El concepto de la pobreza tiene una amplia dimensión. No puede reducirse a una simple interpretación resultante de fenómenos económicos, dado que existe un conjunto de necesidades básicas cuyo contenido económico es secundario. De la misma manera, la pobreza no puede asociarse sólo a una situación dada de población.
La pobreza es una expresión política vinculada a la falta de poder de las personas y permea el tejido de todas las instituciones y la máxima expresión de ella es la falta de participación. (Renzi, Agurto, 1992).
Además de ser multidimensional, la pobreza es un fenómeno dinámico debido a que es un hecho social histórico; tiende a transmitirse de una generación a otra y se genera y autorrefuerza en un círculo vicioso. Es en ese sentido que la pobreza tiene vinculaciones muy fuertes con la dinámica poblacional.
La riqueza resulta de un proceso de acumulación que genera un patrimonio; se hereda en la forma de acceso a una educación prolongada y de buena calidad y por medio de la transferencia del patrimonio familiar a los hijos e hijas a la muerte de los padres. En el reverso de la medalla, la pobreza resulta de una incapacidad de acumular y el empobrecimiento de muchos hogares. (FNUAP,1991).
Por otra parte, algunas de las características de la pobreza se heredan a la descendencia más allá de la inmediata, como la deficiencia nutricional.
En síntesis, la pobreza es el reflejo de la inequidad en la distribución del ingreso y de las relaciones de poder entre las personas y de manera particular entre los sexos. La pobreza es la manifestación de carencias materiales y otras que no son tangibles. La tendencia y dinámica de la pobreza tiene componentes sociales, culturales, psicológicos y políticos.
Los elementos básicos para la vida y cuya carencia provoca la pobreza que se reproduce en las familias y las afecta e incide en el desarraigo y en las migraciones, son: alimentación adecuada que cumpla con los mínimos niveles nutricionales; acceso a la salud preventiva y curativa como un derecho; la educación de nivel básico de igual calidad para todas las personas; una vivienda digna y con espacios adecuados para desarrollar una vida familiar normal; acceso a los servicios y equipamiento de agua y luz; derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; derecho a la información y a la recreación y el derecho a la seguridad social que le permita llevar a las personas una vida digna en la vejez, enfrentar enfermedades, incapacidad física o desempleo. (R. Wilson y F. Vio Grossi, 1994).
La pobreza en América Latina tiene raíces estructurales, en gran medida derivadas del subdesarrollo de las economías de la región, las cuales se han caracterizado por:
La transición demográfica 1 - entendida como la dinámica de la población resultante de la combinación de las variables mortalidad, natalidad y migración - es una condición necesaria pero no suficiente para influir sobre la situación de pobreza de los países. En efecto, como señala Sojo, la concepción de población y desarrollo presenta algunos vacíos, tales como la necesidad de diferenciar los cambios sociales más profundos de los cuales la transición demográfica puede ser una manifestación o bien el tratamiento riguroso de las variables no demográficas y de las variables contextuales y políticas que inciden en la dinámica poblacional. En este caso habría que considerar los factores culturales y económicos, o la importancia relativa de las determinaciones institucionales e individuales y de lo fortuito.
La hipótesis de que el crecimiento económico es la condición necesaria para incidir sobre los niveles de pobreza, encuentra en la experiencia mundial poca validez. En efecto, a pesar que desde los años 60 el PIB per cápita del mundo en vías de desarrollo creció en más del doble en términos reales, el número absoluto de pobres aumentó.
Esta aparente paradoja es el efecto combinado de tendencias divergentes entre los países en desarrollo respecto al ritmo de crecimiento de sus economías, los patrones de distribución de la riqueza, las oportunidades y el ingreso y su crecimiento demográfico (Gerardo Gonzalez, 1993).
Datos de CEPAL indican que en la década de los 60 el quintil más rico de la población recibía el 70% del PIB de Latinoamérica, mientras que el segmento más pobre apenas recibía el 2,3%. En los años 90, esa situación se polarizó aún más, ya que el sector más rico de la población latinoamericana recibe el 83% y el más pobre sólo el 1,3% del producto.
Adicionalmente, cifras del BM indican que actualmente viven en condiciones de pobreza 196 millones de personas en Latinoamérica, equivalentes al 46% del total de la población de la región y un 22% vive en condiciones de indigencia. Esa pobreza se expresa gráficamente en la carencia de servicios básicos, el 18% de la población latinoamericana no tiene acceso a agua potable, un 30% no dispone de electricidad y el 42% no tiene servicios sanitarios.
En algunos países la pobreza aumentó por la interacción de estancamiento o recesión económica con rápido crecimiento poblacional. En contraposición, en otros países el número absoluto de personas en condición de pobreza se redujo como resultado de su comportamiento económico con lento crecimiento combinado con un incremento demográfico desacelerado. En este último caso, de acuerdo a observaciones empíricas, ese resultado se asocia a la prioridad otorgada por los gobiernos a las políticas de desarrollo social, combinadas con políticas de población tendientes a reducir los niveles de mortalidad y de fecundidad.
Influencia de los cambios en la mortalidad y fecundidad
Los cambios en las tasas de mortalidad y fecundidad que experimentaron muchos de los países en desarrollo y de manera particular en Latinoamérica desde los años 50, incidieron en cambios en la estructura de la edad de la población.
La mortalidad infantil ha descendido y la esperanza de vida al nacer se ha incrementado significativamente, incluso en los sectores sociales pobres de los países en desarrollo. No ha ocurrido lo mismo con la fecundidad. Mientras 40 o 50 años atrás en la mayoría de los países en desarrollo todos los estratos sociales presentaban niveles relativamente altos de fecundidad, actualmente esa es la característica de las poblaciones en condiciones de pobreza. (Gerardo Gonzalez, 1993).
