Fecha/Date: 04/01/98
La historia contemporánea de Venezuela
es la historia de un continuo desequilibrio,
de un súbito desmoronarse de antiguas
relaciones sociales, de una incesante y
acelerada transformación.
Asdrúbal Baptista
Introducción
En el conjunto de los países que integran nuestro continente, Venezuela siempre se ha destacado por tener una trayectoria sociopolítica particular. Mientras entre las décadas de los 50 y 70 la mayoría de nuestros países, con dinámicas y matices variados, viven experiencias políticas que oscilan entre la dictadura y la democracia, nuestro país inaugura un sistema democrático desde finales de los 50 que se caracteriza: por su excepcional estabilidad y permanencia en el tiempo (situación que comparte, mutatis mutandi, con Costa Rica, México y Colombia(, por la capacidad de integración y control del conflicto social y político, por la presencia de altos niveles de movilidad social y por un acelerado ritmo de crecimiento económico, no obstante los rasgos de exclusión del modelo de desarrollo económico implementado a partir de la segunda postguerra.
La particularidad más ostensible, entonces, de la sociedad venezolana, entre los 60 y 70, es la estabilidad en su proceso de desarrollo. Sin embargo, esta situación empieza a transformase al iniciarse la década de los 80. Desde este momento, Venezuela experimenta una crisis, caracterizada por un conjunto diverso de rupturas en el comportamiento y dinámica de los procesos anteriormente señalados, hasta llegar en la actualidad a destacarse en la región por su incapacidad para resolver los problemas que ha generado la transición hacia un nuevo modelo de sociedad, en un escenario internacional que exige novedosos retos, y en medio de una situación interna económica, social y políticamente adversa.
Desde esta perspectiva, también Venezuela se vuelve a destacar por su especial trayectoria. Mientras desde la década de los 80 se instala un movimiento de convergencia de todo el continente latinoamericano hacia la consolidación de la democracia (desde autoritarismos tradicionales a fundaciones democráticas, o desde experiencias burocrático-autoritarias a procesos de refundación democrática( en nuestro país la crisis por la que atraviesa empieza progresivamente a debilitar las bases que habían permitido el funcionamiento estable y exitoso de su sistema político.
Exponer el recorrido histórico de este proceso va a ser el objetivo de este trabajo. Para ello vamos a comenzar con una apretada síntesis de los rasgos sociopolíticos más significativos del proceso de unificación nacional que culmina con la dictadura de Juan Vicente Gómez, y del proceso de transición hacia la democracia, interrumpido por la dictadura de Pérez Jiménez, para posteriormente analizar las particularidades de la trayectoria de la democracia venezolana en los últimos cuarenta años, desde el momento de su refundación y posterior estabilización hasta la crisis que vive actualmente.
1. Antecedentes : un largo período de inestabilidad y fragilidad política
Desde que Venezuela se convierte en una nación políticamente independiente a partir de 1811, se despliega en el país una situación de enfrentamiento político entre las dos tendencias que luchaban por darle forma constitucional a la República: el centralismo y el federalismo. En un primer momento, la lucha por la independencia obligó a la búsqueda de una forma política unitaria que, sin embargo, mantuvo la autonomía que el régimen colonial español le había otorgado a las distintas provincias que integraban lo que había sido la Capitanía General de Venezuela. De este modo, se forma la Confederación de Provincias Independientes que perdura en nuestro país desde 1811 hasta 1830 (Fernández Toro, 1994, p, 75).
A partir de ese momento, y ante el fracaso del proyecto de la Gran Colombia, nuestro país transcurre hasta finales del siglo XIX en el escenario de un proceso que oscila entre la lucha por la regionalización o centralización del poder y la marcada debilidad de un Estado cuyo poder político se encontraba segmentado en caudillismos civiles y militares. El siglo XIX es, entonces, el momento de la guerra, la desarticulación y la inestabilidad política. Este proceso culmina con el triunfo del proyecto unitario en el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez (1908-1935). En este régimen se toman medidas destinadas a la construcción de un Estado de cobertura nacional a partir de la creación de un Ejército Nacional, de un Sistema de Hacienda Pública y de la destrucción de las bases materiales y políticas que habían sostenido el caudillismo regional y local. Se crean también las condiciones que van a permitir el surgimiento de organizaciones y agrupaciones políticas, que constituirán el germen a partir del cual se desarrollan posteriormente los partidos que actuarán en el escenario político nacional. El impacto del petróleo sobre la economía se traduce en el desplazamiento de la actividad agroexportadora, base sobre la cual se hubiera podido desarrollar un sector político tradicional vinculado a estos intereses y a los principios individuales que defendía la iglesia católica. Las concepciones laicas y estatistas triunfan sobre aquellas de naturaleza tradicional y confesional, en un escenario social caracterizado por la movilización popular, liderizada por estos grupos, que está orientada a crear partidos políticos modernos con amplio apoyo de masas y con un programa democrático y de modernización de naturaleza urbana e industrial.
Luego de la muerte del dictador se inicia un proceso de transición hacia la democracia, el cual se dio en un escenario social y políticamente frágil, caracterizado por enfrentamientos ideológicos de importancia e incapacidad de los partidos políticos que están naciendo, de construir reglas claras de juego, fundamentadas en acuerdos que incorporarán la variedad de intereses que se configuran en la época. La tónica política se caracteriza por el enfrentamiento doctrinario y por la lucha entre posiciones irreconciliables, la cual adquiere su máxima expresión en la coyuntura política de 1945-48.
Desde la muerte del dictador se había avanzado, aunque con marchas y contramarchas, en el proyecto de transformación y modernización de nuestra sociedad. En los gobiernos sucesivos de López Contreras (1936-1941) y de Medina Angarita (1941-45) el proceso de democratización que se adelanta había transcurrido en el marco de un proyecto gradual y evolutivo, que aún en 1945, después de cuatro años del gobierno de Medina Angarita, no había logrado la institucionalización del sufragio directo, universal y secreto para la elección presidencial y el Congreso de la República, bandera política de los movimientos democráticos que venían luchando desde la década de los 20 contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. En ese escenario, el partido AD, aliado con sectores jóvenes y profesionales del Ejército, rompe por la fuerza con el programa evolutivo liderizado por Medina Angarita, e intenta impulsar el proyecto democrático. Se inicia así lo que se conoce en la historiografía nacional como el Trienio Adeco (1945-48), período de gran importancia en la historia de nuestro país, porque en ese momento se sientan las bases políticas y constitucionales del sistema de gobierno que rige hasta el presente en nuestra sociedad, interrumpido por el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez entre los años de 1948-58.
Cuando se da el golpe de Estado cívico-militar contra el régimen de Medina Angarita, la Junta Cívico-Militar presidida por Rómulo Betancourt inicia, casi de inmediato, un conjunto de medidas dirigidas a crear las condiciones institucionales para fundar el sistema democrático en el país, en un escenario de amplio apoyo a la llamada Revolución de Octubre: se crea un Estatuto Electoral que impone el sufragio universal directo y secreto para elecciones legislativas; se llama a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, para elaborar una nueva Constitución de naturaleza y alcance democrática, y se amplía el régimen de partidos: se fundan COPEI y Unión Republicana Democrática (URD), y se permite la participación política del Partido Comunista, entre otros de menor importancia.
El mayor espacio de este período lo ocupa la instalación y desarrollo de la Asamblea Constituyente, que empieza a funcionar a partir del mes de diciembre de 1946 y en la cual se permite la participación de representantes de la iglesia, agrupaciones económicas e independientes. El Estatuto Electoral había establecido el régimen proporcional de las minorías en la conformación de la misma. En las elecciones había ganado abiertamente el partido AD con más del 75 % de los votos, el cual ocupa hegemónicamente la Asamblea, quedando en lugares muy lejanamente secundarios el resto de las agrupaciones políticas. AD impone, para las discusiones al interior de la Asamblea, la regla de la mayoría, disolviendo con tal medida la posibilidad de que la representación política minoritaria tuviera alguna participación en las decisiones que se tomaban al interior de la misma. Al imponer esta normativa, las fracciones políticas minoritarias no aceptan las reglas de juego establecidas porque nunca les serán favorables. En este contexto, la política se despliega sin que exista posibilidad alguna de que la minoría parlamentaria sienta que puede crecer y generar espacios de oposición real, frente a una fracción mayoritaria que controla y decide sobre reglas de juego que siempre la favorecen.
En este escenario y junto a otros factores de diverso orden, la coyuntura del Trienio Adeco transcurre en un clima de gran inestabilidad política y de conspiración permanente. En el año de 1947, se celebran las primeras elecciones presidenciales y legislativas por vía directa, universal y secreta, en las cuales resulta mayoritariamente triunfador el representante de AD, Rómulo Gallegos. Sin embargo, ocho meses después su gobierno es derrocado por los sectores militares que habían acompañado a AD en el golpe cívico-militar contra Medina Angarita en el año de 1945.
En 1958 este pasado va a ser tomado muy en cuenta por los partidos políticos para no repetirlo. La inestabilidad y el fracaso de la experiencia democrática de aquellos años, enseña a los partidos que a través del enfrentamiento y de un sentido de la política en el cual son imposibles los acuerdos y la fijación de reglas mínimas de juego democrático no es posible garantizar su estabilidad. A partir de entonces se impone la tesis de la construcción del consenso por la vía del aprendizaje de las experiencias fracasadas para establecer un orden político estable (Salamanca, 1994, p. 268).
La Constitución que se elaboró en el año de 1947 iba a ser el modelo para la Constitución Democrática de 1961. En la Constitución de 1947, en efecto, se establecen un conjunto amplio de disposiciones de naturaleza democrática, nacional y popular, de las cuales nos interesa destacar tres de sus rasgos: el rol central del Estado en el proceso de modernización económica y social, el carácter exclusivamente representativo y alternativo del sistema democrático y la instauración de un sistema plural de partidos políticos, los cuales se convertirán en las únicas instancias de mediación entre el Estado y la sociedad.
2. El nacimiento de la estabilidad a partir de la fundación de un sistema político basado en los acuerdos y en la conciliación de intereses
2.1 El entendimiento y la obsesión por el logro de la estabilidad: la red de acuerdos y pactos constitutivos
El 23 de enero de 1958 es una fecha de gran significación para el sistema político venezolano. Luego de la fracasada experiencia política del Trienio Adeco y los 10 años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se logra crear un escenario que hace posible la formación de acuerdos entre los principales actores políticos de la sociedad para refundar el sistema democrático. Como afirman especialistas del tema "los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos (...) a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo de entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose" (Njaim, Combellas, Guerón y Stambouli, 1975, p.13). Este logro mínimo de entendimiento tiene su expresión en la firma del Pacto de Punto Fijo, suscrito entre los partidos Acción Democrática (AD), COPEI y Unión Republicana Democrática (URD), el cual tiene como objetivo crear las condiciones políticas e institucionales para garantizar la estabilidad del sistema democrático en el país. De este acuerdo político se excluye al Partido Comunista de Venezuela (PCV), el cual había participado activamente en la lucha clandestina contra la dictadura de Pérez Jiménez, aliado con AD. Al partido Comunista no se le consideraba apto para el desarrollo de alguna lealtad con respecto a la creación de condiciones institucionales para garantizar la estabilidad democrática, ni como aliado ni como sector de oposición leal ( Urbaneja, 1992, p. 208).
Las bases del Pacto de Punto Fijo estaban contenidas en tres de sus enunciados: la defensa de la constitucionalidad y el derecho a gobernar de acuerdo al resultado electoral, lo cual obligaba a los partidos firmantes a defender las autoridades elegidas en caso de "intentarse o producirse" un golpe de Estado; la formación de un gobierno coaligado para evitar la creación de movimientos de oposición sistemática que pusieran en peligro la estabilidad democrática; y la implementación de un programa mínimo y común de gobierno que implicaba que ninguno de los partidos, integrantes del acuerdo tripartito, podía incorporar en sus programas políticos particulares asuntos contrarios a los que este programa mínimo incluyera. La presencia de puntos no comunes era aceptada sólo si ellos no rebasaban los límites de la tolerancia y el respeto mutuo entre las agrupaciones políticas comprometidas en este acuerdo (Gómez, López, Maingón, 1989).
Se inicia así la transición hacia la democracia política a través de un sistema de pactos, apoyado en un programa mínimo, que incluía un conjunto de reglas comúnmente acordadas entre los partidos para evitar la vuelta al autoritarismo y garantizar la estabilidad política. Desde esta perspectiva, Venezuela comparte solamente con Colombia, en el contexto de la segunda postguerra y dentro del variado conjunto de los países de América Latina, la característica excepcional de ser "los únicos casos latinoamericanos de democratización política cuidadosamente pactada" (O'Donnell, 1994 p.18) no obstante las diferencias en torno a los alcances del sistema de acuerdos establecido en cada una de estas situaciones nacionales.
El triunfo del partido AD en las elecciones de 1958 garantiza la materialización de los acuerdos establecidos en este sistema, así como la extensión de procesos de negociación con agrupaciones representativas de la sociedad, provenientes de los sectores religioso, militar y económico del país. Estos procesos culminan con la creación progresiva de una red de pactos constitutivos (Gómez Calcaño, López Maya, 1990), tácitos o implícitos, que permitieron el desarrollo de las condiciones políticas para garantizar la estabilidad e institucionalización de las bases del sistema político. En esta red de pactos se incluyeron la concertación obrero- patronal en el campo productivo; la participación de las FFAA en el sistema político, a partir de la creación de programas sociales y económicos que mejoraban sus condiciones de vida y de acuerdos que garantizaban su compromiso con la institucionalidad democrática; y la garantía de acción autónoma de la Iglesia frente al Estado, materializada en la creación de la Ley de Concordato Eclesiástico. La prioridad del sistema político venezolano a partir de 1958 era, entonces, la búsqueda de consenso y el logro de la estabilidad democrática, concentrándose en este objetivo las tareas y acciones de los actores políticos integrantes del Pacto de Punto Fijo a lo largo de la década de los 60 (Urbaneja, 1992).
Los factores que explican esta estabilidad descansan, entonces y de manera importante, en la capacidad que tiene los actores políticos para fundar una red complementaria de acuerdos con otras fuerzas representativas de la sociedad y la economía del país, en torno a las nuevas reglas del juego político establecidas, y con referencia a los patrones de regulación de las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados en dichos acuerdos (Gómez, López, 1990, p: 41). De esta manera, se conforma un sistema político basado en la conciliación de distintos intereses, el cual se despliega en un escenario económico restrictivo que logra posteriormente índices de crecimiento y expansión favorables a partir de mediados de la década de los 60, en un contexto social caracterizado por bajos niveles de conflictividad, no obstante los rasgos de marginalidad y exclusión social que lo acompañan.
La cultura política que se conforma a partir de este momento, es una cultura basada, igualmente, en el consenso y armonía de intereses, la cual contrasta con el sentido de la política que se despliega a lo largo del siglo XIX (basado en la guerra y la confrontación militar( y aquel que caracteriza el que se desarrolla entre los años de 1945-48, fundamentado en la inestabilidad política y en la confrontación ideológica y doctrinal.
