NUESOC, 09/01/94, NAFTA BLUES. LA CRÍTICA CANADIENSE A LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO EN AMÉRICA DEL NORTE)

Héctor Alimonda: economista, docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Resumen

Firmado en 1987 y convalidado por el parlamento canadiense en 1989, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y EEUU no sólo mostró la forma como decisivos asuntos públicos pueden adelantados sin el necesario debate social entre los distintos sectores y grupos de opinión, sino también indica el condicionamiento al que se someten las políticas públicas, supuestamente soberanas. En el caso de Canadá, un modelo social está en juego. La extensión del acuerdo a México expande las carencias y las amenazas. La intervención de varias redes críticas trinacionales, sectoriales y ciudadanas, representan un modelo participativo que busca recuperar el protagonismo civil perdido(1).

Para Célia

La rotunda frase de Monroe, "América para los americanos", amenazadora por su agresividad y por su ambigüedad gentilicia, ha sido durante décadas la confirmación de una pesadilla manifiesta para todas las variantes del nacionalismo latinoamericano. Sin embargo, ubicada en su contexto de 1823, se descubre que para la mirada "norteña" de Monroe la expansión hacia el Sur era solamente una promesa. La amenaza directa, justificada, era lanzada hacia el Norte, contra la supervivencia allí del Imperio Británico. Eran tiempos de vigilia armada en la frontera norte de EEUU. Dos guerras ya se habían desarrollado en el valle del Saint-Laurent y en los Grandes Lagos. Tropas de EEUU destruyeron Toronto, cercaron Montreal y atacaron Quebec. En 1814, el ejército inglés que había luchado contra Napoleón en España desembarcó en el Chesapeake, e incendió los edificios de la inconclusa Washington. En 1823, la Royal Navy patrullaba el lago Ontario, y EEUU habían construido el canal del Erie, que permitía salir desde los Lagos al Hudson y al océano, sin pasar por el Saint- Laurent. El conflicto no era solamente por la presencia británica en América del Norte, sino también por la ocupación futura de los territorios del Oeste. El nacimiento de Canadá, entonces, tiene más que ver con una línea de conflictos con su vecino del sur que con una coexistencia fraterna.

Desde entonces, la identidad canadiense ha sido un problema agónico, de una dimensión que resulta sorprendentemente familiar para los latinoamericanos(2). Desgarrado entre la potencia expansiva de EEUU y la protección del Imperio Británico, con escasa población (a su vez, dividida entrañablemente por la resistencia cultural de Quebec), con un territorio inmenso cubierto de nieve durante varios meses por año, Canadá fue objeto de una tutela especial de Gran Bretaña, que posibilitó una precoz institucionalidad democrática y una política de apoyo a las pequeñas propiedades, que neutralizaría grandes fortunas y ambiciones: paradojalmente, el dominio inglés acabó construyendo en Canadá una sociedad más próxima a los ideales democráticos de Thomas Jefferson que la que alcanzaría EEUU.

Desde 1945, el progresivo deterioro de la capacidad aglutinante de la Comunidad Británica fue llevando al Canadá a asentarse en América. Fue el triunfo del "continentalismo" frente al "imperialismo" (las dos grandes líneas de fuerza de la cultura canadiense), que implicó también la vigencia de la capacidad reguladora de un Estado keynesiano, de cuya eficacia vino a depender, finalmente, la propia identidad nacional.

Se configuró así una economía altamente vinculada con EEUU (80% del comercio exterior), básicamente a partir de la exportación de materias primas (algunas de ellas con un nivel básico de elaboración) y de recursos energéticos. Un Estado regulador y redistributivo favoreció el desarrollo de un "fordismo sustituidor de importaciones", asegurado con protección tarifaria, y consolidó el "Welfare State" más avanzado del continente, con salarios, derechos sociales, organización y actividad sindical muy superiores a los de EEUU(3).

Al mismo tiempo, el Estado diseñó una cuidadosa geometría de integración nacional a través de activas políticas de promoción de regiones menos desarrolladas (en muchos casos, prácticamente inhabitables sin apoyo estatal) y, sobre todo, del "multiculturalismo". Se trata de una política cultural estratégica, que intenta facilitar la expresión de la diversidad de herencias culturales que componen la sociedad canadiense, y que, al mismo tiempo, elabora y afirma una alternativa de identidad nacional frente al desborde de la industria cultural de EEUU.

