ECOSOC, 04/01/98, HACIA UNA REFUNDACION DE LA TEORIA DEMOCRATICA

Economía Y Ciencias Sociales

País/Country: Venezuela

Universidad Central de Venezuela

Autor/Author: Edgardo Lander

Número/Number: 2-3

Frecuencia/Frequency: 4/yearly 4/año

Fecha/Date: 04/01/98

I. El debate actual sobre la democracia en América Latina¹

El debate sobre la democracia en América Latina en las últimas décadas ha estado sobredeterminado por las experiencias autoritarias, en particular las de los países del Cono Sur. Como consecuencia, principalmente, de estas traumáticas experiencias, se produjo una profunda reflexión crítica sobre lo que se consideraba que había sido una subestimación radical de los aspectos procedimentales de la democracia representativa, y del indudable valor, destacado a la luz del terrorismo de Estado, de la existencia de un Estado de derecho y el respeto a las libertades individuales. Inciden en estos procesos en forma significativa la crisis del socialismo/marxismo y el ambiente político cultural postmoderno con su crisis de las utopías y de los proyectos colectivos. Se ha producido una marcada revalorización de la tradición de la democracia liberal, creándose en este nuevo contexto político-intelectual un consenso básico entre intelectuales y actores políticos del más amplio espectro en torno a la deseabilidad de la democracia representativa. En los países con experiencias totalitarias recientes, el debate sobre la democracia de los últimos años se ha dado primariamente a propósito de los temas de la transición² y consolidación democrática.³ Una vez avanzada la consolidación democrática, en esos países, y en aquéllos que no tuvieron experiencias autoritarias recientes, las preocupaciones político-intelectuales se han concentrado en torno a la democratización de la democracia, o a la profundización de la democracia. En estos debates, los asuntos principales han sido los concernientes a la reforma del Estado y su descentralización⁴ y el fortalecimiento de la sociedad civil. Estas han sido consideradas como condiciones para incrementar la participación y darle un piso sólido al desarrollo de la ciudadanía. Más recientemente, han ocupado un lugar privilegiado las producciones teóricas y debates en torno a la esfera pública, y la llamada esfera pública-no-estatal.⁵

Más allá de las coyunturas políticas a las cuales responde y de sus connotaciones tácticas, las reformulaciones de la idea de democracia asociadas a las transiciones forman parte de mutaciones en los sistemas políticos latinoamericanos y de replanteos sustantivos de las concepciones de la política y del cambio social. Para los autores más influyentes en los debates sobre la transición, la idea de democracia es entendida "...como un tipo de régimen político, y no como un tipo de sociedad."

Cuando hablamos de régimen político, nos referimos a las mediaciones institucionales entre Estado y Sociedad, y al modo como una sociedad resuelve el problema de su gobierno y el de las relaciones de la gente con el Estado, es decir, el problema de la ciudadanía. La democracia resuelve, entonces, sólo uno de los problemas que enfrenta una sociedad y no sólo no agota todas sus dimensiones, sino que tampoco resuelve todos los problemas del sistema político, que abarca elementos tales como el Estado mismo, los actores y la cultura política.

Los rasgos que diferencian y caracterizan al régimen democrático son tanto los que pueden definirse como "republicanos", Estado de Derecho, división de poderes, como los que se refieren al problema de la representación y participación: soberanía popular expresada en el sufragio universal, alternancia en el poder, pluralismo político, vigencia de libertades públicas y derechos humanos en general.⁶

Desde los años sesenta en adelante el debate sobre la democracia se centraba en sus precondiciones económicas y la necesidad del desarrollo. Sin embargo, desde fines de la década de los ochenta, el énfasis ha estado más en la democracia como precondición para el desarrollo. En parte esto refleja un distanciamiento respecto al economicismo que permeaba los debates de la dependencia y del Estado autoritario. Más que ver la política como derivada de procesos socio-económicos, hay ahora un saludable énfasis en la autonomía de los procesos políticos.⁷

En la construcción de un sistema político democrático sobresalen, desde el punto de vista que nos interesa, dos tendencias. Observamos, en primer lugar, una fuerte revalorización de la secularización. Por oposición al mesianismo introducido por la perspectiva revolucionaria de los 60 y exacerbado por el autoritarismo, la secularización tiene hoy una connotación exclusivamente positiva. Para la consolidación democrática aparece imperioso desvincular la legitimidad de la verdad y restablecer el ámbito de la política como espacio de negociación. Para instaurar un clima de transacción sería indispensable aliviar a la política de los compromisos ético-religiosos, origen de la anterior intransigencia, y de expectativas desmesuradas. Se trata en resumidas cuentas de "descargar" una política sobrecargada. Ello exige no sólo desmontar la búsqueda de redención y plenitud, sino también, cierto des-compromiso en los valores, motivaciones y afectos involucrados. En la misma dirección apunta también la segunda tendencia: el llamado al realismo. Reaccionando contra una posición "principista" contra una visión heroica de la vida y un enfoque mesiánico del futuro, se replantea la política como "arte de lo posible". La pregunta por lo políticamente posible desplaza el anterior énfasis en lo necesario ("necesidad histórica"), a la vez que se opone a lo imposible: no repetir un pasado que se mostró inviable ni pretender realizar una utopía no factible. Aparte de sus intenciones críticas, la invocación del realismo es un llamado a la construcción colectiva del orden. El orden no es una realidad objetivamente dada; es una producción social y ésta no puede ser obra unilateral de un actor, sino que tiene que ser emprendida colectivamente. De ahí, la revalorización de las instituciones y los procedimientos, o sea, de las formas de hacer política por encima de los contenidos materiales.⁸

