Fecha/Date: 04/01/98
Introducción
Tanto al interior de Chile como en el ámbito externo, el proceso de transición ocurrido en el país se ha ido tornando paradigmático para aquellos sectores interesados en la consolidación del proyecto societal neoliberal en América Latina. Así, el proceso económico y político es considerado por esos actores, y por buena parte de la opinión pública que se ubica en el fuego cruzado de la propaganda de los "mass media", como un éxito de tales proporciones que debe ser imitado.
Una vez más, de manera interesada, la historia chilena es autopercibida y presentada como ejemplar. Y se trata de un ejemplo que adquiere características de mito, el cual, por lo demás, encubre las debilidades del modelo económico y del régimen político. En rigor, se intenta ocultar la "racionalidad" de la desigualdad y la fragmentación económica, social y política que imperan en el Chile "democrático" actual.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis preliminar de algunos aspectos del proceso de transición que se da desde el régimen autoritario presidido por Augusto Pinochet, hasta el formalmente democrático que le sucede a partir de marzo de 1990, poniendo el acento en ciertos elementos que permiten entender la determinación de las condiciones y límites de dicho proceso, particularmente en lo que tiene que ver con la concepción y práctica de la democracia.
El cumplimiento del objetivo señalado supone, en primer lugar, destacar la naturaleza del proceso de transición política que se dio en Chile. En segundo lugar, se aborda lo relacionado con los acuerdos básicos que, formal e informalmente, se celebraron entre el régimen autoritario saliente y la oposición encabezada por la Concertación de Partidos por la Democracia, todo ello en el marco del proyecto sociopolítico reestructurador del capitalismo que el régimen militar impuso a lo largo de casi 17 años de dictadura. Estos acuerdos sociales y políticos fundamentales que caracterizaron el cambio de régimen político, contribuyen de manera fundamental a la comprensión del proceso económico, social y político que se ha dado a partir de entonces. En tercer lugar, se plantea la relación existente entre las características de la transición y la naturaleza del régimen político actual, así como de otros elementos que tienen incidencia en el mismo. Finalmente, en cuarto lugar, se esbozan algunas ideas acerca de los problemas relativos a la democracia, la democratización y la consolidación democrática, en el contexto de todo lo señalado precedentemente.
1. La transición política
En Chile, el paso del régimen militar a otro formalmente democrático, como en el resto de los regímenes burocrático-autoritarios latinoamericanos, viene dado "desde arriba", en el marco de la institucionalidad que el régimen autoritario estableció y que la oposición aceptó, informalmente primero y formalmente después, dado su fracaso en el intento de imponer una salida al régimen autoritario que fuese propia.
Si algo tiene de específico la transición en Chile, es que la dirigencia militar, junto con los otros sectores comprometidos en el proyecto refundacional que el régimen burocrático-autoritario encarnaba, tuvo pleno éxito en la implantación de ese proyecto reestructurador del capitalismo y pudo, además, establecer y alcanzar legitimidad en cuanto a imponer el "modelo" de transición que debía seguirse. Este modelo, por otra parte, entre otras cosas, cumple con la función de dar una altísima probabilidad de reproducción de los rasgos fundamentales del proyecto societal establecido.
De todos los regímenes burocrático-autoritarios latinoamericanos, es el chileno el que avanzó más y mejor en la institucionalización del autoritarismo. Esa institucionalidad se encuentra contenida en la Constitución Política que fue sometida a plebiscito en 1980 y que se encuentra vigente en la actualidad, ya que sólo fue objeto de una primera reforma que se negoció entre el régimen militar y la oposición 3/4la Concertación de Partidos por la Democracia3/4 en el período que transcurrió después de la celebración del plebiscito de 1988 y antes de efectuarse la elección de diciembre de 1989, y de algunas otras de naturaleza tal que no afectan para nada el carácter que tiene desde su origen.
Ese rasgo de la transición, el haberse dado enteramente en el marco político-institucional que la dictadura fijó, sin duda afectó las perspectivas de la democracia, puesto que implicó la mantención de una concepción de "democracia protegida" y de una práctica de la misma que le corresponde. Lo anterior, además, fue asegurado con todos los "amarres" que la institucionalidad de la dictadura dejó y que resultan difíciles de modificar, sobre todo cuando tampoco parece haber demasiado interés, por parte de la coalición que gobierna desde 1990, de hacerlo.