De lo anterior se desprende que el comportamiento de la fecundidad en nuestros países está fuertemente asociado a la existencia de marcadas desigualdades entre regiones, medio urbano-rural, sectores sociales y grupos étnicos. Por ejemplo en Guatemala en los años 80, las personas que se encontraban fuera de pobreza en las ciudades, presentaban una fecundidad de 2.8 hijos/mujer, en tanto las personas en condición de pobreza y con residencia rural tenían 7.6 hijos/mujer.
El retraso observado en la disminución de la tasa de fecundidad en Centroamérica y de manera particular en Nicaragua, se ha reflejado en un elevado peso de la población jóven, el 56% del total de la población nicaraguense tiene entre 0 y 18 años, y por tanto esa situación sigue siendo un factor que introduce presión sobre la demanda de servicios básicos y sobre el mercado laboral. En efecto, el número de nacimientos introduce presión por nuevas y mayor demanda de servicios médicos. La población de 5 a 14 años refleja la demanda de cupos en las escuelas y de los recursos asociados a ellos en escolaridad primaria y secundaria. Por otra parte, un mayor crecimiento de la población en edad de trabajar en relación al crecimiento vegetativo, introduce demandas de fuentes de trabajo, lo que se agrava en el contexto de introducción de tecnologías de baja intensidad en el uso de mano de obra.
La vinculación que existe entre los niveles de pobreza y la instrumentación de políticas sociales y de población puede observarse en el hecho de que en los países donde se aplicaron políticas orientadas a influir en la desaceleración del crecimiento demográfico, ello se reflejó en transformaciones en los patrones de comportamiento reproductivo, en particular la adopción de una norma de familias pequeñas y un notable incremento en el número y proporción de parejas que usan métodos anticonceptivos.
La relación de mujeres en edad fértil que usaban, ellas o sus parejas, algún método anticonceptivo se incrementó del 17% en los años 60 al 70% en 1990 en los países de Asia del Este. En América Latina esas proporciones fueron del 11% al 60% respectivamente y en los países de Medio Oriente y Africa del Norte del 2% en 1960 al 36% en 1990. En contraposición, la región de Africa del Sur del Sahara, donde se ha incrementado más la pobreza en términos relativos y absolutos, la utilización de métodos anticonceptivos pasó del 5% en los años 60 a sólo el 9% en los 90. (Gerardo Gonzalez, 1993).
De acuerdo a las tendencias de crecimiento económico, social y demográfico entre los años 1985 y 2000, el BM estima que en la región del Africa del Sur del Sahara con un crecimiento poblacional anual del 3%, el número de personas en condición de pobreza se incrementará en 85 millones de personas, mientras en los países del Asia Oriental y Sud Oriental, con un crecimiento poblacional muy bajo, el número de personas en pobreza es probable que se reduzca de 280 millones a 70 millones.
Aún cuando los datos anteriores muestran la relación que existe en algunos países entre la pobreza y el uso de anticonceptivos, la primera también es el resultado de otras variables sociales como el nivel de instrucción o educación al que tienen acceso las personas, pero particularmente las mujeres.
Según las proyecciones del BM, en América Latina y el Caribe, se espera una moderada reducción en el número absoluto de personas en condición de pobreza, la que pasaría en ese período de 75 millones a 60 millones.
Aún cuando esto último estaría marcando un cambio en la tendencia, hay que señalar que es probable que ello sea el reflejo de la influencia que ejercen los países de América del Sur que se caracterizan por tener bajos niveles de crecimiento poblacional.
De manera particular en Centroamérica, el desaceleramiento del crecimiento económico a partir de 1994 y las elevadas brechas sociales existentes, aunado a la falta de una concepción integral de las políticas económicas y sociales, es posible que el número de personas en condición de pobreza continúe en aumento.
En ese sentido, algunos estudios indican que para que las personas que actualmente viven en condiciones de pobreza en la región, aumenten sus ingresos y puedan salir de esa situación, se requeriría, como mínimo, 20 años con un crecimiento económico del 6,0% anual de manera sostenida y políticas que apunten a una efectiva redistribución de los ingresos derivados de dicho crecimiento. (Fletcher, Renzi, 1994).
La migración: una manifestación de la pobreza
La introducción de patrones de crecimiento vinculados al proceso industrial con poca integración hacia atrás y el abandono de políticas de fomento rural, situaciones de guerras, han sido factores determinantes en los flujos migratorios entre e intra países. La mayor urbanización en el mundo ha implicado también cambios en la estructura de la pobreza.
En 1950 sólo el 29% de la población mundial (374 millones) vivían en las ciudades. En los años 90, la población urbana se triplicó (2.390 millones de personas) representando el 45%. Proyecciones de Naciones Unidas para el año 2.025 indican que la población urbana mundial será el 61%.
Esta situación indica claramente que si bien actualmente el número absoluto y relativo de pobreza es mayor en las áreas rurales, en muy corto plazo, la pobreza alcanzará niveles mucho más elevados en las ciudades, presentando ésta particularidades y por tanto, tendrá exigencias de políticas tanto económicas, sociales y de incidencia en la tendencia demográfica diferentes a las que se han presentado hasta el presente.
Se ha constatado que los flujos migratorios hacia el exterior, en una gran mayoría de los casos, es la respuesta a situaciones de agravamiento de las condiciones de vida de la población. Ello trastoca la esencia misma de la estructura familiar, además del costo social que significa la salida de recursos humanos capacitados y formados en los países de origen. Adicionalmente, las migraciones producen efectos sobre la armonía de la distribución de la población por sexo y edad, conllevando a su vez, implicaciones socioeconómicas y demográficas.