2.2 Bases de legitimidad y apoyo
En la Constitución de 1961 se plasman los objetivos políticos establecidos en el Pacto de Punto Fijo. Por una parte, se dispone el carácter democrático, exclusivamente representativo y alternativo de la forma de gobierno, a partir del desarrollo de un sistema basado en elecciones libres y en una estructura plural de partidos políticos, que garantiza no solo la alternabilidad de los gobiernos elegidos por votación popular, sino la legitimidad y la estabilidad política.1 Por otra parte, se diseñan un conjunto de derechos económicos, sociales y políticos orientados a la superación de las desigualdades sociales, a la ampliación de la participación y a la incorporación de la población en los frutos del crecimiento económico, los cuales se materializan en políticas que en efecto brindan mejoramiento en los niveles de vida de la población.2 En este sentido, tal como lo afirma Juan Carlos Rey, tanto desde el punto de vista de la base constitucional jurídico-formal, como del sistema constituido por reglas de juego y de procedimiento institucional, materializadas en pactos y acuerdos, el objetivo básico es la preservación y búsqueda de legitimidad del orden sociopolítico, "el cual se plantea en forma obsesiva a partir de 1958" (Rey; 1991, p. 196).
De esta manera, el sistema político venezolano acciona un conjunto de mecanismos de acción estatal dirigidos a la consecución de ese objetivo. En un primer momento, cuando nuestro sistema político opera en escenarios de fragilidad institucional (como las coyunturas de 1945-48 y 1958, por ejemplo), son los mecanismos de naturaleza normativa, asentados en un conjunto de valores sociales y políticos (derechos económicos y sociales, libertad, justicia, etc.) los que constituyen sus bases fundamentales de legitimidad y apoyo; posteriormente, prevalen mecanismos utilitarios de carácter instrumental (cargos, clientelismo, prebendas, privilegios, etc.), como base de composición fundamental de las lealtades y apoyo al sistema, a los cuales se subordinan los mecanismos de carácter normativo (Urbaneja, 1992).
Los mecanismos normativos y utilitarios funcionan interrelacionada y complementariamente, junto a los de coacción y uso de la fuerza, para garantizar el mantenimiento del orden sociopolítico. Sin embargo, los mecanismos utilitarios "son fundamentales para entender el funcionamiento de la democracia venezolana a partir de 1958", los cuales "en el transcurso del tiempo (...) son claves para entender la estabilidad del sistema" (Rey, 1991, p. 192). La conciliación de los distintos intereses que integran el sistema político, se basa, entonces y a la postre, en un complejo sistema de acomodación de tipo utilitario que favorece a los distintos sectores que integran dicha alianza, constituyendo los sectores menos confiables (empresarios y militares, por ejemplo) los que son más favorecidos por la acción de un conjunto de políticas concretas, prebendarias y de privilegios, dirigidas a garantizar la conservación del poder y la neutralización de las amenazas al sistema (Rey, 1991, pp. 189-202).
La progresiva subordinación de los mecanismos normativos a los de naturaleza utilitaria es lo que determina la emergencia del clientelismo, fenómeno que se caracteriza por "la construcción de redes de lealtades en torno a partidos y dirigentes, basado en favores y dádivas" (Urbaneja, 1992, p. 293), y que se extiende al reparto de cargos que beneficia sobre todo a los militantes de los partidos. La extensión de estas distintas modalidades de clientelismo es lo que da origen al fenómeno de la corrupción y al tráfico de influencias, en distintos aspectos de la vida política, económica y social del país (elecciones, obtención de beneficios por la implantación de ciertos programas y/o políticas, etc.( (Urbaneja, 1992), los cuales adquieren un crecimiento desmesurado a partir de mediados de la década de los 70.
2.3 Capacidad de exclusión e integración
Los actores y grupos sociales que no aceptan las reglas de juego acordadas formal y materialmente por el sistema político, son excluidos o sancionados a partir de mecanismos institucionales coactivos (Rey, 1991, p.197). Esto puede observarse claramente si recorremos el escenario político de la década de los 60 y de los 70, el cual está caracterizado por reajuste ideológicos y organizativos al interior de los partidos políticos que determinan reajustes, igualmente, al interior del sistema y un proceso progresivo de homogeneización en sus aspectos ideológicos y en sus prácticas políticas (Gómez, López, Maingón, 1989,p: 78).3 La salida del partido URD del Pacto de Punto Fijo, por desacuerdos con la política exterior de AD y COPEI frente al gobierno de la Revolución Cubana, deja al sistema en manos de estos dos partidos, transformándolo tempranamente en un sistema fundamentalmente bipartidista. El partido URD inicia una línea de oposición que lo lleva a llamar a la abstención en las elecciones de diciembre de 1963, en las cuales resulta ganador Raúl Leoni, de AD, quien logra, sin embargo, constituir un gobierno de amplia base política, del cual URD forma parte.
El impacto de la Revolución Cubana y la percepción por parte de sectores juveniles de AD de la presencia de rupturas ideológicas importantes con el programa radical que le había dado nacimiento, determina en la década de los 60 una primera escisión al interior de AD. Surge de sus cuadros marxista-leninistas el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el cual se une al Partido Comunista (PCV) en la lucha de guerrillas desarrollada contra las reglas de juego impuestas por el sistema. La lucha guerrillera significa una amenaza a su estabilidad y genera tensiones y desajustes políticos de importancia en el gobierno de Rómulo Betancourt de 1959-63. Sin embargo, el sistema logra su "virtual eliminación" al ilegalizarlos en 1962 y al implementar mecanismos coactivos de lucha antisubversiva, ejecutados y coordinados por la FFAA, legitimados por las fuerzas sociales y políticas integrantes y asociadas al Pacto de Punto Fijo. En este sentido, uno de las particularidades del sistema político venezolano es el éxito logrado en la eliminación de los grupos radicales que ponen en peligro la estabilidad democrática (Njaim, Combellas, Guerón, Satmbouli, 1975, p.49). Pero también la capacidad del sistema de integrarlos posteriormente a las reglas de juego establecidas.
En efecto, en el Gobierno de Rafael Caldera de 1969-74, ya estabilizada la situación política, se aplica un programa de pacificación, cuyos primeros pasos habían sido dados en el gobierno de AD de 1964-68, orientado a legalizar la participación política de los grupos que habían participado en la lucha guerrillera. Este proceso se desarrolla a través de un conjunto de acuerdos entre el Estado y los grupos y líderes guerrilleros, quienes "sin renunciar a sus principios doctrinales (...) obligaban al reconocimiento de la legitimidad del sistema político partidario y al uso de los canales institucionales de mediación entre la sociedad y la esfera de decisiones públicas. Estos nuevos acuerdos permitieron ampliar las bases del consenso del sistema político y reforzaron la tendencia al fortalecimiento de COPEI como central en este sistema" (Gómez; López; Maingón,1989, p. 91).
2. 4 La consolidación del bipartidismo: actores, fraccionamientos e impactos
El sistema bipartidista, integrado por AD y COPEI, logra consolidarse precisamente en el Gobierno de Caldera en el año de 1970 cuando se establece un acuerdo implícito entre estas dos agrupaciones políticas, conocido como el Pacto Institucional. El Pacto, que funciona exitosamente hasta 1984, "favorece la estabilidad del sistema porque simboliza la aceptación por el principal partido de oposición de la legitimidad del gobierno y fija los límites precisos de su acción opositora" (López, Gómez, Maingón, 1989, p. 90), y se expresa en la elección, para cada período constitucional, de las directivas de instituciones públicas como la Corte Suprema de Justicia, la Controlaría General de la República, la Fiscalía General de la República y el Consejo Supremo Electoral, que anteriormente habían sido ocupadas por personalidades independientes; así como en el acuerdo de que el partido que gobierna (AD o COPEI) ocupe la Presidencia del Congreso de la República, aunque no obtenga mayoría parlamentaria, y el partido de oposición (AD o COPEI) la Presidencia de la Cámara de Diputados, sin que ello signifique que no se permita la participación de otros partidos en el resto de las directivas del Congreso, en base a su votación relativa, "aunque ésta se establece más como una concesión que como un derecho" (López, Gómez, Maingón, 1989, p. 89).
La política de pacificación y el proceso de divisiones que habían ocurrido en AD, cuando por segunda vez es objeto de un fraccionamiento que da origen al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) en las elecciones presidenciales de 1968, así como las que se hacen presentes en el Partido Comunista, cuando surge el Movimiento al Socialismo (MAS) en el año de 1970, el cual propone un programa político orientado a la construcción de un proyecto socialista separado de las orientaciones comunistas tradicionales, dibuja en la década de los 70 un escenario partidista plural en el que el MEP y el MAS intentan enfrentar, dentro de las reglas de juego del sistema, al bipartidismo de AD y COPEI. Sin embargo, ni el MEP logra convertirse en real opción alternativa (prácticamente desaparece en la década de los 90 de la escena política al morir su líder fundamental, Luis Beltrán Prieto Figueroa); ni el MAS se materializa como una opción real de poder frente a AD y COPEI, aunque sí en una fuerza minoritaria importante, cuyos lideres fundamentales no logran finalmente diferenciarse programáticamente, aunque en medio de conflictos internos de importancia, de las opciones modernizantes de AD y COPEI.
Estos reajustes organizativos e ideológicos tiene impacto en dos de los actores sociales de apoyo fundamental al sistema: los sectores sindical y militar. Con respecto al primero, porque tiene la particularidad, por lo demás común al resto de los movimientos sindicales de América Latina, de haber nacido ligado a los partidos políticos, quienes los utilizan como instrumentos de equilibrio frente a los empresarios (Njaím, Combellas, Guerón, Stambouli,1975, p. 34). En ese sentido, los fraccionamientos que en ellos se producen se reflejan en su seno porque los grupos que integran al movimiento sindical organizado se definen por afiliaciones partidistas.4 De esta manera, las luchas sindicales de carácter corporativo se subordinan a las luchas políticas mediatizadas por los partidos, en mayor medida por AD, y se forma una burocracia sindical cupular que es incorporada a los pactos y prácticas de concertación, lo cual mitiga "durante mucho tiempo y con bastante efectividad la capacidad de rebelión de amplios sectores populares", aunque el sector obrero que integra el movimiento sindical organizado apenas llega al 30% del conjunto de la fuerza laboral. Esto puede explicarse porque la CTV, a través de su importante presencia en la opinión pública y defensa de los intereses generales del sector obrero, ejerce influencia en el sector obrero no organizado (Sonntag, 1984, p:26).
Con respecto al sector militar, tempranamente surgen contradicciones de importancia. La experiencia de la revolución cubana fracciona al Ejército en dos grupos: uno que respalda las reglas del sistema, a pesar de algunas reticencias, y la política del gobierno de Betancourt dirigida a eliminar la amenaza comunista interna; otro, apegado a las opciones insurreccionales dirigidas por los movimientos políticos que participan en la lucha guerrillera (López, Gómez, Maingón,1989, p. 85). Estas contradicciones son controladas en virtud de un conjunto de medidas de acción estatal que desde el año de 1958 se habían implantado: la conversión del Estado Mayor Conjunto en un cuerpo consultivo con independencia de gestión por parte de los distintas fuerzas que integran el sector militar; la desconcentración de las bases militares en el momento de la lucha subversiva; el establecimiento de una disposición en la Constitución de 1961 que permite una vigilancia efectiva sobre personalidades de jerarquía militar, al asignar al Senado la atribución de aprobar los ascensos a generales previamente seleccionados por el Presidente de la República, en base a una lista presentada por las distintas fuerzas que integran la institución militar; y la rotación periódica de los Jefes de las más importantes unidades de las FFAA, con la introducción de cambios en los puestos de mando cuando existen cambios de gobierno.(Njaim, Combellas, Guerón, Satmbouli, 1975, p. 29) Estos mecanismos institucionales, junto a los programas de mejoramiento social, cultural y económico, y de participación de las FFAA en instituciones del Estado en virtud de la profesionalización de sus integrantes, así como del sector civil en algunos proyectos de la institución militar, permiten la estabilidad institucional y la permanencia de las reglas de juego establecidas por los partidos políticos desde la década de los 60.5
Con los grupos empresariales y la iglesia, se logra un proceso de integración al sistema, el cual se despliega sin contradicciones de importancia. La iglesia se mantiene por largo tiempo, lograda la Ley de Concordato y el respecto por parte del Estado de su participación en las actividades educativas, como una institución apegada a las reglas de juego del sistema a lo largo de este período 58-80. Si bien en la década de los 70 existen grupos (se trata de un sector de los jesuitas que mantiene un Centro de Investigación Social que edita la Revista SIC), que manifiestan posiciones críticas sobre los problemas del país, ello no genera enfrentamientos abiertos y de ruptura con las cúpulas eclesiásticas, mayormente integradas al sistema, ni con la conducción general dada al sistema político (Njaim, Combellas, Guerón, Stambouli, 1975). Con respecto a los empresarios el proceso de integración a las reglas de juego establecidas por el sistema, se fundamenta en su acuerdo no sólo con la orientación dada por el Estado al modelo de desarrollo capitalista y a las políticas de industrialización sustitutiva de importaciones, sino también con relación a las medidas coactivas y represivas contra los movimientos insurreccionales que atentan contra el sistema. Los partidos políticos, por otra parte, no dependen de la elite empresarial para desarrollar medidas en favor de los trabajadores, porque cuentan con recursos propios extraídos de la renta petrolera.6
Como hemos visto, el sistema político venezolano funciona tratando de dar respuesta a los distintos intereses involucrados. Para ello se vale de un conjunto de mecanismos en los cuales el Estado, a través de la renta petrolera, tiene el rol fundamental de accionar para satisfacerlos.
3. La centralizada en la conducción del proceso político
3.1 Estado, partidos políticos y renta petrolera
Cuando se inicia la explotación petrolera en nuestro país, el Estado se consolida a partir de la apropiación de esa renta, conviertiéndose en una instancia nacional con pleno control del territorio e impulsor directo del proyecto de modernización capitalista. Bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, como hemos afirmado, se había consolidado el Estado Nacional y se activan los cambios que transforman violentamente la economía agraria en una economía petrolera. Cuando muere el dictador en 1935 se había fortalecido una economía petrolera de enclave, controlada por capital extranjero, escasamente articulada a la economía interna, en la cual el Estado recibía una renta que no se correspondía con las obtenidas por el negocio petrolero controlado por la empresas extranjeras. Desde ese momento, la lucha política empieza a girar en torno a la necesidad de afirmar el control del Estado sobre nuestro territorio y sobre sus riquezas para impulsar un proyecto de modernización económico y social, en un escenario de marcada debilidad de la sociedad civil. Como afirma Enzo del Búfalo:"...debido al escaso desarrollo de la sociedad civil de entonces, el Estado se presentaba como el único propietario del recurso natural explotado por el capital extranjero. Aunque existían pequeñas explotaciones privadas, éstas eran demasiado débiles para convertirse en una alternativa viable de apropiación de la explotación petrolera. La participación nacional en el negocio petrolero, a través de las prácticas de la sociedad civil, se limitaba a proporcionar parte de la fuerza de trabajo directa o indirectamente vinculada a la explotación petrolera" (Del Búfalo, 1994, p. 535). La única vía, entonces, para "nacionalizar" la actividad petrolera es a través de la apropiación de esta renta por parte del Estado, o controlar directamente su producción, proceso que culmina en el año de 1975 con la nacionalización de la industria, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
La lucha de los partidos políticos venezolanos a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez gira, entonces, en torno a la conciencia política sobre esta peculiaridad. El Estado se convierte, así, en clave para el desarrollo, en el instrumento y en el sujeto del proceso de modernización nacional, por ser el receptor y distribuidor exclusivo de la renta petrolera, y porque es considerado como la única instancia dentro de la sociedad capaz de representar los intereses colectivos por encima de los débiles intereses particulares y locales (Sosa, 1992).