... estas transiciones... al menos en el caso chileno... van acompañadas subterráneamente de un cambio cultural de gran envergadura, que se refiere a la transformación ya no sólo del régimen, sino de la matriz de la acción política y colectiva de la sociedad, de la política misma. La tradicional relación de imbricación o fusión entre Estado, partidos o actores políticos y actores sociales o sociedad civil, cede paso a una relación de mutua tensión que busca el fortalecimiento de cada uno de estos tres elementos. Entre los rasgos que tienden a definir esta nueva cultura política están la ausencia de paradigmas ideológicos globalizantes que abarcan todos los fenómenos de la vida social y la historia de una sociedad, la combinación de la búsqueda de pertenencia y acción colectiva con un alto nivel de individualismo, el anhelo de cambio social pero también de orden y el rechazo a las formas más antagónicas o conflictivas y clásicas de obtenerlos, la desconfianza en modelos utópicos cerrados y la armonización de ideales éticos con utopías parciales para la sociedad y con la búsqueda de la plena expresión individual y de comunidades, la redefinición del papel del Estado, el cuestionamiento de las formas tradicionales de representación y del militantismo partidario, la tendencia a participar en la resolución de los propios problemas y del entorno con una visión más universal, sin agotar la expresión personal o colectiva en la acción política y manteniendo espacios o instituciones autónomas que protejan lo privado y que humanicen lo público, etc. Se acaba la política heroica y la política profesional no da cuenta de estas grandes tendencias.⁹

En primer lugar, los regímenes democráticos no han logrado siquiera comenzar a resolver la pobreza y la falta de equidad en estas sociedades. El efecto global de las políticas económicas de ajuste llevadas a cabo por los gobiernos democráticos de la región ha sido regresivo, aumentando las disparidades en un continente que ya tenía la distribución del ingreso y de la riquezas más desigual del planeta.¹⁰ Mientras por un lado la reducción del gasto social, la desregulación, la reducción o eliminación de los subsidios y la apertura comercial, han deteriorado las condiciones de empleo y de vida de la mayoría de la población, por el otro la flexibilización laboral, y las demás reformas de la legislación laboral han reducido dramáticamente la capacidad de respuesta o resistencia de la mayor parte de los sectores afectados. No parecen, por otra parte, ser éstas condiciones coyunturales a superarse cuando se alcancen niveles sostenidos de crecimiento económico.¹¹

En la tradición liberal, la prioridad de la democracia es la defensa del individuo y sus derechos, lo que Isaiah Berlín llamó la libertad positiva.¹² Los derechos humanos no son hoy, en la mayoría de los países, violados en forma organizada y sistemática (como parte de una expresa política de Estado dirigida contra potenciales o imaginados enemigos( como ocurrió en la época de las dictaduras militares. Sin embargo, dadas las condiciones de exclusión y violencia prevalecientes en el continente, están lejos de estar garantizados los derechos básicos, comenzando por el derecho humano fundacional -base de todo otro derecho- que es el derecho a la vida, especialmente para los sectores más pobres de la población. A la violencia rural y urbana cotidiana, y los operativas policiales, se suman regímenes judiciales y carcelarios profundamente clasistas y racistas que convierten a toda detención en una potencial sentencia a muerte. En México, el PRD ha denunciado que en los últimos años se ha asesinado a centenares de militantes y dirigentes del PRD, ritmo de muertes que no se ha reducido con la presidencia de Zedillo. La masacre de 45 indígenas, mujeres, hombres y niños, por parte de cuerpos paramilitares asociados al PRI y al gobierno local en Chiapas en diciembre de 1997 ilustra las severas limitaciones de la apertura democrática del régimen de ese país.¹³ En Colombia los grupos paramilitares creados por el Presidente Samper y armados por el Ejército para enfrentarse a la guerrilla (Cooperativas Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir)- acusados de actuar con los escuadrones de la muerte, responsables de la muerte de centenares de campesinos, han sido declarados legales por el Tribunal Constitucional.¹⁴

Hay una generalizada percepción en todo el continente de que los procesos políticos democráticos han sido crecientemente vaciados de contenido, que las decisiones más importantes para la vida colectiva -particularmente las referidas a la política económica, se toman al margen de la institucionalidad democrática, qué mucho más importantes son las exigencias que establecen los organismos financieros internacionales, que los resultados de los debates parlamentarios o la opinión de la población. En años recientes, se ha incrementado la ingerencia directa del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, habiéndose pasado de la negociación de políticas de orden general, a la supervisión detallada, no sólo del ámbito financiero, sino en cada una de las políticas públicas. Estos desplazamientos se reflejan en el acotamiento progresivo de los debates políticos y en los procesos electorales en los cuales es cada vez más reducido el espectro de opciones en juego.

