Sin embargo, además de las condiciones físicas y de la ubicación vulnerable del país y de las principales concentraciones poblacionales, ciertos procesos sociales y económicos contribuyen a deteriorar aún más las condiciones de vida de las mayorías pobres, especialmente las urbanas. Esto las hace sumamente vulnerables al impacto de ciertos eventos naturales y genera nuevos tipos de riesgos ambientales que dañan la calidad del hábitat, paulatina y acumulativamente (Baires y Lungo, 1995).
Al inicio de este invierno, el gobierno de El Salvador, a través del Comité de Emergencia Nacional, declaró el Estado de Emergencia debido a que las inundaciones y derrumbes, sobre todo en el AMSS, ocasionaron graves pérdidas humanas y materiales. ¿Cuáles son las verdaderas causas de las inundaciones y derrumbes? ¿Dónde suceden y a quién afectan? y ¿Qué hacen los distintos actores urbanos respecto a ellas? Estas son algunas de las interrogantes planteadas que se intentará responder a continuación.
El factor humano -y no sólo el natural- está presente en la ocurrencia de estos fenómenos. Muchos de los desastres de origen metereológico ocurridos durante los últimos años a nivel mundial y aplicable a la región centroamericana, son producto de la alteración climática global, acelerada por la acción humana (deforestación, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono).
Asimismo, la ausencia de regulaciones sobre los procesos constructivos, de ubicación de infraestructura y equipamientos, así como la ausencia de un manejo ambiental adecuado en la proyección del desarrollo urbano, inciden fuertemente en la creación de tales eventos aparentemente naturales.
De manera más global, otros procesos que caracterizan el desarrollo actual de nuestras ciudades, como son las transformaciones de la economía urbana y el crecimiento acelerado de la pobreza, el incremento de la fragmentación y exclusión social, la crisis profunda de las formas de gobierno de la ciudad, y el deterioro general del medio ambiente urbano, constituyen el telón de fondo que genera y potencia los desastres por inundaciones y derrumbes así como otros tipos de riesgos ambientales de carácter más urbano.
De acuerdo a la información proporcionada por la prensa escrita, por lo menos 735 personas quedaron damnificadas, 210 familias fueron evacuadas, y 76 viviendas quedaron dañadas en 32 comunidades del AMSS durante los meses de junio a agosto de 1995. Si se considera que los efectos de estos eventos son acumulativos, resulta que sus costos, en apariencia menores y ni siquiera calculados, son realmente altos para el desarrollo económico de la ciudad y del país.
La ocupación territorial en zonas de alto riesgo cuestiona no sólo el proceso desordenado de poblamiento y la falta de una adecuada planificación de las ciudades, sino también el tipo de desarrollo que genera estas formas de ocupación del suelo. La pobreza creciente es hoy una de sus manifestaciones más evidentes. Mientras en 1977 había 40% de pobres en el AMSS, este porcentaje se incrementó a 66.5% en 1990 (Briones, 1992).
Algunos de los municipios más densamente poblados y con mayor concentración de tugurios y colonias ilegales como Soyapango, Ciudad Delgado y San Salvador, entre otros, en cuyos límites territoriales se encuentran ríos principales como el Acelhuate y Las Cañas, que a su vez son vertederos de las aguas negras de la capital, son algunos de los más afectados por las inundaciones y derrumbes.
Las distintas instituciones de socorro y gubernamentales han identificado comunidades y zonas de riesgo dentro del AMSS, sin que hasta el momento exista un único mapa oficial de riesgos. Una síntesis de la información proporcionada por las anteriores instituciones permite identificar las principales zonas de riesgo por inundación y derrumbes, como puede verse en el mapa.
Sin embargo, las acciones impulsadas por el COEN y otras instituciones se limitan a dar la voz de alarma, evacuar a la población de las zonas de riesgo y entregar víveres y materiales para aquellas familias afectadas. La Cruz Roja está promoviendo también la formación de comités de emergencia.
A pesar del carácter emergente de estas respuestas, queda la interrogante de quién y cuándo abordará la solución de los factores sociales y más estructurales del desarrollo del Area Metropolitana, los cuales en nuestra opinión son responsabilidad básica del Estado.
Los actores urbanos invisibles o ausentes durante esta emergencia han sido las organizaciones comunales en el primer caso y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Los esquemas paternalistas o clientelistas de relación con las comunidades por parte de las entidades gubernamentales -y aún las no gubernamentales- dificultan el potenciamiento de las capacidades comunales de prevención a los desastres. El accionar parcial y no integral de las ONGs, por su parte, tampoco incorpora el enfoque de los riesgos ambientales dentro de la planificación del desarrollo.
Existen en el país algunos antecedentes de incorporación de enfoques preventivos en comunidades urbanas, introducidos por organismos internacionales y nacionales, aprovechando la ocurrencia de desastres. La primera experiencia es la impulsada por Cooperación Italiana, a raíz del terremoto de octubre de 1986. Consistió en el impulso de un esquema participativo de los distintos actores, a través de la elaboración de los mapas de riesgos y recursos, desde el nivel local al regional y nacional. En algunos de los municipios priorizados por esta acción los comités de emergencia local, formados durante la etapa de reconstrucción aún se mantienen, aunque menos activos.
Otra experiencia es la realizada por el Centro de Protección de Desastres (CEPRODE), en 1992, en respuesta a las inundaciones recurrentes en comunidades periféricas de la ciudad de Acajutla. Esta institución impulsó un programa de preparación para la emergencia y promovió la organización de comités de emergencia comunales. Este esquema, aunque basado en el de Cooperación Italiana, no ejecutó directamente obras de infraestructura e hizo énfasis en la sensibilización y la promoción de la organización comunitaria y su respuesta frente al desastre. Aunque los comités de emergencia formados durante la ejecución del proyecto ya no funcionan, el liderazgo de las comunidades mantiene la iniciativa de dar una respuesta organizada a las emergencias y ha dado continuidad al seguimiento de los proyectos de solución propuestos por la comunidad.
Enfoques de tipo participativo como los utilizados por Cooperación Italiana y CEPRODE podrían combinarse y ser la base para la creación de un Sistema Metropolitano de Prevención de Desastres que integre a los distintos municipios del AMSS. Las instancias ya creadas como el Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS) y el COEN, por la parte gubernamental, podrían impulsar esta iniciativa en concertación con los otros actores urbanos, principalmente las organizaciones comunales. Este Sistema Metropolitano podría ser un proyecto piloto para ser impulsado a nivel nacional.
Otras propuestas de carácter global complementarias son las siguientes:
Baires, S. y Lungo, M., "San Salvador: Crecimiento urbano, riesgos ambientales y desastres", Alternativas para el Desarrollo No. 29, mayo de 1995, San Salvador.
Briones, Carlos, La pobreza urbana en El Salvador, UCA Editores, 1992, San Salvador.