Esta situación se ve favorecida, a partir de la década del 60, porque la Constitución de 1961 había establecido la legitimación de los partidos políticos en el proceso de ordenamiento sociopolítico de la sociedad. Desde ese momento, los partidos adquieren centralidad dentro del sistema y se convierten en los principales canales de vinculación entre el Estado y la sociedad, a partir de los beneficios obtenidos por la renta petrolera. Se adhieren al Estado con el objetivo de utilizar la renta petrolera para financiar el proceso de desarrollo económico y la generación de condiciones para la formación de una sociedad civil, a partir de un proceso de distribución del ingreso que, aunque desigual, echa las bases para la constitución del proyecto de modernización (del Búfalo, 1994, p: 539).
La particularidad de este proceso es que se despliega bajo una lógica de realización de carácter rentista, que va a permitir"...sostener a una nación sobre la base de la percepción de un ingreso cuantioso que es producido por muy pocos, (y) que le dio al país posibilidades de consumo que exceden a su capacidad de producción" (Salamanca, 1997, p: 89). Desde esta perspectiva, los ingresos petroleros son percibidos rentísticamente (por los dirigentes políticos desde la década de los 40( para resolver los problemas de la colectividad a partir de un conjunto de prácticas, validado y legitimado por ella misma. De ello se deriva el carácter fundamentalmente político de la lógica rentista. Los dirigentes políticos vertebran los procesos sociales a partir "(...) de acuerdos fundamentales en torno a cómo distribuir una renta -generada por muy pocos- definir prioridades, establecer objetivos y estimar el grado de acceso de los diversos sectores sociales a la misma". De esta manera, el sistema político venezolano aceita su dinámica a partir de la renta petrolera (Salamanca, 1997, pp. 90- 91).
Esto determina una lógica de acción colectiva, motorizada por el sistema político, la cual reza que en tanto el petróleo es de la nación, y en consecuencia de los venezolanos, los distintos sectores de nuestra sociedad perciben que les corresponde parte de los recursos provenientes de su renta y, por ende, les deben ser simplemente repartidos (Salamanca, 1997, p: 91).
3. 2 Concentración y centralización de los mecanismos de acción estatal y red canalizadora de negociación y distribución social
En este escenario, alimentado además por las doctrinas intervencionistas en boga en América Latina y en el mundo (transformaciones del Estado liberal a un Estado social y planificador), el proceso de modernización, a lo largo de este período, se despliega acentuando dos tendencias particulares de nuestro transcurso social y político: la tendencia hacia la concentración del poder de los partidos políticos y las asociaciones corporativas en el Estado; y la tendencia hacia la centralización en el Estado de las funciones políticas y administrativas (Gómez, López Maya,1990, pp. 68-69).
Con relación a la primera tendencia, hemos destacado anteriormente la importancia que tiene en este proceso la implantación de un sistema de conciliación de intereses entre los distintas elites políticas, económicas y sociales, motorizado por los partidos políticos a partir del año de 1958, a través de un conjunto de pactos constitutivos tácitos o implícitos. Estos grupos forman una red canalizadora de las demandas de la sociedad, en la cual los partidos son las instancias de intermediación que tienen la mayor legitimidad para la realización de la utopía modernizadora. Los partidos constituyen así el eje del sistema democrático, tienen el papel protagónico en la construcción de la democracia y promueven la formación e integración al sistema de las organizaciones sociales. Por ello la preeminencia partidista de nuestro sistema político.
La red canalizadora que los partidos políticos construyen se materializa en un "sistema de negociación social", en los términos usados por Diego Bautista Urbaneja (1992, p. 228), el cual consiste en un conjunto de mecanismos e instituciones de acción estatal, a través de los cuales se gratifican los distintos intereses sociales por medio de canales formales e informales, garantizando la satisfacción equilibrada de los mismos, vía negociaciones y compromisos cupularmente establecidos por las elites que integran el sistema político. De esta manera, se expanden y centralizan en el Estado las funciones político-administrativas con el objetivo de reordenar las relaciones sociales, en base a los intereses que en y desde el Estado conforman el sistema político. Se profundiza así la tendencia centralizadora que viene gestándose desde el siglo XIX, la cual fue legitimada en la Constitución de 1961 al consagrarse un esquema de gobierno centralista y presidencialista.
Al concentrarse, por otra parte, la toma de decisiones públicas en los grupos políticos que integran el sistema de conciliación, se establece un control cupular sobre la toma de decisiones nacionales y una estructura semicorporativa constituida e influida por las organizaciones que monopolizan la representación de los diferentes intereses sociales.7 Esta estructura limita la participación en el proceso de toma de decisiones, incluso de miembros de sus propias agrupaciones, y contribuiría a la postre a debilitar el sistema democrático representativo porque el proceso de negociación social genera un sistema político clientelar, fácilmente corruptible, fundamentado en una solidaridad cuasicorporativa, en la cual las lealtades del ciudadano se extrapolan hacia las organizaciones políticas en vez de dirigirse a la defensa de las instituciones democráticas. De esta manera, el ciudadano queda marginado a las fronteras del sistema democrático, garantizando fundamentalmente el ritual de las elecciones y la renovación de los mandatos, limitándose, consecuencialmente, el juego político a nivel nacional ya que la toma de decisiones públicas allí se concentran, dejando a las regiones y localidades marginadas del proceso. En otras palabras, la política se despliega a nivel nacional y sólo es posible allí la competencia partidista y la toma de decisiones públicas (Molina y Pérez Baralt, 1998, p. 38).
3. 3 El Estado planifica, distribuye la renta e interviene directamente en el proceso productivo
Todo el conjunto de dispositivos formales e informales que se implementan le restan autonomía de acción al Estado, pero el funcionamiento del sistema de negociación social en base al consenso entre distintos intereses que finalmente coinciden, en el escenario anteriormente señalado, permite entre las décadas de los 60 y 70 la existencia de un Estado de compromiso nacional-popular en torno al modelo de desarrollo que se implementa en este período histórico. Este modelo contiene dos líneas fundamentales de acción: una en el área económica, a partir de la implementación de una industrialización por sustitución de importaciones; otra, en el área social, a partir de un amplio programa de redistribución del ingreso.
La fase intencional del proceso de industrialización
Antes de la década de los 50 el proceso de industrialización en Venezuela es aún muy incipiente y no tiene un carácter deliberado. Desde principios de este siglo se habían instalado espontáneamente algunas industrias, proceso que fue progresiva y gradualmente expandiéndose en la medida en que igualmente se ampliaba la urbanización y el mercado interno. El proceso de expansión industrial espontáneo continúa en las década de los 30 y 40 gracias a los crecientes ingresos petroleros que recibe el país y a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es sino hasta después de esta guerra que el país adopta una política deliberada de industrialización.
En el gobierno dictatorial de Pérez Jiménez se adelantaron políticas destinadas a ampliar la industrialización y el Estado asume un rol productor al reservarse el desarrollo estratégico de industrias básicas, como la siderúrgica y petroquímica, incluso contra la resistencia de la burguesía nacional e internacional (Sonntag, 1984, p. 18), y además estimula una política industrial hacia el sector textil, alimentos, calzado y cemento, así como otras vinculadas al sector de la construcción, las cuales se financian desde instituciones del sector público y a partir de un programa de apertura a la inversión extranjera (Castillo, 1988, p. 151). Sin embargo no es sino a partir de 1958 cuando podemos hablar de un programa industrial concertado entre los diferentes sectores políticos y económicos de la sociedad, en el cual el Estado va a seguir jugando el importante papel de motorizar el proceso de desarrollo.
En efecto, en el Programa Mínimo que suscriben el 6 de diciembre de 1958 los candidatos a la presidencia de la República, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Wolfgang Larrazabal, se establece, entre otros asuntos, la necesidad de elaborar, desde el Estado, un plan de desarrollo económico integral de largo alcance, el cual va a contemplar la implementación de una política industrial y agropecuaria, conectada a una política social y de infraestructura. De esta manera la política industrial se concibe como un proyecto en el cual se comprometen las distintas fuerzas políticas para diversificar la economía, modernizar la actividad agropecuaria, maximizar el empleo, modernizar la estructura económica y social, lograr una mejor distribución espacial del desarrollo y garantizar un elevado y sostenido crecimiento (Bitar, Troncoso, 1983, pp. 26-27).8
La política industrial que se adelanta incrementa, en efecto, de manera sostenida entre las décadas de los 60 y 70 el grado de industrialización del país y uno de sus mayores logros fue el rápido crecimiento, en el escenario de un mercado interno que se hizo, a la postre, pequeño y rezagado con respecto a la inversión de los recursos productivos estimulados por el Estado. Desde esta perspectiva, los rasgos particulares de la industrialización en Venezuela en el marco de la región latinoamericana, con la cual comparte algunos procesos comunes de importancia son: su impulso tardío, la alta velocidad de su crecimiento, la existencia de una acción de gobierno deliberada en favor de la industrialización, la relativa holgura de divisas en medio de la cual se desarrolla el proceso industrial (Bitar, Mejías, 1984, pp: 106-108) y un Bolívar sobrevaluado que facilita las importaciones, a pesar de la política de sustitución de importaciones que se implementa.
En el marco de esas particularidades, nuestro país logra, con respecto al conjunto de los países latinoamericanos, los ritmos de crecimiento más altos de la producción manufacturera entre 1960 y 1978, y contribuye a la diversificación productiva, modernización de la actividad agraria, altas tasas de empleo y creciente autonomía interna con respecto a la actividad petrolera (Bitar,Troncoso,1983). El producto territorial bruto aumentó anualmente entre 1950 y 1973 entre un 6 y un 7 %, entre 1974 y 1978 llegó a crecer mucho más, llegando inclusive a 11% en un solo año, y alcanza un ritmo promedio de 8.3% entre 1974-79 (Escobar, 1984, pp. 75-76). Sin embargo, entre finales de la década de los 60 y mediados de los 70, el proceso industrial sustitutivo en su fase de producción de bienes de consumo final, empieza a manifestar signos de agotamiento, por la presencia de obstáculos estructurales que no habían podido ser superados, como su profunda dependencia tecnológica e insuficiente articulación económica interna, su baja eficiencia y escasez en recursos humanos y técnicos y el excesivo proteccionismo del Estado a la inversión privada nacional, el cual fue activado a través de una política crediticia y de medidas orientadas a proteger el mercado interno de la competencia internacional.
El Estado empresario
Ante esta situación el Estado, receptor de los abultados ingresos provocados por el shock petrolero de 1973, en vez de adoptar la estrategia de esterilizar los fondos en el Fondo de Inversiones de Venezuela, en medio de una situación en la cual van a ser insuficientes los canales tradicionales de asignación de recursos, por el volumen extraordinario que proporciona la renta (estrategia que contaba con consenso y apoyo político( utiliza los excedentes para asumir directamente el desarrollo de grandes proyectos en la producción de bienes intermedios (hierro, acero, aluminio). (Hausmann, 1991) A partir de entonces, empieza a cambiar el modelo de desarrollo al añadirse a las funciones distributivas y de planificación del Estado las funciones de producción directa en industrias básicas, transformándose en un Estado Empresario que interviene directamente en el proceso productivo y que, además, comienza a manejar directamente la industria petrolera. Desde ese momento la inversión pública crece más que la inversión privada en manufacturas, la cual sólo llega a aumentar un 2% entre 1973-75, frente a un 63% de la inversión pública. De esta manera, se hace cada vez más incontrolable el crecimiento de la inversión pública en la actividad productiva, así como la gestión de su gasto interno, situación que se ve agravada por el creciente endeudamiento externo que se genera para sostenerla. Para 1978, no obstante el volumen de ingresos petroleros percibidos por el Estado, la deuda externa, tanto pública como privada, había sobrepasado los 16.000 millones de dólares, en circunstancias que al inicio de la década llegaba sólo a los 1000 millones. (Yañez Betancourt, 1991, p: 139)9.
Desde la década del 40 hasta mediados de la década de los 70 la gestión macroeconómica en nuestro país, por otra parte, había operado en condiciones favorables. Funciona equilibradamente el gasto fiscal, gracias a los precios estables del petróleo y al control que sobre el gasto fiscal tiene el Congreso Nacional; existe un tipo de cambio nominal fijo del bolívar con respecto al dólar, por la presencia de cambios también fijos a nivel mundial, y por los bajos y estables niveles de inflación en Venezuela y en la economía internacional ; así como opera una política monetaria pasiva en el control de las tasas de interés, las cuales se mantuvieron prácticamente constantes (Hausmann, 1991, p. 170).
Sin embargo, el nuevo modelo de desarrollo implementado a partir de 1974, cambia el comportamiento de estos factores: por una parte, el gasto público crece desmesuradamente y empieza a funcionar de manera desequilibrada. El crecimiento del sector desconcentrado del Estado (empresas públicas e institutos autónomos) pasa a ser clave en el gasto fiscal, aunque fuera del control de las definiciones de política fiscal que aún siguen dirigidas por el nivel central; además, a partir de 1973 se observa a nivel internacional un proceso de flexibilidad cambiaría del dólar, que ocasiona la fluctuación de nuestra moneda, fenómeno que se acompaña de la elevación de la inflación a nivel mundial y nacional, y de fluctuaciones de las tasas de interés. El tipo de cambio comienza a funcionar erráticamente desapareciendo las reglas cambiarias que habían mantenido estable la convertibilidad de nuestra moneda y las tasas de interés (Hausmann, 1991).
El Estado social
Mientras se mantuvieron estables los indicadores macroeconómicos, el Estado pudo implementar una política de gasto social nunca antes estimulada en el país. En efecto, el gasto social del Estado hasta el año de 1936 se había colocado en el último renglón del presupuesto total del Estado. Desde 1936 a 1948 aumenta de manera significativa, llegando a concentrar 4,9 % del presupuesto central. Pero es a partir de la década de los 60 que se observa un repunte significativo de este tipo de gasto. Los promedios de inversión social con respecto al presupuesto total del Estado oscilan entre un 25,8% entre 1960-63; un 32% entre 1964 y 1968; un 31% entre 1969-74; y un 26,4% entre 1974-80 (Kornblith; Maingón, 1985, p. 205).
De esta manera, así como el Estado se propone transformar la economía del país, proceso en el cual invierte importantes recursos productivos, controlar parte significativa de la producción nacional y transferir parte de estos recursos al sector privado, vía el crédito o incentivos para la inversión, igualmente impulsa una política social de alcance universal. Esta política está destinada a distribuir en la población, de manera directa, servicios esenciales como el de salud y educación, entre otros, convirtiéndose en un Estado benefactor, bajo el cual se logra un proceso de integración y estabilidad social, en el cual los sectores beneficiados se convierten en fuentes de apoyo político en tanto ganadores con las políticas gubernamentales de alcance universal que se implementan (González, 1996).