En estas condiciones no debe extrañar que sea baja la legitimidad de los regímenes democráticos en el continente, y que la opinión de la población sea ampliamente negativa y, correspondientemente bajas, las expectativas en relación a lo que es posible en un régimen democrático. El estudio de la opinión de los latinoamericanos en torno a la democracia, realizado por la Corporación Latinobarómetro en 17 países de América Latina, ilustra ampliamente estas percepciones.¹⁵ Una primera aproximación a las respuestas nos da una visión positiva en torno a la percepción que tiene la población continental sobre la democracia. En todos los países la mayoría de la población afirma que "está dispuesto a defender la democracia ante una amenaza", en la mayoría de los países las respuestas afirmativas superan al 70%. Igualmente, la mayoría de la población considera que "La democracia es preferible", presentándose en este caso un amplio espectro entre un 80% de respuestas afirmativas en Costa Rica y Uruguay, y un grupo de países con porcentajes afirmativos mucho más bajos: Brasil (50%), Guatemala (51%), Ecuador (52%), México (53%), Chile (54%). En 13 de los 17 países en los cuales se realizó la encuesta, sin embargo, es mayor el porcentaje de personas que afirman que "Están insatisfechas con la democracia en mi país," ¹⁶ que el porcentaje de personas que considera que "La democracia es preferible." Existe una generalizada desconfianza en relación a los partidos, al poder judicial y al congreso. Únicamente la iglesia es considerada como una institución confiable en todos los países.¹⁷ En 12 países entre 39% y 85% de la población considera que las elecciones son fraudulentas.¹⁸ En la casi totalidad de los países, más de dos terceras partes de los entrevistados afirman que "El éxito (en sus respectivos países( depende de las conexiones." Extraordinariamente bajas son, en todos los países, las respuestas afirmativas ante el enunciado: "En el país se cumplen las leyes." Sólo en Uruguay cerca de la mitad de los entrevistados responden afirmativamente (49%). Las respuestas en los otros países se ubican entre un mínimo de 9% afirmativo para Perú y 12% para Brasil, hasta un máximo de 35% afirmativo para Paraguay.¹⁹ Quizás la síntesis de estas miradas negativas en relación a las sociedades, instituciones y democracias latinoamericanas, aparece en las respuestas ante el siguiente enunciado: "Si pudiera, me iría a vivir a otro país." De acuerdo a estas cifras, una alta proporción de la población latinoamericana quisiera irse de sus respectivos países. Las respuestas positivas varían desde un mínimo de 25% para la Argentina, hasta un máximo de 64% para el Ecuador.²⁰

A pesar de las elecciones, de la alternancia en el gobierno, de la derrota electoral del PRI en el Distrito Federal, y de las probabilidades de que el menemismo pueda ser derrotado en las elecciones de 1999, vivimos en sociedades profundamente autoritarias y excluyentes en las cuales proporciones crecientes de la población tienen poco o nada que decir sobre los destinos colectivos y en las que los procesos económicos, culturales y sociales de marginación operan con creciente eficacia. Son estas realidades las que no podemos ignorar, o considerar demasiado puntuales para que valga la pena incorporarlas a las reflexiones teóricas sobre la democracia. Corremos el riesgo de terminar, en el mejor de los casos, produciendo un conocimiento social irrelevante y en el peor, de ser cómplices activos de un gran silencio colectivo. Podemos seguir hablando de democracia, podemos jugar todos a que el emperador está vestido, aunque sea evidente para cada uno de nosotros que no lo está.

En los modelos de democracia que prevalecen hoy en la mayor parte del mundo, encontramos sentidos mucho más restringidos de la idea y prácticas de la democracia que las existentes en los tiempos del Estado de Bienestar Social. Habiéndose impuesto ampliamente las reducciones exigidas por el pensamiento conservador, hoy las democracias ya no parecen estar amenazadas por las excesivas demandas al Estado que de acuerdo a estas perspectivas producían la crisis de gobernabilidad. Dadas estas transformaciones, la pregunta que podemos hacernos legítimamente es ¿de qué se está hablando hoy cuando se habla de democracia?

Del amplio y complejo espectro de perspectivas, es posible identificar tres vertientes principales de interpretación y evaluación del sentido de estas transformaciones en los regímenes democráticos contemporáneos. La primera consiste en asumir, con radicalidad, que nos encontramos en el momento histórico del fin o la muerte de la democracia. Es esta la interpretación, por ejemplo, de Jean-Marie Guéhenno para quién la política, la ciudadanía y la democracia son categorías correspondientes a un período histórico superado (la era de los Estados naciones( esto es, la experiencia (fundamentalmente europea) de los últimos doscientos años.²¹ Es ésta, igualmente, la implicación de algunas de las perspectivas postmodernas en torno a la política, la democracia y la muerte del sujeto.²²

