En sus múltiples manifestaciones el conflicto socio-político asume más bien el carácter de la protesta local y la lucha sectorial. Se expresa en el conflicto suscitado por el sector laboral en sus acciones reivindicativas, por las comunidades en la búsqueda de mejores condiciones para su desarrollo y bienestar ; también en acciones emprendidas por diversos sectores sociales, como las mujeres, quienes presionan por abrir los espacios de la participación ciudadana y política. Es una modalidad de "lucha focalizada" con protagonismo de "nuevos" sectores sociales de comportamiento ascendente en la escena política: mujeres, grupos ecologistas, comunidades organizadas, etc.
En este sentido, podríamos decir que se ha ensanchado el espacio de participación de la sociedad civil, aunque todavía es gelatinosa su configuración por la escasa articulación política de su práctica contestataria y la limitada capacidad de respuesta viable y oportuna que alimente el foro de la negociación. Esto quedó patentizado en el conflicto social más relevante del año 1995: la huelga de educadores en defensa de su régimen de pensiones. Y en alguna medida, en los logros y alcances de la negociación del prolongado conflicto del movimiento Limón en Lucha en 1996. Otros movimientos han mostrado gran estoicismo para obtener logros parciales. Así por ejemplo, la lucha de las comunidades por el cierre del relleno de Río Azul, la de las comunidades de Santa Ana y Ochomogo para evitar la apertura de rellenos sanitarios en sus localidades, la de los habitantes de Colorado de Abangares para constituir un consejo municipal de distrito y manifestar sus aspiraciones al cantonato, la de los sancarleños cuestionando los contratos con compañías transnacionales para explotación minera a cielo abierto, entre otras.
Quizá los dos movimientos que asumieron mayor beligerancia en la mesa de negociaciones y en el campo de los enfrentamientos fueron el del Movimiento Limón en Lucha, que provocó un fuerte - y para algunos extralimitado - despliegue policial y cobró una víctima y muchos heridos, y el de los habitantes de Colorado, quienes quemaron autobuses y llegaron a pronunciarse en el sentido de estar dispuestos a defender su causa incluso con sus vidas (La Nación, 3-5-96. P.12A). También la protesta de las comunidades asume un fuerte tono de censura a los políticos, así por ejemplo los vecinos de Santa Ana declararon non gratos a los ministros del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente y Energía y al Ejecutivo Municipal. Un editorial del periódico La Nación pone de manifiesto la preocupación por el carácter que asume la lucha social en relación a los casos mencionados e interpela al gobierno : "La autoridad no se oculta ni es secreto de Estado. Es antídoto contra la anarquía y una garantía para la preservación y el desenvolvimiento del Estado y el sistema democrático"" (La Nación, 5-5-96. p.13A.).
La preservación del orden y la seguridad, en contexto donde la delincuencia se organiza y la inseguridad ciudadana se generaliza, puede fácilmente trastocarse en acciones represivas de mayor alcance. El investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, Marco Vinicio Fournier, señala que en Chile, durante la dictadura de Pinochet, el problema de seguridad ciudadana se mantenía en los primeros lugares como principal problema del país, mientras que en Costa Rica "la gran democracia", un 78% de la población clama por un hombre fuerte y decidido que ponga orden (La Nación, 5-5-96). Efectivamente, resulta peligroso acicatear los mecanismos que puedan activar las fibras autoritarias, que subyacen al tejido social y son más susceptibles de aflorar en contextos de crisis y anomia social. La advertencia del investigador Fournier cobra especial importancia en un contexto donde el Estado y diferentes fuerzas sociales podrían convertirse en víctimas de sus propias acciones al pretender, por un lado, afirmar ordenes e intereses injustos y anacrónicos o, por otro, proyectar cambios más allá de los horizontes que nos ofrece la realidad para su concreción.2
Asimismo, como ya hemos señalado en otras oportunidades un nuevo escenario económico y político a nivel mundial, que hoy nos influye de manera permanente, directa y decisiva, exige de todas las fuerzas sociales una redefinición de sus estrategias - alianzas intersectoriales y con el gobierno -, a fin de obtener mejores dividendos de las relaciones con el mercado internacional. Se requiere, por lo tanto, afinar los mecanismos de la negociación a la par de los soportes técnicos adecuados que permitan hacer viables los grandes objetivos de desarrollo nacional, en dirección a buscar las formas de modernizar nuestra economía sin empobrecer a amplios sectores de la población, como ha sido lo típico de sociedades que han aplicado modelos para el crecimiento, descuidando el nivel de las políticas requeridas para la equidad, es decir el crecimiento solidario y no el meramente competitivo y excluyente.
