Costa Rica
Nuevo ministro coordinará medidas con productores
El sello agropecuario en la próxima administración contendrá un afianzamiento de la apertura, pero combinado con un fuerte apoyo al programa de reconversión productiva, la reestructuración del área de desarrollo rural y un plan para eliminar las distorsiones (fijaciones de precios en especial) que afectan al sector.
A esos puntos, el nuevo jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Esteban Brenes, añadió la necesidad de buscar mecanismos que faciliten el acceso al crédito, que, de ninguna manera, debe ser subsidiado, de fortalecer decididamente el área de riego y avenamiento y de explotar el gran potencial de la pesca y acuacultura.
Brenes, quien posee un doctorado en economía agrícola, un máster en administración de negocios y es, además, ingeniero industrial, dijo que en la próxima administración se espera limar asperezas y acercar posiciones entre el ámbito agropecuario y el económico, precisamente por los conocimientos en el último campo que tendrán los jerarcas de entidades del primero.
Consultado sobre su concepto del agro, enfatizó que ha sido y seguirá siendo una de las áreas de producción de mayor importancia para la economía. Pero también fue muy claro al considerar que la competitividad, tan necesaria en el mundo de globalización actual, implica que el país no puede producir de todo y en todas las regiones, con lo cual llamó a desarrollar productos con los cuales se puede ser exitoso.
Dentro de esa situación, el Costa Rica entonces tiene, a juicio de Brenes, una gran cantidad de oportunidades para desarrollar tanto el agro como la ganadería y la pesca, pero con programas para lograr un mayor valor agregado de la producción.
Al autocalificarse como un fiel creyente del empresario, el nuevo ministro opinó que los empresarios -incluidos los campesinos- son los que deciden qué hacer en el ámbito agrícola y ganadero. Pero el Gobierno les dará orientación con información suficiente.
El mismo énfasis que usó para rechazar los subsidios, lo utilizó para apoyar ayudas comunidades de agricultores que deben salir de un problema fuera de control y en el mismo tono defendió los recursos que da el Estado para reconversión tras considerarlos una inversión y no un regalo. Adelantó, precisamente, que la garantía de buen destino de los recursos se dará con la reestructuración del plan anual de inversión que la junta de reconversión debe preparar.
Honduras
Banco Interamericano de Desarrollo aprueba préstamo blando de 36 millones para Honduras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el 6 de mayo un préstamo blando a Honduras por US$36 millones, para apoyar un proyecto tendiente a mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de salud para los pobres.
El préstamo fue otorgado a 40 años de plazo con 10 de gracia. La tasa de interés será de 1% durante el período de gracia y 2% después.
Los recursos ayudarán a financiar la reforma institucional de la Secretaría de Salud para facilitar el acceso a los servicios básicos de salud para personas de bajos ingresos.
También se contempla la elaboración de un plan piloto de reforma hospitalaria para modernizar y reorganizar la administración gerencial y fortalecer la autonomía de seis hospitales, tres de los cuales serán rehabilitados integralmente, y en los otros tres se fortalecerán los servicios de emergencia.
El Salvador
Se deteriora carga fiscal
El porcentaje de actividad económica exenta de impuestos crece a grandes pasos y mientras tanto la carga tributaria nacional pierde terreno a nivel centroamericano.
La presión fiscal que el Ministerio de Hacienda ejerce sobre los contribuyentes y, en última instancia, sobre la actividad económica, experimenta una baja. Otra manera de verlo es que el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador, conformado por actividades exentas de impuestos, ha crecido considerablemente .
En materia de IVA, alrededor de 9 diferentes rubros de actividades se encuentran exentas de pago. Entre éstos, muchos han experimentado un incremento de importancia dentro del PIB durante los últimos años. Por ejemplo, los establecimientos financieros y de seguros conformaban un 2.8% del PIB en 1994 con una actividad valorada en 2,009.1 millones de colones. Esto incrementó a un 3.5% del PIB en 1997 y los números totales alcanzaron los 3,469.1 millones de colones. Aunque la posición de estos servicios financieros aumentó levemente en términos de importancia dentro del PIB, el valor de sus operaciones creció en un 42%.