Por otra parte, está probado que los hogares donde algún miembro del hogar debe emigrar para incrementar los ingresos del mismo, están expuestos a una situación de mayor riesgo. Por lo general emigran los hombres y si no regresan o suspenden el envío de las remesas, obligan a las mujeres a transformarse en el único sostén de las familias. Estudios de CEPAL muestran que las remesas mayormente son recibidas por los hogares con jefatura femenina (52% en Nicaragua, 48% en el Salvador y 38% en Guatemala).
Lo paradógico de esta situación es que a su vez las migraciones han permitido paliar los efectos de la crisis económica no sólo a nivel familiar, sino también dentro de la economía en general. En el primer caso, la recepción de esos recursos, se destinan mayoritariamente para cubrir las necesidades alimenticias del hogar receptor de las remesas.
En cuanto al impacto macroeconómico, las remesas familiares representan el 15% del PIB de El Salvador y poco menos del 3% en Guatemala y Nicaragua2. Por otra parte, las remesas familiares representan casi el 100% de las exportaciones de bienes en El Salvador y una quinta parte en el caso de Guatemala y un poco menos en Nicaragua.
Los obstáculos identificados a nivel macro
A la falta de respuesta a las necesidades del crecimiento poblacional que se derivó de la aplicación de los modelos económicos, se agrega la dinámica propia de las instituciones y su debilitamiento como resultado de la aplicación de programas económicos que priorizaron su reducción en términos cuantitativos antes que definir el papel llamado a jugar por el Estado en el nuevo contexto nacional e internacional.
De tal manera, se ha observado un debilitamiento generalizado en cuanto al impacto político de las instituciones del gobierno para reducir las brechas sociales y cubrir las necesidades básicas de la población.
En la mayoría de los países en desarrollo, los esfuerzos por vincular la población a la dinámica socioeconómica se centró en la elaboración de modelos econométricos y cuantitativos, sin consideraciones operacionales sobre cómo influir en ellas. Tampoco se tuvo la capacidad técnica para realizar estimaciones y análisis demográficos que permitieran considerar el crecimiento y la estructura de las edades de la población como variables exógenas para la demanda de servicios. (Sojo, 1994)
De igual manera, se omitió tomar en cuenta las variables de población en la esencia misma de los programas de desarrollo.
La inestabilidad política ha amenazado la continuidad de los programas y organizaciones dedicadas a la ejecución de políticas y programas de población y su estabilidad administrativa tampoco estuvo asegurada. La ausencia de una perspectiva global es otro factor obstaculizador que han debido enfrentar las instituciones. Se afirma que las áreas y asuntos demográficos están repartidos en un gran número de agencias y oficinas gubernamentales sin una comunicación efectiva entre ellas, privadas además de un marco conceptual que permita integrar las diferentes políticas nacionales relacionadas con población. (Sojo, 1994).
A lo anterior se agrega que las políticas de población interpretan debilmente la participación de los actores sociales y éstas no forman parte de la plataforma de los líderes políticos.
El patrón histórico de crecimiento en la región centroamericana se ha caracterizado por ser concentrador de la riqueza y por el abandono de las zonas rurales donde se encontraba la mayoría de la población. Uno de los rasgos más pronunciados de esos desequilibrios lo reflejaban el desigual acceso a la tierra y otros recursos productivos, particularmente en el sector rural. Derivado de ese proceso, la región centroamericana se encuentra hoy con que el 6% de los propietarios controla el 74% de las tierras, mientras el 70% de productores solo dispone del 10% de la superficie cultivable.
Por otra parte, la demanda de tierras y la aplicación de sistemas extensivos de producción que impuso el modelo de acumulación en la región, dió como resultado la degradación de los suelos, grandes extensiones de regiones áridas y semiáridas, agotamiento de las fuentes de agua, entre otros. Estos elementos repercuten a su vez en la baja productividad de los suelos y en la expansión de la frontera agrícola, con el consecuente deterioro de los recursos forestales y del medio ambiente en general. Por lo general, estas tierras han sido las únicas a las que accedieron los estratos de campesinos en situación de pobreza.
En el otro extremo, se encuentran grandes propietarios con las mejores tierras, caracterizados por el uso extensivo, limitando su potencial productivo y la creación de fuentes de empleo.
La economía centroamericana a partir de la década de los 60 y por casi 20 años consecutivos fue la región que experimentó el crecimiento económico más alto (4% anual). Sin embargo, en ese mismo período las brechas sociales y el número absoluto de personas en condiciones de pobreza aumentó.
En parte, ello se explica a las características del modelo económico que imprimió un sistema dual de producción. Por un lado, una economía agraria de muy baja tecnificación y productividad y por el otro lado, un sector industrial creciente y de uso intensivo de capital.
La ausencia de armonización entre la economía agraria e industrial, dado su bajo nivel de articulación vertical, impidió que el crecimiento industrial experimentado a partir de la segunda mitad de este siglo, se tradujera en la dinamización del sistema en su conjunto.
La crisis económica de los años 80 debilitó aún más las estructuras institucionales y por tanto, los temas de población fueron relegados, ya que la crisis internacional puso en evidencia otros a los cuales se les dió prelación: deuda externa, estabilización económica y el propio ajuste estructural.
En ese contexto, la importancia de los planes de desarrollo y de la planificación tradicional declinó y las acciones gubernamentales se concentraron en programas específicos, en gran parte desarticulados entre ellos y delegando en el mercado la asignación de los recursos.
