En el debate nacional sobre temas públicos de actualidad, destaca en los últimos meses la gran controversia que se ha generado en torno a los orígenes, causas, magnitud y consecuencias de la deuda pública interna. Y como este tema se vincula estrechamente con nuestras concepciones sobre el Estado y el papel de éste en la economía y en la sociedad, es sumamente difícil que nuestras opiniones al respecto se puedan liberar enteramente de prejuicios y estereotipos ideológicos, lo mismo que de determinados intereses materiales concretos. Todos tendemos a acercarnos a los problemas que analizamos con ciertas ideas preconcebidas, limitando nuestro entendimiento a lo que nos es familiar y habitual, condicionados por nuestro ambiente, por los intereses que nos afectan, por la experiencia previa sobre el tema, y por todo tipo de circunstancias en que nos desenvolvemos. Por este motivo, es de crucial importancia que los grandes problemas nacionales se filtren a través de un amplio y democrático debate público, que además debe ser adecuadamente conducido. Y debido también a este motivo, nuestros juicios deben ser cautos y cuidadosos, a fin de evitar, hasta donde sea posible, la simple irresponsabilidad y la demagogia en nuestras opiniones sobre asuntos de orden público. La discusión hasta ahora realizada sobre el tema de la deuda interna no ha estado exenta de la problemática apuntada, y en este breve artículo se pretende llamar la atención sobre varias de las ideas que últimamente se han presentado a la opinión pública como verdades evidentes con las que se pretende justificar determinadas acciones y decisiones. Veremos que más bien se trata de verdades a medias, y que incluso algunas de ellas son simples falacias que deben ser reconocidas y denunciadas como tales. Un criterio objetivo e independiente, quizás facilite también la búsqueda de una salida viable, equitativa, concertada y eficaz sobre el tema de la deuda, y nuestra intención es hacer una muy modesta contribución en esa dirección.
A continuación aparecen ocho de estas supuestas verdades sobre la deuda interna, y seguidamente hacemos nuestros comentarios al respecto. En el punto número ocho, sugerimos una guía (necesariamente esquemática) para un planteamiento alternativo del tema de la deuda pública interna y sus soluciones.
Esta visión es particularmente propugnada por los sectores que desean "soluciones radicales" al problema de la deuda, preferentemente en términos de privatizaciones substanciales de empresas e instituciones públicas. ¿Pero es realmente el asunto de la deuda el problema más grave que sufre el país, más que la recesión y la crisis de los sectores productivos, más que el histórico lastre del subdesarrollo, más que el atraso productivo de la economía, más que la pobreza extrema de al menos un 20% de la población, más que el deterioro de la educación y la salud públicas, más que la corrupción generalizada en las instituciones, más que la inseguridad ciudadana y la creciente delincuencia, más que la crisis de las pensiones, más que el cuantioso déficit de vivienda, más que la pérdida de confianza de la población en las más importantes instituciones públicas y privadas, más que el estado de depresión de todo un pueblo por las angustias económicas y los retos e incertidumbres de las transformaciones en curso?
A lo sumo podemos asegurar que se trata -la deuda interna- de un problema macroeconómico-financiero de gran envergadura, pues distorsiona severamente el sistema financiero y mantiene en jaque a los inversionistas públicos y privados por sus efectos sobre el costo del crédito. También es un serio problema institucional para el Estado, pues lo obliga a dedicar grandes esfuerzos y recursos al pago de intereses de la deuda, poniendo en entredicho sus funciones esenciales (políticas, sociales, económicas). Pero debe rechazarse la visión apocalíptica que han difundido algunos líderes empresariales, la prensa conservadora y los economistas neoliberales de ambos partidos mayoritarios. La deuda interna se ha venido manejando como el chivo expiatorio de la crisis económica, pero más recientemente se la está utilizando también, como pretexto para la profundización del ajuste neoliberal (privatizaciones, mayor apertura, recorte de las funciones estatales): o se profundiza el ajuste -reza la amenaza- o nos esperan varios años más de recesión económica y alto desempleo. Ciertamente, el país requiere de un "viraje estratégico" en su ideario de desarrollo, pero la fórmula neoliberal de un crecimiento concentrador no es, en buena hora, la única salida posible.
Quienes postulan este argumento, lo utilizan precisamente para justificar la urgente necesidad de hacer recortes substanciales en el acervo o stock de la deuda, principalmente mediante la venta de activos del Estado. Pero según los parámetros internacionales1, la deuda interna del Estado costarricense no muestra niveles alarmantes, pues incluso, la deuda total (externa e interna) ha oscilado en los últimos 11 años en niveles cercanos al 35% del PIB. Y es que, más que el problema de su volumen absoluto, la deuda interna presenta los siguientes inconvenientes:
Ya hemos dicho que la crisis fiscal y su efecto más visible (la deuda interna) ha sido utilizada como chivo expiatorio de la crisis económica del país. El argumento simplificado es el siguiente: la alta deuda eleva los intereses, "estruja" a la inversión privada y al consumo duradero, lo que restringe la demanda y la producción, con su consecuente efecto negativo sobre el empleo.