En general, el detrimento de la presencia fiscal salvadoreña se da desde 1994 con la pérdida de los ingresos generados por la baja de aranceles. "La baja de aranceles nos pegó durísimo", dice el Ministro de Hacienda Manuel Hinds, al tratar el tema. El Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, agrega a esto el menor desempeño económico que se generó en el 1995 y 1996. A esto se aúna el incremento de la evasión a través de exenciones no válidas.
Por el momento, el resultado se ha hecho sentir en la carga tributaria que durante los últimos cuatro años se ha mantenido muy por debajo de las ostentadas por los demás países centroamericanos.
"También habría que ver qué impuestos y exenciones ostentan los demás países y cómo hacen sus cálculos", argumentó Irving Tóchez, Director de Impuestos Internos. Por el momento, el BCR ha aceptado la deficiencia fiscal, pero espera mejores resultados para este año.
Ante tanta pérdida de potenciales dineros para el fisco, y al ver su capacidad de presión disminuida, personeros del Ministerio de Hacienda argumentan que la diferencia se repondrá con una más eficiente recaudación. "Esto se recupera con la eficiencia en el cobro. El sistema nuestro de impuestos es muy bueno, son pocos impuestos y simples", alega Hinds al enfrentar la pregunta.
La mejoría de la recaudación ha sido un tema importante aun para el Fondo Monetario Internacional (FMI), al concentrarse en el caso salvadoreño. En la carta de intenciones del Fondo para un préstamo previsional que autorizara en 1996 (que venció el pasado abril), la organización enfatiza la necesidad de reponer la pérdida de los dineros obtenidos de pasados aranceles. Como condición de dicho préstamo se establecía la necesidad de mejorar la recaudación y ofrecía la ayuda necesaria que Hacienda requiriera para reformar las leyes fiscales. Todos esto bajo el entendimiento que se harían recortes de inversión pública si los ingresos tributarios no eran suficientes. Por el momento el gobierno alega estar realizando esfuerzos que esperan darán como resultado una pronta mejoría.
Guatemala
Seis empresas quieren TELGUA
Teléfonos de México, TELMEX; GTE, Telefónica de España, Deutsche Telekom, TeleRed y Luca, S.A., compiten por las acciones de Telecomunicaciones de Guatemala, TELGUA, y se encuentran en el proceso de evaluación y conocimiento de la misma.
Según el gerente de la institución, Alfredo Guzmán, las empresas anteriores han pagado US$25 mil (Q155 mil) para acceder a la información sobre la empresa y las bases de la subasta.
De las seis empresas, Luca, S.A., y Tele Red son grupos de inversionistas nacionales, integrados en este último caso por el grupo de Mayacable, Banco Industrial, Banco Granai & Towson, G&T, y el Banco de Occidente, entre otros.
Por segunda vez, TELMEX compite en el proceso de venta de las acciones de TELGUA, lo cual le permite haber adelantado la evaluación sobre la empresa.
Telefónica de España, por su parte, mantiene una alianza internacional con MCI Comunications Inc., que participó en el primer proceso de venta de la empresa.
Guzmán agregó que en mayo de 1998 concluye la etapa de evaluación y los parámetros de precalificación técnica y la definición de qué porcentaje de las acciones se venderá.
Las seis empresas que permanecen en el proceso son las que quedaron de un total de 42 compañías que presentaron una carta de interés.
Sin embargo, no todas están de acuerdo con no haber pasado a la segunda etapa. Coincidentemente, el 6 de mayo varios empresarios nacionales que presentaron interés calificaron negativamente el proceso, debido a la obligatoriedad del pago de US$25 mil para obtener información de la empresa.Para ellos, esto automáticamente establecía una barrera para quienes tenían intención de participar.
Para Guzmán, el pago de los US$25 mil está de acuerdo con el tamaño de la operación que se realizará con la venta de las acciones y, además, así es como se hace en otros procesos. Agregó que es un derecho que pagan los inversionistas realmente interesados en conocer la información de la empresa.