A pesar de las restricciones presupuestarias, que se reflejó en la caída del gasto social per cápita como lo muestra el cuadro siguiente, algunos países conservaron o al menos estancaron indicadores del nivel de bienestar (tasas de mortalidad infantil o ciertos patrones de morbilidad).
| Gasto Social del Gobierno por Habitante en Centroamérica En dólares | |||||
| País | 1980 | 1985 | 1990 | Tasa de Crecimiento | |
| 85/80 | 90/80 | ||||
| Panamá | 257.0 | 355.0 | 333.0 | 38.1 | 29.6 |
| Costa Rica | 355.0 | 208.0 | 298.0 | -41.4 | -16.1 |
| El Salvador | 49.0 | 54.0 | 29.0 | 10.2 | -40.8 |
| Guatemala | 46.0 | 32.0 | 34.0 | -30.4 | -26.1 |
| Honduras | 54.0 | 58.0 | 70.0 | 7.4 | 29.6 |
| Nicaragua | 109.0 | 85.0 | 43.0 | -22.0 | -60.6 |
| Centroamérica | 145.0 | 132.0 | 134.5 | -9.0 | -7.2 |
|
Fuente: CEPAL. FIDEG | |||||
Sin embargo, debido a la reducción presupuestaria para los programas sociales y los efectos de la recesión económica en general, surgieron otros problemas como el incremento de algunas causas de muerte, más relacionadas a deficiencias nutricionales, a infecciones intestinales, entre otras. Todas ellas muy asociadas a las malas condiciones higiénicas y ambientales de la población.
Mientras en los años 70 el PIB de la región creció en cerca del 4%, en los años 80 sólo lo hizo en 0,6% promedio anual. El PIB per cápita creció en los años 70 en 1% promedio anual, en los años 80 registró un descenso de 2,3% promedio anual, contrayéndose ese indicador a los niveles de los años 60. (CEPAL).
Mientras en 1980 el 61% de la población se encontraba en situación de pobreza y un 39% en situación de indigencia, en 1990 esas relaciones se incrementaron a 70% y 48% respectivamente. Eso significa que el número de personas en situación de pobreza se elevó de 12 millones en 1980 a 19 millones en 1990.
La gravedad del deterioro del nivel de vida de la población centroamericana es más evidente cuando se observa que el número de personas en condición de pobreza aumentó en 58% en ese período, mientras que los que se encontraban en situación de extrema pobreza pasaron de 8 millones en 1980 a 13 millones en 1990, es decir, con un incremento del 62%.
Esta situación es mucho más grave en el sector rural, donde la población en situación de extrema pobreza se incrementó del 46% en 1980 al 62% en 1990. Mientras en esa década la población rural aumentó en 3.2 millones de personas, el número de personas con residencia rural en condición de pobreza se incrementó en 3.9 millones de personas. (Pérez y Pichardo, 1995).
En gran medida esa situación no es más que el reflejo de la tendencia de empobrecimiento no sólo de las personas, sino también de las condiciones ambientales en las que éstas viven que ha significado reducción de la productividad, pérdida de fuentes de empleo e insuficiencia de alimentos.
¿Cuál es la situación de pobreza en Nicaragua?
La Encuesta Sociodemográfica (ESDENIC) de 1985 muestra que la pobreza en Nicaragua por el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanzaba al 63,1% de los hogares y al 69,4% de la población, mientras que la extrema pobreza representaba el 12% y 16% respectivamente.
Las dimensiones de la pobreza eran diferentes según el área de residencia de la población. El 81,1% de los hogares en el área rural se encontraban en condiciones de pobreza, mientras que en el área urbana ésta era el 48,1%, representando el 54,8% de la población urbana y el 85,9% de la población rural.
Los indicadores que mostraban el mayor nivel de afectación eran la elevada dependencia económica y el hacinamiento, como lo muestra el siguiente cuadro:
| Conceptos | Hogares | Personas | ||||
| Urb. | Rur. | Tot | Urb. | Rur. | Tot | |
| Alta dep.económica | 29.5 | 56.4 | 41.7 | 35.4 | 62.5 | 48.1 |
| Hacinamiento | 21.7 | 32.6 | 26.6 | 28.0 | 41.6 | 34.4 |
| Ins.Servicios bás. | 12.8 | 43.8 | 26.9 | 12.3 | 44.2 | 27.3 |
| Baja educación | 6.8 | 23.4 | 14.3 | 9.4 | 29.4 | 18.8 |
|
Fuente: ESDENIC (1985). | ||||||
La información derivada de la encuesta de nivel de vida realizada en 1993 (EMNV/93), muestra un agravamiento de las condiciones de vida de la población nicaraguense en general.
La relación de hogares en condiciones de pobreza se incrementó del 63,1% en 1985 al 74,8% en 1993. Elevándose la extrema pobreza del 12% de los hogares al 43,6% en esos años respectivamente.
Al igual que lo observado en 1985, la pobreza es mucho más intensa en las zonas rurales. En esta última se concentra el 60% de los hogares que están en situación de extrema pobreza, mientras que de los hogares no pobres (25,2% del total), el 78% se localiza en las zonas urbanas.
| 1985 | 1993 | Total | |||
| Pers. | Pers. | Hogar | Urb. | Rur. | |
| Alta dep.económica | 48.1 | 54.6 | 48.3 | 40.4 | 58.4 |
| Hacinamiento | 34.4 | 54.6 | 42.2 | 38.7 | 46.6 |
| Ins.Servicios bás. | 27.3 | 33.5 | 33.0 | 17.4 | 52.8 |
| Baja educación | 18.8 | 27.3 | 20.0 | 11.2 | 31.6 |
|
Fuente. ESDENIC (1985) y EMNV (1993). | |||||
La pobreza, según la EMNV 93, presenta una distribución fuertemente desigual a nivel territorial, siendo las regiones V, VI, VII y I, las que registran los índices de pobreza más extrema.
Paradogicamente en estas regiones es donde se concentra una gran parte de la producción tanto de consumo interno como de exportación, lo que estaría confirmando que una posible explicación de la pobreza radica en los problemas de distribución de la riqueza.