Cabe destacar, en este sentido, que precisamente las dificultades que enfrentan las organizaciones populares y comunales para incrementar el nivel de logro en sus luchas en este año obedecieron a esa falta de solidaridad y estrategia intersectorial y a la capacidad para articular propuestas técnica y políticamente sólidas. Los educadores no recibieron el apoyo militante de otros sectores de la administración pública, lo mismo que los del movimiento Limón en lucha y las diversas organizaciones gremiales del ICE que han venido enfrentando las propuestas de privatización y venta de activos del Estado. En este último caso, sólo cabría mencionar el apoyo recibido por parte del Movimiento por la Defensa de la Institucionalidad Pública, presidido por el ex-mandatario Lic. Rodrigo Carazo. A pesar de este factor adverso - la anti-solidaridad - y la dispersión de la lucha social, con su consecuente pérdida de cobertura movilizadora y "efecto de demostración", estos movimientos sociales parecen haber tenido logros en la profundización del compromiso sectorial y una revalorización de la fuerza política que representa la organización comunal.
Otro aspecto que caracteriza al conflicto socio-político es el importante protagonismo del sector empresarial como interlocutor del gobierno en la redefinición de políticas y toma de decisiones. Un significativo nivel de organicidad y de presencia en el debate para la búsqueda de soluciones a los álgidos problemas del país, le hacen aparecer como sujeto político preponderante. Efectivamente, por ejemplo, en el debatido Proyecto de Garantías Económicas, el gobierno y el sector empresarial aparecen como dos actores fundamentales procurando el consenso.
Una de las últimas negociaciones, que no alcanzó a fructificar, surgió por iniciativa del presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada , Samuel Yankelewitz, con una propuesta formulada por un diputado de Liberación Nacional, el economista Otton Solís. Asimismo el gobierno hizo gestiones del más alto nivel con el sector empresarial, para encontrar un salida a la aprobación de ese proyecto y estos a su vez se comprometían a realizar conversaciones con la oposición (La Nación, 11-3-96 p.8A). Aún cuando no alcanzó el apoyo de 38 votos para la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, el llamado de las cámaras para que se apruebe este proyecto, argumentando sus beneficios, ha sido persistente; para ello se ha utilizado a la prensa, constituyéndose ésta, en buena medida, en un aliado ideológico de los intereses de este sector.
Esto en modo alguna constituye una limitación, tratándose de un sector decisivo en el diálogo para buscar mejores derroteros en política gubernamental y nacional. Lo es sólo en la medida en que escasea la propuesta alternativa desde otros sectores de la sociedad, especialmente el sector laboral, así como una mayor apertura del gobierno para ensanchar el espacio de la concertación.
En este sentido, cabe el señalamiento del sociólogo Manuel Rojas quien califica los esfuerzos del gobierno de "concertación diferencial", porque no se trata por igual a todas las partes ; tal concertación, señala, ha sido posible con las cámaras pero parcial o nula con las organizaciones sindicales, comunales o campesinas (La Nación, 6-5-96. p.5A).
