SAD, 09/01/97, LA FUNDE ANTE LA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA EL SISTEMA FINANCIERO EN NUESTRO PAÍS: PROPUESTA A LA NACIÓN

Serie Alternativas para el Desarrollo

País/Country: El Salvador

Fundación del Desarrollo de El Salvador

Número/Number: 48

Frecuencia/Frequency: Mensual/Monthly

La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), preocupada por la actual situación que vive el país, optimista por la capacidad que tiene el pueblo salvadoreño de ir superando sus propios problemas, consciente de la necesidad de ubicar en perspectiva histórica las dificultades propias de una sociedad en transición, y con sentido de objetividad y responsabilidad, quiere proponer a la Nación las bases para un Pacto por la Democratización y Transparencia del Sistema Financiero.

Los Considerandos del Pacto

1. Partimos del hecho que los recientes escándalos financieros transcienden su propio ámbito y han alcanzado una dimensión nacional.

2. Percibimos que los problemas suscitados en el sistema financiero ya no sólo involucran el funcionamiento de la economía sino también las condiciones de gobernabilidad del país.

3. Estimamos que más allá de las personas involucradas en los distintos delitos cometidos (sobre los cuales debe caer todo el peso de la ley) se encuentran estructuras y mecanismos de funcionamiento del sistema financiero que facilitan dichos delitos, y le imponen a éste serios límites para contribuir al desarrollo nacional.

4. Somos conscientes que la gravedad de los problemas demandan actuar con responsabilidad y cordura pero sin abandonar la firmeza, y que la situación ofrece nuevos escenarios de conflicto pero al mismo tiempo abre oportunidades para la concertación y el cambio.

1. El Pacto de Democratización y Transparencia debe involucrar, como mínimo, al gobierno, las instituciones financieras privadas más liberadas de malos manejos y dispuestas al cambio, y los principales partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

2. El Acuerdo deberá abarcar los siguientes ámbitos: Bancos y Financieras, Casas de Cambio, Instituciones emisoras de tarjetas de crédito, empresas aseguradoras, firmas de auditoría, mercado de valores, e instituciones reguladoras y supervisoras (Banco Central, Superintendencia del Sistema Financiero y la de Valores, Superintendencia de Sociedades Mercantiles).

Los Puntos de la Agenda y sus Posibles Rumbos

1. Los marcos normativos del BCR y las Superintendencias, en especial lo referente a su autonomía, conformación y composición de sus cuadros directivos y competencias. Hay que garantizar una institucionalidad reguladora y supervisora autónoma del gobierno, de los intereses particulares de los grupos económicos y de los partidos políticos. Establecer competencias adecuadas y pertinentes, en especial las de un Banco Central que debe limitarse a su rol de garante de la estabilidad monetaria sin interferencias en el conjunto de las políticas económicas.

2. Las operaciones del BCR en cuanto a sus intervenciones en los mercados de capitales, manejo de reservas, depósitos de instituciones del sector público no financiero, oro monetario, etc. Hay que evitar que el BCR utilice todos esos instrumentos e intervenciones con objeto de favorecer los intereses de un banco o instancia financiera particular, o de un grupo de ellos.

3. Las estructuras fiscales aplicadas al sistema financiero, sobre todo aquellas que se refieren a las utilidades y a las transacciones realizadas dentro del mismo. Hay que tratar de elevar sustantivamente el aporte del sistema financiero al fisco.

4. El manejo de los depósitos de los fondos públicos (tanto de las instituciones gubernamentales como de las instituciones autónomas (ISSS, INPEP, ANTEL, ANDA, etc.). La asignación de tales depósitos debería estar regulada, balanceada y orientada acorde a los objetivos y prioridades del desarrollo establecidos por el gobierno.

5. Carácter, funciones y roles de una Banca de Desarrollo. Un propósito fundamental deberá ser apuntalar una sólida Banca de Desarrollo (hoy caricaturizada en el BMI). En este apuntalamiento podrían jugar un papel esencial los fondos públicos, los préstamos internacionales y las donaciones a organismos no gubernamentales.

6. Normativas que rigen el funcionamiento de las instituciones financieras privadas: determinación de tasas de interés, comisiones, valuos bancarios, garantías prendarias e hipotecarias, cobros y determinación de intereses en tarjetas de crédito, primas y diferendos en operaciones de seguros, etc. Hay que encaminarse hacia una verdadera protección del usuario y/o de los consumidores de los servicios financieros.

7. Secreto Bancario. Hay que llegar a un acuerdo responsable que, por un lado, permita a los organismos fiscalizadores y de investigación llegar selectivamente a los "depósitos irregulares o sospechosos", pero por otro lado proteja a los depositantes del crimen organizado y la delincuencia común. Adicionalmente hay que llegar a un acuerdo que permita eliminar o reducir los márgenes de acción del lavado de dinero y/o de las operaciones del narcotráfico en nuestro país.

8. Mecanismos de regulación de la inversión financiera extranjera. Hay que estimular los niveles de competitividad, así como impedir "alianzas estratégicas" con socios externos que se traduzcan en menores niveles de competencia y/o mayores posiciones monopólicas.

9. Marco de políticas económicas/financiera. Todos aquellos puntos de agenda deben irse tratando en el marco de una política económica global (y específicamente financiera). Habría que delimitar las competencias institucionales para el diseño y elaboración de la política económica, asegurándose que predomine una visión sistémica (y no monetarista) que tenga como eje central el combate a la pobreza, la articulación y fortalecimiento de nuestra estructura productiva y la gestión racional de nuestros recursos humanos y naturales.

   Hacemos un llamado al Presidente de la República y a su gabinete económico, a los principales dirigentes de la empresa privada, así como a los dirigentes de los partidos políticos y Asamblea Legislativa, a introducir los conflictos que hoy los separan en una dinámica de concertación. Una dinámica que, con visión de futuro, y sin eliminar las responsabilidades individuales, deje de lado los personalismos, y con mirada serena contemple los cambios que esta sociedad en transición necesita.