Es así como surge la tesis de los impuestos verdes como una opción que permita a los gobiernos incidir tanto en el mercado como en el sector industrial y en los hábitos de los consumidores.
El autor español Ramón Martín Mateo1 señala que "La tributación ambiental responde a la filosofía clave de toda la estrategia proteccionista del medio, a saber el intento de evitar que se interiorice en la producción el consumo de bienes comunes abaratando costos".
Los impuestos verdes tienen garantizado su éxito desde el momento en que se reconoce que los problemas ambientales tienen un origen económico y se da una relación inversa entre los recursos y la producción
Los medios convencionales de política ambiental no han permitido alcanzar las metas propuestas ya que la sanción de normas requiere de largos períodos de tiempo para producir cambios sociales y modificaciones importantes en los procesos industriales.
Las expectativas del mercado dependen en mucho de los consumidores, es por ello que se incorpora como un aspecto relevante, la información a éstos sectores. No obstante ello, no las leyes ni la información al consumidor han sido suficientes para obtener los resultados propuestos por el desarrollo sostenible que permitan orientar el crecimiento económico con consideración a los plazos de recuperación de los recursos.
Los instrumentos modernos para intervenir en el mercado en procura de generar cambios en el consumo sin que ello implique necesariamente una dramática disminución del empleo, son básicamente tres: la normalización de estándares permisibles para la industria y actividades molestas o nocivas (emisiones, vertidos y producción de desechos sólidos), cargos especiales tales como los de recolección y disposición de desechos y canon de vertidos entre otros, e impuestos verdes2.
Los impuestos verdes pretenden disuadir a los sectores industriales y productores a los productores en general, de conductas contaminantes, proteger los recursos afectados por este tipo de impuestos y finalmente mejorar las condiciones de vida de los sectores económicamente deprimidos.
La aplicación de normas de tolerancia o permisibilidad ha sido la política más aplicada en el caso del efecto invernadero por ejemplo, mientras que las tasas o cargos especiales se aplican especialmente para sectores contaminantes del recurso hídrico o peligrosos, tal es el caso de laboratorios por ejemplo. Los impuestos verdes por su parte han sido aplicados al consumo de combustible fósil.
La gran diferencia entre las primeras dos medidas - normalización y tasas especiales- en relación con los impuestos verdes- radica en que en este último caso no se requiere de aplicación de norma de referencia alguna sino simplemente de la aplicación del principio de que quien contamina paga. Los impuestos verdes se han convertido en instrumentos eficientes y rápidos en la generación de cambios en el consumo y en los procesos industriales. Algunos autores establecen esos resultados en el doble de rápidos y efectivos que las medidas convencionales.
Este principio es determinante en la definición de una economía ambiental y de orientación del mercado, ya que aún y cuando en la práctica es sumamente difícil de establecer la relación del contaminador con el daño generado o bien porque el daño es irreversible o irreparable, quedando entonces únicamente conformarse con la compensación económica que ya no puede mejorar en mucho las condiciones de vida para los habitantes de un sector determinado.
Entre los problemas que presenta la aplicación de impuestos verdes es la de uniformar metas que se plantean por parte de los sectores fiscales y ambientales de un gobierno, es así como al establecer los impuestos verdes por períodos y por montos progresivos y ajustables, se logra en gran medida salvar estas diferencias. Ahora bien, cuando se alcanzan las distintas metas propuestas los ingresos generados por dichos impuestos bajarán y finalmente se eliminarán. Esa es la filosofía de los impuestos verdes.
Sin embargo, cuando este impuesto es propuesto para artículos como combustible o energía eléctrica, el alegato de los sectores que se oponen a los impuestos verdes es que se genera un incremento directo de otros artículos para los cuales el combustible o la electricidad se utiliza como materia prima.
Evidentemente la aplicación de estos impuestos pretende de alguna forma mejorar los procesos industriales y productivos en general, de manera que se elimine el desperdicio de energía y no simplemente que se trasladen los incrementos en los costos al consumidor final.
La gran discusión alrededor de los impuestos verdes no sólo radica en si se aplican como impuestos directos o indirectos, sino en si los ingresos recaudados deben ingresar a la Caja única del Estado o aplicarse de previo una asignación a sectores económicamente deprimidos o a la preservación de los recursos que soportan la vida.
Una asignación inadecuada de los recursos generados por los impuestos verdes puede llevar a desvirtuar la razón de la norma impositiva, así como a una justificada oposición por parte de los sectores productivos que los consideran, en muchos de los casos, como una nueva tasa a la producción que disminuye su competitividad y por ende la economía formal.
Por otro lado, los cambios de alta eficiencia que se generen tanto en la industria como en el consumo, al reflejar los precios, el costo real de la utilización de recursos naturales comunes y escasos tales como agua, suelo y aire y su eventual contaminación en los procesos, redundaría en un beneficio para la economía en su totalidad.
Esta nueva perspectiva requiere de la incorporación de los costos ambientales reales dentro de la contabilidad nacional, ya sea mediante cuentas satélite, tal y como lo ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas o en una contabilidad nacional unitaria que refleje tanto en inventario como en costos que representa para el país la conservación y los distintos usos que se de a esos recursos naturales.
Una clara política de impuestos ambientales también dirigirá la inversión hacia los procesos limpios de producción ya que un consumidor informado prefiera los productos producidos mediante procesos amistosos con el ambiente.
1 Martín Marco, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental. ed. Trivium, Madrid. 1991
2 Von Weizsäcker/Jesinghaus. Ecological Tax Reform. London, 1992.