"Históricamente, el gobierno ha jugado un rol activo en la economía y en la sociedad de Canadá. Están las empresas públicas: un ferrocarril nacional, una red nacional de emisoras, una línea aérea nacional, una compañía de petróleo nacional, compañías hidroeléctricas provinciales, compañías telefónicas provinciales. El gobierno ha administrado los recursos naturales de la nación para asegurar recursos (alimentos y energía), para promover el procesamiento industrial o mayor valor agregado de la producción exportada (pesca y productos forestales), y para proveer ventajas comparativas para ciertas industrias. El Estado ha sido también un vehículo para realizar los valores canadienses de comunidad y de justicia social: fondos de apoyo a regiones pobres, sistema de salud nacional con cobertura total, seguros de desempleo, seguridad para la vejez, subsidios familiares, etc."(4).

Este modelo de acumulación canadiense (que algunos autores denominan "dependencia madura" (5) llegó a su apogeo en los 70, con el gobierno liberal de Pierre Trudeau (6). Se intentó reducir la vulnerabilidad de la economía con controles a la inversión externa y las multinacionales, y fue creada la empresa petrolera estatal (Petro-Canadá), dentro de un Programa Nacional de Energía. Pero esta estrategia alcanzó sus límites, especialmente a causa de la dificultad canadiense para desarrollar sectores competitivos de tecnología intensiva (entre los miembros del Grupo de los Siete, Canadá es el que más paga en concepto de marcas y patentes). Esta baja capacidad para desarrollar tecnologías propias tiene que ver con la extensión de la propiedad extranjera en los sectores más avanzados, lo que ubica a Canadá en un nivel diferente del Japón o de Suecia.

Con la renuncia de Trudeau y la elección del gobierno conservador de Brian Mulroney, en septiembre de 1984, se desmorona el proyecto regulador nacional y Canadá se alinea con el fundamentalismo de mercado. En marzo de 1985 Mulroney y Reagan firmaron un acuerdo para comenzar negociaciones destinadas a liberalizar el comercio entre EEUU y Canadá. Esas negociaciones tuvieron un carácter reservado, con muy poca información difundida, y sin que la ciudadanía tuviera capacidad alguna de intervención. Finalmente, en octubre de 1987 fue firmado un Acuerdo de Libre Comercio (ALC), y sólo entonces comenzó a ser discutido por la población canadiense. En el proceso de ratificación por el Parlamento, la mayoría conservadora garantizó la aprobación, y el Acuerdo entró en vigor en 1 de enero de 1989.

Pero muy pronto la ciudadanía se vio en medio de otro debate semejante, ahora referido a la constitución de una zona de libre comercio que incluyera a México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN). Considerando la vocación expansiva de ese acuerdo, vigente desde el 1 de enero de 1994, y que se propone cumplir, ahora sí a nivel continental, con la consigna de Monroe (7), la experiencia canadiense de reflexión crítica y de acción organizativa es un referente estratégico para el actual momento latinoamericano.

La critica

Tres libros colectivos recientes reúnen análisis críticos sobre la experiencia canadiense de libre comercio con EEUU(8).

Esta crítica parte de la comprobación de que los efectos del libre comercio para Canadá no fueron los anunciados por el gobierno Mulroney y esperados por el electorado 9. Según aquél, el ALC permitiría: a) regularizar, sin sufrir coerciones, la relación comercial con EEUU; b) de esa forma, sería posible reconvertir competitivamente la economía canadiense, incorporando nuevas inversiones y tecnologías; c) este nuevo horizonte de crearía nuevos empleos (según Mulroney, 250.000 nuevos puestos de trabajo para una población activa de 13 millones); d) tratando solamente sobre comercio, el ALC no afectaría a otros temas básicos para la sociedad canadiense, como el federalismo, la política multicultural, el régimen de seguridad social o el medio ambiente.

Para los críticos, sin embargo, los resultados fueron muy diferentes. Desde su perspectiva, el ALC y el TLCAN forman parte del diseño de "una nueva Constitución de América del Norte" (Ronald Reagan dixit), organizada a partir de la agenda neoconservadora, y estructurada para impedir su reversión. Según Ricardo Grinspun:

"El libre comercio se orienta a: a) promover la reestructuración interna, con el sector privado (eufemismo para las grandes empresas y el capital transnacional) manteniendo su posición de liderazgo; b) redefinir las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, debilitando la posibilidad de intervenciones gubernamentales en todos los niveles; c) imponer un programa económico neoconservador de políticas macroeconómicas monetaristas, privatizaciones y desregulación, en lugar de los objetivos keynesianos; d) armonizar hacia abajo los niveles laborales, ocupacionales, sociales y medio ambientales; e) promover una reconversión regresiva, post-fordista, debilitando al movimiento sindical; y f) debilitar la provisión de servicios públicos en los tres países"(10).