Es importante apuntar que este protagonismo del sector empresarial se inscribe en una matriz ideológica-axiológica de mayor alcance que prefigura el modelo deseable de sociedad, desde la óptica de quienes apuestan por los derroteros de corte ortodoxo neoliberal , cuyos planteamientos maniqueos tienden a sobrevalorar al empresario en relación al político y por consiguiente al funcionario privado en relación al público.3
Por otra parte el sesgo fiscalizante del discurso del sector empresarial, en procura de reducir el gasto público, en su criterio causa fundamental de los males de la economía de país, encuentra eco en sectores gubernamentales y políticos interesados en privatizar los negocios más rentables del Estado ; es decir aquellos directamente relacionados con la satisfacción de necesidades básicas : salud, energía, telecomunicaciones, educación, pensiones, etc. Mientras tanto, la contribución de este sector vía impuestos directos tiende a reducirse, como lo denunciara el Defensor de los Habitantes: de 1983 a 1993 quienes contribuían a los gastos de Estado con impuestos directos, lograron que se redujera en una cuarta parte su contribución, la que fue asumida por todos los habitantes que pagan los impuestos indirectos.4
Una suerte de alianza estratégica entre intereses transnacionales y de grupos de poder económico nacional empuja el carro hacia un modelo de desarrollo que prescinde cada vez más del Estado como agente redistribuidor y garante de la equidad - según datos del Banco Central la inversión pública en términos reales en los últimos 15 años ha caído en un 54% (La Nación, 4-3-96, p. 5A)-.
Los ex-presidentes de la República, y especialmente el Dr. Oscar Arias Sánchez, ha sido otro actor importante de la escena política nacional durante el año . De especial significación por su función catalizadora de la opinión pública. En el caso del ex-presidente Oscar Arias - calificado por el redactor de La Nación de "cometa que retorna al país periódicamente para sacudir a los políticos y dejar una estela de debates hasta completar su próxima elipse" y como el "crítico más severo del gobierno, de la política costarricense y de los políticos" (La Nación, 9-6-96.p.6A)-, ha sido notaria su participación, ocupando un importante lugar en la cobertura periodística, al punto de que algunos ven en sus frecuentes salidas públicas "guiños" al poder. Efectivamente ha gravitado en la política nacional en situaciones de relevancia nacional. Por ejemplo, cuestionó el secreto de Estado en el caso de la compra de armas a Israel y denunció otros síntomas calificados de "anomalías autoritarias", como la extradición de los asaltabancos venezolanos, el desfile intimidatorio del ministro de Seguridad Pública Juan Diego Castro frente a la Asamblea Legislativa y la restitución de grados militares en la fuerza pública, concluyendo que "en los últimos dos años se han dado hechos que podrían significar un debilitamiento del carácter civilista de nuestro Estado" (La Nación,. 9-6-96. P.6A.).
También se manifestó respecto del entrabamiento en el proceso para nombrar el Contralor de la República, apelando a buscar un nuevo candidato de consenso ; y habiendo tenido desde 1995 una activa participación en favor de la venta de activos del Estado y del proyecto de Garantías Económicas, vuelve sobre propuestas similares en el debate alrededor de la búsqueda de solución al problema de la deuda interna, ahora en el marco de las reuniones de los ex-presidentes. Con la excepción del Lic. Rodrigo Carazo, quien salvó su voto en lo referente a venta de activos del Estado, aduciendo que significa un control indiscriminado de la soberanía nacional por parte de grandes empresas monopolistas internacionales, la propuesta de los ex-presidentes para enfrentar el problema de la deuda interna no deja de ser una réplica de la que han venido propugnando el sector empresarial, en consonancia ideológica también con las propuestas de reducción del déficit y la contención al gasto público, contenidas en la propuesta de reforma constitucional del Proyecto de Garantías Económicas.
