatización de empresas públicas, cierre de instituciones y reducción de otras tantas, resultado no de un gobierno (en este caso el Gobierno Figueres Olsen), ni de un Pacto, sino como culminación de un proceso que inició en 1982.
Para Miguel Gutiérrez, la pista para explicar la década de los ochenta en Costa Rica es el flujo de recursos externos que marca un ciclo crítico de la soberanía nacional, pues recién ahora inicia el ajuste con la reducción del Estado y el proceso de empobrecimiento (Cristianos y Neoliberales: 1993).
Finalmente, es interesante anotar, como resultado de los debates en mención, la crítica profunda al neoliberalismo, por cuanto se consideró que existe una limitación epistemológica del pensamiento neoliberal, pues su punto de vista es simplista y simplificador, al tiempo que tiene las respuestas preparadas para todas la preguntas. Se ha idealizado el mercado y se ha dividido la sociedad en consumidores y productores, con lo cual se reduce al ser humano a la condición de factor productivo y a partir de allí, el problema social se convierte en un problema técnico, para permitir al mercado que actúe. Cuando no se permite al mercado "operar", aparecen las distorsiones: problemas, dificultades, pobreza.
Se concluye en estos debates sobre la necesidad de replantearse el concepto de eficiencia y la necesidad de evaluar la actividad del mercado, dado el proceso de ajuste estructural de corte neoliberal, para el cual el uso del instrumento llamado mercado es suficiente para solucionar los problemas económicos y sociales del país. Con ello se recalca la necesidad de crear alternativas (Cristianos y Neoliberales: 1993).
Perspectivas:
La perspectiva a partir de los informes sobre el Desarrollo Humano Sostenible en Costa Rica (1995, 1996), es que de mantenerse las características productivas actuales y el carácter crónico de los desequilibrios internos y externos en la evolución económica, la tendencia de la pobreza es a caer, en proporciones crecientes, por debajo de la línea de pobreza, siendo los sectores más vulnerables los asalariados del sector privado y los trabajadores informales; los hogares jefeados por una mujer, como única perceptora de ingresos; los niños de hogares pobres que presentan problemas de inasistencia, rezago escolar y deserción; personas mayores de 60 años, sin acceso a seguridad social; pequeños productores agrícolas vinculados a cultivos de baja productividad y poco rendimiento, o ligados a actividades de exportación en las que asumen todos los riesgos.
De hecho, para 1996 (en relación con 1995), el porcentaje de familias pobres aumenta de un 20,4% a 22,6%; el estancamiento de la producción nacional y el incremento de desempleo abierto pasa de un 5,2% a un 6,2% de la PEA (Análisis informativo para el desarrollo, MIDEPLAN, No.7, febrero 97), sirviendo estos dos indicadores como evidencia que señala el deterioro en el desarrollo humano nacional.
Es decir, de no acontecer cambios significativos en materia de equidad y freno a la ampliación de la brecha entre los grupos sociales, la búsqueda del crecimiento económico no estará entendida entonces como búsqueda de desarrollo humano y económico para nuestro país.
La globalización, entendida ésta en términos conservadores de apertura de mercados, libre circulación del capital y flexibilización de las relaciones productivas, no es la inserción más inteligente que puede estar llevando adelante ningún gobierno.
Pareciera que un Estado débil es sinónimo de crecimiento depredador, no solo de la naturaleza, sino de la calidad de vida de la población, pues los intereses individuales característicos de la producción capitalista dejan por fuera las posibilidades de un desarrollo humano sostenido, en el que prevalezca el interés social-colectivo por encima del lucro-individualizado. La acción redistributiva del Estado sigue estando vigente, como también la inversión social garante del bienestar de las mayorías y no de una élite concentrada en pocas familias.
En síntesis, observamos que el denominador común en todas las áreas de transformación ha sido el de garantizar un cambio en la participación del Estado en la economía, de tal forma que se reduzca el gasto público sin procurar el aumento de los ingresos.
Prevalece una política económica dirigida a saldar cuentas por el lado del gasto y de paso la transformación de la estructura estatal con el fin de introducir la actividad privada en el ámbito público.