Junto a estas políticas de redistribución directa del ingreso se implantan también programas de ingresos y empleo, que se basan en la regulación de salarios y de precios, en la creación de un sistema de seguridad social y en la mantención de bajas tasas de desempleo (en base a una expansión del empleo en el sector público, cuando así se considerase necesario (planes de pleno empleo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez)(. Igualmente, se adopta la implementación de subsidios para la vivienda, el transporte y alimentos de consumo masivo, ampliándose la satisfacción de las necesidades sociales y proveyendo recursos para brindar a la población mejores niveles de vida. Desde esta perspectiva, y a partir de una política que busca integrar a todos los sectores sociales, se masifica el servicio educativo público y se mejoran las condiciones de salubridad de la población al expandir la atención médica a la mayoría, todo ello en un escenario de holgura financiera proporcionada por el comportamiento de la actividad económica y política anteriormente señalada.
Esta situación, indudablemente, trajo muchos beneficios para la población y transforma nuestra estructura social. Se desarrolla un sector de clase media importante y se hace posible la movilidad social desde los estratos inferiores a los medios, y desde estos a los superiores. Sin embargo, el proceso va a descansar de manera fundamental en el gasto público y en un Estado rentista-distribuidor, generando, a la postre, paternalismo, en tanto la sociedad desarrolla una profunda dependencia del Estado para la satisfacción de sus necesidades. Este sólo transfiere recursos a la población y abre espacios para el esarrollo de una relación clientelar, que si bien favorece la estabilidad política, le va a asignar un papel decisivo a los gremios y las asociaciones de intereses en la asignación de recursos y en las decisiones de política pública (Gónzalez, 1996). En este sentido, si bien a través de estas transferencias de recursos se fortalece el medio social y la sociedad civil, ésta queda opacada frente a un Estado que no le exige mayores aportes, sea por vía impositiva o por iniciativa privada, generándose una relación inarmónica y desequilibrada entre el Estado y la sociedad (Salamanca, 1997).
4. La crisis de los ochenta (1979-89): la ruptura de las tendencias históricas en el proceso de transición hacia un nuevo modelo de relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad
Este esquema, con sus éxitos y desequilibrios, funciona sin mayores variaciones hasta la década de los 80. Sus logros son relevantes: altos ritmos de crecimiento económico, bajos niveles de conflictividad social y altos de movilidad social, continuidad democrática y particular estabilidad política si se la compara con el conjunto de la región latinoamericana, consolidación de un sistema bipartidista que cuenta con altos niveles de legitimidad (medida por los bajos niveles de abstención electoral ocurridos hasta la década de los 80( y capacidad institucional y política de representatividad y de integración de los diversos intereses de la sociedad (Kornblith, 1998).
Sin embargo, desde mediados de los 70 empieza a cambiar el funcionamiento de algunos de los factores que sostienen el modelo de desarrollo que se implementa exitosamente desde la década de los 60. Si bien para muchos académicos la crisis se ubica en los 80 porque el detonante de la misma estalla en 1983: la crisis de la deuda externa, es evidente que la crisis se viene gestando desde años atrás, siendo el fenómeno de la deuda no su causa fundamental, sino la expresión de que las cosas estaban funcionando mal. Desde mediados de la década de los 70 empiezan a manifestarse, en efecto, un conjunto de desequilibrios, promovidos por la deuda externa que adquiere el Estado, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, para sostener el desarrollo de los megaproyectos del hierro y del alumnio, no obstante los ingentes recursos que había recibido por el aumento, sin precedentes, de los precios del petróleo en 1973. Esto va a trastocar, de manera progresiva, el comportamiento histórico de los distintos factores que habían sostenido el modelo de desarrollo social, económico y político que había funcionado hasta ese momento. En ese sentido, la crisis es global, y surge por el impacto de distintos elementos. Sobre esto hay consenso en diversos analistas que han trabajado la problemática.
4.1 Escenario económico
A partir de la década de los 80 la situación económica del país cambia radicalmente. En el año de 1983 estalla el problema de la deuda externa determinando la devaluación de nuestra moneda. Se inicia un proceso inflacionario creciente. Se detiene el ritmo de crecimiento económico y el país depende más profundamente de una renta petrolera, cuyos precios evolucionan negativamente.
Este escenario negativo de los 80 no es sin embargo propio del país. Se inserta en el contexto de un conjunto de transformaciones que se dan a nivel de la economía internacional que afectan la economía y el modelo de desarrollo de los distintos países que integran la región. El modelo petrolero rentista venezolano que permitió por décadas que la economía funcionara con un tipo de cambio estable y bastante sobrevaluado, que indujo a un crecimiento industrial altamente dependiente de las importaciones de bienes intermedios, así como a un patrón de consumo concentrado en los sectores de altos ingresos, recibe directamente los efectos negativos de la crisis y las transformaciones de la economía internacional, no obstante tener la ventaja, que se convierte, a la postre, en inconveniente, de contar y depender casi absolutamente de las abundantes divisas extranjeras provenientes de las exportaciones de petróleo (Martner, 1991).
Desde esta perspectiva, ¿cuándo se inicia a nivel interno la crisis que rompe con las tendencias históricas de estabilidad en los precios del petróleo, altos ritmos de crecimiento económico, estabilidad cambiaria, y baja inflación? Existe consenso en nuestros economistas en ubicar el inicio de la crisis en 1979, luego del proceso económico altamente expansivo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez entre 1974 y 78. Incluso para algunos especialistas (como Hausmann, Baptista, Maza Zavala, entre otros), tal como hemos señalado supra, es precisamente a partir del programa masivo de crecimiento de la inversión pública en las industrias básicas y estratégicas en manos del Estado y del endeudamiento externo que lo sostuvo; cuando se empiezan a desatar los desequilibrios fiscales, monetarios y de balanza de pagos que conducen a la crisis de la década del 80.
Lo significativo, en todo caso, es que a partir de 1979 se observan las siguientes tendencias: desaceleración del ritmo de producción de la economía, con su consecuente estancamiento y contracción; disminución del valor de las inversiones públicas y privadas; acentuada depresión de los requerimientos de mano de obra tanto en el sector público como en el privado; comportamiento fluctuante con tendencia hacia la baja de los precios y volúmenes de exportación del petróleo; crecimiento sin precedentes de la deuda externa, componente muy importante en la crisis de balanza de pagos; aumento permanente y persistente de los precios de los bienes y servicios (inflación); y una progresiva y drástica disminución de los ingresos reales de la población trabajadora.
En efecto, en 1979 el gobierno de Luis Herrera Campins en medio de una situación favorable de los precios petroleros que van a significar ingresos dos y tres veces superiores a los de 1973-74, como consecuencia de la asunción al poder en Irán de las fuerzas rebeldes del Ayatollah Jomeini, inicia un cambio de timón en la política económica que se había implementado desde 1974. Se frena el programa económico expansivo que se había iniciado desde ese año, el cual había culminado en una severa reducción de la inversión privada y en un creciente endeudamiento externo por parte del sector público, como ya hemos afirmado.
Pero, en 1982 al caer los ingresos petroleros, en un escenario de dificultades para la adquisición de nuevos préstamos externos que compensaran el déficit corriente y permitieran el pago por deuda externa, la cual había llegado en 1982 a más de 30.000 millones de dólares, el gobierno implementa un control de cambios y devalúa la moneda después de 22 años de estabilidad monetaria y cambiaria; e inicia una política sui géneris de ajuste (Fajardo; Lacabana, 1989, p. 97) porque se ejecuta en medio de un escenario electoral (elecciones presidenciales de 1983) que iba a tener un elevado costo político para el partido de gobierno. Las medidas que se anuncian están dirigidas a resolver el déficit corriente externo y bajar las tasas de inflación.10 El ajuste externo recae sobre el ritmo de crecimiento interno que se contrae brutalmente por la baja descomunal del gasto interno en 1983 a -25,4%, caída de la inversión bruta fija a -30%, cuyo componente privado se reduce a -34%, situándose el desempleo en un 10,2% (Fajardo; Lacabana, 1989 p. 99).
En 1984, el gobierno de Jaime Lusinchi anuncia un nuevo programa económico y social, en medio de una situación de optimismo con relación al mercado petrolero. Este se ve frenado en 1986 por la caída dramática de los precios petroleros.11 La política económica se orienta a equilibrar el desbalance macroeconómico interno, lográndose resultados positivos en términos del comportamiento del PIB entre 1986 y 87, la estabilización de la tasa inflacionaria con respecto a 1985 y la disminución del desempleo.12 Sin embargo. restricciones de carácter externo determinan nuevamente en 1987 la desaceleración del crecimiento económico logrado en 1986. La reacción del gobierno fue acudir nuevamente al expediente devaluacionista con negativos impactos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, al pasar la inflación de 11,6% en 1986 a 28,1% en 1987, afectando sobremanera a los estratos con menores ingresos de la población.
Los resultados de estas políticas dibujan un escenario de acentuada y veloz depresión de las condiciones materiales y sociales de la población venezolana -cuyo elemento más llamativo es el crecimiento de la población en situación de pobreza- que marca un sensible contraste con el contexto económico y social del período 1963-78, el cual operó en un marco económico y de inversión social expansivo que aunque no solucionó los problemas básicos de la población en materia de empleo, niveles alimentarios, salubridad, ingreso familiar y estabilidad ocupacional, entre otros, permite la creación de un entorno social y material favorable a la mayoría de la población (Valecillos, 1992, p. 46).
4.2 El escenario socio-político y sus transformaciones
En este contexto económico, se empiezan a observar cambios que trastocan gradual y progresivamente las tendencias históricas de legitimidad y estabilidad del sistema socio-político, bajo las condiciones señaladas con anterioridad. Entre estas transformaciones se encuentran: el surgimiento de un conjunto de tensiones en las relaciones entre los distintos actores que habían hegemonizado hasta el momento el sistema político (López, Maya, 1995, p. 206), y las de ellos con respecto a la sociedad, debido a la erosión de los mecanismos (normativos, utilitarios, distributivos, etc.) que hasta el momento las habían garantizado eficazmente, sin que existieran propuestas de transformación que permitieran la construcción de mecanismos alternativos (Gómez, 1995, p. 112); la multiplicación sin precedentes de la corrupción en el sector público, y su transformación en un elemento constitutivo del funcionamiento del sistema político, merced a los cuantiosos recursos inyectados a los entes empresariales del Estado, a "lo tupido de la red de contactos, la débil capacidad de control de los organismos fiscalizadores del Estado, (y) la proliferación de organismos gubernamentales, muchos de ellos con amplia autonomía de acción" (Urbaneja, 1992, p. 354-55); el reparto desigual de los costos de la crisis en la mayoría de la población: trabajadores asalariados, campesinado pobre, sectores marginales urbanos, desempleados, etc. Ello determina que el patrón de desigualdades socioeconómicas se haga más regresivo al elevarse, por una parte, el nivel de pobreza crítica y pobreza general, la cual es estimada, para mediados de la década de los 80, en un tercio y un 75% de la población, respectivamente, y por otra parte, acentuarse la concentración de la riqueza y el poder económico; y, por ultimo, la redefinición del rol del Estado en la economía y con respecto a la sociedad civil.
Estas transformaciones operan en un escenario político que aún, en los 80, cuenta con niveles importantes de legitimidad, expresada en el apoyo electoral que aún recibe el sistema bipartidista.13 Sin embargo, surgen un conjunto de tendencias que evidencian la presencia de algunas fisuras en el sistema de pactos que había funcionado exitosamente desde 1958. Tal como lo afirman Margarita López Maya y Luis Gómez, la crisis estructural que se manifiesta en el modelo de desarrollo a partir de 1979, empieza a revelar las limitaciones del Estado "(...) (que comprometido con inversiones a mediano plazo de gran magnitud para mantener el modelo de desarrollo( ya no pudo cumplir con las grandes líneas de política económica que se habían pautado, ni pudo disminuir las tensiones políticas que comenzaban a tomar carácter conflictivo" (López, Gómez, Maingón, 1989, pp. 92-93). La alteración del sistema de acuerdos y pactos
Las tensiones a las que se hace referencia empiezan a manifestarse en el Gobierno de Herrera Campins (1979-83), al alterarse algunos de los acuerdos que habían sostenido el sistema político desde 1958: tensiones entre el Gobierno y la clase trabajadora agrupada en la CTV; entre el Gobierno y los sectores empresariales organizados en Fedecámaras; y entre el Gobierno y el Parlamento. A ello se añade la presencia de fisuras importantes en la cúpula dirigente y la base social del partido de gobierno, la cual empieza a mostrar grandes desacuerdos con la política económica adelantada por Luis Herrera Campins. (López, Gómez, Maingón, 1989, p: 94).14
La permanencia de las tensiones entre distintos actores hegemónicos, así como la crisis económica por la cual atraviesa el país a lo largo del período 1979-83 pretende resolverse en el escenario electoral de este último año, cuyo debate político le da respuesta a diversas propuestas que venían siendo elaboradas por la CTV y Fedecámaras, desde el año de 1980. Desde la CTV se plantea, la necesidad de desarrollar mecanismos de cogestión y concertación institucionalizada entre las principales fuerzas sociales, económicas y políticas del país (capital, trabajo, poder legislativo, sectores técnicos y poder ejecutivo); y desde Fedecámaras se proponen criterios convergentes, entre Capital y Trabajo, para la instrumentación de un programa de desarrollo económico y social de largo plazo, que facilitara una integración del sector privado para un entendimiento con el sector público, a través de una concertación tripartita (Gómez, López; Maingón, 1989, p. 95).
Además, otras organizaciones y sectores de la vida política, social y económica del país empiezan a cuestionar las orientaciones que hasta el momento se le habían asignado al modelo de desarrollo, extendiéndolas a la manera como se estaban conduciendo las políticas económicas para dar respuesta a la crisis, así como al papel tradicional de los partidos y del sistema político, al excesivo centralismo de Estado y, en fin, a las relaciones de éste con la economía y la sociedad y la política.15 Dos posiciones doctrinarias empiezan, de manera fundamental, a presentarse en la década de los 80: la primera, de clara orientación neoliberal, defiende la implementación de un programa de reformas, dirigido a romper drásticamente con las concepciones intervencionistas del Estado; la segunda, invoca un programa de reformas orientado a redimensionar su papel y el de sus relaciones con la sociedad civil, sin negar la importancia de sus funciones en materia económica y social. Si bien una y otra corriente coinciden en la necesidad de reformular el modelo de desarrollo y las instituciones del sistema político y estatal, para los que asumen las posturas neoliberales las reformas deben dirigirse a ampliar el papel del mercado y reducir el considerado excesivo intervencionismo del Estado; para las segundas, se trataría de hacer al Estado más fuerte frente a las presiones de los sectores sociales, económicos y políticos con mayor poder dentro del sistema (Gómez, López, Maingón,1989; Gómez, 1995).