Sin embargo, existen otros factores que pueden también explicar esa situación de pobreza: la subvaloración de la fuerza de trabajo, especialmente de las mujeres; la baja productividad derivada del desgaste de la tierra y de la ausencia o falta de recursos productivos, particularmente en la producción de pequeña y mediana escala; la baja cobertura de los servicios, particularmente de salud y agua potable; escaso acceso a conocimientos especializados que influyan en cambios reales en la situación de la población; bajos niveles nutricionales; baja estima colectiva y personal, entre otros.
Ahora bien, por lo general los datos que dan cuenta de la situación de pobreza de la población, se refieren a agregados macro donde las desigualdades quedan invisibilizadas.
La pobreza y la situación de las mujeres
Aún cuando estudios como el realizado por el BM, señalan que no hay evidencia de que los hogares encabezados por mujeres tengan un riesgo mayor a ser pobres, otras investigaciones arrojan conclusiones diferentes.
Las mujeres juegan un papel importante en la producción de alimentos a través de su incorporación como fuerza de trabajo no remunerado en las fincas o parcelas y en el patio; pero también es muy importante su contribución en la producción de rubros de exportación.
Un estudio reciente realizado por FIDEG indica que del total de tiempo invertido por todas las personas en la realización de las diferentes actividades productivas en los rubros de exportación, una cuarta parte corresponde al aporte de las mujeres. En algunos casos, como por ejemplo en la producción de ajonjolí y café, su contribución asciende a una tercera parte o más.
Por otra parte, la pobreza está fuertemente asociada a la inserción laboral de las personas. Las investigaciones realizadas en Nicaragua reflejan que la pobreza es más acentuada en el caso de las personas que se desempeñan en la economía informal. Por tanto, el hecho de que el 75% de las mujeres trabajen en ese sector, las expone a situación de mayor pobreza.
En general, los métodos tradicionales de medición de la pobreza están vinculados a la satisfacción de necesidades materiales de las personas, otros elementos como el componente subjetivo, emocional y afectivo no se toman en cuenta.
Las carencias materiales en el caso de las mujeres están intimamente asociadas a aquellos factores no medibles por los métodos tradicionales, pues las mujeres interactúan de manera permanente en los espacios productivos, reproductivos y comunitario. Los roles tradicionales asignados a las mujeres, las hace responsables del mantenimiento del hogar y por tanto en condiciones de fuertes limitaciones materiales, son ellas las que resienten los efectos emocionales derivados de las exigencias que impone dicha responsabilidad.
Sin embargo, aún tomando en cuenta los elementos de insatisfacción de necesidades básicas y los niveles de ingresos, varias investigaciones empíricas realizadas en Nicaragua, indican que los hogares con jefatura femenina se encuentran en situación de mayor pobreza. En 1994 del total de estos hogares, el 51% se encontraban en situación de extrema pobreza (50% urbana y 61% rural), contrastando con el 42% de los hogares con jefatura masculina (40% urbana y 55% rural). (Asociación Mujeres Profesionales, 1996).
Observaciones a nivel micro:
Las investigaciones empíricas han constatado que los hogares en condición de pobreza son en términos relativos menos que el número de personas en situación de pobreza. Ello se agrava cuando los hogares están a cargo de una mujer. Los datos mencionados sobre los resultados de las encuestas realizadas en Nicaragua en 1985 y 1993 son evidentes en ese sentido. La EMNV 93 indica que el año anterior a la encuesta, del total de nacimientos, el 62,6% provino de mujeres en situación de extrema pobreza.
La pobreza no es sólo una función de la productividad e ingresos de la población economicamente activa dentro del hogar, sino que también depende de la composición del hogar y de la tasa de dependencia. La combinación de jefatura simple y alta fecundidad está frecuentemente detrás de la pobreza.
Los estudios también confirman que los niveles de consumo de los hogares tienen una relación inversa a la tasa de dependencia demográfica (número de niños o niñas de 0-14 años, más las personas mayores de 60 años por cada adulto en edad activa). Esa relación se manifiesta en que a mayor tasa de dependencia, los niveles de consumo o cumplimiento de la norma nutricional establecida son menores.
Sin embargo, cabe resaltar que aún cuando en los casos de los hogares con jefatura femenina, la tasa de dependencia es mayor, no siempre ello va vinculado a un menor consumo. De lo que se desprende que las mujeres tienen una mayor preocupación por cubrir las necesidades básicas de los miembros del hogar, aún en situaciones difíciles. (FIDEG, 1992)
Por otra parte, la pobreza, particularmente en el sector rural, no está asociada sólo a la elevada tasa de fecundidad, sino también al elevado número de hijos no deseados, que resultan de condiciones desfavorables en el campo social, cultural e institucional para el ejercicio pleno de los derechos individuales para decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos. De lo que se puede concluir entonces, que la elevada fecundidad de las mujeres que viven en condiciones de pobreza no es más que el resultado de las inequidades sociales.
La iniciación temprana de relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos y la irresponsabilidad de los hombres, es un elemento importante de la transmición intergeneracional de la pobreza. Ello significa que las mujeres jóvenes que se convierten en madres deben abandonar la escuela o comenzar a trabajar prematuramente en labores de poca calificación con bajos niveles de productividad y deprimidos salarios. De esa manera, la posibilidad de que esas mujeres logren formar pareja estable también se reducen, incrementándose la probabilidad de que se conviertan en jefas de hogar a cargo de los hijos e hijas y muchas veces de otros familiares.
Observaciones a nivel macro:
CEPAL indica que para conseguir un crecimiento rápido y sostenido del PIB en los países centroamericanos del orden del 6% anual se requiere de una tasa de inversión de 28% con relación al PIB. Para ello recomienda apoyar principalmente el ahorro interno, usando el ahorro externo como complemento.