En segundo lugar, están las posturas teóricas y políticas que asumen la necesidad de reconocer que las características que presentan las democracias realmente existentes constituyen lo que es la democracia. Es ésta la respuesta, ya clásica, de Schumpeter hace medio siglo. Para Schumpeter el malestar y la falta de confianza en torno a la democracia es consecuencia de haber esperado de ésta aquello que no puede dar. Para fortalecer a la democracia considera necesario reconocer expresamente que la democracia no es un orden social, y que no se le pueden exigir unos resultados determinados. Es necesario para ello superar nociones tales como "soberanía del pueblo" o "bien común" que carecen de sentido y lejos de permitir la legitimación de la democracia, la cuestionan a partir de exigencias irrealizables. La democracia sería sólo un régimen de elección de gobernantes.²³ Es ésta igualmente la respuesta de Dahl, al caracterizar a los regímenes democráticos -- los existentes y los únicos posibles-- como poliarquía.²⁴ Con amplias variaciones de énfasis, ha sido ésta la concepción prevaleciente en los debates latinoamericanos sobre la democracia de los últimos lustros.

En tercer lugar, es posible identificar aquel conjunto de perspectivas que buscan rescatar para la idea de democracia la noción de horizonte normativo, a partir del cual sea posible reflexionar y actuar críticamente en relación al orden social existente. Esto ya no es posible como un intento de recuperación nostálgica de nociones de democracia -- en algunos tiempos y espacios-- que retrospectivamente pudiesen ser catalogadas como época de oro de la democracia. La deconstrucción-reconstrucción de la teoría democrática en términos normativos -- capaz de recuperar para la noción de democracia los valores de equidad, solidaridad, libertad, soberanía popular, autonomía y diversidad cultural-- exige un doble proceso. Por un lado, la recuperación y la crítica a la experiencia de la lucha histórica en la teoría y en la práctica por estos valores de la democracia no sólo en el liberalismo, sino igualmente en otras tradiciones políticas y culturales. Por el otro, repensar y refundar la idea de democracia desde el reconocimiento -- pero no de la naturalización-- de las monumentales transformaciones ocurridas en el mundo en las últimas décadas.

II. Hacia una refundación de la teoría democrática

El propósito de las notas que se presentan a continuación es el de destacar los ejes o asuntos principales que se encuentran hoy en debate en los esfuerzos por establecer nuevos cimientos teóricos y políticos a la idea de democracia. Se trata de cuestiones que están presentes (aunque a veces sólo marginalmente( en los debates latinoamericanos contemporáneos, pero no han articulados ni como agenda teórica ni como plataforma política. Algunos de estos asuntos s3e refieren en forma explícita a la exigencia de una sociedad democrática, otros son temas que no pueden obviarse aun en una caracterización procedimental de la democracia, si no se quiere reducir ésta a un formalismo ritual.

1. Estado nación y democracia: globalización y déficits democráticos

En la tradición liberal, el Estado nacional ha sido el ámbito por excelencia, el límite territorial, el acotamiento político del ejercicio de la soberanía y la democracia. De acuerdo a David Held, a través de los siglos XIX y XX se tendió a asumir la existencia de una relación de simetría o de congruencia entre quienes toman las decisiones en un régimen democrático, y los destinatarios de esas decisiones. Ha sido ésta la base de la asociación entre democracia y Estados nacionales, definiendo estos últimos los límites territoriales en base a los cuales los individuos son incluidos o excluidos de la participación en decisiones que puedan afectar sus vidas. ²⁵ Sin embargo, en la medida en que estos supuestos se van haciendo cada vez menos sostenibles (como consecuencia de los procesos de interconexión regionales y globales( se diluye la fácil identificación de los Estados nacionales como el espacio prioritario del ejercicio de la democracia, y se plantea el reto de la reformulación de la teoría y las modalidades de ejercicio de la misma. Se ha producido un profundo desbalance entre el traslado de decisiones hacia instancias supranacionales (instituciones financieras internacionales, organismos de comercio internacional, pactos regionales y otras instancias supranacionales), y la construcción de mecanismos y modalidades de control democrático adecuados a estas nuevas realidades. La institucionalidad regional o global hacia la cual se han desplazado en las últimas décadas algunas funciones y decisiones anteriormente realizadas por Estados nacionales democráticos, ha implicado una reducción de la participación democrática en los procesos de toma y control de las decisiones.

No se trata de asumir una noción nostálgica ante el Estado-nación que se debilita, sino de interrogarse sobre la nueva institucionalidad requerida para preservar el proyecto histórico de la democracia en estas cambiantes condiciones. Lo que es evidente, es que nos encontramos en una situación de un radical déficit democrático, como consecuencia de los procesos de globalización. Los incipientes procesos de construcción democrática en el plano internacional --como la institucionalidad internacional de defensa de los derechos humanos, y los pasos en dirección a la construcción de conceptos de ciudadanía que trasciendan el ámbito nacional²⁶ no guardan relación alguna con la velocidad de los procesos de globalización y concentración del poder económico, político y militar, y tienen una reducida capacidad para incidir en la toma de decisiones sobre los asuntos medulares que afectan a la población del planeta.²⁷

2. Reabrir el asunto de la separación liberal entre los ámbitos de la vida social

El liberalismo ha construido una separación fundante entre diferentes ámbitos de la sociedad moderna. Esta separación liberal, convertida en caracterización ontológica, distingue como ámbitos autónomos de la vida social al mercado, al Estado y a la sociedad civil. ²⁸ Esta separación lejos de ser la expresión "natural" de una sociedad "avanzada" debe ser entendida como resultado de un dinámica histórica particular (el de la sociedad europea occidental), proceso que no puede ser comprendido al margen de la cosmovisión liberal a partir de la cual se impulsa el proyecto histórico de la sociedad burguesa. No tiene nada de natural, sólo adquiere este carácter al interior del metarrelato de la filosofía de la historia del liberalismo.

