La finalidad de este artículo es ofrecer un breve análisis de las políticas económicas propuestas recientemente por el gobierno salvadoreño. Es importante tener presente que no existe documento alguno que explicite dichas políticas, y que lo que se conoce de éste ha sido sobre todo a través de los medios de comunicación y por algunas charlas/declaraciones dadas por algunos funcionarios del gobierno.
Inicialmente este "paquete" planteaba modificaciones en el manejo del tipo de cambio, en el IVA, en la desgravación arancelaria y en los procesos de privatización. Debido a distintas presiones, el plan inicial propuesto por el gobierno presenta algunas modificaciones, las cuales creemos son de forma y no de fondo. Antes de entrar al detalle de cada política, consideramos necesario identificar dos procesos que se encuentran dentro del paquete:
Una vez presentado tal contexto, veamos algunas particularidades de cada una de las políticas.
El sistema actual de flotación sucia es oneroso para el BCR, que ha venido interfiriendo en el mercado de divisas a fin de mantener el tipo de cambio con cierta estabilidad. Esta medida le acarrea costos, tanto en mantener encajes legales altos como en generar presiones hacia el alza en las tasas de interés, además del gasto obligado de estar comprando un promedio de 10 millones de dólares mensuales con la finalidad de mantener el precio del colón con respecto al dólar subvaluado.
Creemos que, debido al inmenso flujo de divisas, la tendencia sería a que se pagase una menor cantidad de colones por cada dólar norteamericano, lo que generaría presiones hacia la baja en el índice general de precios, debido a que nuestra producción depende de insumos en su mayoría importados, así también por el inmenso flujo de productos terminados que en el país se demandan, siendo entonces beneficioso para aquellos sectores que tienen ingresos fijos, y en general para todos los sectores, debido a que elevaría su capacidad de poder de compra.
Una de las ideas de aplicar el tipo de cambio fijo, es la de garantizar la estabilidad cambiaria para todos aquellos sectores que tienen o tendrán una importante participación del dólar en sus ingresos, así como también eliminar el costo que le significa al BCR intervenir dentro del mercado cambiario. Con la fijación del tipo de cambio a un nivel mayor que el que debería de existir con el libre juego de la oferta y la demanda, se pretende beneficiar a los exportadores y a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes ven sus costos desde su equivalente en dólares o venden en dólares y pagan en colones.
Esta medida es de beneficio sectorial, pero acarrea serias distorsiones económicas a la mayoría de la población, en tanto:
La aplicación gradual de los aranceles no garantiza que las empresas alcancen mayor competitividad. Ya la experiencia pasada nos muestra que las empresas no necesariamente traducen la protección con la que se les favorece en reconversión productiva, sino que la aprovechan para aumentar sus márgenes de ganancia. En otras palabras, la protección ha complementado la ganancia de las empresas ya facilitadas por los bajos costos salariales. Por tanto, la desregulación arancelaria que ya se aplica no ha facilitado la modernización productiva. Así, la gradualidad debe acompañarse de políticas sectoriales que vayan posibilitando mayores niveles de competitividad y productividad. De no ser así, sucedería lo que el gobierno no dice: la quiebra estrepitosa de aquellas empresas que no hayan aprovechado la protección para reconvertirse.
Otro aspecto delicado para la aplicación de la desgravación arancelaria propuesta, es la adecuada consideración del proceso de integración centroamericana. Inicialmente, el gobierno planteaba una desgravación arancelaria voraz, que permitiera la entrada de cualquier cantidad de producción extranjera, sin asegurarse el mismo trato por parte de sus principales socios comerciales. Luego de la discusión, y como producto de las presiones tanto internas como externas, se logra una mayor gradualidad en la aplicación de la desgravación arancelaria, la que tendría que ser retomada por la siguiente administración para su coordinación con los gobiernos centroamericanos, presentándole a los industriales del área otra oportunidad para que se modernicen.
¿Será posible que El Salvador haga una profunda reconversión productiva en el corto plazo? La evidencia histórica nos muestra que en ningún país se han logrado mayores niveles de competitividad gracias a la "mano invisible" del mercado, sino que se ha precisado de una participación activa del Estado, lo que no se plantea en este caso; por lo que se dificulta la capacidad y voluntad del industrial salvadoreño para lograr una reconversión productiva. Ya el anterior gobierno de ARENA apostó por ello y no lo logró. Es decir, creemos que el problema de la reconversión industrial no es un problema únicamente de tasas arancelarias, sino que es un problema de "deformación" estructural de nuestra economía, en tanto se incentivan aquellas actividades no productivas, por encima de aquellas que lo son.
De aplicarse esta medida tendremos un incremento en los niveles de desempleo, como consecuencia de la misma, traduciéndose en una mayor proletarización de los pequeños y medianos empresarios, así como en un desmedido aumento de la informalidad y un incremento de la economía de subsistencia, lo que generaría una profundización en los niveles de pobreza, además de un mayor retroceso en los niveles de desarrollo productivo.
El sector beneficiado con la aplicación de estas medidas sería aquél que está ligado al capital transnacional, así como todos aquellos sectores que se encuentran dentro del sector financiero y comercial, pues seguirán ofreciendo sus servicios a aquellos sectores de la población que realmente sí poseen capacidad de compra, sin importarles el incremento en los niveles de pauperización en el resto de la población.
Como medida fundamental, está todo el proceso de privatización, principalmente de los sectores de telecomunicaciones, energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, etc. Ello obedece a algo que va más allá de la necesidad de modernizar el Estado; es decir, entra dentro de toda la lógica de la globalización, en tanto son servicios fundamentales para la disminución de los costos de transacción, los cuales son necesarios brindar con eficiencia y a bajo costo, para incrementar la rentabilidad de las inversiones externas dentro del territorio nacional.
Existe un problema que va más allá de qué conviene o no privatizar, y es el que se refiere a la propiedad. Recordemos que los servicios que se buscan privatizar pertenecen al Estado, por tanto así también sus beneficios; por lo que es imprescindible que un proceso de privatización permita el acceso a la propiedad de las empresas o instituciones que se privaticen a un buen grupo de la sociedad salvadoreña, no sólo a algunos cuantos capitalistas nacionales y/o extranjeros. Creemos además, que todos aquellos servicios no mercantiles, los que se prestan de manera gratuita, no deben de ser privatizados. Es más, es una obligación del Estado brindárselos a aquellos sectores que no tienen capacidad de compra, así como es necesario que el Estado mejore la calidad de los mismos. Con respecto a los servicios vitales, aunque se puedan privatizar algunas esferas, es el Estado el que debe mantener una autonomía en el uso y reposición de los mismos, y no dejarlos al simple albedrío del mercado.
También es necesario que en aquellos casos en que la privatización sea adecuada, se informe públicamente qué activos se han privatizado, quiénes los han adquirido y bajo qué condiciones se han vendido. Adicionalmente, es imprescindible hacer de conocimiento público el destino de los recursos obtenidos con el proceso de privatización. Es fundamental que la sociedad civil pueda emitir sus opiniones, consideraciones y alternativas racionales, a las intenciones del gobierno.