John Dillon, por su parte, recuerda que "el TLCAN es parte de una amplia Iniciativa para las Américas de EEUU. Eventualmente, todo el hemisferio podría ser incluido bajo el paraguas del TLCAN. Extender los términos del TLCAN a otros países de la Américas es, sin duda, la parte más significativa de la Iniciativa para las Américas. Sin embargo, es un error suponer que el TLCAN o la Iniciativa son básicamente acuerdos comerciales. Las disposiciones del TLCAN afectan políticas de inversiones, derechos de propiedad intelectual, explotación de recursos naturales y otros aspectos de soberanía nacional, que son mucho más significativos que la disminución de las barreras al comercio. Las tarifas de EEUU para la mayoría de las exportaciones latinoamericanas no son significativas. La tarifa media enfrentada por los exportadores latinoamericanos en EEUU es solamente del 2%, y muchas materias primas entran libremente"(11).

Al mismo tiempo, el Acuerdo tuvo para EEUU el objetivo estratégico de constituir una retaguardia a partir de la cual enfrentar a los rivales europeos y al Japón en la Rueda Uruguay del GATT (la normatividad del ALC/TLCAN es mucho más fundamentalista que la del GATT), presionar a sus socios asiáticos, y configurar un espacio económico protegido para su recuperación económica, atrayendo al resto de América Latina para formar un mercado libre "desde Alaska hasta la Tierra del Fuego" (George Bush dixit). Es conocida la pérdida de competitividad de la industria de EEUU, y el carácter dual de su política comercial: insistencia en la liberalización del comercio en las instituciones internacionales y en las relaciones bilaterales y, al mismo tiempo, medidas proteccionistas internas(12).

Comercio

En lo que se refiere al comercio, el ALC estableció la eliminación de tarifas entre ambos países en un plazo de diez años. Según una visión superficial, esto debería favorecer a una economía exportadora como la canadiense. Sin embargo, ya el 71% de las exportaciones canadienses a EEUU eran libres, y el resto pagaba una tarifa media de 3,3%. El resultado favorece a los sectores exportadores de materias primas, pero perjudica a la producción para el mercado interno, ya que la eliminación de tarifas es mucho mayor del lado canadiense que del norteamericano.

Por otra parte, el ALC prescribe la transformación de las restricciones no tarifarias en tarifarias, y su posterior remoción. De esa forma, son afectadas políticas canadienses orientadas a la protección del medio ambiente, los consumidores y el desarrollo regional. En síntesis: el ALC desmonta una serie de mecanismos de protección que no se refieren al clásico "proteccionismo sustituidor de importaciones", sino que son "cualificaciones" de las relaciones de mercado, a partir de luchas libradas por diferentes sectores de la sociedad canadiense. Por esta razón, los militantes de diferentes movimientos sociales han denunciado al ALC como un dispositivo para desmontar importantes conquistas de las últimas décadas de la ciudadanía, especialmente las que tienen que ver con medio ambiente y calidad de vida.

La capacidad de represalia comercial de EEUU no ha disminuido con el ALC, sino todo lo contrario. La imprecisa definición de "subsidios" hace que prácticamente cualquier aspecto de las políticas públicas canadienses pueda ser cuestionado por el Departamento de Comercio de EEUU. Recientemente, por ejemplo, cayó en la línea de fuego el sistema de salud pública canadiense, cuyo carácter gratuito es considerado un subsidio por parte de la industria de EEUU, atormentada por los costos de su propio sistema privado de salud.

Por este camino, el ALC amenaza toda la capacidad gubernamental canadiense para implementar políticas de empleo, de capacitación, de reconversión activa o de nuevas tecnologías. En ese sentido, el horizonte de competitividad pretendido por el gobierno Mulroney quedó aún más lejos, ya que el Estado está inhabilitado para desarrollar precisamente aquellas políticas que podrían viabilizarlo.

En términos de balanza comercial, el resultado también fue negativo. Canadá tenía tradicionalmente saldos positivos en su intercambio con EEUU (9.517 millones de dólares en los dos años anteriores al ALC). Con el libre comercio y sus consecuencias, el sentido se invirtió: en 1991, Canadá tenía un saldo negativo de 6.553 millones de dólares.

Industria y empleo

El ALC fue seguido por un violento proceso de cierre de industrias en Canadá, especialmente en la provincia de Ontario. Muchas empresas de EEUU prefirieron cerrar sus filiales canadienses y abastecer ese mercado directamente desde sus matrices. Al mismo tiempo, empresas canadienses (como Massey Ferguson), aprovecharon el ALC para migrar a EEUU, cerrando también sus plantas en Canadá. El resultado ha sido una impresionante caída de la actividad industrial y niveles de empleo. Canadá tiene hoy el segundo índice de desempleo de los "Siete Grandes" (11,1%, el peor después de Italia) y en algunas regiones ese indicador bate records en el mundo desarrollado.

