ESEM, 09/01/95, ACUERDO DE APOYO INMEDIATO PARA DEUDORES DE LA BANCA

ANTECEDENTES

Un componente principal del programa de ajuste es la política monetaria. Su credibilidad y eficacia dependen en gran parte de la situación del sistema financiero, dentro del cual el bancario es la base; por lo mismo, depende también de la solvencia y liquidez de los deudores de los bancos. En esta perspectiva, el gobierno emprende programas para apoyarlos (FOBAPROA¹ en pesos y dólares, compra de cartera vencida, PROCAPTE²), lo mismo que a sus acreditados (Unidad de Inversión -UDI). El Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE) , para créditos en pesos, se inscribe en la misma línea y busca reforzar el plan de UDI, que tiene un desarrollo, hasta ahora, menor al esperado. Recuérdese la experiencia del FICORCA³ en la crisis de 1982: a pesar de ser una solución bien diseñada, requiere varios meses para ser aceptado por las empresas endeudadas en dólares; posteriormente todos reconocen sus beneficios.

La crisis que se inicia en diciembre de 1994, y los esquemas de estabilización del 3 de enero y el 9 de marzo, surten un efecto depresivo sobre la actividad económica por los niveles y características del endeudamiento que ocurre entre 1990 y 1994. La liberalización financiera de 1990 conduce a un aumento considerable de los préstamos bancarios al sector privado no financiero: aumentan, como proporción del PIB, de 19% en diciembre de 1990 a 43% en el mismo mes de 1994 (15% a 32% en el caso de los préstamos en pesos, que son objeto del ADE). Tales créditos adquieren mayor importancia para los bancos: de representar el 55% de sus activos totales, pasan al 69%.

No hay un problema de sobre-endeudamiento que obedezca directamente a tal situación. Basta constatar que en 1994, en EUA, la proporción de esos préstamos supera el monto del PIB. La dificultad surge por el hecho de que son contratados bajo perspectivas de la economía, de deudores y acredores, completamente diferentes a las que aparecen como resultado de la crisis: antes de ella se esperan dinámico crecimiento y tasas de interés nominales y reales descendentes.

El aprieto se traduce, al aumentar dichas tasas, en un mayor servicio de la deuda de empresas e individuos (con amortizaciones aceleradas de capital por el contenido inflacionario de los réditos)⁴ , precisamente en el momento en que la capacidad de pago disminuye por la caída de las ventas y del salario real (e incluso el desempleo). Y del lado de la banca, créditos no recuperados (cartera vencida): aumenta de 7.5% en el último trimestre de 1994 a 11.7% en el segundo de 1995.

La situación de endeudamiento a corto plazo de los préstamos no hipotecarios, la disminución del plazo efectivo de éstos por la inflación, y el que la mayoría esté fijado a tasas variables, hace que el cambio de las realidades financieras impacte de inmediato el costo de la deuda y las posibilidades de refinanciamiento. También emergen graves complicaciones para distinguir el riesgo real de los varios proyectos con crédito y las acciones, oportunidades y voluntades de cada deudor encaminadas a reembolsar las obligaciones (el llamado riesgo moral). Esto, de suyo difícil en situaciones normales, se agudiza en el marco de circunstancias muy cambiantes, típicas de una situación de apremio serio.

La reestructuración de la deuda en una labor intrincada, sobre todo en los casos de las pequeñas y medianas empresas, y de los deudores individuales de menores ingresos. Se debe a que es más difícil evaluar su riesgo en las nuevas condiciones (las empresas grandes se vigilan más fácilmente), a la vez que su riqueza (valor de activos, flujo de liquidez), sobre la cual se aprecia la capacidad de pago.

Tal es el panorama que da origen al ADE, cuyos fines son establecer un marco adecuado para las reestructuraciones de las deudas y la disminución del riesgo de la cartera de la banca.

EL PROGRAMA

Objetivos:

• apoyar a los deudores, en particular a los medianos y pequeños;
• reforzar al sistema bancario.

Se busca alcanzarlos respetando ciertas condiciones:

• limitar el impacto fiscal del programa y evitar que signifique una expansión monetaria;
• distribuir los costos del paquete entre la banca y el gobierno;
• inducir una disciplina de pago de los deudores, evitando beneficiar en mayor medida al que no ha cumplido frente al que lo ha hecho;
• crear un marco adecuado para reestructurar las deudas.