El modelo de desarrollo al que se apuesta cada vez se va perfilando más hacia estructuras de libre mercado en donde prevalece la actividad privada y se minimiza la acción pública, quedando relegada, como es el caso de la regulación de tarifas, a un Estado contralor y no director del desarrollo.
Sin entrar a valorar si esto es bueno o no, dada la existencia de ciertas ineficiencias de administración pública que deben ser corregidas, lo que sí se puede afirmar es que no hay un proceso de análisis para encontrar cuál es la mejor forma de incorporar la actividad privada a la acción pública de manera que prevalezca el interés por la colectividad y el permitir el acceso de ciertos servicios a todo el conjunto de la población y no solo a aquellos sectores que tengan capacidad de pago.
De esta manera, la política económica tiende a perderse en una acción apresurada de cerrar cifras, en donde el rostro humano se disipa, pues no se observa un esfuerzo por garantizar la justicia distributiva.
III. Una Visión de Conjunto:
Desde hace aproximadamente quince años se viene ejecutando un conjunto de medidas económicas y sociales con el fin de ordenar la situación financiera de nuestro país. Esto se hace con el propósito de dar un mejor entorno macroeconómico que empuje la producción. Sin embargo, se considera que los beneficios de las políticas asumidas sólo han llegado a un reducido grupo de costarricenses, pues para las mayorías han disminuido garantías sociales en cuanto a calidad y oportunidad.
Dentro de los problema apremiantes que hoy tiene el país es el de solucionar la deuda interna, pues es considerado como el principal problema económico a corto plazo, que impide el crecimiento.
Esta deuda se ha ido generando, más claramente, desde 1986, aunque es en los años 90 donde se empieza a sentir su peso. Las proyecciones señalan que para 1997 será extremadamente crítica y es por ello que muchos buscan eliminarla de la noche a la mañana, sin importar sus consecuencias para el desarrollo humano.
Llama la atención sobre este tema, que los mayores déficit fiscales han coincidido con la época pre-electoral y electoral. Además, debe considerarse que el problema deficitario del Estado se concentra en el gobierno central, y no en las empresas del Estado, las que, por el contrario, han tenido, en su mayoría, la característica de superavitarias. De ahí que en Costa Rica, a diferencia de otros países, el problema no lo generan empresas deficitarias, sino los gobiernos que no ha podido obtener los ingresos suficientes para invertir en el bienestar general de la población.
Las salidas que se observan para solucionar el problema de la deuda interna , se han quedado en una obsesiva determinación de venta de activos, precisamente aquellos que le generan ingresos al propio gobierno central, como es el caso del ICE, y le que han permitido a todos los costarricenses gozar de servicios indispensables para garantizar una calidad de vida adecuada.
Se está proponiendo así atacar la consecuencia, pero no la causa del problema que genera la deuda interna. La causa es muy concreta: el gobierno central requiere más ingresos para cumplir su papel de redistribuidor de riqueza (invertir en educación, infraestructura, salud, etc.). Los ingresos del gobierno se captan por la vía de impuestos, renta, etc., sin embargo, las medidas no han ni siquiera considerado minimizar problemas estructurales para poner a tributar a quienes más tienen. Tan es así, que desde hace más de un año se aprobó el 1% a los activos de las empresas de capitales mayores de 30 millones de colones, y no se ha aprobado el reglamento que permita iniciar el proceso de cobro de este ingreso para el gobierno; además, los sectores que están generando mayor riqueza son exonerados de impuestos y algunos reciben CATS (más de 14 mil millones en 1995, cifra que aumenta en un 68.7% para 1996 para un monto de más de 24 mil millones de colones -fuente: PROCOMER-), lo que denota no sólo la falta de voluntad contributiva por parte del sector productivo, sino la falta de voluntad política para tomar medidas al respecto.
Se han señalado como disparadores del gasto "chivos expiatorios" que no han permitido profundizar sobre las causas del problema real de la deuda interna. Entre ellos se consideran las pensiones a cargo del Estado, las universidades y la planilla estatal. A este respecto, no se valora la razón social que cumplen estos llamados disparadores y solo se asumen como gastos del Estado que deben corregirse para disminuir la deuda interna.