En enero de 1992, luego de 36 meses de libre comercio, Canadá tenía 408.000 empleos industriales menos que en enero de 1989, una caída de 21,4% del total de empleos de la industria, y del 11% del producto industrial. En el mismo período, la caída del empleo en EEUU fue de 5%. Según los datos oficiales, todos los sectores industriales perdieron puestos de trabajo, con excepción del petróleo y carbón (por demás reducido: ganó 3.000 empleos, pasando de 19.000 a 22.000). Los sectores más afectados fueron textiles (35% de pérdidas), muebles (34,4%), caucho, plásticos y madera (31,2%) (13).

Andrew Jackson, economista asesor de la central sindical Canadian Labour Congress (CLC) calcula que 99.800 empleos se perdieron a causa del nuevo perfil de los intercambios comerciales, mientras que una baja de 105.000 se debe al redireccionamiento de los flujos de inversión. No sería posible separar el impacto del ALC de la acción de otras fuerzas y tendencias económicas, pero esta nueva relación con EEUU tendría gran responsabilidad en la profundización de la crisis. "El ALC tuvo dos impactos directos inmediatos y uno más general. Primero, y fundamentalmente, ha rebajado las tarifas canadienses y las barreras no tarifarias, mejorando las posiciones competitivas de las empresas de EEUU en el mercado canadiense. Segundo, ha eliminado totalmente cualquier preocupación de las empresas porque sus nuevas estrategias puedan ser "sancionadas" de alguna forma por los gobiernos canadienses. El núcleo del ALC consiste en la promesa de "tratamiento nacional" para empresas norteamericanas, y la retirada sistemática de toda política pública canadiense que favorezca a empresas nacionales. Tercero, el ALC ha impedido al gobierno canadiense implementar políticas que podrían disminuir la escala y severidad de la crisis, y favorecer una reconversión competitiva".

Analizando la balanza comercial, Andrew Jackson comprueba que los únicos sectores que aumentaron sus exportaciones a EEUU son caucho, automóviles, industria aeroespacial y maquinaria y equipos eléctricos, con caídas acentuadas en el resto. De esa forma, concluye que: "Lo mejor que podemos decir sobre la reestructuración post-libre comercio es que nuestro tradicional déficit ha disminuido en algunos sectores de alto valor agregado, mientras nuestro déficit en bienes de consumo ha aumentado. En ningún caso existió crecimiento de puestos de trabajo, ni siquiera en los sectores ganadores. La pérdida de puestos de trabajo fue mucho mayor de la esperada por los defensores del libre comercio en los sectores de trabajo intensivo, mientras existió muy poca creación de trabajo en los sectores de alta tecnología, donde se esperaba que surgirían suficientes empleos que compensaran a los trabajadores desplazados de las industrias perdedoras"(14).

Armonización de programas sociales

Desde el ALC se profundizó en Canadá la ofensiva para el desmontaje del "Welfare State", con el argumento de la necesidad de "armonizar" políticas con EEUU. En nombre de la competitividad, sectores empresariales y portavoces neoconservadores atacan cotidianamente todos los mecanismos protectores y reguladores de la convivencia social. Para ellos, está fuera de discusión que "armonizar" significa rebajar a los trabajadores canadienses a niveles de EEUU, no lo contrario. Desde enero de 1991, en medio de la gran crisis de cierre de plantas industriales, el gobierno federal retiró la partida del fondo de seguro de desempleo proveniente directamente del presupuesto federal. En el mismo sentido, fue modificado el régimen de apoyo al desarrollo regional, que sufrió reducciones de 400 millones de dólares por año.

Pero al mismo tiempo el gobierno conservador, al contrario de lo prometido en la campaña electoral, no implementó ningún programa de compensación para las regiones afectadas por el ALC. Las desoladas Provincias Marítimas, por ejemplo, fueron gravemente perjudicadas por una disposición del ALC, que eliminó la obligatoriedad del procesamiento en Canadá de la pesca obtenida en aguas territoriales. Ese mecanismo permitía el mantenimiento de actividades de procesamiento y de servicios en los puertos de la costa atlántica, pero fue denunciado como "subsidio" por la industria de pesca de EEUU. Con el libre comercio, el desempleo en la región ha asumido proporciones enormes (21,9% en Terranova, 18,1% en la Isla del Príncipe Eduardo, en noviembre 1992)(15).