Características:

• fijación de las tasas nominales (reales, para el caso de los préstamos hipotecarios, que necesariamente deben reestructurarse en UDI) de los créditos de montos pequeños, durante un año (para la agricultura, hasta febrero de 1997); por tanto, subsidio de su diferencia con las tasas que prevalezcan en el mercado para los créditos nuevos (cuadro 3);

• se añaden, a los programas de UDI existentes (de empresas e hipotecarios) los de créditos para consumo y de tarjetas de crédito. A partir de ello, se abre la posibilidad de reestructurarlos hasta por cuatro años;
• se condonan intereses moratorios derivados de la sobretasa⁵, hay tregua judicial para deudores que no están al corriente, reducción de los pagos mínimos mensuales de tarjeta de crédito, apoyo en costos notariales y no se solicitan garantías adicionales en las reestructuras para créditos menores a N$400 mil;
• la fijación de tasas no se refiere a créditos nuevos, sino que se aplica solamente a los anteriores al 22 de agosto. El programa fija exclusivamente los intereses actuales y futuros (dentro de los plazos señalados): los que esos créditos ya existentes han de devengar en los próximos trece meses (los que devengaron durante el periodo anterior fueron los establecidos según en el mercado, y no hay quitas de capital ni de intereses, salvo los moratorios). Además, las tasas y condiciones de los préstamos nuevos se fijan libremente en el mercado. Por tanto, se evita la mayor parte de las distorsiones que se pueden generar al fijar los intereses fuera del mercado.

Costos:

• se distribuyen entre la banca y el gobierno: se estima en alrededor de 3/5 partes los primeros y 2/5 partes el segundo; los deudores deben reestructurar su deuda (los que están retrasados en sus pagos; y en UDI, los que tienen préstamos hipotecarios) y pagar puntualmente. El objetivo del programa es evitar que los costos se concentren en uno solo de las tres partes involucradas (deudores, banca, gobierno). De no hacerse algo, los deudores hacen frente a su deuda, y disminuyen al máximo el consumo y la inversión: la crisis es mayor. Si es la banca la que asume la totalidad de los gastos, entonces sus problemas de capitalización se agravan (la disminución de la cartera vencida que compensa el costo del programa se vuelve de más de 50%), y los mercados más dependientes del crédito (bienes de capital, consumo durable) retrasan aún más su recuperación; de ser el gobierno, la reasignación del gasto es más severa y las posibilidades de influir sobre una reactivación son menores;
• el gobierno financia su parte a través de una reorientación de su gasto corriente y de un préstamo de la banca bajo la compra de C tes a 28 días.

EFECTOS

Deudores

Si la totalidad de los susceptibles de entrar al programa participan efectivamente en él, se estima que se benefician, en el conjunto de sus créditos, el 76%, y de manera parcial el 19%. En particular, de los más de seis millones de tarjetahabientes, la totalidad del crédito del 78% de ellos tiene una tasa de interés más baja (de 65% a 38.5%). En otro tipo de préstamos, es en la mitad o más de ellos, que participa el 100% de sus créditos (cuadro 4)

Bancos

Se estima un costo de N$11 miles de millones, menos de 2% de sus activos totales. Es así debido a que el programa, aunque beneficia a la mayor parte de los deudores, afecta sólo a un 25% de la cartera. Se limita su efecto negativo. Además, aunque el margen bruto de intermediación disminuye al caer las tasas activas, puede ser compensado en la medida en que disminuya la cartera vencida y, por tanto, las provisiones que deben realizarse para hacerle frente (lo cual cuenta en el margen neto). Se estima que en el caso de disminuir en un poco más del 30% la cartera vencida, la disminución de las provisiones es equivalente al costo del programa (gráfica 9).

Gobierno

Costo de N$7 miles de millones, distribuido en el tiempo. Para este año, sólo de 2. En conjunto representa la mitad del superávit logrado por las finanzas públicas en el primer semestre de 1995.

Macroeconómicos

El costo fiscal del programa no afecta a la política monetaria del Banco de México, pues se financia con deuda (con los bancos) y con reasignación de gasto corriente. Por el contrario, al disminuir la cartera vencida de los bancos aumenta el margen de maniobra de la política monetaria.

Al disminuir el servicio de la deuda de las empresas e individuos (40% en el caso de individuos, 50% de empresas), puede mejorar más rápidamente su situación financiera, y por ende, aumentar su consumo e inversión. Tal efecto microeconómico importante, ha de ser gradual y limitado (por su monto, representa el 1% del PIB) en las variables macroeconómicas. Su impacto mayor se da cuando la recuperación se inicie. Es en ese momento en que se puede resolver de manera más definitiva el problema de la deuda. Mientras tanto, representa un alivio significativo

(1) Fondo bancario de protección al ahorro.

(2) Programa de capitalización temporal.

(3) Fideicomiso de cobertura de riesgos cambiarios.

(4) La tasa nominal de interés es igual a la tasa real más la tasa que compensa que el capital sobre el que se aplica se está depreciando en términos reales debido a la inflación. Por tanto, este segundo componente implica que se está cobrando por anticipado una parte del principal, que formalmente (nominalmente) debería pagarse meses o años después. A mayor inflación, mayor es este elemento, y más grande es por tanto la amortización adelantada del principal.

(5) En tarjeta sólo los que aparecen en el corte del último mes.