No se puede negar que el problema de la deuda marca una secuela importante sobre el sistema macroeconómico, principalmente a partir de las distorsiones creadas en el sistema financiero (ya de por sí "distorsionado" por su falta de desarrollo institucional y su alta concentración oligopólica). Además, la crisis económica ha llevado a muchos propietarios de capital a "bursatilizar" su cartera, abandonando inversiones productivas y fomentando la creación de un segmento especulativo de gran magnitud en el sistema financiero. Pero los orígenes de la crisis se encuentran principalmente en el pronto agotamiento de los escuetos resultados positivos de la pasada década de ajuste, o dicho de otra forma, en el fracaso de un intento por superar las limitaciones estructurales de la economía costarricense que estallaron durante la grave crisis de 1980-1982. A partir de entonces, el Estado desarrollista se transformó paulatinamente en Estado prebendalista y asistencialista, cargando sobre sus hombros una parte significativa del costo de la crisis y del posterior ajuste, en la medida en que las pugnas distributivas tuvo en el presupuesto público uno de sus principales escenarios. En este sentido, la propia problemática fiscal es más efecto que causa de la crisis.
No pretendemos hacer una apología de la propaganda gubernamental en materia de política social, pero si creemos en la información hecha pública por el Ministerio de Planificación (por ejemplo en su último Panorama Nacional), el gasto social per capita incluso se ha recuperado a partir de 1992. Por otra parte, y en lo que corresponde a la inversión en infraestructura física, el deterioro de la misma no es un problema reciente, sino que data de inicios de los años 80. Además, si bien todos palpamos un marcado deterioro en ciertas áreas de los servicios en salud, educación y seguridad, así como de la atención al problema de la vivienda; esto también es un resultado de más de 10 años de políticas de ajuste y de severo control del gasto público con el fin de dar cumplimiento a los casi permanentes convenios y programas de estabilización y ajuste con el F.M.I. y el Banco Mundial.
En realidad, la atención de la deuda se ha venido haciendo, en parte, paralizando el crecimiento del gasto público real, pero principalmente, con más deuda, pues pocos gobiernos se atreverían a cargar con la responsabilidad histórica de destruir la infraestructura social que durante décadas ha ostentado Costa Rica. Así, dada la incapacidad tradicional de la clase política de reformar radicalmente los sistemas de gasto y de ingresos fiscales, y dada la significativa disminución en los últimos años de los recursos externos dirigidos al sector público, se recurrió progresivamente a los afamados "paquetes tributarios", aumentando la carga tributaria que recae sobre los asalariados y fortaleciendo el carácter regresivo del sistema tributario costarricense. Pero cuando estos "paquetes" empezaron a tener efectos efímeros, el endeudamiento interno masivo fue la última fuente de ingresos extraordinarios a la que acudió el Estado para financiar su creciente déficit, de ahí que el problema se agrave a partir de 1993, cuando el saldo de la deuda interna del gobierno central con respecto al PIB pasa de 14.4% en 1992 a 17% en 1993, para luego seguir creciendo de forma alarmante.
Como un dulce para la población, los defensores a ultranza de las privatizaciones sostienen que el principal costo de oportunidad de no resolver la crisis de la deuda se mide por las importantes obras sociales que en otras circunstancias podrían realizarse. Incluso un ex-presidente propuso hace algunos meses (aunque -de forma llamativa- luego se retractó) que se creara un fondo para la educación básica con los ingresos provenientes de la privatización de activos como el ICE y el INS. Pero lo cierto es, como ya se ha apuntado, que la atención de la deuda se está haciendo principalmente con nuevas colocaciones de títulos, por lo que una reducción significativa de la deuda, básicamente lo que lograría es, en primer lugar, disminuir las presiones sobre el flujo de caja de la Tesorería, y en segundo término, disminuir la necesidad de nuevas colocaciones de títulos. Si las menores presiones por el costo de atender la deuda redundan en un mayor gasto social, eso es algo que en primera instancia no depende de la solución financiera del problema de la deuda interna, sino de las prioridades y políticas nacionales y estatales en ese sentido, así como del éxito de la resistencia y las presiones ejercidas por los sectores populares en procura de aumentar y mejorar la inversión social del país.