Para un intento de reconceptualización de la teoría democrática, y de la idea misma de democracia, el reabrir el debate en torno al significado de estas separaciones tiene importancia en muchos sentidos. Un primer aspecto, que merece ser destacado a propósito de los debates actuales sobre democracia y democratización en el continente, se refiere a la forma en la cual en éste se hace presente la noción de la autonomía del ámbito de lo político-institucional. En los debates actuales sobre Reforma del Estado, descentralización y participación en todo el continente, no se ha superado el estilo constitucional y legislativo característico del liberalismo y positivismo del siglo pasado. En ésta predominan concepciones de la ley y de la constitución de acuerdo a las cuales el diseño de un país se logra mediante un texto constitucional, para lo cual es posible hacer abstracción de las condiciones sociales, económicas y culturales del territorio y la poblaciones en referencia. La solución de problemas se realiza mediante la creación de la legislación correspondiente. Las normativas constitucionales y legales en torno a la participación en América Latina son hoy extremadamente ricas y diversas. Comparadas con los textos y las normas legales de hace algunas décadas son transformaciones de una inmensa importancia. Sin embargo, es igualmente evidente que existe un enorme distancia entre la letra de estos documentos y la práctica real de la participación. Como señala Humberto Delgado Espinosa, refiriéndose a las limitaciones prácticas que ha tenido la Ley de Participación Popular en Bolivia, cualquiera "reforma legal con propósitos sociales y de participación popular, que no esté acompañada por un ajuste de los mecanismos de redistribución de los recursos económicos y no haga más equitativa esta redistribución, será sólo papel para llenar anaqueles." ²⁹ No se trata sólo del hecho de que son textos recientes cuyas potencialidades todavía no comienzan sino a ser exploradas. Se trata igualmente de que la mayor parte de estas reformas político-institucionales no están acompañados del impulso de las condiciones culturales y económicas que harían posible su realización. Los obstáculos a la participación y al ejercicio de los derechos de la ciudadanía no residen principalmente en las institucionalidad jurídico-política. La experiencia latinoamericana de los últimos años ha permitido volver a constatar esto más allá de toda duda. Las reformas descentralizadoras y creadoras de múltiples instancias de participación ciudadana directa no han logrado frenar las masivas marginaciones y exclusiones que inevitablemente producen las actuales tendencias de los procesos económicos y culturales.

El debate actual sobre la sociedad civil y sus relaciones con el Estado y la política está igualmente fundamentado en la construcción de estas separaciones liberales de los procesos histórico-sociales. Mucho del maniqueismo simplista presente en este debate, que establece prácticamente una polaridad entre el bien y el mal, representados por la sociedad civil, y por el Estado respectivamente, se basa en asumir el presupuesto de la existencia de lógicas sociales autónomas en los diferentes ámbitos de la vida social, perdiendo así la posibilidad de explorar sus múltiples interconexiones, sus zonas grises y sobreposiciones.

Otra implicación de la separación liberal de la realidad histórico social en ámbitos autónomos ya fue destacada hace siglo y medio por la crítica socialista: la separación liberal entre lo político y lo económico es la base sobre la cual se construye el mito de la igualdad política --la ciudadanía-- ante la evidencia empírica inocultable de las profundas desigualdades sociales, económicas y culturales. Carece por completo de sentido suponer que pueda darse una relación entre ciudadanos iguales, cuando una minoría tiene el control de la mayor parte de los recursos materiales y simbólicos de la sociedad y la mayoría está radicalmente excluida del acceso a éstos. Aunque obvio, es éste un hecho fundamental, un aspecto demasiado esencial de la experiencia histórico social como para ser dejado al margen de los debates sobre la teoría democrática. ³⁰

La afirmación de que existe un ámbito de la vida colectiva que sea separable, autónomo, llamado economía y un mercado regulado por leyes que tienen la misma objetividad y naturalidad de la ley de gravitación universal, pretende negar lo evidente: la existencia de relaciones de poder, de ordenes político-institucionales, que crean el marco normativo y cultural dentro del cual opera el mercado. Fuera de este contexto no existe tal cosa como el mercado. Al naturalizar al mercado, y separarlo por completo de sus condiciones culturales, político-institucionales y militares, desaparece de la mira la agencia humana, los intereses y las construcciones estratégicas, en suma, el asunto del poder. Sólo deslindando totalmente la idea de democracia de toda asociación con la matriz de distribución social del poder, es posible explicarse el hecho de que simultáneamente con los procesos de reemplazo de regímenes autoritarios de diversa índole, por regímenes democrático-liberales en todo el mundo en las últimas décadas, se ha producido un proceso de acelerada concentración de la riqueza, entre los países y al interior de éstos. ³¹