Los dos partidos fundamentales del país, AD y COPEI, responden a este conjunto de proposiciones comprometiéndose en una agenda política en la cual, no obstante las diferencias, prevalece la necesidad de dar respuesta a la crisis económica y social mediante programas de concertación y diálogo entre las distintas fuerzas organizadas de la sociedad y el Estado. La que elabora el partido AD, a través de la candidatura de Jaime Lusinchi, resulta la opción triunfante y no es más que el intento de revisar y transformar los mecanismos de acuerdo que hasta el momento habían sostenido el sistema político. De esta manera, surge la proposición de un nuevo pacto concertado, ahora denominado Pacto Social, entre el Estado y las distintas fuerzas organizadas de la sociedad, para darle solución a los problemas económicos, políticos y sociales derivados de la crisis arriba señalada.
Un intento fallido de resolución de las tensiones: el pacto social y la reforma del Estado
Desde esta perspectiva, se desarrollan dos tipos de acciones: una, dirigida a crear el marco institucional en el cual van a debatirse las orientaciones que se están formulando en la sociedad para orientar los planes de reforma del Estado; la otra, cuyo objetivo es desarrollar un programa dirigido para dar respuesta a la crisis económica y social.
Con relación al primer aspecto, en diciembre de 1984 se crea la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), la cual desarrolla un amplio programa de reforma integral para hacer al Estado más democrático y eficiente, y servir de órgano asesor a los diferentes gobiernos en relación a los problemas específicos presentados en su funcionamiento y evolución. (Gómez López, 1990; Gómez, 1995). Las acciones de la COPRE inicialmente lograron crear, a través de mecanismos de consulta a actores y personalidades representativas del país, un ambiente de apoyo y consenso político en torno a los temas objeto de reforma; en 1986 se elaboran un conjunto de propuestas, que la COPRE estimaba necesario materializar bajo un escenario de concertación entre los distintos actores más importantes y representativos de la sociedad orientadas a la democratización y descentralización de las instituciones públicas y los actores políticos, así como al desarrollo de una nueva estrategia económica (Gómez, 1995; Gómez; López: 1990).
Sin embargo, el aparente consenso, en torno a estas propuestas, parecía consistente solamente en los sectores de oposición política al gobierno y en organizaciones de la sociedad civil, frente a un partido oficial que muestra reticencias y rechazos16. Con una mayoría de AD en el Congreso, las reformas no pudieron prosperar. Sin embargo, los partidos de oposición tampoco mostraron capacidad de presentar leyes para viabilizarlas (Gómez, 1995, p: 118), de lo cual puede desprenderse que estos partidos (sobre todo el partido de oposición más fuerte cuantitativamente, COPEI( no tenían la real disposición y voluntad política para iniciar las reformas.
Los resultados de tal escenario no pudieron ser más negativos para el Pacto Social enarbolado por el gobierno de Lusinchi, porque a estas dificultades se añade, con relación a las acciones dirigidas a solucionar la crisis económica y social, la permanencia de una economía interna estancada y la profundización de los problemas sociales, porque no se logra solventar la contracción del aparato productivo, ni superar los niveles de desocupación y caída real de los salarios y de la masa global de remuneraciones de los trabajadores. De esta manera se revierte la tendencia histórica que caracterizó el período de 1958-78, cuando la política social implementada, a partir de un aumento creciente del gasto público, determina mejoras en la distribución del ingreso. En los 80 ni el gasto social crece considerablemente, ni hubo efectos de propagación social del crecimiento porque la economía, con excepción de los años de 1985 y 86, se mantuvo estancada.
Por otra parte, sólo excepcionalmente se pudo disponer de recursos que respondieran, de manera simultánea, tanto al pago de la deuda como a las transferencias cuantiosas hacia el sector privado y demandas sociales de los trabajadores. El sector petrolero, del cual depende cada vez más el Estado, opera en una dramática situación de depresión, tanto en términos absolutos como en proporción al PTB (Valecillos, 1992, p. 57) y la democracia duradera, que había sido coherente con el sistema de pactos económicos y políticos cuidadosamente elaborados, empieza a descuidar, en el escenario de las restricciones económicas de la década, el conjunto de acciones y políticas que hubiesen podido resolver o aliviar las profundas desigualdades económicas y sociales (O'Donnell, 1994, pp:23-24).
El deterioro de la situación política
La situación política se complica cuando en 1984, deja de funcionar parcialmente el Pacto Institucional, que desde el primer Gobierno de Rafael Caldera había permitido la elección concertada, entre AD y COPEI, de las directivas de las Cámaras del Congreso de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal y al Contralor General de la República (en la cual participaban grupos políticos minoritarios que integraban el Congreso. Ello se explica porque en las elecciones de 1983 el partido AD no sólo había obtenido la mayoría de votos para la elección presidencial sino también había hegemonizado los curules parlamentarios. A partir de esta situación se muestra intransigente en las negociaciones; éstas se rompen y decide elegirlos por su propia cuenta, extendiendo este estilo a otros ámbitos de decisión en materia de políticas públicas. De ésta manera, se agudizan los conflictos y las tensiones al concentrarse en el Estado el monopolio de las decisiones y abandonarse los mecanismos de concertación con el conjunto de los actores políticos (Gómez, 1995).17
La organización Recadi, creada por el gobierno de Herrera Campins, desde la cual se distribuyen las divisas preferenciales, por otra parte, se convierte en el espacio donde opera esta red de amiguismo y clientelismo vinculada al circulo presidencial, y también centro de la corrupción más escandalosa del gobierno18. En este escenario se crea una situación de progresivo deterioro y pérdida de legitimidad de las instituciones y actores políticos fundamentales que integran el sistema. Sin embargo, las encuestas mostraron la cifra de 65% de apoyo y popularidad en el último año del gobierno de Lusinchi19. No puede extrañar, entonces, el consecutivo triunfo de AD en las elecciones de 1988, año que representa la primera ruptura del proceso de alternabilidad en el poder del sistema bipartidista integrado por AD y COPEI, el cual había funcionado exitosamente desde el primer gobierno de Rafael Caldera entre 1969-74
5. La dácada de los 90: el deterioro y la erosicón del sistema cosial y político
En su artículo "La Democracia Venezolana desde 1989" el politólogo Luis Salamanca afirma: "La revisión del ensayo moderno venezolano comenzó en forma inesperada y abrupta en febrero de 1989, con la llegada al gobierno, por segunda vez, de Carlos Andrés Pérez, otrora artífice de la Venezuela saudita (...) y cuya campaña electoral alimentó las esperanzas colectivas de una vuelta a la edad dorada. Sin embargo, el antiguo populista abrió un camino inédito: comenzó una profunda revisión y desmontaje del modelo socioeconómico y político-institucional con el que se había funcionado en las décadas precedentes. A partir de entonces se puede hablar de una nueva etapa en la historia del país, animada por cambios rápidos en la economía y en las reglas de juego socioeconómico tradicionales junto con violentas formas de respuesta, tanto de las elites como de las masas" (Salamanca, 1997, p. 108).
En efecto, desde 1989 cambia la historia del país. Este cambio tiene antecedentes en los procesos examinados en el aparte anterior, pero a partir de las políticas económicas implementadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, empiezan a transformarse, a fondo, las características que habían particularizado el funcionamiento de la sociedad venezolana. Sería extremadamente simplista, sin embargo, hacer recaer en las mismas la única responsabilidad. Pero es evidente que existe alguna relación y convergencia significativa entre la aplicación de estas políticas y el surgimiento de algunos de los problemas sociales que empiezan a manifestarse en la sociedad , y entre aquella y el cambio en las reglas de juego político y cultural que habían particularizado el funcionamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad (Salamanca, 1997, p. 108)).
5.1 Ajuste y conflicto social
El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en efecto, se empeña en una política de ajuste macroeconómico, e implementación de otras dirigidas al desarrollo de una economía de mercado, que contaron con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).20 Los resultados de la política estaban dirigidos a ajustar los desequilibrios macroeconómicos que presentaba el país para ese momento, y estabilizar su funcionamiento, así como adelantar un conjunto de reformas políticas e institucionales dirigidas a modernizar y descentralizar las funciones y competencias del Estado . Sin embargo, su implementación ocasiona un fuerte impacto (choque económico) en la sociedad, que se manifiesta en el surgimiento de protestas populares y altos niveles de conflictividad social, creando un escenario social caracterizado por la extensión y permanencia, sin precedentes, de la protesta popular en el país.
La capacidad de integración y control del conflicto por parte del sistema político se quiebra al debilitarse los márgenes de maniobra del Estado, con respecto a la satisfacción de los distintos intereses de la sociedad, en medio de una crisis que limita las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Ante tal situación los niveles de protesta y conflicto social se intensifican.
En base a datos proporcionados por Luis Salamanca "mientras entre 1958 y 1979, en los primeros 21 años de democracia, se produjeron cerca de 2.500 eventos de protesta social, entre 1989 y 1996, en apenas 7 años, se han producido 4.768, con algunas explosiones sociales como la del 27 de Febrero de 1989, conocida como el caracazo" (Salamanca, 1997, p. 108) . Y es precisamente "el caracazo" con lo que se inaugura el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; estallido de violencia popular y urbana, de carácter masivo y aparentemente espontáneo, que se inicia en la ciudad de Guarenas, quince días después de la toma de posesión de este gobierno (entre los días 27 y 28 de febrero de 1989( extendiéndose a distintas ciudades del país (Caracas, Maracay, Barquisimeto, Ciudad Guayana, entre otras).21
Después de este estallido popular, se inicia un ciclo de protestas que va a extenderse hasta la actualidad, y que va a tener la particularidad, con respecto al largo período de estabilidad que se abre en el país a partir de 1958, de tener las siguientes características: aumento de su frecuencia, intensificación de la beligerancia, a través de la combinación de protestas organizadas y desorganizadas, innovación en las formas de protestar y cambios en la conciencia colectiva, al extenderse a nuevos sectores sociales (como jubilados, grupos étnicos y buhoneros( y a espacios hasta el momento ausentes en la tradición de lucha popular, alejados de las zonas urbanas del país22. Así como tener el propósito común, tal como lo plantea la historiadora López Maya, de hacer reclamos al Estado por su retiro de los compromisos con la sociedad, y expresar demandas de nuevos actores sociales frente a la desaparición de los partidos políticos del escenario (López Maya, 1997, p. 125).
5. 2 El impacto de la situación social
Estos conflictos se despliegan en medio de una situación social que se agudiza desde1983 y contrasta con la del período 1958-83. Las cifras no pueden ser más elocuentes: en el año 1981 el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza extrema era de 2,6%, en 1988 del 15%; en 1990 de 32% y en 1994 llega a 40,4%. Según algunos cálculos el poder adquisitivo promedio de la población venezolana ha disminuido en un 61% entre 1983 y 1994. Se ha determinado, por otra parte, que la mitad de los individuos pertenecientes a la clase media pasaron a ocupar el nivel de vida de los estratos pobres, erosionando el terreno de seguridad económica sobre el que se desplegaba un volumen importante de la población, perteneciente a un sector social que se formó desde la década de los 60, en medio de una situación en la cual la distribución del ingreso ha empeorado notablemente en los últimos 20 años (información proporcionada por la empresa Datos; diario El Universal, 1-26 del 27-3-98). En efecto, en 1976 el 10% de la población más rica recibía cerca del 35% del ingreso que se generaba en el país. En 1996 recibe cerca del 45% y del total de remuneraciones generadas por la actividad económica nacional más del 70% beneficia al sector empresarial frente al resto de la sociedad. Esta concentración del ingreso sólo es superada en nuestra región por Brasil (el 10% más rico recibía en este país cerca del 52% del ingreso en 1973, porcentaje que aumenta a 53% en 1996 (El Universal, 1/4, del 4-8-98).
El mapa de pobreza estructural elaborado por la empresa Datanálisis para 1998 no hace más que corroborar la profundización de esta situación en el segundo gobierno de Rafael Caldera, al elevarse la cifra de pobreza extrema a 39%, de la cual 14% vive en condiciones de indigencia. Por otra parte, la clase media, que representaba, aproximadamente, en la década de los 70 el 40% de la población venezolana se reduce a 19% (4,9 millones de personas), quienes poseen un ingreso familiar de alrededor de Bs. 635.000, de los cuales un 40% es utilizado para gastos de alimentación. Este sector, pilar fundamental de la democracia entre la década de los 60 y 70, no sólo ha perdido condiciones desde el punto de vista cuantitativo sino, sobre todo, cualitativo ya que su calidad de vida es hoy inferior a la que tenía en 1976 (El Nacional, E/1, del 17-8-98).
Una de las causas fundamentales de la situación de empobrecimiento que vive el país está asociada, por otra parte, al progresivo deterioro de la formación de capital en el país. Como afirma Domingo Fontiveros: "Por miembro de la fuerza laboral, la inversión bruta fija nacional se ha desplomado en más de 70% entre 1978 y 1997. Esto significa que se han creado menos empleos que los necesarios para absorber los nuevos contingentes de mano de obra en forma productiva, lo cual ha resultado en un aumento de la población desempleada de más de un millón de personas y la hipertrofia hasta casi 4 millones de personas ocupadas en actividades informales", a lo cual se añade que la escasa demanda de trabajo y la caída de la productividad promedio relacionada con inversiones insuficientes a nivel agregado, conduzcan a la pérdida de casi un 60% en el valor real de los salarios. (Fontiveros, El Universal; 2-2, del 24-8-98).23
La población venezolana, se ha visto, por otra parte, sometida a una situación inflacionaria y a continuas devaluaciones que reducen dramáticamente el salario real de los trabajadores y profundiza la brecha entre ricos y pobres. En efecto, desde abril de 1996 el bolívar se ha devaluado 94% y la inflación acumulada ha llegado, para agosto de 1998, a 218% en un escenario de estancamiento de la producción. Desde esta perspectiva, Venezuela continúa en este momento presentando la paradoja, que se empieza a manifestar desde 1983, de ser un país que hasta finales de los 70 registra la menor inflación, incluso por debajo de economías desarrolladas, mientras que en la actualidad es la nación de América Latina con mayor incremento de precios (por encima de 30% al año(, al tiempo que la mayoría de los países de la región exhibe una inflación que no supera los dos dígitos.24
Este conjunto de situaciones contrasta con los condicionantes sociales y materiales que hicieron posible la estabilidad de la democracia durante más de 25 años y convierte a la Constitución vigente en una ficción, al no existir correspondencia entre el conjunto de derechos sociales en ella establecidos, en cuya materialización tiene un papel fundamental el Estado, y el retiro de éste de sus tradicionales funciones de naturaleza y alcance social.
5. 3 La erosión de las bases del sistema político
Las nuevas reglas de juego: rupturas y tensiones
En el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, como lo hemos indicado supra, se tratan de implementar medidas de ajuste y estabilización macroeconómica que establecen nuevas reglas de juego económico. Si bien con la adopción de las mismas se logra recuperar el crecimiento económico entre los años de 1990 y 1991, reducir el déficit fiscal, reconstruir las reservas internacionales, esfumadas en el gobierno de Jaime Lusinchi, y lograr un acuerdo favorable al refinanciamiento de la deuda externa (Valecillos,1992,p:144), sus consecuencias fueron devastadoras desde el punto de vista sociopolítico, sin que las nuevas reglas de juego que se pretendieran imponer tuvieran, para ese momento, el suficiente consenso al interior de las elites políticas y demás sectores de la sociedad, y sin que existiera un modelo económico alternativo a la estrategia aperturista.