Ciertamente, es necesario reconocer el problema de la deuda interna ha puesto un cerco a las posibilidades de crecimiento del gasto social y en capital humano (y del gasto publico en general), pero nada garantiza que los recursos libera dos serán destinados a fortalecer dicho gasto. Más aun, tal como el gobierno está planteando la solución del problema, el saneamiento del sistema financiero es la principal prioridad. Y no es que necesariamente no deba ser así, lo criticable es que se utilicen las carencias sociales de la población como bandera de una lucha que persigue otros fines.
Con esta frase se pretende convencer a la población de que todos tenemos igual responsabilidad en la crisis de la deuda interna: todos nos endeudamos, todos disfrutamos del vacilón, por lo que ahora todos debemos pagar. Esto es rotundamente falso. Ciertamente, el país ha venido perdiendo capacidad política e institucional para resolver de raíz algunos de sus más apremiantes problemas, y se ha optado por la vía fácil de posponer y arreglar a medias los asuntos más candentes y polémicos. Pero esto no debe ser pretexto para soslayar responsabilidades, las cuales pueden ser identificadas si se buscan las causas profundas del problema y la forma irresponsable y cortoplacista con que los dos partidos políticos mayoritarios han intentado enfrentarlas. Lo anterior debe llevar a una solución no solo eficaz y eficiente, sino también equitativa del problema, identificando no solo los supuestos beneficios futuros derivados de su solución, sino también y fundamentalmente, el peso de los costos y la asignación de los beneficios pasados y presentes del endeudamiento llevado a cabo por los últimos gobiernos.
Al respecto, suele reconocerse que la deuda externa ha venido disminuyendo (como porcentaje del PIB), mientras que la deuda interna ha sustituido a la primera. Pero en realidad no se trata de una simple sustitución aritmética de deuda externa por deuda interna, pues lo que ha ocurrido es que el país ha estado pagando su deuda externa con endeudamiento interno, es decir, se ha recurrido a la práctica de financiar el pago y amortización de la deuda externa mediante la colocación de deuda interna, y la muestra más palpable de ello son las colocaciones en dólares (títulos DOLEC) que ha impulsado la Tesorería en los dos últimos años. Mediante este costoso procedimiento (que otra vez cuestiona la adecuada administración de la deuda) se ha renunciado a renegociar la deuda externa con los acreedores internacionales, y se ha vendido la falaz idea de que no existe problema alguno con la deuda externa. De sobra está mencionar aquí el gravísimo problema ocasionado por la no utilización de deuda externa contratada (principalmente con el BID), que provoca la paralización de obras prioritarias para el desarrollo del país, y el pago de cuantiosas sumas por comisiones de compromiso.
En primer lugar, es claro que una eventual ola de privatizaciones representaría una "solución" solo a mediano plazo, pues se ocuparían de tres a cinco años para iniciar el proceso con total transparencia y probidad (valoración de activos, licitaciones, saneamiento de instituciones, ley marco, etc.), y para comenzar a recibir los ingresos necesarios que logren el efecto deseado sobre el volumen de la deuda y el correspondiente pago de intereses y principal. Además, y como el Ministro de Hacienda ha reconocido recientemente, la cancelación abrupta de un importante monto del saldo de la deuda crearía un serio problema de inflación y de crisis en la balanza comercial, pues de repente, agentes públicos y privados recibirían fuertes ingresos que dispararían la demanda agregada. Por tanto, es claro que en este sentido el problema de la deuda no puede recibir un tratamiento de shock, sino que exige una adecuada programación de plazos y montos.
El sentido común recomienda entonces un tratamiento al problema de la deuda interna que puede ser separado, para efectos analíticos, en tres actos, aunque en la fase de ejecución las diversas medidas (fiscales, monetarias y financieras) pueden implementarse conjuntamente, pues es claro su necesaria interrelación. Lo anterior permitiría disminuir en un monto no despreciable el costo por intereses de la deuda con cargo al presupuesto nacional.
La metodología sugerida consiste en explorar y cuantificar primeramente, los resultados que sobre el pago de intereses y el déficit fiscal pueden alcanzarse con las medidas comprendidas en los puntos A) y B). Una eventual venta de activos para reducir el saldo de la deuda, sería un medio para lograr tales resultados, una vez valorados los puntos anteriores; aunque como hemos mencionado, este saldo también puede reducirse por otras vías. Lo importante es identificar claramente los objetivos y los medios, hacerlos explícitos y no encubrir fines ocultos.
1 Solo a manera de ejemplo, la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos a inicios de la década de los sesenta alcanzó un 48% del PIB, a partir de entonces disminuyó hasta ubicarse en niveles cercanos al 30% en 1974, y actualmente representa un 50% del PIB.