Federalismo

El federalismo constituye el armazón central del sistema político canadiense, e importantes áreas de las políticas públicas son atribuciones de las provincias, como medio ambiente, abastecimiento, apoyo a los agricultores y relaciones de trabajo. Los compromisos asumidos en el Acuerdo por el gobierno federal erosionan la autonomía de las unidades de la Federación. Por ejemplo lo sucedido en Ontario, con el gobierno del New Democracy Party (socialdemócrata). Tres importantes iniciativas reformistas de este fueron obstaculizadas por el ALC. El proyecto de creación de un ente provincial de seguros para automóviles (una promesa de la campaña electoral) fue cuestionado por las empresas aseguradoras estadounidenses, en virtud del artículo 2011 del ALC, que establece compensaciones en casos de actos de gobierno que reduzcan beneficios esperados por empresas de EEUU. Las empresas de seguros obtuvieron el apoyo de la representante comercial estadounidense, Carla Hills, y reclamaron una indemnización de dos mil millones de dólares. El gobierno del NDP se vio forzado a retroceder.

De la misma forma, el proyecto de asociar al Estado provincial con los trabajadores de una empresa metalúrgica quebrada en Sault Sainte Marie, que exporta para EEUU, fue cuestionado como "subsidio", e inviabilizado por amenazas de represalia comercial. Mientras tanto, la propuesta de reforma del proceso de negociación colectiva, otorgando mejores condiciones de negociación a los sindicatos, fue combatido con saña por el empresariado, en nombre de la necesidad de aumentar la competitividad. De esa forma, el gobierno de Ontario fue perdiendo toda iniciativa para responder a las demandas de su electorado, oprimido por la crisis económica, con políticas alternativas dinámicas(16).

Las provincias del Oeste canadiense, por su parte, tienen sus políticas de abastecimiento y de apoyo a los pequeños agricultores bajo amenaza. En general, el debilitamiento del Estado federal y el aumento de los intercambios generalizados con EEUU tiende a quebrar el tradicional eje Este/Oeste (no competitivo) que constituyó históricamente la unidad nacional canadiense, y refuerza su sustitución por tendencias Norte/Sur, que la desagregan(17).

Recursos naturales, medio ambiente y agricultura

El ALC establece que en ningún caso puede ser interrumpido el abastecimiento de recursos energéticos canadienses a EEUU, y que su precio debe ser siempre el mínimo efectivamente pagado por los consumidores en Canadá. Queda excluida la posibilidad de que el gobierno canadiense pueda subsidiar el consumo de energía, estableciendo, al mismo tiempo, un virtual subsidio a la continuidad del modelo energético de EEUU. La crítica ambientalista se indignó ante la ausencia de alguna referencia a cambios en ese modelo energético y al desarrollo de fuentes energéticas alternativas. Por otra parte, el ALC/TLCAN ignora todos los acuerdos internacionales sobre protección al medio ambiente, no incorporando ninguna de sus disposiciones(18).

Las nuevas negociaciones del TLCAN incluyeron otro recurso canadiense, el agua. El agua canadiense queda disponible para proyectos de irrigación en EEUU. Estos proyectos megalomaníacos (NAWAPA y GRAND) implican una gigantesca red de canales de irrigación en el Medio Oeste, que permitirían ampliar la frontera agrícola de EEUU en una nueva "Marcha hacia el Oeste". Simon Reisman, negociador canadiense en jefe del ALC, fue uno de los creadores del proyecto NAWAPA(19). La agricultura canadiense, por su parte, con un predominio de pequeños productores capitalizados, se enfrenta con condiciones naturales que suponen un suelo helado durante varios meses del año, y la necesidad de locales con calefacción intensa para los animales y las aves. Sus condiciones de competitividad con el cálido sur de EEUU (que, además, cuenta a su favor con los bajos salarios de los trabajadores "étnicos", no sindicalizados) son muy limitadas. Por otra parte, el ALC elimina, calificadas como "subsidios", a las políticas públicas de apoyo a la agricultura que fueron consideradas legítimas por el GATT, y que integran la llamada "caja verde" de esa organización(20).

Otras disposiciones han forzado a Canadá a disminuir los niveles de exigencia sobre pesticidas y insecticidas agrícolas, para "armonizarlos" con los de EEUU. El programa canadiense de protección de los bosques contra lluvias ácidas de origen industrial ha sido cuestionado como "subsidio" por el Comité de la Industria de Metales No Ferrosos de EEUU. La profundización del modelo exportador de materias primas, por su parte, aumentará la destrucción de los bosques canadienses. En 1993 los ambientalistas de Vancouver (alguna vez la cuna de Greenpeace), estaban en lucha cerrada contra las madereras que, desplazadas del Noroeste de EEUU por la nueva legislación ambiental apoyada por el gobierno Clinton, obtuvieron del gobierno de la provincia de la Columbia Británica (en nombre de la creación de puestos de trabajo) la concesión para la tala del bosque de Clayoquot Sound, una de las últimas reservas de la costa del Pacífico.