Desde esta perspectiva, la coyuntura política se despliega en un ambiente de fuertes tensiones políticas. Un primer factor de tensión lo constituye el hecho inédito en el país de formar un gobierno que no incluye en su gabinete económico y social a representantes del partido de gobierno. Los principales ministerios fueron ocupados por personalidades que provenían del mundo empresarial o de instituciones privadas, académicas o círculos tecnocráticos provenientes de organismos internacionales. Las nuevas reglas de juego son impuestas desde el Ejecutivo y no cuentan con el apoyo de AD, partido que llevó a Carlos Andrés Pérez al poder en 1989. Como afirma Miriam Kornblith: "Para muchos de los dirigentes y miembros de AD, el programa de ajuste y los principios que animaban el gran viraje constituían un severo cuestionamiento a los valores y prácticas que orgullosamente además habían conducido las actuaciones y modos de inserción de dicha organización durante 50 años" (Kornblith, 1998, p. 153).
En esta oposición se alinearon los otros partidos que integraban el escenario político del momento (COPEI, MAS y Causa R, entre otros), generándose una situación política caracterizada por el aislamiento del Ejecutivo y por el desarrollo de tensas relaciones entre éste y el Parlamento, así como al interior del partido de gobierno, y de los otros partidos políticos y distintos sectores importantes de la sociedad, lo que tendría dramáticas consecuencias sobre la estabilidad del gobierno y el destino del propio Presidente de la República (Kornblith). En este escenario no fue posible la construcción de un espacio de acuerdos y de consenso para legitimar la implementación de las nuevas reglas de juego en los diferentes ámbitos del Estado en sus relaciones con la sociedad.25
Por otra parte, la abierta beligerancia política de sectores de las FFAA, manifestada en las rebeliones militares de febrero y noviembre de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez -las cuales logran apoyo y simpatía en importantes sectores de la población, sobre todo en los más afectados por las políticas de ajuste derrumba el tradicional comportamiento no deliberante del sector militar que se había logrado a partir de la década del 60, y la ruptura parcial de los acuerdos con este sector.26 Esta situación junto a la formación de una opinión pública desfavorable a las orientaciones económicas fondomonetaristas o al modelo de democracia representativa hegemonizado sobretodo por el partido AD, dirigidas por grupos representativos de distintos círculos nacionalistas y/o críticos del funcionamiento del sistema político, provenientes de diferentes ámbitos de la vida social e intelectual agrupados en el llamado Frente Patriótico y grupo de Los Notables, así como en diversas organizaciones de la sociedad civil, genera un clima adverso y de constante presión y oposición al gobierno de Carlos Andrés Pérez, al cual se le pide urgentes reformas políticas y económicas.27
La respuesta del gobierno frente a esta situación fue la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de importantes sectores de la sociedad civil, para que estudiara las razones que estaban incidiendo en la crisis y aportara soluciones a la misma. Se realizan algunas rectificaciones en las medidas económicas que se venían implementando (suspensión de los aumentos previstos en el precio de la gasolina, congelación de los de algunos servicios, estabilización "concertada" de los precios de productos de consumo masivo, entre otras) y, al mismo tiempo desde el Parlamento se proponen reformas político-institucionales dirigidas a darle respuesta a las presiones que desde distintos ámbitos de la sociedad se manifiestan con el objetivo de darle una nueva orientación al sistema político (Gómez,1995, pp. 134-35).
Ya desde junio de 1989 se había aprobado en el Parlamento la designación de una Comisión Bicameral, respaldada e integrada por todas las fuerzas políticas, para la revisión de la Constitución de 1961, la cual fue presidida por Rafael Caldera. Los cuestionamientos que desde distintos sectores de la sociedad se venían haciendo contra el excesivo centralismo e intervencionismo del Estado y contra el funcionamiento de los partidos políticos y otras instituciones del Estado encuentran en esta Comisión una vía para adelantar las reformas que se planteaban, y desde la misma se desarrolla una propuesta de reforma constitucional que inclusive llega a plantear la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta reforma general estaba orientada a revisar a fondo la Constitución de 1961 con el fin de adaptarla a las nuevas exigencias institucionales del país.28 En principio la Comisión elabora un cronograma de trabajo que estima la finalización de sus labores para 1991, año en el cual se cumplían treinta años de la Constitución de 1961. Sin embargo, el cronograma no logra cumplirse y el golpe militar de febrero de 1992 cambia las condiciones que se habían establecido, las cuales se habían desarrollado al margen de la opinión pública y de los medios de comunicación (Kornblith, 1998, pp. 61- 70).
En efecto, tanto el discurso pronunciado por Rafael Caldera en la sesión conjunta del Congreso, convocada para condenar el intento de golpe de febrero de 1992 (quien asume, sin excusar a los golpistas, una posición de comprensión en torno a sus motivos y severas críticas al deterioro tanto de las de las condiciones materiales de la población venezolana como del funcionamiento de la democracia (Sonntag,1997, p. 17)(, colocan a la Comisión Bicameral en el centro a partir del cual se buscan las salidas institucionales a la crisis. Desde su seno surgen proposiciones que consideran desde la salida del Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República (propiciada por Rafael Caldera( hasta la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, transformando el tema de la Reforma Constitucional en uno de gran importancia, el cual fue avalado por el Consejo Consultivo que había creado el Presidente Pérez en marzo de 1992 y por variados sectores de la opinión pública.
La Comisión Bicameral culmina su trabajo con la presentación de un proyecto de reforma general de la Constitución, el cual fue sometido a un intenso y polémico debate. Sin embargo sus labores fueron interrumpidas, paralizándose las discusiones. Para especialistas del tema como Miriam Kornblith esta paralización se produce: primero, porque se da en un escenario de tensiones entre las demandas para lograr salidas inmediatas a la crisis política y las orientaciones fijadas para la reforma constitucional, la cual presenta innovaciones institucionales a la Constitución de 1961, pero en un horizonte de más largo plazo; y, segundo, porque los sucesos insurreccionales de febrero de 1992, así como el alcance de la protesta popular que se despliega en el país frente a la situación social, política y económica, demostraban que se estaba rompiendo la vigencia de los mecanismos e instituciones para canalizar el conflicto a través del consenso. Ello potencia las dificultades de la elite política para diseñar nuevos acuerdos, dada la debilidad de su capacidad de representación y convocatoria (Kornblith, 1998, pp: 74-75 y 109). Este escenario político se complica cuando el descubrimiento de una irregularidad administrativa importante, como afirma Luis Gómez "(...) producida al inicio del gobierno de Pérez y que parecía implicarlo personalmente, ofreció una vía de salida provisoria a la profunda crisis política, permitiendo designar un culpable y mostrar que el sistema político y jurídico era capaz de corregir institucionalmente sus propios males" (Gómez,1995, p. 145). Instituciones tan desprestigiadas como la Presidencia, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y los partidos políticos inician las investigaciones llevándolas hasta sus últimas consecuencias. El proceso culmina con el enjuiciamiento, y posterior suspensión del Presidente por malversación de fondos públicos, decidido por la Corte Suprema de Justicia en mayo de 1993, y en medio de un ambiente de demandas de castigo por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación (Gómez, 1995, p. 146).
Los intentos fallidos de una nueva agenda económica en un escenario de recuperación de la estabilidad política
Ante tal situación se designa al interior del Congreso un Presidente Interino, recayendo tal responsabilidad en el historiador Ramón J. Velásquez. Se llama a nuevas elecciones presidenciales en diciembre de 1993, las cuales fueron ganadas por Rafael Caldera, quien llega a la presidencia con una nueva agenda económica y en medio de una de las crisis financieras más severas del país.29 En este escenario y a partir de un discurso político orientado a denunciar las causas de la pobreza y de la corrupción en el país, el gobierno de Caldera desarrolla un conjunto de políticas intervencionistas para llevar adelante los postulados fundamentales de su agenda económica. Sin embargo los efectos combinados de la crisis bancaria y de la política de controles que se había implementado obligan al gobierno a adoptar un programa de ajuste (Agenda Venezuela) a partir de 1996, luego de diez meses de negociaciones con el FMI.30 Estas medidas se desplegaron en un marco petrolero favorable que dotó al gobierno de márgenes de maniobra -es decir, de recursos- para aplicar el ajuste macroeconómico, el cual se expresó en un boom petrolero que duró durante los años de 1995, 1996 y 1997 y el cual operó en un clima de excesiva e imprudente euforia y confianza con respecto al comportamiento del principal sostén de nuestra economía.
Las medidas aplicadas no lograron superar la situación inflacionaria ni sacar al país del estancamiento. El panorama económico y fiscal se complica en el año de 1998 cuando caen abruptamente los precios del petróleo, el cual se ve agravado por los servicios de la deuda externa e interna que absorben más de la tercera parte del presupuesto nacional. Esta situación ocurre en el contexto de un escenario electoral inédito y de mucha incertidumbre en el país, que de alguna manera incide en la crisis económica y en medio de una situación financiera internacional desfavorable, propiciada por la crisis de Asia y de Rusia, factores que han desencadenado no sólo el deterioro y profundización de la depresión de la economía venezolana sino también de la región latinoamericana y mundial.
Desde el punto de vista político el gobierno logra, sin embargo, entre 1994 y 1997, anotaciones positivas. Primero, se superan las tensiones y conflictos con las FFAA, luego de que el Presidente Caldera diera la baja a todo el Estado Mayor Conjunto, incluyendo al Ministro de la Defensa, y la designación de uno nuevo "no sospechoso de inclinaciones golpistas; pocos meses después decretó una amnistía para los oficiales cabecillas de los intentos de golpe de 1992. Con estas iniciativas logró tranquilizar a la institución militar, tanto en su cúpula como entre los oficiales de rango mediano y bajo, y sobre todo transmitir a los ciudadanos la sensación de que la "situación militar" estaba de nuevo bajo control" (Sonntag,1997, p. 18). Segundo, se logran establecer acuerdos entre el Ejecutivo y el Parlamento que garantizan la vuelta a la estabilidad política. En este sentido, se crea una alianza electoral y política que incluye a Convergencia (partido creado por Rafael Caldera para las elecciones de 1993) y el MAS, la cual busca acuerdos parlamentarias con COPEI y AD, sin que ello haya implicado el establecimiento de pactos explícitos que los comprometieran institucionalmente con el gobierno. De esta manera, estos partidos, y sobre todo AD, asumen la función de contribuir y ayudar al gobierno en la búsqueda de la estabilidad económica, la paz política y la defensa de la democracia; y tercero, se logran establecer acuerdos con FEDECAMARAS y la CTV para llevar adelante el conjunto de reformas laborales dirigidas a flexibilizar y transformar las relaciones laborales tanto en el sector público como en el sector privado.
Este ambiente de estabilidad política, solamente manchado, en los tres primeros años de gobierno, por los conflictos que empiezan a manifestarse entre el Ejecutivo y los distintos gobernadores de Estado por la exigencia de transferencia de recursos financieros y de competencias desde el nivel central al nivel descentralizado,31 transcurre en medio de un amplio apoyo de la opinión pública a las gestiones económicas adelantadas por el gobierno entre los años de 1996 y 1997. Sin embargo, aunque se realizaron esfuerzos por completar las bases legales que permitieran cumplir con las exigencias del proceso de descentralización política y administrativa iniciado en 1989, se paralizan otro conjunto de programas relacionados con la reforma del Estado y la reforma constitucional, lo cual genera una situación de inmovilismo político (Sonntag, 1997) no favorable a los requerimientos de transformación institucional y de gestión pública del sistema democrático, demandados por la situación de erosión de las bases que han sostenido el sistema político venezolano por más de tres décadas.
5. Reflexiones finales
La situación actual de nuestro país está levantando, tanto a nivel nacional como internacional, dudas e incertidumbre sobre su futuro. Es indudable que nos encontramos frente al ocaso y declinación del sistema político que se funda en 1958, en medio de un proceso de transición traumático caracterizado por la resistencia de las elites políticas, asociaciones y grupos de intereses tradicionales, de adelantar las reformas que desde distintos ámbitos de la sociedad civil se han planteado tiempo atrás, y en medio de una situación de insatisfacción de la población con el sistema político tradicional, por el impacto de la crisis económica, las gestiones económicas y sociales adelantas por los gobiernos, los escándalos de corrupción y el consecuente deterioro de la imagen de las instituciones públicas y políticas. El agotamiento del sistema político puntofijista, con sus éxitos y, sobre todo, sus fracasos, exige el diseño de una nueva realidad sociopolítica que se está imponiendo sobre las resistencias y los intentos de mantener las bases que permitieron su estabilidad.
En la actualidad los partidos dejan de representar, junto a las demás instituciones políticas, (Congreso, Poder Judicial y Presidencia de la República) y otras organizaciones del pasado, los canales confiables a través de los cuales los diferentes sectores de la población pretenden desplegar sus relaciones con el Estado. Se han producido transformaciones que las alejan del resto de la sociedad: se ha diferenciado y complejizado la sociedad civil, generando un conjunto de organizaciones que empiezan a jugar un importante papel, sobre todo a partir de la década de los 80, en la canalización y agregación de los distintos y variados intereses que la integran (asociaciones de vecinos y de género, comunidades de barrio, y diversidad de grupos vinculados por distintos intereses sectoriales o locales); y se ha deteriorado el sistema de partidos tradicional, gremios y asociaciones de intereses debido a las prácticas cupulares y clientelares, a la prevalencia de mecanismos utilitarios y a la dificultad de los acuerdos para adelantar los cambios político-institucionales de una sociedad que exige mayor participación social y política, legitimidad en los mecanismos de representación e implementación de reformas orientadas a transformar las prácticas centralistas, delegativas y clientelares que erosionaron el sistema político.
En el marco de estos cambios surgen nuevas tendencias en el escenario electoral y político de 1998, muchas de ellas ya presentes desde 1993: la generación de un sentimiento antipartido cada vez más amplio en la población, que envuelve a los partidos tradicionales, así como a los nuevos que surgen a partir de la década de los 70;32 el resquebrajamiento del sistema bipartidista;33 la conformación de un sistema multipartidista más inestable y que acusa un mayor fraccionamiento con respecto a las elecciones de 1993;34 la emergencia de liderazgos pretendidamente independientes mayoritariamente proveniente de los espacios regionales y locales.; la preferencia hacia el voto antisistema y hacia aquellas alternativas que ofrecen cambios y transformaciones del sistema político tradicional.35
Por otra parte, al igual que en 1993 se observa el fenómeno de la desalineación partidista, en medio de una situación política y electoral volátil en la que aún no se observan realineaciones consolidadas hacia agrupaciones políticas que desplacen a las tradicionales. La permanencia desde 1993 de intenciones de voto hacia polos emergentes que se desplazan hacia programas ideológicos, políticos y electorales antisistema, no puede aún considerarse un proceso consolidado.36 Por el contrario, la característica del escenario electoral de 1998 es la deslealtad partidista, pragmatismo e incluso oportunismo, el cual se manifiesta en las alianzas políticas que se establecen entre partidos tradicionales y candidaturas independientes (COPEI se anexa a la candidatura presidencial de Irene Saenz), en las que crean los candidatos emergentes antipartido con agrupaciones políticas tradicionales (Hugo Chávez con el MAS y el MEP), y un sin fin de alianzas entre partidos nuevos, emergentes y tradicionales, para la elección de representantes regionales. Aunque son miembros y simpatizantes tradicionales de los partidos los que mayormente desplazan sus preferencias horizontalmente sin seguir lineamientos partidistas.37
Frente a estas tendencias que se mantienen desde 1993, surge en 1998 otra que pudiera romper con la abstención electoral que se presenta en las elecciones de 1993. Una mayoría importante de la población revaloriza la vía de la participación electoral, como un medio para castigar a la elite política tradicional en medio de una situación social y económica profundamente adversa que favorece, hasta el momento, la candidatura del ex-golpista Hugo Chávez Frías.38
En este contexto es difícil determinar cuáles pueden ser las perspectivas futuras del país porque parecen haberse agotado las vías para llevar adelante un proceso de transformación basado en la posibilidad de acuerdos entre los distintos actores que en el se despliegan, y porque el sentido de la política que la caracteriza es de naturaleza confrontacional. Los resultados de las elecciones prevista para noviembre de 1998, en las cuales serán designados los nuevos integrantes del Congreso, Gobernadores y Diputados a las Asambleas Legislativas, así como las previstas para elegir el nuevo Presidente de la República en diciembre de este mismo año, abrirán un nuevo espacio político sobre el cual podrán vislumbrarse los nuevos escenarios de nuestra trayectoria socio-política.