Las características que el proceso de transición presenta en Chile vienen a ser el resultado del fracaso político que los movimientos que lucharon contra la dictadura experimentaron particularmente en el período que se ubica entre 1980 y 1986, quedando por lo tanto, como única alternativa, el marco institucional que el régimen militar impuso (Peña, 1997, 117-186).
Consecuencia de lo anterior es que se realiza una transición política que impone límites precisos al régimen que sucede al militar. Así, desde 1990, los gobiernos formalmente democráticos presididos por Patricio Aylwin primero, y por Eduardo Frei después vienen a ser casi unos meros continuadores del proyecto de reestructuración capitalista iniciado por la dictadura militar.
2. Los acuerdos básicos de la transición
El proceso de transición se lleva a cabo mediante un conjunto de acuerdos formales e informales entre el gobierno de ese momento y la oposición al mismo. El primero de ellos es el que gira en torno a la aceptación por parte de la mayoría de los actores agrupados en la oposición, de la Constitución Política que impuso la dictadura. Esa aceptación, por ende acuerdo, entre el régimen y la oposición, significó que esta última enmarcara su confrontación respecto de aquel en el marco institucional que esa Constitución establecía, lo cual tuvo un efecto de la mayor importancia. Significó que la oposición adaptó su estrategia política a ese marco institucional y, en consecuencia, que se descartara cualquiera otra opción de carácter más radical hacia el régimen.
Al acuerdo anterior le sucedió el que dio origen a la coalición de partidos que se unió para encabezar la oposición al régimen, en el marco de la institucionalidad que éste había fijado. Así, en un primer momento, este acuerdo se expresó en la Concertación por el NO, conjunto de partidos que dirige la campaña electoral con miras al plebiscito que se celebró el 5 de octubre de 1988 y cuyo resultado determinaría la permanencia de Pinochet como Presidente de la República por ocho años más en caso de ganar el SI, o la celebración de una elección presidencial en el año 1989, de triunfar el NO.
Logrado el triunfo del NO, la coalición partidista se convirtió en la Concentración de Partidos por la Democracia, la cual postula al demócrata cristiano Patricio Aylwin como candidato a la Presidencia de la República, quien triunfó en la elección del 14 de diciembre de 1989, con el 55,2% de los votos, y asumió el cargo en marzo de 1990.
La Concertación aglutinó a un conjunto de actores políticos que conformaban una gama que iba desde grupos que correspondían a lo que se conceptualizó como la "derecha democrática", hasta sectores de la izquierda "ortodoxa", con la excepción del Partido Comunista y otros grupos menores. En todo caso, el núcleo de la Concertación estaba constituido por los partidos Demócrata Cristiano y Socialista.
El tercer acuerdo giró en torno a un pacto electoral y a un programa de gobierno. El pacto electoral condujo al triunfo de Aylwin en 1989 como Presidente de la República y al logro de una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. En cuanto al programa de gobierno, en lo fundamental éste está planteado en términos programáticos, obviando los aspectos doctrinarios. En dicho programa están contenidos, en primer lugar, las "Bases Programáticas Político-Institucionales", a través de las cuales se declaraba la intención de llevar a cabo un conjunto de reformas a la Constitución Política, con el objeto de darle plena vigencia a la democracia. Tal como se ha señalado, esta posibilidad estaba sujeta a la capacidad de establecer acuerdos con las fuerzas políticas de la derecha. En segundo lugar, el Programa contiene las "Bases Programáticas Económico-Sociales". Al respecto no están planteados grandes cambios, excepto lo que tiene que ver con alcanzar una disminución progresiva de las tremendas desigualdades económicas y sociales que deja como herencia el régimen autoritario. De modo que lo que aparece como central es conseguir crecimiento, justicia social, participación y autonomía nacional. Finalmente, las "Bases Programáticas de Política Exterior plantean la necesidad de fortalecer la posición de Chile en el contexto internacional, la cual se considera seriamente deteriorada por el efecto de más de dieciséis años de autoritarismo.