Al mismo tiempo, el ALC/TLCAN contiene escasas previsiones de protección ambiental, cuyas violaciones, por otra parte, serán evaluadas por una comisión de especialistas, en procedimientos secretos. Los "acuerdos paralelos" del TLCAN, producto de la crítica de Clinton durante la campaña electoral, incorporaron algunas reivindicaciones puntuales, que sólo tendrán vigencia mientras no contradigan las orientaciones generales del Acuerdo. Obviamente, el ALC/TLCAN no incorpora ninguna de las recomendaciones de los tratados producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ECO 92), ya que no fueron firmados por EEUU. Para la crítica ambientalista, el ALC/TLCAN aparece como un tremendo retroceso en relación a las conquistas obtenidas por el movimiento en América del Norte y por el nivel del debate internacional. Haciendo un balance, Michelle Swenarchuk concluye que: "Los acuerdos constituyen un régimen legal supranacional que limita los poderes de nuestros gobiernos y que invalida leyes aprobadas según nuestros procesos democráticos. Fueron negociaciones secretas, y los conflictos serán procesados secretamente por un panel de especialistas. Siendo que el acceso a la información es fundamental para el movimiento ambientalista, estos acuerdos obstaculizan las acciones por la protección al medio ambiente"(21). Por esta razón, los movimientos ambientalistas de América del Norte han estado, junto con sindicatos, en la vanguardia de la oposición a los Acuerdos.

La acción organizativa

En vigencia el TLCAN desde 1 de enero de 1994, cualquier análisis de la discusión tendrá que tener en cuenta la experiencia de articulación trinacional de redes sociales, que ha abierto un nuevo espacio político continental, y que quizás veamos desarrollarse en el resto de América, siguiendo el impulso expansivo del libre comercio. Esta experiencia comenzó en Canadá, como resultado de una confluencia, a nivel nacional, de coaliciones regionales de organizaciones sociales, sindicatos y grupos comunitarios para oponerse a la agenda neoconservadora. Fue importante en esta dinámica la iniciativa de las centrales sindicales, la "Confédération des Syndicats Nationaux" (CSN) y el "Canadian Labour Congress" (CLC). En 1985, la CSN impulsó en Quebec la formación de "Solidarité Populaire", reuniendo 100 organizaciones, para oponerse a "le dégagement de l'État". El CLC llamó al "Dialogue '86", convocando organizaciones populares para desarrollar estrategias comunes en respuesta a la crisis económica.

La "Action Canada Network" (ACN) fue formada en 1987 por grupos de mujeres, asociaciones rurales, grupos nacionalistas, organizaciones anti- pobreza, grupos ambientalistas, redes eclesiásticas, asociaciones de ciudadanos, naciones indígenas, asociaciones culturales, redes pacifistas y agrupaciones estudiantiles. En total, cincuenta organizaciones nacionales más nueve coaliciones regionales. En Quebec se organizó la "Coalition Québécoise sur le Livre-Échange", que participa de la ACN.

Esta iniciativa sindical de convocar a la sociedad para la formación de amplias coaliciones es uno de los rasgos más interesantes de la cultura política canadiense. Veamos dos declaraciones de importantes dirigentes sindicales: "Las coaliciones no son solamente una ampliación de contactos. Son también una ampliación de la visión de la vida de los trabajadores. Los trabajadores no son solamente trabajadores. Viven en comunidades, están preocupados por el medio ambiente, la paz, por lo que sucede con la cultura canadiense, por la Constitución. Entonces, las coaliciones con grupos 'no trabajadores' son a veces un reconocimiento de otras dimensiones de las vidas de los trabajadores. Por otra parte, cuando hablamos de coaliciones con 'otros grupos' debemos recordar que esos otros pueden ser con frecuencia trabajadores que no están sindicalizados, o que prefieren actuar fuera de sus sindicatos, como puede ser el caso de las mujeres. En otras palabras, construir puentes por medio de coaliciones es frecuentemente una forma de superar la fragmentación de la clase trabajadora. Hay otras luchas, como las de los pueblos indígenas, que no se vinculan con los intereses inmediatos de los trabajadores, pero que se refieren a injusticias históricas. En esos casos, la experiencia muestra que los beneficios de la solidaridad en la lucha contra todas las injusticias se reparten mutuamente" 22. "Trabajar en coalición, que parecía una actividad marginal en relación a las tareas sindicales tradicionales, llegó a ser hoy una prioridad. Primero, porque permite unificar los opositores a las propuestas conservadoras. Segundo, porque cada uno de estos movimientos tiene su propia sensibilidad, lo que presenta consideraciones sociales en el centro del trabajo de coalición. Tercero, porque las diferencias en perspectivas y en medios de los diferentes grupos los fuerza a innovar en el nivel del debate y en la estrategia. Cuarto, porque el trabajo de coalición reúne todos los elementos necesarios para crear un modelo de sociedad fundada en la justicia y en la igualdad social y económica. Es necesario entender a los otros y explicarles nuestra situación. Es necesario humildad: es difícil vencer sólo"(23).