Por otro lado, no se evalúa lo que significa para los ingresos y gastos del gobierno conceder a los exportadores y al turismo, entre otros, la regalía de no cobrarles impuestos y de conceder subsidios, incentivos, etc., a la producción (como el caso de los CATS antes mencionado). En otras palabras, mientras que al sector laboral se le quita empleo y garantías sociales, al sector productivo se le exonera de pagos y se le dan regalías.
En el Informe del Estado de la Nación para 1995 se destaca que los datos y la percepción general de los costarricenses concuerdan en que la actividad económica en 1995 no fue satisfactoria. No hubo estabilidad y solvencia económica que generaran un clima propicio para la inversión y el empleo. Para 1995, la economía experimenta una reducción en la tasa de crecimiento. La producción para el mercado interno decreció, así como el producto por persona (Estado de la Nación: 1996).
En 1996 la situación no mejora, siendo que el crecimiento económico fue del 0.5%, hubo un aumento del desempleo de un 1% en relación con 1995, y la pobreza sigue dando comportamientos inelásticos ante las políticas que desean acabarla, obviamente esto refiere a estudios profundos de la incompatibilidad entre pobreza y políticas económicas aplicadas.
La situación económica general y las políticas de estabilización han tenido un impacto social que no sólo se manifiesta en el empleo, sino en el deterioro de servicios de salud, en el desmejoramiento de la calidad de la educación y en el cambio de perspectiva en relación con la seguridad a la vejez, invalidez y muerte, el cual se ha convertido en un punto crítico para miles de costarricenses que no logran acogerse a un sistema de pensiones ofrecido a lo largo de su vida laboral.
Los tres proyectos en el campo social dirigidos a mantener un desarrollo humano han sido seriamente cuestionados. En la transformación del sector salud no se observa voluntad para detener la brecha entre lo privado y lo público. Por el contrario, la creación de EBAIS tiene una tendencia hacia el traslado de la responsabilidad a las comunidades que no están preparadas para asumir esa responsabilidad. En el sector educación, pese a que se aprueba una reforma constitucional para asignar un 6% del PIB para el gasto global de este sector, sigue sin resolver el problema de ingresos al presupuesto nacional. En el campo de las pensiones la tendencia es hacia variar la responsabilidad solidaria, garantizada por el Estado, para dar paso a los sistemas privados de ahorro voluntario de acuerdo a las posibilidades económicas de cada individuo, con lo cual se acaba la participación del patrono y del Estado como contribuyentes solidarios para con este derecho de los trabajadores.
En general la equidad está lejos de ser alcanzada en nuestro país si no se toman las políticas económicas necesarias para que la distribución de la riqueza se realice de manera efectiva.
IV. Reflexiones Finales:
Del análisis expuesto, podemos derivar varios aspectos en las perspectivas de desarrollo de nuestro país.
En primer lugar, un país pequeño como Costa Rica, debe desarrollar una verdadera capacidad negociadora. "Un pequeño país debe ser como un junco que se inclina al paso del huracán y sigue siendo junco" (Gimenez-Frontin José Luis: La Flauta Mágica, p.13). Es elemental pues crear alianzas, pero mantener la independencia nacional, de lo contrario no habrá capacidad negociadora, ni con otras naciones, ni con organismos financieros. De no crearse esta capacidad, estamos destinados a vivir en un país ingobernable, como durante mayo de 1995 reiteradamente lo indicó el Presidente de la República.
En segundo lugar, debemos tomar en consideración que el proceso de esta década nos conduce a una globalización del capital, que exige romper fronteras, abrir mercados, perder identidad nacional, pero no en forma generalizada, pues recae el peso sobre los países subdesarrollados, que no han podido ser "junco" y han sido por décadas arrastrados por el huracán. Nos hemos atrevido a llamar este proceso "globalización conservadora", pues las riquezas en conocimiento, las riquezas en capitales y las riquezas materiales, han sufrido más que nunca, un alto grado de centralización y concentración. Muestra de ello es el poder de las grandes compañías transnacionales.
