ESEM, 03/01/95, LA ECONOMIA

EL PASADO

1925 forma parte de los años de reconstrucción económica y política posterior a la Revolución. El país tiene una población de 15.2 millones de habitantes (casi igual a la de quince años antes) y un producto por habitante de N$4,086 anuales (a precios de 1994), un poco menos de la sexta parte del de EUA. Aunque es una década inestable y de poco crecimiento, en 1925 el PIB crece 6.8%.

La gran mayoría de los trabajadores se ocupa en actividades primarias. Estas, junto con la minería y el petróleo, aportan casi la mitad del producto. El sector externo tiene gran importancia y es superavitario. El peso del gobierno es bajo y hay cierto equilibrio en las finanzas públicas a partir de 1924. Lo monetario y financiero es fiel reflejo de las dificultades de la reconstrucción. En 1925 se sientan las bases jurídicas e institucionales y, en menor medida, económicas de un nuevo sistema.

PIB por habitante, precios y empleo

La población avanza 1.6% anualmente entre 1921 y 1928 y el PIB 1.3%. El ingreso por habitante cae 0.4% durante la década (gráfica 1), pero en 1925 y 1926 sube 5.1% y 8.8%, respectivamente. Este dinamismo se debe sobre todo al crecimiento de la agricultura, la minería y el comercio. Los precios son inestables al principio del decenio (descienden 15% en 1922) y en 1925 se incrementan 5.1%. A partir de 1927 se mantienen constantes.

Más del 70% de los trabajadores se ocupa en el sector agropecuario y alrededor del 10% en industrias de transformación, construcción y electricidad, que ganan importancia entre 1921 y 1930 (gráfica 2).

Finanzas públicas

Según el convenio De la Huerta-Lamont (16 de junio de 1922) sobre deuda exterior, que suma 1,451.7 millones de pesos (31.6% del PIB), se deben destinar a ella el producto total de los impuestos a la exportación petrolera (industria propiedad de empresas extranjeras) y el impuesto de 10% sobre las entradas brutas de ferrocariles nacionales. En 1923 y 1924 se pagan 25 millones, en promedio anual, al Comité Internacional de Banqueros. Otros compromisos superan las capacidades del país: cada año han de incrementarse los pagos, llegando a 50 millones en 1927. Las posibilidades para cumplir se basan en la obtención de otro empréstito que quiere hacerse depender, por parte de dicho Comité, de un cambio de la política petrolera nacionalista plasmada en la Constitución del 1917 (aunque aún no aplicada). El rechazo de México da paso a la declaración de moratoria el 30 de junio de 1924 (a mediados de 1925 se reanudan negociaciones). Ello explica, junto con una gran austeridad del gobierno, la disminución del déficit fiscal y la posibilidad de contar con recursos para crear el Banco de México. En 1925 el déficit es 0.7% del PIB, resultado de ingresos equivalentes a 6.4% del PIB y egresos de 7.1% (gráfica 3).

Después del establecimiento del impuesto sobre la renta un año antes (febrero de 1924), en marzo de 1925 se promulga una nueva ley de ingresos destinada a durar dieciséis años. Se recaudan 13.4 millones de pesos (0.2% del PIB). Las mayores entradas provienen de los gravámenes al comercio exterior. El gobierno federal invierte muy poco, 1.6% del PIB, que aumenta hasta 2.2% en 1930. Casi todo se destina a comunicaciones y transportes, y en años subsecuentes, aunque en menor medida, a fomento agropecuario.

Sistema monetario y financiero y creación del banco central

El período revolucionario significa la multiplicación de emisiones de papel moneda y la quiebra y control, por parte del gobierno, de la mayoría de los bancos. No hay un banco central. La caída del valor de los billetes y la desconfianza consiguiente lleva a que en los veinte la circulación sea sobre todo metálica, con participación de billetes de dólar norteamericano. La pérdida de importancia de la banca conduce a escasez de crédito, que en parte es otorgado por los grandes comerciantes, a tasas de interés elevadas. Esta situación prevalece hasta 1933. En 1921 se elimina el dominio sobre los bancos privados y en diciembre de 1924 se promulga la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, buscando reconstruir el orden jurídico. El 2 de enero de 1925 se constituye la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México el 10 de septiembre. Sus antecedentes jurídicos se encuentran en el artículo 28 de la Constitución de 1917, que habla de un instituto único de emisión, controlado por el gobierno federal. Su consejo está formado por cinco representantes del propio gobierno y cuatro de accionistas privados (los cuales pueden poseer hasta 49% del capital). Sus funciones son emitir billetes, regular la circulación monetaria y la tasa de interés, el tipo de cambio, redescontar documentos y servir de tesorería a la autoridad federal. Puede colocar los primeros hasta por el doble de las reservas de oro y realizar operaciones con el gobierno por un máximo de 10% de su capital.

Entre 1925 y 1932 el Banco de México actúa más como banco comercial (ejerce funciones de depósito y descuento) que como autoridad monetaria. La moneda que coloca no es obligatoria y no representa una proporción significativa de la oferta monetaria, los bancos comerciales no están obligados a asociarse a él, a la vez que el gobierno federal directamente ordena las acuñaciones de moneda de plata. El saldo de la balanza de pagos y los precios mundiales de oro y plata determinan el tipo de cambio. El organismo sirve principalmente para enfrentar la aguda escasez de crédito y como transición entre el antiguo y el moderno sistema monetario y financiero, que se inicia en 1932-1933 con las reformas al propio Banco. Toma quince años que los propósitos del Congreso Constituyente se plasmen en la aparición de un verdadero banco central.