El elevado índice de pobreza en nuestros países sugiere que existe incapacidad de incrementar el ahorro interno. A nivel micro social la combinación de fecundidad elevada, bajas tasas de actividad económica femenina y subempleo crónico en los hogares pobres resulta de una alta razón de dependencia económica intrahogar y un muy bajo nivel de ingreso per cápita al interior de éstos.
En esas condiciones, la capacidad de ahorro e inversión en rubros tales como educación de los hijos e hijas, vivienda y previsión social es mínima o nula. La contribución de estos hogares a la capacidad nacional de ahorro e inversión es también nula e indirectamente negativa, ya que parte de la capacidad de gasto del Estado debe ocuparse en el gasto social para cubrir la demanda de estos sectores sociales.
En contraste, los hogares de estratos medio urbano, (nivel medio o alto educativo, inserción en el sector formal, baja fecundidad, altas tasas de participación femenina, dependencia intrahogar baja) dan margen para el ahorro en rubros como vivienda, educación de los hijos y permiten a numerosas familias entrar en los esquemas de previsión basado en la capitalización individual que están desarrollándose en la región. Así se genera una dinámica que favorece la movilidad social y la contribución de este segmento de la población al ahorro interno. (FNUAP, 1995).
Salud
Los cambios introducidos en los presupuestos y políticas públicas en los años 90 en Nicaragua, han incidido en el accionar de los ministerios sectoriales. De acuerdo al Consejo Nacional de Salud, los recursos presupuestarios destinados al MINSA se redujeron de US$ 39 por persona en el año 1989 a US$ 14,50 por persona en el año 1995.
Esos cambios dieron como resultado un incremento paulatino del peso del sector privado en la provisión de los servicios de salud. Según la EMNV 93, el 65% de la atención de salud fue provista por el sector público y el 35% por el sector privado. (Espinoza, 1996).
La demanda de los servicios de salud depende de varios factores. Según Carmelo Mesa-Lago 3 ésta se correlaciona al ingreso, el grado de aptitudes laborales, el poder de los grupos de presión, la residencia urbana y el nivel de desarrollo regional.
Eso es evidente en el caso de Nicaragua cuando se observa que la EMNV 93 muestra que a medida que se incrementan los niveles de pobreza, aumenta el porcentaje de personas que no demandan atención de salud, situación contraria a la que se observa en los estratos de población no pobre.
En el caso de la población rural a los factores limitantes para el acceso a servicios de salud, se agregan la distancia de los centros de atención, la mala atención y el costo asociado a la consulta médica, en estos casos la relación de personas que se autodiagnostica y automedica es el 46,7% y 37,5% respectivamente. (Espinoza, 1996).
La pobreza también tiene manifestaciones en las condiciones de salud de la población y de manera particular de las mujeres, debido a la influencia que tiene la situación de inicio de relaciones sexuales tempranas sin protección. La EMNV 93 refleja que el 41% de las mujeres en condición de extrema pobreza no se efectuaron controles de embarazo y sólo el 22% lo hace más de 6 veces durante el embarazo. En el caso de las mujeres no pobres esas relaciones son el 13% y el 54% respectivamente.(Espinoza, 1996).
Educación
La insuficiencia de los recursos presupuestarios del Gobierno para atender la demanda insatisfecha en educación y el crecimiento anual de la población en edad de estudiar (muy influída por la tasa de fecundidad), se ha visto agravada por las condiciones de pobreza de la población.
Las limitaciones de las familias en situación de pobreza para dar educación formal prolongada y de buena calidad a sus hijos constituye uno de los mecanismos más importantes de transmisión intergeneracional de la pobreza.
Por otra parte, la iniciación temprana de uniones suele ser el dominante en la sociedad centroamericana en general, y de manera particular en Nicaragua. En esas condiciones, la educación de las niñas suele recibir una valoración social baja. Los patrones socioculturales impiden visualizar la educación para las mujeres como factor necesario a las funciones reproductoras y productoras de éstas. Esa concepción está asociada al papel que se le asigna a las mujeres de que su ámbito de desempeño es en gran medida la esfera doméstica. Por ello, las probabilidades de que una niña nacida en un hogar en condición de pobreza, pueda salir de esa situación a lo largo de su vida se ven reducidas.
Muchas veces la elevada fecundidad de su propia madre que hace que sus hijas, especialmente las mayores, deban asumir desde muy temprano el papel de "asistente de la madre". Ello por lo general, influye en el ingreso tardío a la escuela, ausentismo, repitencia y abandono precoz del sistema educativo por parte de las niñas.
En los hogares en condición de extrema pobreza, la insuficiencia de ingreso familiar se agrava por el alto número de hijos e hijas con elevados niveles de desnutrición temprana y sus secuelas en el desarrollo físico y psiquico, que definitivamente los va excluyendo de las oportunidades que pudiera ofrecer el crecimiento económico.
En contraposición a lo anterior, en las fases avanzadas o finales de la transición demográfica y en las familias urbanas de estrato socioeconómico medio, el papel reproductor de la mujer suele aparecer subordinado a objetivos de carrera profesional o desarrollo personal. Se valora más la calidad de los hijos que su cantidad. En el corto y mediano plazo, los hijos aparecen como una carga económica que compite con el logro de otros objetivos, pero ofrecen en el largo plazo una oportunidad de movilidad social para toda la familia si llegan a tener niveles de educación y formación técnico-profesional superior a los de sus padres y si llegan por esa vía a acceder a puestos de trabajo de más alto status social e ingreso. De ello se deriva la alta prioridad que suele darse en este contexto social a la inversión en la educación y formación técnico profesional. (Gerardo Gonzalez, 1993).