Como tercero podemos referirnos al problema del desarrollo. El desarrollo tiene muchas dimensiones, la búsqueda de alternativas para el desarrollo no puede dejar de lado la problemática cultural, política e institucional, etc., es decir, el desarrollo no es únicamente de naturaleza económica. El Dr. Denis Goulet, especialista en el campo de la ética del desarrollo, señaló acertadamente en un Debate realizado por la Cátedra Víctor Sanabria lo siguiente "...lo que ha sucedido prácticamente en todos los países del mundo, es que el medio, -desarrollo económico, crecimiento económico-, que es medido y evaluado a través de indicadores monetarios, ha sido tomado como si fuera el fin que se busca...". Y como argumento antepuesto a esta realidad señala que "una decisión buena en materia pública debería incorporar de manera orgánica, viva, mutuamente fecundantes, tres racionalidades o tres tipos de razón: una racionalidad técnica, una racionalidad política y la tercera racionalidad evidentemente es la ética..." (Una ética y una espiritualidad en el desarrollo: 1995, p.22-23).
El desarrollo, para muchos especialistas se limita únicamente a un problema de crecimiento, de manejo técnico, de políticas monetarias, de racionalidad de "ciencia exacta". Sin embargo, han ido surgiendo nuevas alternativas, que buscan identificar el desarrollo con la equidad, con distribución de riqueza dirigida y no como resultado de la pureza del mercado.
Ejemplo de estas nuevas alternativas es el documento presentado por la CEPAL a los gobiernos de la región (CEPAL, Transformación productiva con equidad:1990). Este documento inicia una reflexión sobre el desarrollo sustentable y la transformación productiva con equidad.
La idea central del planteamiento está en la transformación productiva, la cual, desde la CEPAL, debe sustentarse en una incorporación deliberada y sistemática del proceso técnico, en el contexto de una mayor competitividad internacional, buscando mayores niveles de productividad. Progreso técnico que debe incorporar mayor capacidad empresarial y de recursos humanos calificados. Acentuando el carácter sistemático de la competitividad y un esfuerzo decididamente integral del proceso. Es decir, no puede haber avance en la competitividad sin tener un desarrollo humano de calidad.
La transformación productiva la visualizan desde una gestión macroeconómica coherente y estable, pero no suficiente, pues proponen combinarla con políticas sectoriales y la integración de políticas de corto y largo plazo, precisando además cambios institucionales tendientes a mejorar la capacidad de gestión empresarial, en la actividad pública y privada; en la empresa pequeña, grande y mediana. Lo que supone un papel renovado del sector público y una redefinición de fronteras entre lo público y lo privado.
Para todo ello, se confía en la capacidad integradora, dinámica y creativa de cada país, que logre incorporar el proceso dentro de un marco de desarrollo democrático. Esta acción productiva debe ser compatible con el medio ambiente, por lo que deben revertirse las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente deterioro por contaminación y de los desequilibrios globales, sobre todos aquellos que marcan desarrollo sin equidad, pues el objetivo principal de su planteamiento es el crecimiento de ésta, como elemento central de desarrollo.
La CEPAL apuesta hacia una concertación de la acción del Estado en el fortalecimiento de la competitividad y en la evolución de la equidad, elevando el impacto de la acción pública sobre la eficiencia del sistema económico en su conjunto.
La estrategia de desarrollo que plantea resalta tres ejes: progreso técnico, empleo productivo e inversión en recursos humanos. Con estos tres ejes se pretende generar competitividad internacional, que a su vez fortalece a estos tres ejes. Es decir, un concepto recíproco en el que se tiende hacia afuera y a su vez el entorno permite fortalecer el interior mismo de cada país en factores indispensables para garantizar fortaleza nacional.
Este marco analítico ofrece una integración de progreso técnico, competitividad internacional y equidad. Análisis que conduce a entender que la equidad no debe limitarse a políticas sociales, sino que es una meta de toda la política económico-social.
La pregunta es si esta concepción de desarrollo es viable para los países del Tercer Mundo y en particular para Costa Rica.
Lo indispensable es buscar una estructura productiva que compatibilice lo público y lo privado, que fortifique el desarrollo científico y tecnológico. Un Estado que garantice instituciones fuertes y eficientes, que garantice niveles educativos indispensables para un desarrollo sostenido en el largo plazo, que garantice un desarrollo con equidad, es decir, una estructura económica y social democrática y participativa.
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