En 1925, el 70% de la circulación monetaria es moneda metálica, los billetes apenas 10%. Esta situación cambia a partir de 1932 (gráfica 4). El crédito de la banca significa el 3.7% del PIB en 1925 (gráfica 5). Las tasas de interés bancarias oscilan entre 12% y 18%, aunque tienen poca representatividad por la ausencia de un sistema financiero unificado.

Sector externo: balanza comercial y tipo de cambio

El dinamismo de EUA y Europa occidental implican una gran demanda por los principales productos de exportación de México, petroleros y mineros (plata, cobre, plomo). En 1925, el petróleo, después de máximos alcanzados en 1920-1921, continúa su tendencia decreciente debido a sobreproducción mundial (México es el segundo exportador, después de EUA). Las ventas de mercancías al exterior son el 13% del PIB, contra 7.5% las importaciones, o sea superávit de 5.5% del PIB (gráficas 6 y 7).

El tipo de cambio se mantiene estable en 1925 (2.02 pesos por dólar, igual que un año antes) y así se conserva durante el resto de la década (mínimo 2.01 en 1920 y máximo 2.26 en 1930).

EL PRESENTE

El PIB por habitante, hoy, representa 3.5 veces el de hace setenta años (gráfica 8). ¿Qué explica el avance? La respuesta es desarrollo económico. México experimenta cambios estructurales que se reflejan en aumentos de productividad. Entre 1930 y 1992, lo que nuestro trabajador produce, en promedio(1), crece 4.6 veces. Esta es la fuente primaria del desarrollo y por ende, del progreso experimentado. Detrás de esta transformación se encuentran los siguientes factores.

• Más y mejor capital. La cantidad de maquinaria y equipo que utilizamos aumenta significativamente. En términos reales, basta con 0.1% de la inversión fija bruta manufacturera de 1992 para financiar la correspondiente a 1929. Esta comparación supone que las máquinas que hoy adquirimos son similares a las de hace siete décadas, lo que no es cierto. Los acervos de capital incorporan los frutos del progreso técnico; no es exagerado pensar que el aumento cuantitativo del capital es modesto comparado con el cualitativo.

• Infraestructura. Entre 1930 y 1994 la red carretera pasa de 1,426 a 307,142 kilómetros. Contamos con trece teléfonos por cada cien habitantes contra uno en 1925. Son ejemplos del aumento en el "capital social" del país. A todos beneficia la existencia de más y mejores carreteras, comunicaciones, agua, gas y servicios en general. La producción y el movimiento de mercancías se abarata, se acelera y abarca un mayor territorio.

• Capital humano. La maquinaria e infraestructura con la que contamos no puede ser manejada por los mexicanos de 1925. El humano es el motor esencial del progreso. En 1990, el 87.4% de la población mayor de diez años sabe leer y escribir. En 1930, esta proporción es 38.5%. En términos absolutos implica un aumento potencial(2) de la fuerza de trabajo alfabeta de 39 millones de individuos.

• Mejor destino de los recursos. El avance en productividad es reforzado por una distribución sectorial más eficiente. El valor generado por cada trabajador del sector primario en 1930 equivale a 15% del producido por su contraparte en las actividades secundarias. Para 1990 esta relación es 29%. Más importante es el que una proporción mayor de la fuerza de trabajo labore en el sector relativamente más productivo. El número de personas en actividades primarias respecto a cada cien empleados por las secundarias pasa de 488 en 1930 a 81 en 1990.

• Desarrollo del sistema financiero. En toda economía existen agentes que acumulan ahorro neto y empresarios que buscan financiar proyectos rentables de inversión. Esta crece sólo si los segundos tienen acceso al excedente logrado por los primeros, cumpliendo requisitos como seguridad, eficiencia y oportunidad. Esta es la función de la intermediación financiera en el proceso de desarrollo: en el México de los años veinte equivale a 2% del PIB mientras que hoy representa el 50% (gráfica 9).

  

• Expansión del mercado. La existencia de más mexicanos con mayor ingreso da lugar a un fenómeno favorable: el aprovechamiento de economías de escala. El costo unitario de fabricar cien refrigeradores es mayor que cuando la producción alcanza 100,000 unidades. Es la combinación de tales economías con el progreso técnico lo que permite hacer un uso más eficiente de los recursos(3). Nuestro primer censo industrial, 1929, registra apenas trece establecimientos con más de mil empleados contra doscientos sesenta en 1993.

• Cambios institucionales. Crecimiento económico y desarrollo no son sinónimos. El segundo implica cambios sociales y políticos que afectan y son afectados por el primero. En los últimos setenta años se crean instituciones como el banco central, la banca de desarrollo y el seguro social. Se legisla en materia de agricultura, trabajo, inversión, comercio exterior y reforma política. En este contexto transcurre el quehacer económico. Su desempeño depende de nuestra capacidad para seguir cambiando.