3. La naturalización de los procesos histórico sociales

Al obviarse el tema del poder y dejar al margen toda consideración de sus beneficiarios y víctimas -el proceso global de retraimiento del Estado, de la política y de la democracia y la expansión del mercado- son presentados como un fenómeno natural llamado globalización, que como El Niño, carece de agentes humanos, proyectos e intereses. Esta naturalización u objetivación de la vida social es la base de las tesis del fin de la ideologías y del fin de la Historia que representan, en este sentido, la expresión máxima de la hegemonía del pensamiento liberal. Este pensamiento único, asumido como objetivo y científico, caracteriza las relaciones sociales existentes como las únicas posibles, y descalifica toda crítica, opción u alternativa como ideología. La deslegitimación de la democracia tiene uno de sus aspectos centrales en la corrosión de sus fundamentos epistemológicos. La idea de democracia implica la existencia de opciones humanas, el reconocimiento del carácter construido de la realidad histórico social. Si existe una sola verdad del desarrollo histórico, la conducción de la sociedad se convierte en un asunto técnico y no hay opciones sobre las cuales decidir.³²

Desde el punto de vista político, son hoy efectivamente reducidas las alternativas al orden neoliberal. Pero esto tiene poco que ver con el carácter natural e inevitable de las relaciones sociales existentes y el fin de la Historia, y mucho que ver con la concentración del poder político, económico, militar e intelectual existente hoy en el planeta. Dadas las inmensas desigualdades existentes en todos los ámbitos de la vida social, y los pocos grados de autonomía que este sistema globalmente articulado tolera para opciones diferentes al pensamiento único, se ha producido lo que Hugo Zemelman ha llamado un bloqueo histórico.³³ Desde el punto de vista del pensamiento crítico latinoamericano, y de los retos planteados en la reconstitución de una teoría de la democracia, las implicaciones de esta diferencia de interpretaciones es medular. En la interpretación del fin de la Historia, no existen, ni pueden existir, opciones a lo existente. La otra interpretación nos coloca ante el exigente reto de "desentrañar los mecanismos que hacen posible ese bloqueo." ³⁴

4. El mito del progreso universal

Estrechamente asociado a la naturalización de las relaciones sociales tenemos que ese metarrelato está montado sobre una gran ficción: el mito del progreso y la abundancia universal. De acuerdo a este poderoso y eficaz imaginario, con democracia representativa, mercado y globalización, todos podremos llegar a los niveles de vida de los países industrializados "avanzados". Los actuales procesos de deterioro de las condiciones de vida, el aumento de las desigualdades, la exclusión y marginación social, la violencia cotidiana, el atropello a las culturas indígenas y de toda opción cultural diferente, los traumas del ajuste, son justificados (como lo fue en su momento el proceso de acumulación e industrialización a marcha forzada de la Unión Soviética( como una necesidad para posteriormente llegar a una situación de abundancia en la cual todos podremos vivir en la prosperidad. Se trata, evidentemente, de una gran falacia. Si lo que entendemos por riqueza y prosperidad es el patrón de consumo de los recursos que caracteriza los niveles de vida actuales de los habitantes de los Estados Unidos, es evidente que ni los recursos naturales, ni la capacidad de carga del planeta dan para ello. El discurso del desarrollo presenta estas metas como un proceso histórico inevitable. Aquí, los retos de la reconstrucción de la idea de democracia se entrecruzan con el asunto esencial de la sobrevivencia, de la lucha en contra de un modelo civilizatorio que avanza firmemente hacia la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Estas tendencias no son inexorables sino en una sociedad que tenga como meta principal (como concepción de la buena vida( la acumulación ilimitada de bienes materiales. No es ésta una exigencia que esté inscrita en la genética humana. Es el resultado de la dinámica de la civilización industrial. En la medida en que asumimos que todo esto es inevitable, dejamos de explorar otras opciones, otras perspectivas, otros caminos, otras posibilidades.

5. Lo local y lo global. Descentralización y participación

En América Latina, durante los últimos años se ha dado un gran énfasis en el tema de la participación, y ésta ha estado asociada generalmente a los procesos de descentralización, dándose prioridad a la participación en asuntos locales. El debate contemporáneo tiende a establecer una relación necesaria, directa y unívoca entre descentralización, participación y democratización. Este énfasis está reforzado por las formulaciones postmodernas en torno a la política y al poder, particularmente por las contribuciones de Foucault al estudio del poder. El desentrañamiento del carácter intersticial del poder, y su compleja relación con el saber y las disciplinas a través de las cuales éste se organiza en las sociedades contemporáneas, es uno de los aportes más extraordinarios al pensamiento social en las últimas décadas. Abre inmensas potencialidades para la tarea de reformular las nociones clásicas de la democracia, permitiendo explorar las formas en las cuales se ejerce el poder (y la resistencia a éste) en los más diversos ámbitos de la vida colectiva. Sin embargo, esta virtualidad se puede esterilizar si se unilateraliza, si se toman las acotadas genealogías de Foucault como la descripción de todo poder. Las relaciones de poder globales, estructuradas, centralizadas de los Estados nacionales y los complejos industriales y financieros transnacionales no han desaparecido, ni ha disminuido, en su combinación, su incidencia sobre la constitución del orden social.