Nuevamente se conjugan y articulan orgánicamente los intereses de los representantes políticos tradicionales del país con los del sector empresarial. Es precisamente este marco de afinidades ideológicas, que no encuentra interlocutor contestatario, lo que ha llevado también al ex-presidente Rodrigo Carazo, entre otros, a plantear que no estamos en la mejor coyuntura para impulsar una Asamblea Constituyente, asunto que ha venido ocupando también su lugar en la agenda de los temas relevantes de la política nacional.
Una valoración general nos induce a pensar que el nivel de logro de los movimientos sociales durante el año ha sido bajo, tanto en sus luchas reivindicativas como en la búsqueda por ampliar los estrechos márgenes de participación política. Y esto no sólo obedece a su carácter "sectorial" y consecuente dispersión, así como a la interferencia de los actores ya mencionados, sino, en buena medida, a los persistentes jalones del "bipartidismo electoralista", factor que mediatiza a estos movimientos, las mas de las veces desarticulándolos y socabando su potencial político.
La agitación social que desata un sombrío panorama económico con sus efectos en el deterioro cualitativo de la calidad de vida, así como el comportamiento de un bipartidismo entrabado en sus luchas intestinas por cuotas de poder, ofrecen la sensación de estar viviendo en una especie de laboratorio de lucha social y electoral permanente.
Las prolongadas luchas entre las fracciones mayoritarias en el seno de la Asamblea Legislativa y al interior de las mismas en el debate alrededor de proyectos y nombramientos en cargos claves, ponen al descubierto esta politización electoralista. Así por ejemplo, el nombramiento del Contralor del República se prolongó por mas de un mes ante la resistencia de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana a aceptar la nominación del Ing. Rodolfo Silva, apelando a la violación del principio democrático de independencia de poderes, cuestionando la incidencia directa del ejecutivo en tal nombramiento (La Nación, 6-6-96, p.8A). A su vez, este caso resulta paradigmático, porque también evidenció los intereses encontrados al interior de la fracción liberacionista, al romperse sorpresivamente el consenso al rededor de su candidato, con el quiebre de voto del diputado y presidente de la Asamblea Legislativa Walter Coto, acusado por tal motivo ante el tribunal de ética de dicho partido.
También es un indicador de este espíritu electoralista la decisión de la Asamblea del partido Liberación Nacional de postergar la elección directa de diputados. En otros casos, donde entran en juego intereses electorales y en alguna medida económicos de manera directa, el bipartidismo cierra filas. Por ejemplo, se alivianaron las propuestas tendientes a una reducción cualitativa del monto de la deuda política adelantada. Y hay indicios de que el traslado de actividades rentables del Estado al sector privado, goza de la complacencia por parte de sectores de ambos partidos mayoritarios.
De cara al bipartidismo electoralista aflora un reclamo cada vez más persistente y puntual: la necesidad de crear mecanismos que permitan cimentar el régimen democrático en una auténtica cultura de participación ciudadana. El problema parece situarse más allá del ámbito estrictamente político, en el de una cultura política base para la emergencia de un nuevo sujeto político, cuyo compromiso ético-social contribuya de manera efectiva con los procesos de transformación social.
Una modalidad de negociación entre cúpulas de partido y con escasa participación intersectorial parece adquirir rango de legitimidad natural. En buena medida tiende a institucionalizarse como la forma por excelencia de hacer política en este país. De esta manera, se pone al descubierto la predominancia del cálculo electoral en detrimento de la gestión política con sentido democrático, es decir pensada como ejercicio del poder para el bienestar general.
El ex-ministro Fernando Volio llamaba la atención al respecto en los siguientes términos : "Los acuerdos en la cima de los partidos que eliminan las diferencias fundamentales entre ellos, desnaturalizan la política y tienden a desorientar, con perjuicio en la desconfianza en los mecanismos de la democracia" (La Nación, 18-3-96.p.15A). La consistencia ideológica cede ante el cálculo político-electoral, se desdibujan así las diferencias y se debilita, cuando no es que se proscribe, el debate de las ideas. Como lo expresara un profesor de comunicación, refiriéndose a los partidos," las diferencias dejan de ser ideológicas para ser mercadológicas"5.
