Cada vez es más claro el diagnóstico sobre la situación económica del país: la amortización acelerada de pasivos que provoca la inflación, impide el avance de la inversión y del consumo, lo que retarda la recuperación. La salida de capitales, al impactar el tipo de cambio, expectativas y tasas de interés, heredan una secuela de inflación, que el programa de estabilización busca controlar, con efectos adversos sobre los deudores, ahora concentrados en el sector privado.
Es bien conocido el efecto de la inflación sobre el crédito: al elevarse las tasas de interés, toda persona con pasivos financieros tiene que incluir en el servicio de su deuda el costo real del crédito (tasa real de interés), y compensar la pérdida del poder adquisitivo que sufre el capital por la presencia del aumento de precios (componente inflacionario de la tasa de interés). El resultado es una enorme presión sobre las finanzas familiares y empresariales que inmoviliza las ventas y la actividad productiva. Las soluciones posibles son dos. La primera es convertir los contratos financieros a "tasa real" (UDI´S) y así compensar el comentado efecto sobre el saldo real del crédito. Sin embargo, esto requiere que crecientes montos de ahorro se transformen también en UDI´S, lo cual no ha sido posible, por lo que limita la aplicación generalizada de esta medida. La segunda, de fondo, consiste en atacar de raíz el problema, lo que exige erradicar la inflación y con ella la amortización acelerada del crédito.
El combate a la inflación vuelve a ser prioritaria en la acción gubernamental: aparte de los efectos adversos que tiene sobre cualquier economía (confunde precios relativos, distorsiona las decisiones de consumo e inversión, desincentiva el ahorro, limita las posibilidades de inversión, difiere proyectos de largo plazo y actúa como un impuesto regresivo al redistribuir ingreso y riqueza en detrimento de los menos favorecidos), es la principal limitante de la recuperación por su impacto en el crédito otorgado.
Todos los países del mundo consideran al alza de precios como un enemigo a vencer. Sociedades que experimentan prolongados y elevados episodios de este problema, la rechazan, ya que provoca pérdidas del poder adquisitivo y de bienestar, como somos ejemplo de ello. Incluso, llegan a renunciar a la discrecionalidad monetaria con tal de garantizar el control inflacionario (Argentina). La posibilidad de aumentar el crecimiento a costa de inflación es falsa. No se ha demostrado en ninguna economía de mercado que con la presencia de una cierta "inflación" pueda promoverse un mayor crecimiento en forma permanente. La experiencia de los países más ricos del mundo es la contraria: quienes menor inflación han tenido, en períodos amplios, han conseguido la mayor tasa de crecimiento (gráfica 10).
En la estrategia económica, la parte monetaria es la encargada de contener la inflación. En muchos países se le ha aislado de los procesos políticos para que esta parte fundamental del diseño macro no se vea contaminada de fenómenos coyunturales que puedan entorpecer su principal contribución al desarrollo: aumentar el potencial mediante del establecimiento de un entorno estable.
El obstáculo al crecimiento, la tasa de interés, sólo puede removerse si baja la inflación ¿Porqué tenemos este problema si, aparte de mantener en lo fundamental las mismas condiciones que cuando alcanzamos un dígito, añadimos la posición equilibrada de la cuenta corriente? La respuesta está en la dificultad de bajarla, ante expectativas que le dan fuerte peso al nivel y variabilidad de tipo de cambio, sin posibilidades para apuntalarlo y escasa credibilidad en las autoridades económicas. En términos del lenguaje previo a la devaluación, el "ancla" nominal que ofrecía la paridad controlada no ha podido ser sustituida, al menos con su misma efectividad ¿Cuál es el nivel de inflación que puede tener nuestra economía? ¿Cómo lograr un consenso al respecto? Como en el pasado, el reto es moderar el alza de precios mediante el combate a sus factores inerciales: reconociendo la mencionada visión que la gente tiene de las autoridades monetarias, el objetivo del nuevo anclaje es el de guiar a la baja, de la manera más organizada posible, las expectativas de inflación. Nadie duda que pueda haber costos reales asociados a la falta de credibilidad. Un ejemplo: partamos de que es posible tener una inflación de cero y un banco central se fija como objetivo alcanzar ese nivel. Si es creíble, los agentes económicos lo incorporarán como un dato en sus contratos de compra de insumos, negociación salarial y precio de venta, de tal suerte que el resultado final será razonablemente cercano a ese nivel. Si la meta no se cree, el resultado puede ser muy diferente. ¿Qué pasaría si se persigue ese 0% cuando el sector privado supone que un escenario más "realista" es del 100%? En este caso los agentes económicos realizarían negociaciones aceptando compras y aumentos elevados y manejando precios de ventas con incrementos similares. Si se validan estas acciones, aumentaría la liquidez para que respalde el valor de las transacciones a esos incrementos: la inflación terminaría cercana al 100%. En este caso la credibilidad de las autoridades monetarias no se restablece ya que de plantear nula inflación, resulta ser elevada. Sin embargo, si busca fortalecer y restablecer una reputación antinflacionaria, se empeñará en no validar expectativas injustificadas de inflación. En el ejemplo que nos ocupa no expandiría la liquidez y lo que los agentes económicos notarían es que el circulante no alcanza para satisfacer los aumentos de precios y salarios que inicialmente supusieron, lo que irremediablemente trae costos en términos de menores ventas, utilidades y desempleo. En este caso la credibilidad en las autoridades se fortalece. El costo asociado no es por una política restrictiva sino por la ausencia de fe en las posibilidades reales de disminución inflacionaria.
En la vida real se pueden minimizar los problemas comentados. Si bien tenemos un anclaje de más difícil lectura y seguimiento, hay también una mayor disponibilidad de información que permite una evaluación cotidiana. En términos del ejemplo anterior no tendríamos que esperar un año para juzgar o no a la política monetaria; semana a semana, incluso día a día, se tienen datos que permiten analizarla.
Sobresale que en el transcurso del año la oferta de liquidez proveída por el Banco de México ha sido consistente con disminuciones nominales en el tipo de cambio y las tasas de interés, sin intervención en el mercado de divisas y, simultáneamente, se presentan crecientes indicios de recuperación que, incluso, superan las previsiones más optimistas. En términos de la política monetaria, ésta, claramente no ha sido expansiva, de lo contrario hubiera sido imposible la caída nominal de la paridad y las tasas de interés; tampoco recesiva ya que no hay evidencia de ningún "costo real", ni ha abortado la incipiente recuperación. En contra, ha hecho que se moderen las expectativas de inflación, como se demuestra al comparar las tasas de interés en sus diferentes plazos, y en ese sentido ha cumplido con los objetivos del anclaje: atacar la parte nominal (inflación), sin interferir en la recuperación productiva.
¿Qué pasaría si aumentara la oferta de liquidez? Este relajamiento monetario haría que ese excedente se canalice al mercado cambiario, lo que depreciaría la moneda, alimentaría las expectativas de inflación y restaría credibilidad a la autoridad monetaria. La mayor inflación agravaría el problema de los deudores y de las finanzas públicas lo que acentuaría el círculo vicioso del que lentamente comenzamos a salir.
El mejor escenario posible es restablecer la credibilidad antinflacionaria de Banco de México y evaluarlo en cuanto a la efectividad en el manejo del anclaje. Afortunadamente la frecuencia y disponibilidad de información lo permite hacer continuamente.