Si el concepto de poder, y los de ciudadanía y participación se remiten prioritariamente a lo local y lo particular, se convierten en opacos todos los ámbitos más globales (lo regional, lo nacional y lo transnacional( y con ello se despolitizan. Hay en todo el debate sobre las relaciones entre descentralización, democratización y participación local, unos supuestos no suficientemente explorados. Se trata de procesos que no tienen sentidos unívocos, expresan tendencias encontradas y pueden igualmente operar en direcciones democratizantes como en direcciones que profundicen la despolitización. Nuevamente, no se trata aquí de buscar (a como de lugar( la preservación de las formas clásicas específicas que adquirió la lucha política en los últimos dos siglos. De lo que se trata es de replantearse como retos políticos y teóricos, los temas de la participación y la representación, sobre todo por parte de los sectores sociales más débiles, excluidos, marginados y empobrecidos de la población. En las nuevas condiciones sus instrumentos tradicionales de acción política y social se han deteriorado, y no han sido reemplazados por nuevas formas de acción colectiva capaces de articular eficazmente sus intereses e imaginarios.

6. Democracia y procesos de creación de sentido

El desplazamiento interpretativo de la teoría social contemporánea coloca a los procesos de construcción de sentido en el centro de toda teorización en torno a la democracia. En este contexto, la idea de democracia está necesariamente asociada a las condiciones en las cuales puedan darse relaciones dialógicas entre los diferentes individuos y grupos en la construcción de las interpretaciones y sentidos de lo social. Una dimensión de estos asuntos es el de las llamadas políticas de identidad: la posibilidad de que grupos y sectores sociales autodefinidos de acuerdo a identidades de género, cultura, religión o preferencia sexual, puedan no sólo construir interpretaciones y sentidos propios, sino igualmente incidir sobre los sentidos y normas globales que los afectan. En el campo más acotado o tradicional de lo político, esto remite a los procesos de construcción de agendas públicas, locales, regionales, nacionales, globales.

La existencia de una esfera pública transnacional altamente monopolizada, sometida a las exigencias de la industria cultural y de la publicidad (y a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos( limita cada vez más la autonomía de los mundos de vida en los procesos interpretativos y de creación culturales.³⁵ Así el tema de las condiciones en las cuales se puedan dar procesos más autónomos de interpretación y creación de sentido, y el de las relaciones entre grupos y culturas diferentes se ubica en el centro de los asuntos con los cuales tienen que tratar la teoría democrática. Tanto los fundamentalismos mutuamente excluyentes como la homogeneización de un modelo cultural único imposibilitan las relaciones culturales horizontales y el reconocimiento recíproco como integrantes (todos( de la experiencia humana.

7. Hacia una crítica postcolonial a la democracia liberal en América Latina

A pesar de su autoimagen de tolerancia y de garante de la libertad, la igualdad y la diversidad humana, el liberalismo se constituyó históricamente sobre la base de un conjunto de regímenes sistemáticos de jerarquizaciones y exclusiones. Estos tienen su fundamento en la cosmovisión liberal, en su concepción reduccionista de la naturaleza humana, la naturalización de la sociedad capitalista y el contexto colonial-imperial en el cual se originó el pensamiento liberal, en todo su espectro desde la concepción individualista posesiva, en Hobbes y Locke,³⁶ a sus versiones más democráticas y libertarias en John Stuart Mill. Se definen así jerarquizaciones/exclusiones entre propietarios y no propietarios, entre hombre y mujeres, entre blancos y no blancos, entre pueblos civilizados (los europeos occidentales) y pueblos no civilizados. Los conceptos de libertad, igualdad, ciudadano, y derechos naturales e inviolables están asociados (en el pensamiento liberal clásico( exclusivamente al primer componente de cada una de estas dicotomías. Las tensiones entre estos regímenes de exclusiones y las apelaciones universalistas del liberalismo han sido una dimensión significativa de las luchas por la democracia en los últimos dos siglos,³⁷ luchas que han logrado reducir, pero no eliminar la operación eficaz de estos sistemas de exclusión.

En el siglo XIX, los cuestionamientos políticos y teóricos más sistemáticos a la constitución liberal de los sujetos de la democracia se dieron desde el marxismo. Este cuestionó la construcción liberal de una naturaleza humana a partir de la experiencia histórica de la sociedad capitalista y del supuesto de la igualdad político-jurídica entre los hombres en una sociedad dividida en clases antagónicas. En las últimas décadas, los desarrollos teóricos más importantes de la teoría política han sido el resultado de la crítica feminista que ha caracterizado las exclusiones de género como expresión de la delimitación liberal de los ámbito de lo público y lo privado, en la cual lo público es concebido como lo importante, lo correspondiente a los hombres, mientras que lo privado es lo no importante, lo doméstico, el ámbito de las mujeres. Al ubicar la base de las exclusiones de género en la constitución misma de las separaciones de la sociedad liberal, la crítica de la teoría política feminista más vigorosa no está dirigida principalmente a la apertura de nuevos espacios para la participación de las mujeres (dentro de los órdenes constituidos( sino a cuestionar la construcción de los ámbitos de lo público y de lo privado que sirven de sustento a ese régimen de exclusiones.³⁸