Un pragmatismo electoralista desvirtúa el papel de los partidos políticos como espacios para la reflexión serena y rigurosa y el debate amplio que busca las mejores ideas para traducirlas en programas . A riesgo de simplificar el debate sobre los que se percibe como síntomas de una crisis de los partidos políticos en el país, estos señalamientos a la par de la gran cantidad de casos de corrupción en la gestión pública , ya sea por aprovechamiento ilícito de los recursos públicos como de manera indirecta a través del tráfico de influencias, nos permiten tipificar rasgos de un comportamiento político que resulta cada vez más explosivo, y pone al descubierto las debilidades del sistema democrático costarricense.
En este contexto, el costarricense parece afincar sus esperanzas en otros espacios institucionales. Las encuestas de opinión colocan a la Iglesia Católica y la Defensoría de los Habitantes, entre las instituciones que les ofrecen mayor confianza y credibilidad. Sin duda, ello es sintomático del desencanto con las instancias de representación tradicional - partidos, sindicatos, etc.- así como de la necesidad de contar con fuentes de mayor apoyo solidario.
Por lo tanto, endosar la confianza en estas instancias, no obedece tanto a que las mismas constituyen una fuente de alternativas de solución a los problemas - hasta ahora la Iglesia Católica cumple un papel de mediador bastante condescendiente con los gobiernos de turno, y la Defensoría por su naturaleza es más fiscalizadora que generadora de propuestas alternativas - , sino más bien es una expresión del agotamiento de otras instancias como catalizadores de legítimas aspiraciones y mejores derroteros. Este malestar social resulta cada vez más difícil de revertir, a pesar de la fuerte inversión publicitaria, tanto del gobierno como de los partidos para ganar imagen y reconocimiento. Aunque la tendencia predominante del costarricense es a apoyar las dos fuerza políticas tradicionales, es posible prever para la próxima contienda electoral, si no una fuerte adhesión a los partidos minoritarios, sí un incremento sustantivo del abstencionismo.
Como contraparte al agotamiento de los espacios tradicionales y la demanda por ensanchar la participación, podemos apreciar un repunte del papel de las comunidades y gobiernos locales por asumir un mayor compromiso, para la resolución de sus propios problemas, y una más creativa participación ciudadana. La descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales parece acentuarse como una exigencia fundamental. Los pasos que se han dado deberán complementarse con una mayor capacitación, que revierta en gestiones más efectivas para el desarrollo local y la ampliación de los márgenes de efectiva participación ciudadana.
1 Quizá sólo tres manifestaciones han tenido rasgos similares a las de aquellos agitados años : la marcha por la paz del movimiento estudiantil en la administración Monge Alvarez (1982-1986), ante la amenaza de vernos involucrados militarmente en el conflicto centroamericano ; la de las universidades en la administración Calderón Fournier (1990-1994), por la defensa y el financiamiento de la educación superior ; y la huelga de educadores -julio-agosto de 1995- impugnando la nueva ley de pensiones.
2 Cfr. Chaves, Jorge A. "de la utopía a la acción transformadora : para enfrentar la violencia económica", en : Senderos, No.54, set-dic. 1996. Pp.377-398.
3 Cfr. Vega, Alvaro. "Garantías Económicas, Estado y Déficit Fiscal : Implicaciones Sociopolíticas". Aporte en el marco del Seminario "Etica y economía : un perspectiva teológica", impartido por el Dr. Jorge A. Chaves, Escuela ecuménica de Ciencias de la Religión, UNA, primer semestre de 1996.
4 Carazo, Zeledón Rodrigo A. Estado de la Población. Defensoría de los Habitantes de la República, San José, Costa Rica, 1996. p.10.
5 Sandoval, Carlos. "La bandera, principal diferencia", en : Rumbo, No. 592, 29 de abril de 1996. P.20.