La organización de las redes fue una tarea muy compleja. Se trataba de una experiencia nueva, y la tendencia de los participantes era la de pensar según el espacio político tradicional. En la coalición, cada integrante mantiene su identidad y sus reivindicaciones, y la dificultad consiste en articular esa pluralidad en nombre de objetivos comunes. "Las coaliciones fueron una experiencia nueva para nuestra cultura política. Suponen la articulación de fuerzas con un objetivo común, pero manteniendo divergencias en relación a otros temas. Tienen una peligrosa fragilidad, pero también un tremendo potencial. Algunos miembros pueden ser líderes en una acción, pero virtualmente desaparecen en la siguiente. La tarea fundamental es la de mantener siempre abiertas las líneas de información y de comunicación, especialmente a través de redes de correo electrónico"(24). "Al principio los sindicalistas, preocupados por los puestos de trabajo, se enfrentaban a los ambientalistas, preocupados por la naturaleza. Fue una victoria cuando, con el tiempo, conseguimos que los sindicalistas empezaran a pensar en el medio ambiente y los ambientalistas en los problemas del trabajo"(25).

Cada provincia de Canadá tiene su propia coalición, unificadas en la ACN. El "Canadian Centre for Policy Alternatives", de Ottawa, es el principal centro productor de análisis, y sus publicaciones se distribuyen a lo largo de la red. Ante el ALC surgió la necesidad de una acción internacional, con la preocupación de que los conflictos cerraran las fronteras nacionales al diálogo entre los sectores populares. Era necesario promover una participación ciudadana para influir en las negociaciones, para intercambio de informaciones y para acciones conjuntas. Con este objetivo, fue creado "Common Frontiers", el organismo de relaciones internacionales de la red.

Sin embargo, durante toda la negociación del ALC, el apoyo recibido en EEUU fue mínimo. La opinión pública norteamericana, los sindicatos y los grupos de interés no se preocuparon con los efectos de ese Acuerdo, cuyas consecuencias negativas, de cualquier forma, quedaban para los canadienses(26).

Fue diferente la experiencia en relación al TLCAN. Por un lado, la integración de México en el área de libre comercio fue percibida como amenazadora por muchos sectores de la sociedad norteamericana. La primera organización de EEUU en tomar posición crítica frente al TLCAN fue "Friends of the Earth", en un documento de junio de 1990. Por otra parte, la experiencia canadiense tuvo un efecto catalizador para una pluralidad de actores sociales mexicanos, opositores al gobierno Salinas. En octubre de 1990, "Common Frontiers" organizó un viaje de treinta canadienses de la ACN a México, donde se reunieron con representantes de sesenta movimientos sociales. En México, los canadienses encontraron una audiencia mucho más receptiva, y el resultado fue la formación de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), en abril de 1991, que desde entonces viene trabajando activamente en el desarrollo de perspectivas críticas y acciones por una democratización del proceso de negociación. Representa a más de cien organizaciones, incluyendo sindicatos independientes (entre ellos el Frente Autónomo de Trabajadores - FAT), agrupaciones campesinas y de mujeres, grupos vecinales, ONGs, ambientalistas, académicos y otros sectores(27).

En México, la crítica al TLCAN se vincula con la oposición a las reformas económicas del gobierno Salinas y al continuismo del PRI. En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene una importante iniciativa, y su dirigente Cuauhtémoc Cárdenas ha presentado en febrero de 1991 la Iniciativa Continental de Desarrollo y Comercio, como alternativa a la Iniciativa para las Américas propuesta por George Bush en junio de 1990(28).