En pueblos no europeos que estuvieron sometidos al colonialismo e imperialismo, a las exclusiones basadas en clase y sexo, se sobreponen históricamente las que se dan en términos culturales y raciales. Ni en el pensamiento político o teológico de los colonizadores ibéricos, ni en la teoría política del liberalismo (que nutrió el pensamiento de la emancipación( se concibió siquiera la posibilidad del reconocimiento del derecho a la diferencia de los pueblos de América. En la tradición liberal, a partir de Locke, el derecho privado y el derecho público están definidos a partir de un derecho individual fundante: el derecho a la propiedad privada. "El orden de la sociedad habrá de responder a la facultad del individuo. No hay derecho legítimo fuera de esta composición".³⁹ A partir de esta fundamentación, todo uso de los recursos que no corresponda a la propiedad privada individual, carece de legitimidad. Las tierras que no estén apropiadas y explotadas individualmente pueden considerarse como desocupadas.⁴⁰ Como afirma Bartolomé Clavero:

Todo el resto de la humanidad, su mayor parte, desde luego, entonces, puede quedar excluido, incluso por vía de simple presunción, sin necesidad de mayor conocimiento. La exclusión puede ser completa, resultar tanto absoluta como entera, no solamente de propiedad, de este derecho sobre sí mismo y sobre la naturaleza, sino también de política, de un derecho sobre la propia sociedad. Para la perspectiva constitucional, para esta nueva mentalidad, los indígenas no reúnen condiciones para tener derecho alguno, ni privado ni público.⁴¹

El efecto es, no de universalización del derecho, sino de entronización del propio universo jurídico con expulsión radical de cualesquier otro. Ya no es sólo que el indígena se encuentre en una posición subordinada; no tiene sitio ninguno si no se muestra dispuesto a abandonar por completo sus costumbres y deshacer sus comunidades para poder integrarse en el único mundo constitucionalmente concebible del derecho.⁴²

Estas exclusiones no son parte de un pasado que podamos lamentar (pero que ya pasó), sino que constituyen nuestro presente. Conforman un régimen eficaz y sistemático de jerarquizaciones (cuyos fundamentos son el racismo y la noción liberal colonial y eurocéntrica de la superioridad ontológica de todo lo europeo sobre todo lo no europeo( y que en lo fundamental no ha sido desactivado. A partir de ese régimen de verdad, amplios sectores de la población latinoamericana han sido deshumanizados y construidos como inferiores. No es posible una democracia de ciudadanos iguales si no se da cuenta de ese pasado, y su incidencia en las codiciones actuales. En este sentido, las polémicas en torno a la reinterpretación y resignificación de la historia son parte de las luchas por una sociedad más democrática.

En los discursos hegemónicos actuales sobre la democracia y ciudadanía, esa jerarquización histórica de los sujetos sigue operando. Los movimientos de vecinos urbanos de clase media son en este sentido los prototipos más significativos de los nuevos ciudadanos de las modernas democracias latinoamericanas, los moradores privilegiados de la sociedad civil. El supuesto fundamentalista de que el modelo de sujeto liberal contituye la meta universal de toda la humanidad, está en la base de los procesos económicos que se imponen en todo el continente. Sea la apertura a la minería en Brasil y Venezuela, o la eliminación de los ejidos y la protección al maíz del campesino mexicano de la competencia del maíz de EE.UU., el supuesto es el mismo que ha caracterizado siempre al orden colonial. O estos seres humanos se converten en sujetos del nuevo orden (el único posible, el único al cual se le pueden reconocer derechos, porque son los únicos que se comportan y llegan a ser sujetos propiamente humanos( o tienen que correr con las consecuencias inevitalbles del exterminio. Para la crítica postcolonial de la democracia liberal, las luchas de los pueblos indígenas latinoamericanos por el derecho a la autonomía y a la preservación de su propia cultura -y de las bases materiales para la reproducción de ésta- tienen una importancia medular.⁴⁴ Independientemente de su peso numérico en la población de cada uno de los países del continente, esta lucha atañe a derechos fundamentales de pueblos que, a pesar de las sistemáticas políticas de exclusión y exterminio a los cuales han sido sometidos a lo largo de cinco siglos, han sobrevivido y preservado herencias culturales propias. Estos pueblos forman parte de la extraordinaria diversidad cultural del continente, fuente de riquezas materiales y simbólicas, de formas del conocer y de relación con la naturaleza, cuya perdida representaría un empobrecimiento colectivo y una reducción de los recursos culturales con los cuales responder a las exigencias del futuro, sobre todo en el terreno ambiental. Desde el punto de vista teórico, en los debates en torno al derecho a la autonomía y la preservación de formas de vida propia es posible reconocer y deconstruir los fundamentos excluyentes sobre los cuales se ha fundado históricamente el orden liberal. La exclusión y subordinación de los pueblos indígenas son sólo la parte más visible de un proceso de exclusiones racistas y culturales que afecta hoy a una alta proporción de la población del continente.

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