No hay dudas que en el país tiene que crearse una conciencia de que Nicaragua no puede vivir siempre de la ayuda internacional, y que además se tienen que hacer esfuerzos por cerrar las múltiples brechas que permanecen aún abiertas, tales como: las del déficit público, la comercial, la de balanza de pagos, la del empleo, y la de oportunidades para todos. Esta es una tarea titánica que requiere del concurso de todos los ciudadanos, y no es sólo una tarea del gobierno.
Por eso es que un anteproyecto de Ley de Reforma Tributaria como el que está presentando con trámite de urgencia a consideración de la Asamblea Nacional, debe ser ampliamente discutido con todos los sectores antes de su aprobación, por simples razones, primero porque el mismo trastoca a todos los sectores del país; y segundo porque se afectan con él más de cuarenta leyes vigentes.
Acabamos de presenciar hace algunos días que la falta de diálogo y espíritu de concertación allanó el camino para una protesta que pudo haberse escalado a niveles incontrolables, con consecuencias graves para el país, de no haber privado el realismo político que permitió abrir una salida a la crisis que se había planteado.
Esta costosa lección nos debe de enseñar a gobernantes y gobernados, que decisiones tan trascendentales como una reforma tributaria, obligatoriamente requiere de mucho diálogo y negociación, y mal se haría llamar a los sectores sólo para oírlos, llenando únicamente el requisito, sin realmente tener la voluntad de incorporar las contribuciones de los distintos sectores que el actual anteproyecto requiere para hacerlo más realista y viable en su aplicación.
El producto de este esfuerzo de negociación tiene que ser una Ley Tributaria que evite incrementar los precios de la canasta básica; que no discrimine contra el sector productivo nacional que ha permanecido todos estos años en el país, en favor de nuevos empresarios que supuestamente van a llegar. Ellos son bienvenidos, pero que vengan a construir en las misas bases en que ya los criollos empresarios lo han tenido que hacer. La nueva ley que surja de este esfuerzo no debe desestimular la inversión productiva, ni mucho menos poner en riesgo el cierre de plazas de empleo que hoy están precariamente abiertas.
De la Asamblea Nacional tiene que salir una ley que no desproteja a las municipalidades, pero que al mismo tiempo no recarguen con mayores gravámenes municipales los costos de las transacciones que se realizan en los distintos territorios del país; una Ley Tributaria que no desproteja a las cooperativas, ni a la pequeña industria ni tampoco a los organismos no gubernamentales que sin fines de lucro han venido prestando un considerable aporte a la sociedad nicaragüense.
Una Ley Tributaria que no sea una Espada de Damocles sobre los distintos sectores del país, ya que lo que se debe de pretender es no continuar creando mecanismos de amenazas, lo cual atenta en contra de la tranquilidad y serenidad que la Nación necesita asumir para enfrentar su reto hacia el futuro.
Pero para que lo anterior se logre, tiene que haber madurez tanto del lado de los gobernantes como de los gobernados, de escuchar y hacerse escuchar, y por otro lado voluntad política de ver más allá del interés de un solo grupo o partido, es decir actuar en función de la Patria, para lo cual hay que dejar atrás los prejuicios.
Crisis energética, tarifas elevadas
Ya es más de una semana consecutiva, la energía viene y se va, los aires acondicionados, las computadoras y las plantas telefónicas se funden; mientras tanto hay un fax urgente que mandar pero no hay luz eléctrica para ello. Los servicios de agua potable que requieren de energía para su bombeo también se paran, las imprentas, las fábricas, los televisores, las radios; en fin, el país entero va rápidamente sintiendo los efectos de este trastorno y todos impávidos se lamentan y dicen: "Ahora sí, esto es un desastre".
Si bien ésta no es la primera vez que el país entra en este tipo de crisis, lo lamentable es que sea ella recurrente y que todavía se nos diga que no hay porque el mantenimiento de las líneas de transmisión no se había hecho. Mientras tanto, las tarifas de energía se continúan ajustando a costa del consumidor, sin que éste vea una mejoría en su servicio.
El costo económico para el país que ocasiona la falta de energía es de más de US$ 3 millones de dólares diarios, son salarios caídos, son comercios que se paralizan, fábricas que interrumpen su jornada, hospitales, escuelas, clínicas médicas, y oficinas, que frenan su actividad ocasionando a todo el país costos irreparables.
ENEL ya agotó su capacidad, y se requiere de una revisión de emergencia de toda la administración de la política energética del país. Tema para el cual se necesitan medidas urgentes, que conlleven incentivos amplios para que el sector privado asuma parte de la responsabilidad de solucionar este significativo problema, con proyectos de generación y distribución.