El cuarto acuerdo suscrito entre el régimen saliente y la Concertación tuvo que ver con pactar un conjunto de reformas a la Constitución Política vigente, sin que ello alterara su contenido de fondo. En efecto, en términos generales, las reformas acordadas implicaron los siguientes cambios: posibilidad de reformar la Constitución en el lapso constitucional menor al que pautaba la normativa, la cual establecía normas tan engorrosas y quórum tan altos que un intento en tal sentido podía llevar diez años de tramitación, lo que equivale al período de dos Congresos; aumento del número de senadores elegidos a 38 en vez de los 26 que contemplaba originalmente la Constitución; derogar el artículo octavo, el cual proscribía doctrinas y establecía sanciones respecto de las ideas, estableciendo así el tipo de un delito de opinión; incorporación del Contralor General de la República al Consejo de Seguridad, con lo cual la composición del mismo queda igualada con cuatro civiles y cuatro militares; acortamiento del período presidencial que se inicia en 1990 a cuatro años en vez de ocho, sólo por esa oportunidad; el estatuto legal de las Fuerzas Armadas fue elevado a la categoría de Ley Orgánica y se mantiene el carácter de inamovilidad de los Comandantes en Jefe; se conserva la institución de los senadores designados.
Este acuerdo tiene particular importancia, ya que implicó la aceptación formal por parte de la Concertación del marco jurídico-político dictado por el régimen militar. A partir de este momento, el mismo obtiene garantías en cuanto a que la transición se mantendrá dentro de lo establecido por la Constitución Política vigente. Además, aunque la Concertación se "reservó" el derecho de promover otras reformas a esa Constitución, ello lucía difícil de alcanzar dados los mecanismos de "protección" que la misma establece para su mantención.
El intento de hacer prácticamente irreversible el contenido del proyecto reestructurador que implantó el régimen autoritario mediante una institucionalidad constitucional y legal que hace muy difícil su reforma, unido a la posición de la coalición de gobierno, determinan una sociedad en la cual las condiciones institucionales y de facto en las que se da la democracia presentan peculiaridades tales que hacen necesario especificar la concepción y la práctica democráticas que allí se dan.
3. La transición política y el regimen político actual
Chile presenta, en razón de la presencia de los factores anteriormente señalados, una democracia "incompleta" o "bloqueada".1 Intentar una explicación, aunque sea de carácter preliminar, a esta situación, remite al análisis de algunos elementos que resultan fundamentales. Se trata de los siguientes:
a. El modelo económico
El modelo económico, inserto en el marco de la globalización, y los problemas socioeconómicos que dejó el régimen autoritario juegan un papel explicativo de importancia. En efecto, para comienzos de 1990 3/4y la situación no ha variado esencialmente3/4 la economía chilena presentaba tasas de crecimiento elevadas mantenidas a lo largo de varios años (Cepal, 1997). Pero, al mismo, tiempo, se observaba una muy desigual distribución del ingreso. Además, el Estado ha reducido sus funciones económicas y sociales a una mínima expresión, y el sector privado de la economía se encontraba altamente concentrado, lo cual, por lo demás, en el curso de los gobiernos de Aylwin y Frei todavía ha aumentado (Fazio, 1997).
El modelo económico que instauró el régimen militar en el contexto del proyecto refundacional, y al que el régimen democrático, en lo fundamental, dio continuidad, ha producido tasas promedio de crecimiento importantes, pero generando a la vez una tremenda desigualdad en la distribución de los resultados de ese crecimiento. Es decir, desde un punto de vista estructural, el modelo tiene un rasgo de exclusión que es parte de su funcionamiento y que no hay voluntad política de alterar. Hacerlo, en efecto, cambiaría la base misma del proceso de acumulación.