En el sector rural, lo anterior se ha visto agravado por la necesidad que tienen las familias campesinas de fragmentar la parcela agrícola por herencia, con disminución del tamaño medio. Esta situación, en algunos países de la región centroamericana, se ha venido agravando por la necesidad de la sobrevivencia de los hijos e hijas de las familias rurales con alta fecundidad, derivando todo ello en pérdida de capacidad para incrementar la productividad de los cultivos y de esa manera el nivel de vida de las familias campesinas.
Adicionalmente, la falta de acceso a tierras que alcanza a casi la mitad de los hogares rurales de Nicaragua, es uno de los factores que obliga a migrar y a partir de allí comienza el círculo de la desarticulación de la estructura familiar y la pobreza. Las estrategias de sobrevivencia muchas veces se realizan sin prever el daño que se incurre para las generaciones futuras, se produce el deterioro del medio ambiente, en menor rendimiento productivo, y por ende mayor pobreza.
Por primera vez en la historia de Nicaragua existe una Política Nacional de Población. Si bien esta política puede adolecer aún de deficiencias, es importante reconocer que la existencia de ella permite avanzar en la formulación de estrategias para que el crecimiento poblacional vaya acompañado de políticas que promuevan una efectiva integración de esa población al desarrollo económico y social del país.
Alcanzar ese objetivo dependerá en gran medida de la importancia que asigne al tema el próximo gobierno y que sea asumida por la sociedad civil como el inicio de un proceso de perfeccionamiento de una política de población que debe responder a las necesidades y particularidades de la diversidad social de Nicaragua sin ningún tipo de discriminación.
La política Nacional de Población de Nicaragua publicada en 1996 es el resultado de un largo proceso de reflexión sobre el tema, el que ha sido de sumo interés del movimiento de mujeres desde hace mucho tiempo.
El objetivo general de la misma recoge la preocupación que se ha señalado en los párrafos anteriores en el sentido de que la política de población ha sido visualizada como una cuestión independiente de otras políticas. " El objetivo último de la Política Nacional de Población es contribuir, con una perspectiva de largo plazo, a crear condiciones demográficas favorables para un desarrollo económico y social sostenido, equitativo y sustentable que resulte en la elevación del nivel y calidad de todos los nicaragüenses y su desarrollo humano integral".
En la estrategia general se señala también " La Política Nacional de Población requiere de una amplia estrategia multisectorial para alcanzar sus objetivos específicos y para su implementación deberá realizarse la difusión necesaria y adecuada".
Indudablemente éstas son tareas fundamentalmente del gobierno pero también involucra a la sociedad civil por cuanto ella debe jugar un papel importante en la elaboración de propuestas para que se incorporen en la definición de las políticas públicas específicas y globales, así como establecer los mecanismos de ejecución y evaluación de las mismas con amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad que desean expresar sus preocupaciones en torno de la población y el desarrollo.
Dada la amplitud y profundidad de la pobreza en Nicaragua y la compleja vinculación existente entre los procesos económicos, sociales, demográficos y políticos, son grandes los retos que se deben enfrentar. De allí la multisectorialidad con que debe verse la política de población.
Con el ánimo de contribuir en la reflexión sobre esos retos, a continuación se señalan algunos indicadores que reflejan la presión de demanda que ya existe en el país y que si se quieren reducir los niveles de pobreza de manera efectiva, ello necesariamente requerirá de políticas coordinadas de parte del gobierno y del accionar de la sociedad en los diferentes espacios donde ésta se desarrolla.
Empleo: El crecimiento de la PEA es de aproximadamente 300.000 personas al año. El mantenimiento de la tasa de ocupación actual (45%), requeriría de la creación de 67.000 nuevos puestos de trabajo anualmente (MAS, 1996). Las proyecciones gubernamentales señalan que si se tratara de reducir el actual nivel de subocupación global de la fuerza de trabajo (aproximadamente 55% en 1996), ello requeriría de la creación de más de 140.000 puestos de trabajo anualmente.
Vivienda: Se estima el déficit habitacional en 125.000, referido a las familias que actualmente comparten la vivienda con otras. Cifras oficiales reportan que adicionalmente existen 245.000 familias en condiciones de hacinamiento y 20.000 viviendas es el crecimiento anual por la formación de nuevas parejas.
El número total de viviendas reportadas por el Censo de 1995 es de 615.000 viviendas. Una proyección sectorial moderada que significaría cubrir el actual déficit habitacional, el crecimiento anual, pero sólo reducir a la mitad el problema del hacinamiento, indica que para el año 2000 se requeriría incrementar el número de viviendas en más del 50% del stock existente en 1995.
Educación: La tendencia descendente de la fecundidad 4 en Nicaragua en los últimos años está influyendo positivamente en descompresionar la demanda por servicios educativos. Sin embargo, el elevado déficit actual más el crecimiento de la población en edad de estudiar en los próximos años, sigue planteando grandes retos para el país.
El déficit educativo actualmente se estima en casi 500.000 niños y niñas que no acceden a la educación preecolar, 160.000 niños y niñas no tienen acceso a la educación primaria y 600.000 jóvenes no logran entrar a la educación secundaria. Adicionalmente casi la mitad de los niños y niñas que logran entrar al primer grado no siguen estudiando por diversas razones, siendo la situación de pobreza de sus hogares, la principal causa de la deserción escolar.
Una tendencia de crecimiento medio de la población indica que aproximadamente el incremento de personas entre 7 y 12 años es de 35.000 anualmente. Si se tratara de mantener la cobertura actual de escolaridad (77,8%), sería necesario aumentar en los próximos 5 años cerca de 1.200 profesores de primaria.