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1 Desde 1958 la universalidad y obligación del voto, tal como afirma la politóloga Miriam Kornblith, constituyen de hecho un compromiso nacional de adhesión a la democracia, y las elecciones que se celebran desde ese momento hasta la década de los 70 se convierten en principios constitutivos básicos del sistema político, caracterizándose por bajos niveles de abstención y una alta participación política (Kornblith, 1998, p. 47).
2 En efecto, las políticas que se implementan se orientan a satisfacer parte importante de las necesidades sociales de la población y garantizar los recursos para aumentar su nivel de vida. La educación gratuita en todos sus niveles y modalidades, la gratuidad en la prestación de los servicios de salud, los subsidios a los servicios conectados a la vivienda y el transporte (agua, electricidad, gas, teléfono, etc.), así como a una gran variedad de productos de consumo masivo (alimentos, de manera fundamental), el control del mercado laboral y de los precios y el establecimiento de un sistema de seguridad social dirigido a proteger a la población trabajadora. constituyen políticas que se pretenden materializar de manera universal para brindar mejores niveles de vida ( González, 1996, p. 19). Aunque pueden observarse ciertas distorsiones en las orientaciones del gasto social del Estado para algunas de estas áreas (entre las décadas de los 60 y los 70 los avances más importantes, por ejemplo, se materializan en el aumento de la matricula en educación media y superior con respecto a la educación preescolar y primaria, así como en una mayor distribución del gasto en el área de la medicina curativa frente a la medicina preventiva y el saneamiento ambiental( se logra una mayor inserción de la población y una mayor ampliación de la cobertura de estos servicios, que ayuda a proporcionar mejores oportunidades y calidad de vida a la población.
3 Para el politólogo Juan Carlos Rey, la homogeneización de los programas de los partidos políticos tiene un fuerte sentido utilitario, en tanto sus orientaciones rompen con las orientaciones ideológicas que le dieron nacimiento y se dirigen, fundamentalmente, a tratar de captar el apoyo del "votante medio". Desde esta perspectiva, los partidos políticos se pragmatizan al darle prioridad a los intereses y demandas concretas de esos electores, en detrimento de los valores ideológicos que los particularizan. (Rey, 1991, p. 192)
4 Desde la década de los 60 la Confederación General de trabajadores (CTV), principal organismo de representación del movimiento sindical organizado, está controlado por AD. A finales de 1961, en el escenario de los conflictos que se producen por las políticas económicas restrictivas que desarrolla el gobierno de AD, y por la política exterior con respecto a la revolución cubana, la CTV se divide surgiendo la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTV), controlada por el sindicalismo comunista. Con posterioridad se crean otras centrales sindicales, dirigidas por COPEI ( CODESA y CGT), aunque este partido se mantiene formando parte de la CTV. Sin embargo, a pesar de que se hayan establecido centrales sindicales paralelas a la CTV, ningún movimiento logró competir con el control que moniopoliza AD. Como afirman Luis Gómez y Margarita López , a lo largo de la década de los 70 la CTV se amplía y complejiza "(...) permitiendo la incorporación de sindicatos de otras afiliaciones partidistas pero manteniendo AD su dominio indiscutible sobre la organización" (Gómez; López, 1989, p. 82)
5 Ello no va a significar que las FFAA se conviertan en una fracción homogénea. Por el contrario, en su interior se redefinen posiciones políticas frente a las transformaciones que ocurren en el país, y frente a las reglas de juego impuestas por el bipartidismo. En este sentido, en la década de los 70 persisten en las FFAA grupos con afiliaciones ideológicas definidas: un grupo mayoritario apegado al sistema (sector "constitucionalista"); otro, identificado con los proyectos de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, así como con los sectores militares norteamericanos (sector más conservador); y, por último, un tercer grupo crítico del funcionamiento del sistema democrático vigente, el cual estaba integrado por sectores radicales que desean un cambio en las estructuras del poder nacional (Villiam Izarra, citado por Luis Gómez y Margarita López, 1989, p. 86)
6 La participación del sector empresarial en las distintas fases del proceso de expansión capitalista empieza, precisamente, a partir del primer gobierno de AD entre 1958-63, cuando se dan los primeros pasos para la institucionalización de canales de mediación entre los empresarios y el Estado, los cuales posteriormente se amplían, fortaleciendo al sector empresarial organizado en FEDECAMARAS, asociación federativa que agrupa a los industriales, comerciantes y grupos agrarios más significativos del país. De esta forma, los empresarios actúan como un grupo de presión importante que utiliza la intermediación partidista, informal o institucional, para defender y resguardar sus intereses (López, Gómez, Maingón, 1989, pp: 83-84)
7 Esta tendencia concentradora se reproduce en el proceso de toma de decisiones de los partidos políticos, el cual queda en manos de una pequeña cúpula que controla la maquinaria, dependiendo además los grupos partidarios en la provincia de las autoridades nacionales.
8 La corriente de pensamiento que nutre los planteamientos industrialistas en el país, así como en el conjunto de la región, es de inspiración latinoamericana: el desarrollismo, impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desde la década de los 40; aunque ya desde la década de los 30, en el marco del impacto de la crisis mundial de 1929-33, muchos países latinoamericanos reaccionan orientando el proceso económico por la vía de la industrialización sustitutiva. En ese sentido, la CEPAL, se nutre también de estas experiencias, así como de algunas corrientes económicas de la época que habían inspirado algunos de los programas implementados por los países desarrollados, ante los efectos de la crisis mundial antes señalada.
9 Aunque estas inversiones reactivaron el proceso económico, muchas de las deficiencias de nuestro aparato industrial no se superaron, permaneciendo y acentuándose varias de ellas, en un contexto nacional e internacional desfavorable, como veremos más adelante, que va a poner de relieve la falta de eficiencia, rezago tecnológico, debilidad competitiva y escasa integración y autonomía de nuestro aparato industrial.
10 La inflación había soprepasado en 1980 el 20% y logran ser reducidas en 1983 a 6,3%, para posteriormente elevarse entre 1984-85 a 12%. En promedio la tasa inflacionaria del país alcanza el 11,2% anual entre 1981-85, la cual es menor a la del período 1978-80, aunque superior a la registrada entre 1974-77 : 13,7% y 8,5%, respectivamente (Yañez Betancourt, 1991, p. 142).
11 Los precios petroleros pasan de 26 $ el barril en 1985 a 13 $, disminuyendo el ingreso petrolero en un 50%.
12 En el gobierno de Lusinchi se adopta una medida muy condescendiente y de privilegio al sector privado de la economía, que choca con los objetivos incialmente establecidos en el Pacto Social: el reconocimiento del pago de la deuda externa privada a la tasa preferencial de 4,30 por dólar, privilegio incompatible con la aspiración oficial de evitar el deterioro del nivel de vida de los trabajadores (Valecillos, 1992, p. 43).
13 En las elecciones de 1978 los partidos AD y COPEI polarizaron y concentraron más del 85 % de los votos. Gana COPEI con el 45,24 % de los votos presidenciales, frente a 43,34% de los que obtiene AD. En las elecciones de 1983 gana AD con más del 50 % de los votos y se vuelven a polarizar mayoritariamente los votos entre AD y COPEI.
14 Las políticas de liberación de precios y de apertura comercial y, en general, la orientación dada a las políticas económicas que implementa el gobierno de Luis Herrera Campins están en el centro de estas tensiones y desacuerdos. La CTV se enfrenta al gobierno y logra que se apruebe en el Parlamento -con el apoyo de AD y otros partidos minoritarios- una Ley de Aumento General de Sueldos, Salarios Mínimos, Jubilaciones y Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte que garantiza la protección de sus intereses; mientras el gobierno interviene y cierra en 1982 el Banco de los Trabajadores (BTV), luego de que un informe revelara la existencia de irregularidades que lo llevaron a la quiebra. Desde este Banco la CTV había construido un emporio económico integrado por múltiples empresas de distinto signo. Por otra parte, sectores industriales agrupados en FEDECAMARAS manifiestan desacuerdos con la política de liberalización comercial que adelanta el gobierno y por la ausencia de coherencia y permanencia de las políticas económicas que se implementan para darle respuesta a la crisis ( López, Gómez, Maingón, 1989, p. 94).
15 Desde la década de los 60, se desarrollaron en el país diversos diagnósticos sobre su funcionamiento, los cuales detectaron áreas y potenciales tensiones que podían poner en peligro su estabilidad o la realización de sus objetivos. En el conjunto de estas áreas cobraron interés dos temas que son centrales en el proceso de reforma del Estado que se empieza a implementar en el país desde 1989; el de la "viabilidad" del sistema político, en términos de su competencia y efectividad para cumplir los fines que le dieron nacimiento; y el de la concentración, dentro de este sistema, de los poderes económico, político y territorial, considerado incompatible con los fundamentos doctrinarios del régimen democrático (Gómez López, 1990, pp. 58-68).
16 Este es el caso, por ejemplo, de la proposición para la elección directa de gobernadores tradicionalmente rechazada por el partido AD desde 1945, o de las propuesta a la restitución de las garantías y libertades económicas y reforma del sistema electoral, orientada a introducir la nominalidad y la uninominalidad en la selección de las autoridades públicas, temas que para ciertos grupos del partido oficial significaba poner en peligro privilegios y tradicionales doctrinas y conceptos sobre las relaciones del Estado con la sociedad, la política y la economía.
17 La Ley Habilitante introducida por el Presidente Lusinchi y sancionada por la mayoría del partido oficial en el Congreso, con la oposición de COPEI y otras grupos políticos, es un ejemplo de este estilo de gobierno y de las dificultades y tensiones entre éste y el partido AD para dar respuesta a la crisis (López, Gómez, 1989, p. 97), así como lo es también el programa de monopolización de divisas "preferenciales" que asume el Estado, las cuales son entregadas al Banco Central a una tasa subsidiada, considerablemente menor a la del mercado cambiario. Como comenta Luis Gómez, "(...) al desaparecer la libre convertibilidad del bolívar, el sistema productivo, sobreprotegido, endeudado y poco eficiente, se convirtió en el rehén del gobierno. Se entregó a un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales, del círculo más cercano al Presidente, el destino de las empresas dependientes de la importación de insumos (...), las cuales abarcaron todo el espectro productivo, incluyendo sectores tan sensibles como la prensa y los medios audiovisuales" (Gómez, 1995, p. 114).
18 En el Gobierno de Herrera Campins los escándalos de corrupción no habían tocado directamente al Presidente, se desplegaron alrededor de algunas empresas del Estado, muchas de ellas controladas por algunos de sus amigos. En el Gobierno de AD de 1974-78 ya había tocado directamente al Presidente Carlos Andrés Pérez. con el caso del buque "Sierra Nevada". La percepción social del fenómeno era que la corrupción ya formaba parte constitutiva del sistema político, a pesar del manejo publicitario y el control que el circulo presidencial de Jaime Lusinchi y Blanca Ibañez ejerció sobre los sucesos asociados al manejo corrupto y desprovisto de ética del poder.
19 Para algunos especialistas del tema, como Miriam Kornblith, varias son las razones que explican este comportamiento: una, el hecho de que Lusinchi no haya aplicado medidas de ajuste antipopular en el último año de su gobierno, en un escenario en el cual aún persistía en la población la imagen negativa del gobierno de Herrera Campins, por las políticas económicas implementadas -lo que llevó al partido COPEI a un proceso de deterioro profundo, del cual aún no se recupera-; la otra, relacionada con la capacidad del gobierno de Lusinchi de mostrar los aciertos de su gestión en la superación de los problemas que el país presentaba, los cuales fueron positivamente percibidos por la población (Kornblith, 1998, p. 27).
20 El objetivo de este programa era semejante a los que se implementaban en otros países de América Latina, tanto con relación al desarrollo de medidas de liberalización del mercado cambiario, de las tasas de interés y de los precios de un amplio conjunto de bienes y servicios, como de la apertura de la economía nacional a la competencia internacional a través de la reducción de las barreras arancelarias. Se busca, igualmente, la reconversión del aparato productivo para hacerlo más competitivo con relación a nuestras ventajas comparativas.
21 Los motivos más inmediatos que desencadenaron el surgimiento del "caracazo" fueron el aumento y la especulación de las tarifas de transporte interurbano, luego del anuncio del gobierno de aumentar en un 100% los precios de la gasolina y en un 30 % las tarifas del transporte público, en medio de una situación de fuertes tensiones entre el poder ejecutivo y el gremio de los transportistas, para quienes dicho aumento no se correspondía con el que se había establecido para los precios de la gasolina (Kornblith, 1998).
22 Otras de sus características son: ausencia de los partidos políticos en la conducción de la acción colectiva beligerante; emergencia de un liderazgo protagónico de la sociedad civil a través de las asociaciones de vecinos, comunidades barriales, asociaciones de comercio, concejales, estudiantes y gremios de los sectores de la salud, educación y tribunales de justicia, cuyos procedimientos de lucha convencional para elevar sus demandas al Estado-patrón contrasta con formas de protesta novedosas -tales como la interrupción del tráfico, de calles y avenidas y la invasión a edificios, entre otras; carácter crecientemente confrontacional y violento de la protesta como los disturbios que culminan en saqueos y acciones contra la propiedad privada; y capacidad simultánea del estallido popular, el cual puede iniciarse en una ciudad y extenderse rápidamente a otras del país. En este último caso, son típicas las protestas que se desarrollan en el gobierno de Carlos Andrés Pérez entre 1992 y 1993 (López Maya, 1997, pp. 125-128).