En términos generales, se puede afirmar que la concepción neoliberal que informa el modelo económico vigente en Chile, sea o no la misma asumida de manera explícita por los distintos actores sociales y políticos, contiene una visión por demás optimista sobre los efectos del proceso de globalización para América Latina en general, y para Chile en particular. Llama la atención que el discurso que acompaña la defensa del modelo económico maneja siempre el tiempo de un futuro indeterminado cuando se trata de todos aquellos elementos que tienen que ver con el bienestar de las mayorías, y no simplemente con los logros en términos de las variables macroeconómicas. En efecto, se entiende que la globalización, en sus dimensiones económica, financiera, política y cultural-ideológica sólo producirá beneficios, y se ignora una serie de consecuencias evidentes que el proceso está generando, incluyendo al mundo desarrollado, y que tienen que ver con las profundas desigualdades en la distribución de la riqueza, con el ensanchamiento de la brecha entre desarrollo y subdesarrollo, y también al interior de ambos , niveles de pobreza hasta ahora desconocidos en el mundo desarrollado, tasas elevadas de desempleo, entre los aspectos más resaltantes.
No cabe duda que para América Latina, las profundas transformaciones que han experimentado el capitalismo y el sistema internacional, se han traducido en consecuencias negativas si se entiende el problema desde la perspectiva de las mayorías. Actualmente, la región muestra una marcada acentuación de la desigualdad social. Y Chile no es la excepción. Por el contrario, es uno de los países, de acuerdo a los datos, entre otros, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en los cuales esa desigualdad es mayor (Cepal, 1997).
b. El factor político-institucional
En relación al factor político-institucional que se consideró anteriormente, es necesario agregar que éste presenta, entre otras, una particularidad que conviene destacar. Esta tiene que ver con la relación mayoría-minoría que la institucionalidad autoritaria estableció y que, en la práctica, se traduce en el "poder de veto" del cual dispone la minoría.
Esa práctica del veto de la minoría se encuentra consagrada en la Constitución y en la Ley Electoral, y afecta dos cuestiones fundamentales. Por una parte, 9 senadores no son elegidos, sino designados, según lo establece el artículo 45 de la Constitución Nacional, lo cual obviamente constituye una restricción al ejercicio de la voluntad popular. Además, de esos 9 senadores, 4 provienen de las Fuerzas Armadas (un ex Comandante por cada rama) y son escogidos por éstas. Toda vez que esos senadores se han alineado con la derecha, se está en presencia de un régimen político en el cual la mayoría ve coartada la posibilidad de ejercer su condición de tal como sucede en todos los regímenes democráticos. Todo ello determina que sea la minoría política la que en el plano legislativo tenga siempre la última palabra. Por otra parte, la Ley Electoral, en lo que termina siendo la composición del Congreso Nacional, establece mecanismos de tal naturaleza que privilegia, mucho más allá de lo que puede considerarse legítimo como representación de las minorías, a las minorías electorales. Contribuye así también a limitar el ejercicio del poder de la mayoría, y a garantizar la presencia de la derecha en el Parlamento.
La integración del Senado, para el período que comienza en marzo de 1998, muestra que en el mismo hay un Senador Vitalicio (Augusto Pinochet en tanto ex Presidente de la República) y 9 Senadores Institucionales, designados de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, entre los cuales están 4 ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, además de otro ex General Director de Carabineros que fue elegido con el apoyo de la derecha en el sur del país, lo cual hace un total de 6 ex Generales que ahora son senadores. De esos nueve Senadores designados, en la actualidad, 3 lo han sido por el Gobierno actual. En todo caso, la coalición de gobierno, incluyendo los designados, alcanza un total de 23 senadores de un total de 48 miembros. En la Cámara de Diputados, en cambio, la Concertación es mayoría. Esta correlación de fuerzas, dados los mecanismos institucionalmente establecidos, determina que sea la minoría la que tenga la última palabra en materia legislativa, incluyendo la posibilidad de reforma de la Constitución.
Además de lo anterior, la Constitución Nacional establece las instituciones del Tribunal Constitucional (artículos 81, 82 y 83) y del Consejo de Seguridad Nacional (artículos 95 y 96). El primero está integrado por 7 miembros:
Por su parte, la Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de 1988, establece en su artículo 109 bis., en relación a las elecciones de Parlamentarios, que serán elegidos Senadores o Diputados los dos candidatos de una misma lista cuando la misma, además de tener la mayoría de sufragios, tenga un total de votos que exceda el doble de los que haya obtenido la lista que le siga en total de sufragios. De no ser así, elegirá un cargo cada una de las dos listas que hayan obtenido las dos más altas mayorías. Ese cargo de cada lista corresponderá al candidato que tenga más sufragios dentro de cada lista.