En EEUU, la organización de coaliciones tuvo siempre una orientación más próxima a la presión sobre los congresistas. El 15 de enero de 1991 se realizó una reunión en Washington, convocada por el "International Labor Rights Education and Research Fund, la "National Wildlife Federation" y el "Institute for Trade and Agricultural Policy". Representantes de veinte organizaciones, que incluyeron a la central sindical AFL-CIO, se reunieron en un seminario denominado "Agricultural, Enviromental and Labor Dimensions of North American Integration", cuya repercusión fue eclipsada por la crisis del Golfo. En conferencia de prensa se solicitó una democratización de las negociaciones, con la participación de observadores ciudadanos 29. En marzo de 1991, una reunión en Minneapolis resolvió apoyar a los esfuerzos de organización sindical independiente y de derechos humanos en México. En abril, 24 organizaciones ambientalistas de los tres países firmaron la Declaración de San Ignacio, solicitando la inclusión de reglamentaciones sobre medio ambiente en las negociaciones(30).

El panorama de la crítica al TLCAN en EEUU es muy complejo, y exigiría un tratamiento específico. Básicamente, en los debates de noviembre de 1993 existían cinco focos críticos visibles: 1) Ross Perot; 2) los republicanos de Patrick Buchanan; 3) los demócratas disidentes (mayoría del bloque en la Cámara) liderados por Richard Gephardt y por la "Rainbow Coalition" de Jesse Jackson; 4) la estructura sindical; y 5) las redes de ciudadanía, nucleadas en la "Action for Responsible Trade" (ART). Sin embargo, existían también poderosísimos "lobbies" empresariales, como el del azúcar, que controla quince diputados de Florida, Louisiana y Hawai: una semana antes de la votación del TLCAN en la Cámara de Representantes, este "lobby" obtuvo del gobierno mexicano el compromiso de limitar sus exportaciones de azúcar a EEUU (a cambio de la ampliación de la cuota de jugo de naranja, lo que acabó perjudicando a Brasil). Este acuerdo fue decisivo para la aprobación del Tratado.

Además de las acciones desarrolladas en el ámbito nacional, las tres redes trabajaron en la preparación de propuestas alternativas. Estas propuestas se orientaron a transformar los acuerdos de una Zona de Libre Comercio en un Mercado Común, con una ampliación de las funciones reguladoras por parte de entidades supranacionales, con gestión democrática, y basadas en una Agenda Social, medio ambiental y de derechos humanos. Este Mercado Común debería tener como objetivo la conformación de "un modelo de desarrollo socialmente justo y sustentable para América del Norte", como es el título del documento-propuesta, presentado en septiembre de 1993. "Hemos concluido que estos acuerdos promueven un modelo de integración económica que beneficia a un pequeño sector en cada uno de nuestros países a costa de elevar las desigualdades sociales y la continua degradación de los ecosistemas. Solicitamos el rechazo del TLCAN y el comienzo de nuevas negociaciones para elaborar normas que estimulen comercio, inversiones y actividades de desarrollo mutuamente benéficos. Nuestros países pueden reducir barreras comerciales y eliminar obstáculos a las inversiones, siempre que se adopte un nuevo marco de iniciativas, que los orienten para promover empleos bien remunerados, comunidades con vitalidad y un medio ambiente saludable. Nuestras propuestas están basadas en: respeto a los derechos humanos básicos, promoción de la democracia, participación ciudadana en la toma de decisiones, sustentabilidad ambiental y reducción de las desigualdades económicas entre y dentro de los países".

Tomando como referencia la experiencia de la Comunidad Europea y la normatividad de los organismos de las Naciones Unidas, las redes de diplomacia ciudadana de los tres países solicitan: respeto a los derechos humanos básicos (que incluyen el reconocimiento de convenciones internacionales como las de la OIT y de la Eco-92, no firmadas por EEUU), compromisos activos con el establecimiento de un régimen democrático en México 31, la creación de fondos de desarrollo y cohesión social, con control democrático (exigencia que incluye al BID y al Banco Mundial), la renegociación de la deuda externa mexicana, apoyo a la reconversión y capacitación de los sectores, comunidades e individuos afectados por el libre comercio, un "piso" básico de derechos y niveles mínimos obligatorios para los trabajadores y para el medio ambiente, la formulación de códigos de conducta para las empresas transnacionales, políticas alternativas para energía y recursos naturales, políticas que aseguren el abastecimiento alimenticio y el fortalecimiento de las comunidades agrícolas autosustentadas, derechos para los inmigrantes mexicanos en EEUU, informes de impacto social y ambiental para todas las decisiones y el derecho ciudadano de participación en el caso de nuevas negociaciones(32).

El 1 de enero de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, comenzaba en Chiapas la insurrección zapatista. Uno de los puntos de la agenda presentada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para las negociaciones con el gobierno incluyó una evaluación de los impactos del TLCAN sobre los campesinos y pueblos indígenas, y su eventual renegociación. Sirva como ejemplo de que la Historia no llegó a su fin. Y sirva la experiencia de América del Norte como referencia para los debates que los sudamericanos estamos comenzando a desarrollar.