23 La profundización de la crisis fiscal por la dramática caída de los precios del petróleo en 1998 han obligado al gobierno a recortar la producción petrolera para buscar una elevación y estabilización de los precios petroleros en el mercado internacional. Ello ha implicado el despido de más de 6.000 obreros, a los cuales se suman los ocurridos en algunas actividades productivas por la subida de las tasas de interés -desde 1996 las tasas de interés han crecido más del doble para situarse en 68% anual-, lo que ha provocado que muchas empresas no puedan cumplir con sus compromisos con la banca, generando una paralización parcial de algunas industrias (El Nacional; E/1 de fechas 16-8-98 y 15-8-98, respectivamente). Esta situación ha incidido en el incremento del desempleo, el cual se ha elevado a cifras que para organismos como la CTV pudiera superar este año un 15%, mientras el sector oficial, a través de la Oficina de Estadística e Informática (OCEI), confirma un tasa de desocupación de 11,9% hasta marzo de 1998 (El Universal, 2/4, del 3-8-98).
24 La devaluación de nuestra moneda ha sido persistente como fuente de financiamiento del gasto público frente a una situación del mercado internacional del petróleo que muestra un comportamiento volátil y hacía la depreciación, y en medio de una situación en la cual el petróleo representa para la economía venezolana un cuarto del PIB y alrededor del 60% de los ingresos del Estado.
25 Como afirma Francine Jacome, el gobierno de Carlos Andrés Pérez presenta características semejantes a las que están presentes en la definición de "democracia delegativa" desarrollada por Guillermo O' Donnell. Si bien este autor construye este concepto en el marco de los procesos de transición desde experiencias autoritarias a formas de gobierno democrática, su existencia no es ajena a la tradición democrática. En nuestro país ha predominado una cultura delegativa en tanto, como hemos dejado ver a lo largo de este trabajo, la acción de nuestros representantes políticos sólo se realiza periódicamente en el acto electoral, sin que se hayan creado instituciones confiables que garanticen el examen, cuestionamiento e incluso sanción de los actos irregulares cometidos, por nuestros representantes en los cargos públicos (O' Donnell, 1997, p. 296). En 1989, el aislamiento político del Presidente Pérez, sus dificultades para formar una coalición legislativa estable y su tendencia a ignorar el Congreso en el diseño e implementaciòn de las políticas económicas que pretendía llevar adelante, dibujan, en el escenario de pérdida de popularidad del gobierno poco tiempo después de acceder al poder y de pérdida del apoyo del partido que lo lleva al poder -lo que fragmenta y atomiza el cuerpo político- una práctica delegativa que va a incluir el derecho y el deber del Presidente, como afirma O' Donnnell, de administrar las amargas medidas económicas que pretendían "sanear" la salud del país (O'Donnell, 1997,pp. 294-295). Esta concentración de la figura del Presidente en el proceso de toma de decisiones públicas es un estilo que vuelve a repetirse con el segundo gobierno de Rafael Caldera. (Jácome, 1998, pp:84-86)
26 Los móviles de estas rebeliones militares, como afirma el analista Francisco Rodríguez, giran en torno a la crisis nacional, en tanto los militares representan la elite que tiene el papel de resguardar la democracia y el cumplimiento de la Constitución, pero también toca asuntos relacionados con cuestiones inherentes a la propia institución militar (ascensos, corrupción, amiguismo, condiciones socioeconómicas de oficiales y suboficiales y negociaciones con Colombia, entre otros), y con las condiciones de deterioro económico y social expresadas en el creciente empobrecimiento de la población, los escándalos de corrupción de la elite política, las medidas de ajuste económico, los cuestionamientos al liderazgo político, la represión del estallido social del 27 de Febrero de 1989 (caracazo) y la progresiva expansión de los conflictos sociales. El movimiento MBR-200, liderizado por el Comandante Hugo Chávez Frías, quien organiza en el seno de las FFAA el grupo "Comandantes, Mayores, Capitanes y Tenientes" conocido como COMACATE, evoluciona hacia la formación del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200), dotado de un programa inspirado en la confluencia de los pensamientos de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, y es quien dirige el golpe de Febrero de 1992. Sus elementos programáticos se basan en la defensa de un sistema de gobierno revolucionario que pretende reivindicar la democracia, en la defensa de posiciones ideológicas nacionalistas que permitan la consolidación interna de la sociedad y de su proyección exterior, y en la incorporación de otro conjunto de elementos vagos y difusos, que se enlazan a estos conceptos, entre los cuales destacan la identificación del enemigo político en los "corruptos", en tanto "saqueadores de la patria", y "hambreadores del pueblo", la deificación del sujeto pueblo y la defensa del Bien Común. La rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez se orientaba, según sus líderes, no a romper el hilo constitucional, sino a desplazar a la elite política puntofijista, a los partidos políticos por no responder a los intereses de la población y al personalismo del Presidente Pérez y de su entorno de corrupción, el cual desvirtuaba la democracia como sistema político. El golpe de noviembre de 1992 fue liderizado por otro grupo de militares organizados bajo el Movimiento 5 de Julio, movimiento distinto ideológicamente pero estrechamente vinculado al MBR-200. A diferencia de éste, el Movimiento 5 de Julio estaba integrado por la oficialidad de marina, personal de apoyo en tierra y en unidades de aviación. La ideología del Movimiento 5 de Julio era menos elaborada y sistemática. Lo que unifica a ambos movimientos, además de las razones para justificar la rebelión, es el mesianismo que se desprende de sus discursos: la rebelión se justifica para salvar al país y las FFAA constituyen la institución que puede defender la democracia en peligro (Rodríguez, 1996, pp. 175-185).
27 Las reformas que se plantean en el país para transformar el sistema político provenían de un conjunto de sectores de la sociedad civil, entre los cuales se destaca el grupo de Los Notables, grupo de intelectuales cuya figura más sobresaliente es la del escritor y economista Arturo Uslar Pietri, de formación liberal y crítico del modelo de democracia representativa hegemonizado por AD, así como de los rasgos excesivamente estatistas del sistema político venezolano. Este grupo juega un papel decisivo ante la opinión pública en el escenario de la crisis política que condujo a la salida del presidente Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República en 1993 .Logrado este objetivo desaparecen del escenario político. Otro grupo de reflexión que surge es el Frente Patriótico, integrado por personalidades representativas de distintos sectores de la vida nacional quienes desde principios de los 90 proponen la idea de una Asamblea Constituyente para reorganizar y reorientar el sistema político (Gómez, 1995, p. 134).
28 En efecto, se plantean algunas enmiendas para darle cumplimiento a ese objetivo, las cuales incluyeron temas como la incorporación de la figura del primer ministro, partidos políticos, referéndum, poder judicial, elección de gobernadores, derechos políticos, derecho de información, entre muchas otras, las cuales fueron discutidas y algunas de ellas aprobadas en un escenario de amplia participación y consulta con expertos, asesores y diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado.
29 La nueva agenda económica incluía control de cambio y de los precios de algunos productos de primera necesidad, aumentos de salario por decreto, subsidios a la agricultura y mantenimiento de los precios de la gasolina, así como el ofrecimiento de una política social que atendiera a los sectores más vulnerables de la población. Esta nueva agenda, sin embargo, se implementa en medio del estallido de una crisis bancaria sin precedentes en el país que obliga al gobierno, en 1994, a implementar un programas de auxilios financieros para mantener la estabilidad del sistema, cuyo costo se elevó, en las distintas fases del proceso, a sumas que superaron los 10.000 millones de dólares, financiadas internamente mediante anticipos otorgados por el BCV, Ley de Crédito Público y recursos propios del Fondo de Garantías y Depósitos Bancarios (FOGADE)
30 La aplicación de estas políticas se dieron en medio de una situación de resistencia del Presidente Caldera, la cual había sido ya expresada y asumida como compromiso en las elecciones de 1993. En este sentido, las medidas se toman sin que exista acuerdo y convicción con relación al programa económico que se había propuesto a partir del Consenso de Washington, concertado con Instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Para analistas como Sonntag, dos hechos permiten que estas medidas se tomen, luego de un largo período de indecisión: el primero, tiene que ver con el progresivo acercamiento de los representantes y asesores del gabinete económico a las políticas emanadas del Consenso de Washington y la necesidad de las negociaciones con el FMI y el Banco Mundial; la segunda, está asociada a la importancia que asume el petróleo en la economía, en un escenario en el cual los gerentes que manejan esta industria se ganaron al sector político, al gobierno, y a una parte importante de la opinión pública en la necesidad de desarrollar planes de internacionalización con participación de la inversión extranjera, a partir de la implementación de alianzas estratégicas que permitieran una expansión de la producción y exportación de la industria petrolera, sin afectar el proceso de nacionalización (Sonntag, 1997, p. 23).
31 En 1989 se habían sancionado la Ley Sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado y la que permite la creación y elección directa del Alcalde. Estas medidas cambian la fisonomía del país y producen importantes cambios en el funcionamiento global del Estado y en el escenario político nacional. Se descentraliza la actividad administrativa y se establecen nuevas relaciones intergubernamentales orientadas a democratizar y dotar de mayor eficiencia la gestión de los asuntos públicos, y se establecen las bases para la emergencia de un nuevo liderazgo político nacional con presencia regional y local. Sin embargo, el proceso ha exigido una transferencia de competencias y de recursos financieros desde el Estado a estas nuevas entidades regionales y locales, que han producido conflictos importantes entre el Ejecutivo y éstas, en el marco de la adversa situación económica que vive el país y de las exigencias que le plantea la implementación de las políticas de ajuste y estabilización económica.
32 En la década de los 70 nuevos grupos políticos empiezan a surgir pluralizando y fragmentando el sistema de partidos tradicionales. El surgimiento del MAS el cual se desprende del PCV; de la Causa R, grupo político de fuerte raigambre en los sectores sindicales de las empresas siderúrgicas de la región de Guayana y que se desprende también del PCV, pero que no acompaña al grupo de disidente que funda el MAS en 1971, dibujan el nuevo escenario partidista.
33 Ya desde las elecciones de 1993 se observa: que no sólo no ganan los candidatos presidenciales de los partidos AD y COPEI, sino Rafael Caldera con un porcentaje de votos de 30,5%, ex-copeyano y fundador de COPEI en 1946, quien crea la organización política Convergencia Nacional, que se alía con el MAS para esas elecciones. Por otra parte el bipartidismo baja su cuota de participación y control del Congreso a un 55%, y las dos obtienen un número equiparable de curules parlamentarios - 29% para AD y 26% para COPEI. (El Nacional, D/2 del 23-8-98). En el espacio electoral de 1998 las intenciones de voto se concentran en opciones antipartido, tales como la del Polo Patriótico, liderado por el ex-comandante Hugo Chávez, y Proyecto Venezuela, liderizada por el gobernador de Carabobo Enrique Salas Romer, quienes aglutinan más del 65% de las preferencias para el mes de octubre de 1998.
34 Ocurren, en efecto, nuevos fraccionamientos en el sistema de partidos: de COPEI, había surgido Convergencia Nacional, grupo creado por Rafael Caldera en 1993 para las elecciones de ese año; para las elecciones de 1998 surgen: Apertura que se desprende de AD ( creada por el ex-presidente Pérez luego de ser enjuiciado por malversación de fondos públicos); se divide la Causa R, surgiendo de sus filas Patria Para Todos (PPT); se crean organizaciones políticas desde los nuevos liderazgos emergentes: Movimiento Irene (creado por los seguidores de la ex-alcaldesa de Chacao Irene Saenz), Proyecto Venezuela (creado por el ex-gobernador Enrique Salas Romer) y el Movimiento V República (MVR), liderizado por los grupos militares que participaron en las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992 y cuyo líder fundamental es el ex-comandante Hugo Chávez. A este proceso se añade el surgimiento de un sin número de movimientos políticas provenientes de grupos de la sociedad civil organizada, entre los cuales destacan, además del MVR, dos organizaciones políticas conducidas por militares retirados que parecen amenazar el liderazgo civil (Sanoja Hernández, El Globo, p. 5), en medio de una situación de agotamiento del liderazgo político tradicional.
35 Al igual que en 1993 la preferencia del voto se despliega hacia la izquierda, polo en el cual se aglutina la opción radical liderizada por el ex-comandante Hugo Chávez y ex-militares golpistas, apoyada por los mismas agrupaciones políticas que acompañaron en 1993 al polo emergente liderizado por CONVERGENCIA: MAS, PCV, MEP, al cual se le suma el PPT, organización que se desprende de la Causa R. El resto del bloque se mueve entre el centro ( AD, Renovación y Causa R) y el extremo de opciones que defienden las propuestas más apegadas a las exigencias de apertura, desregulación y liberalización del nuevo escenario internacional ( Proyecto Venezuela, Movimiento Irene - COPEI y Apertura).
36 Tanto la agrupación política Convergencia en 1993 como el Polo Patriótico en 1998 son fenómenos electorales emergentes que se constituyen con el apoyo de un amplio espectro de organizaciones políticas, determinando una profunda heterogeneidad. Esta heterogeneidad ya fue problemática en Convergencia cuando el Presidente Rafael Caldera abandona su primera agenda económica - denominada Carta de Compromiso con el Pueblo Venezolano-, para retomar las líneas de apertura, flexibilización y liberalización de la Agenda Venezuela acordada con el Fondo Monetario Internacional. De esta misma manera, y quizá con impactos más profundos desde el punto de vista económico, social y político, pudiera ocurrir si triunfa en las elecciones presidenciales Hugo Chávez, líder del Polo Patriótico, quien ahora ofrece un programa económico y político antisistema, nacionalista y radical, el cual puede sufrir alteraciones de importancia al acceder al poder y en función de gobierno. Ello va a generar no sólo enfrentamientos externos sino internos de importancia con el conjunto de grupos políticos que hoy se suman a su programa, precisamente por representar una opción distinta a las implementadas hasta el momento en el país, frente a la crisis que se abre en los 80 y de cara las exigencias del mundo globalizado de hoy.
37 En base a encuestas realizadas por la empresa Consultores 21 entre el 21 y el 31 de agosto de 1998, los partidos MVR (de Hugo Chávez); Proyecto Venezuela (de Salas Romer); del Movimiento Irene (de Irene Sáez), e incluso COPEI, cuentan con mayor fidelidad de sus partidarios que AD. En este sentido, se muestra como menos de la mitad de los adecos entrevistados (45%) afirmó que votaría por el candidato de su partido; el resto respaldaría a Salas (16%); Chávez (13%), Fermín (11%) y a Sáez (4%). Por el contrario, más de la mitad de los copeyanos (56%) afirmó que votaría por la candidata de su partido, Sáez; 94% de los del Proyecto Venezuela votarían por Salas; 97% de los del MVR por su candidato -porcentaje de lealtad que es semejante al de los grupos políticos que apoyan a Chavéz, MAS y PPT-; y 92% del Movimiento Irene muestran lealtad partidista. La deslealtad partidista, entonces, se presenta con mayor impacto en AD, seguida por COPEI (El Nacional, D/&, del 19-9-98).
38 Encuestas realizadas por Mercanálisis en el mes de abril de 1998, el 58% de los venezolanos está dispuesto a sufragar en las elecciones de diciembre, frente a un 23% de votantes que se declaran abstencionistas (El Universal; 1-16, del 13-8-98). Para el mes de agosto de este mismo año la empresa Consultores 21 aumenta el porcentaje de participación al 82%, bajando a 17% los electores que no piensan sufragar (El Universal, elecciones 98; del 7-8-98; p. 4).