La población entre 13 y 18 años crecerá en los próximos 5 años en 90.000 personas por año. Si sólo se tratara de mantener la actual tasa de cobertura de escolaridad secundaria (38,4%) la capacidad escolar debería aumentarse en aproximadamente 35.000 plazas en un quinquenio, mientras que si se tratara de aumentar la tasa al 44%, ello requeriría incrementar el número de cupos en 72.000 en ese mismo período. (Gabinete Social, 1996)
Es importante también tener una estrategia clara de los grupos objetivos a los cuales llegar con la política educativa. Diferentes investigaciones han constatado que la educación, particularmente de la mujer y más allá de un cierto nivel, generalmente en torno a 6 o 7 años, constituye una política socieconómica que tiene efectos considerables en la reducción de la fecundidad. Es por esta razón que los recursos que se destinen a la educación de la mujer deben visualizarse como el ahorro futuro en el mismo sector, pues la reducción de las tasas de la fecundidad, conlleva a la reducción de la demanda educativa en el mediano plazo.
Por otra parte, la elevada demanda de escolaridad, asociada a altas tasas de fecundidad, en un marco de fuertes restricciones presupuestarias como es lo que se prevee para el corto plazo en Nicaragua, puede seguir afectando negativamente la calidad de la educación y con ello, las destrezas de los estudiantes.
Salud y Seguridad social: La demanda de servicios de salud tiene una estrecha relación con la edad y sexo de las personas. Actualmente el número de consumidores de salud se estima en 1.1 millones de personas, para el año 2000 se proyecta que se incrementará en un 40%. Las políticas económicas y sociales, en este campo específico, deben prestar especial atención a la disminución de las desigualdades sociales en la mortalidad infantil y materna, así como promover y extender los sistemas de seguridad social.
Por otra parte, la estructura de edades de la población, así como las tasas de dependencia, la relación de pensionados versus contribuyentes, la edad de retiro y las expectativas que tiene la población, acarrean demandas específicas al sistema y para ello es crucial definir su financiamiento. Un sistema previsional que no logra cubrir las expectativas de la población, puede tener un correlato negativo en términos de las variables demográficas. En efecto, se ha comprobado empiricamente que en muchos países, como puede ser el caso de Nicaragua, la ausencia de un sistema previsional eficaz, en algunos casos puede derivar en un crecimiento de la fecundidad, debido a que las personas adultas tratan de garantizar su seguridad en la vejez a través de los hijos (hombres y mujeres).
Medio ambiente y recursos naturales: La presión demográfica adquiere mayor importancia sobre las condiciones del medio ambiente y los recursos naturales en el mediano y largo plazo. Se estima que la agricultura migratoria en Nicaragua está provocando la destrucción de aproximadamente 150.000 hectáreas de bosques anualmente. De continuar esta tendencia, en poco menos de 20 años Nicaragua perdería practicamente todo su potencial forestal con el consecuente deterioro del medio ambiente. En este contexto, la recuperación productiva y por tanto, la superación de la pobreza, se constituirían en objetivos imposibles de alcanzar.
La descentralización: Las políticas de municipalización y descentralización de los servicios sociales están muy vinculadas a la distribución espacial de la población. Su correcta aplicación es vital para incidir efectivamente en la reducción de la pobreza. Antes de la ejecución de esas políticas se requiere hacer una valoración sobre las consecuencias que la descentralización puede tener en el costo de los servicios sociales, la cobertura y calidad de los mismos y las externalidades positivas y negativas que de ello pueden derivarse.
Por otra parte, estas políticas pueden tener efectos importantes en el asentamiento territorial de la población. La apertura del mercado nicaraguense, así como las condiciones de competitividad existentes en el mercado internacionl imponen desafíos relacionados con el desarrollo local y regional.
En relación a la competitividad, el decreciente papel de los salarios, las características de la producción asociadas a la especialización flexible, los requerimientos de recursos humanos calificados, son entre otros factores, los que devalúan la importancia que hasta no hace muchos años tenía nuestra economía, sus recursos naturales y las ventajas competitivas estáticas.
En este contexto, las zonas donde prevalece la pobreza, y donde la ventaja comparativa fundamental es la mano de obra barata, tienden a perder atractivo para empresas que pretenden competir de acuerdo con las reglas del mercado internacional. Por tanto, las estrategias de desarrollo local y regional deben orientar acciones que apunten al fortalecimiento de las potencialidades locales tomando en cuenta sus particularidades y complejidades específicas. Todo ello para promover la innovación productiva, elevar la productividad y la competitividad y la plena utilización de los recursos locales.
Finalmente, el logro de la integración de las diferentes variables arriba indicadas en una perspectiva de políticas de Estado y sostenibles, requiere del fortalecimiento institucional. Es decir, debe repensarse la institucionalidad que haga funcional y efectiva una política de población para superar los problemas que han influído en la baja efectividad en el pasado, pero también ésta debe estar imbuída de una nueva concepción en el sentido que debe fortalecerse la participación de los principales actores sociales y el del equipo técnico que diseñe las políticas específicas de población y otras de carácter económico y social que deben integrar los aspectos de población. Se trata de buscar la compatibilidad y armonización de las variables de población con el desarrollo, es decir, aprovechar las sinergías que pueden derivarse del conjunto de políticas económicas y sociales.
Bibliografía
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15. Gobierno de Nicaragua, Gabinete Social. Política Nacional de Población, Nicaragua 1996.
(1) Que hace pasar a la población de un rgimen de alta fecundidad y de alta mortalidad a otro de bajas fecundidad y mortalidad.
(2) Aunque parece poco significativo, es importante, pues en el caso de Guatemala el gasto total social/PIB en los años 90 era el 4% y en Nicaragua el 7%. (Fletcher y Renzi, 1995).
(3) Citado por Espinoza en Pobreza y Salud en Nicaragua. Febrero 1996.
(4) Su análisis se hizo en El Observador Económico del mes de agosto, 1996.