Hoy, quinientos años después del encuentro de dos mundos, si bien la minería históricamente ha sido un polo de acumulación de riqueza para las estructuras coloniales primero, y las compañías extranjeras después, para nuestras naciones y sus economías ha representado un legado de destrucción ambiental y de desestructuración de las economías indígenas y campesinas, dejando tras de sí estelas de miseria y desolación.
Desde la apertura de la primera mina - La Sagrada Familia - en el corazón de los Cerros del Aguacate, hasta el cierre obligatorio de la mina Macacona en Esparza, la minería lejos de traer el bienestar a las poblaciones locales y al país en general, ha estado caracterizada por la destrucción del ambiente, el envenenamiento de ríos y quebradas, la descomposición social y la presencia de miles de despojos humanos que pululan confundidos con la atmósfera asfixiante y embrutecedora de la actividad.
Hoy, bajo la luz incandescente de la apertura comercial y la globalización, que para nuestros países significa la profundización de la subordinación y el saqueo de nuestras riquezas naturales en provecho del capital transnacional, nuestro país enfrenta una amenaza ambiental y cultural sin precedentes ante el interés de grandes corporaciones transnacionales - propiedad de exitosos empresarios del mundo rico - por desarrollar proyectos de explotación de metales preciosos en nuestro país.
Su voracidad se ha extendido como una vorágine sobre los más diversos puntos del país: los húmedos bosques tropicales y los territorios de los indios Malekus de la gran cuenca binacional del Río San Juan, los cerros, los mantos acuíferos y los bosques de la Cordillera de Tilarán, el verdor eterno de Corcovado y los ancestrales territorios indígenas de Talamanca son sólo parte del inventario de tierras, gentes y riquezas que están en la mirada acuciosa de las transnacionales. Progreso, bienestar, empleos, carreteras y desarrollo a cambio del saqueo es lo que ofrecen una vez más...
El desarrollo que ha experimentado la industria minera a mediados de este siglo, en cuya base destacan modernos y "eficientes" equipos de excavación, transporte e industrialización del mineral que pasa por el uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro, y que loe permite remover literalmente "montañas enteras" en cuestión de días, ha convertido a la minería moderna en la actividad industrial más impactante y agresiva en términos ambientales, sociales y culturales. Hoy los minero de pico y pala siguiendo una rica veta de mineral en un hediondo y axfisiante túnel son cosa del pasado: sus sofisticados equipos permiten remover, transportar y triturar miles de toneladas de materiales diariamente, para extraer alrededor de una onza de oro por cada 20 toneladas de materiales procesados.
La minería de oro a cielo abierto no sólo es una actividad intensiva y cortoplacista que funciona bajo la modalidad de enclave, no sostenible por definición en tanto el aprovechamiento del recurso explotado supone su agotamiento, sino que adicionalmente es una actividad sumamente costosa en términos energéticos. Asimismo implica un deterioro sensible de una cantidad de recursos asociados al minero, tales como bosques, suelos, agua, biodiversidad y aire, entre otros.
La abundante bibliografía que documenta el impacto ambiental "cotidiano" y "sistemático" de la minería a cielo abierto, así como laos accidentes y derrames ocurridos en Guyana, Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos y Filipinas, son señales que deben ser atendidas por las clases políticas de este país antes de embarcarnos en un viaje de imprevisibles consecuencias e irreparables daños.
Si bien nuestro país está urgido de fuentes de riqueza y requiere de la inversión extranjera, las decisiones políticas no deben ser tomadas únicamente bajo el asfixiante soplo de la globalización y con criterios cortoplacistas y oportunistas. Antes que nuevas fuentes de riqueza nuestro país demanda alternativas de desarrollo sanas y duraderas, en las que la inversión extranjera se empate con las necesidades y expectativas de las poblaciones indígenas, campesinas y del país en general.
La deuda ecológica y social que han legado las políticas de la agricultura de cambio, la transnacionalización del agro y la apertura comercial y la reforma del Estado debe detenerse.
Urge privilegiar los intereses nacionales y los de las actuales y futuras generaciones de costarricenses sobre la voracidad del capital transnacional y ello exige abrir un proceso de discusión serio, sereno y participativo donde no priven criterios corto placistas ni dogmas economicistas.
La enorme riqueza biológica y cultural que nos caracteriza debe ser la garantía del bienestar futuro y presente de nuestro país y es nuestro compromiso intergeneracional impedir que esa riqueza sea dilapidada en el altar del oro, porque como ha dicho Monseñor Angel San Casimiro, Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada, corremos el riesgo de quedarnos "sin el santo ni la limosna".