La institución de los Senadores designados, junto con lo que establece la Ley Electoral respecto de la forma de determinar quienes son los elegidos, ha asegurado hasta ahora que el control del Senado se mantenga en manos de la derecha. Por lo demás, el mecanismo establecido en cuanto a la determinación de los elegidos favorece claramente a las minoría de un modo que no es posible encontrar en otra Constitución. Se confirma así el "veto de las minorías " al que se hizo referencia anteriormente como rasgo característico y definidor del régimen político chileno.
c. El poder fáctico de las Fuerzas Armadas
El poder fáctico que ejercen las Fuerzas Armadas constituye otro elemento que contribuye a asegurar la estabilidad del régimen político y del proyecto societal neoliberal. En este sentido es necesaria una diferenciación. Por una parte, los militares detentan el poder político institucional que la Constitución les otorga al señalarlos como garantes del sistema. Por otra , también ejercen un poder político de carácter fáctico. Efectivamente, han demostrado una real capacidad de hacer valer su voluntad al poder civil más allá de lo que los instrumentos legales establecen mediante el uso más o menos explícito de la amenaza de una vuelta al autoritarismo.2
El problema de la existencia de ese poder fáctico cobra importancia si se considera que constituye un agregado a la institucionalidad que reasegura la inalterabilidad del orden del autoritarismo mediante el ejercicio del mismo. La idea de "partido militar" (Moulian, 1995, 7-8) da cuenta de la manera cómo opera la presencia militar en el proceso político chileno. En efecto, el poder civil no está en capacidad real de impedir que las Fuerzas Armadas deliberen y actúen políticamente, ni de aplicar sanciones si ello ocurre, ya que la norma constitucional otorga a las Fuerzas Armadas un rol tutelar respecto del orden constitucional, y el Presidente de la República se encuentra impedido de actuar en relación a la conducta de sus miembros. Así, las instituciones militares gozan de una autonomía respecto del poder civil, que, aunque relativa, tiene efectos políticos muy importantes.
Durante el primer gobierno de la Concertación, las Fuerzas Armadas se las arreglaron para que el gobierno se viera obligado a negociar con ellos, particularmente en lo relativo a derechos humanos. Luego, durante el actual gobierno de Frei, han avanzado más y comienzan a actuar como "partido militar", lo cual adquiere concreción en los siguientes elementos:
d. La correlación de fuerzas
También está el problema de la correlación de fuerzas políticas que la institucionalidad vigente contribuye a generar a nivel parlamentario y que se refuerza con lo señalado en el punto anterior, es decir, el factor militar como poder informal de alta efectividad. Se trata de la pervivencia de una derecha que, aunque se declara democrática, se mantiene apegada al legado autoritario y que facilita la posición política militar, no sometida al poder civil. En este sentido, la presencia política de Pinochet y la posición del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), obligan al ala liberal del otro partido de derecha, Renovación Nacional (RN), a realizar frecuentes concesiones tanto respecto del régimen militar como acerca de las reformas de carácter institucional con el sentido democratizador que se plantean. Y ello es así porque RN reconoce en el electorado derechista la existencia de rasgos autoritarios, como porque debe enfrentar la competencia de la UDI.
Pero también sectores considerables de la izquierda contribuyen, con su posición, a legitimar la situación de la "correlación de fuerzas". En efecto, aquella parte de la izquierda que ha integrado los gobiernos de la Concertación, ha tenido no poca importancia en el sentido de propiciar el inmovilismo social y político, y que no se constituya una oposición fuerte y capaz de "colectivizar" los problemas a través de una capacidad de convocatoria que fue ejercida en otros momentos: en la campaña previa a la celebración del plebiscito de 1988 y en la campaña electoral de 1989.
Particularmente, el Partido Socialista ha sido un importante actor en la dinámica que ha conducido a la adecuación del "régimen democrático" con el sistema económico-social que implantó el régimen militar. También ha contribuido de manera significativa a generar mecanismos de "concertación social" con el movimiento sindical con miras a lograr la "paz social". En rigor, lo que se ha producido es un proceso de "derechización" de la izquierda que integra la Concertación que ha redundado en facilitar la continuidad de los elementos reestructuradores del proyecto del autoritarismo.
Así, en lo fundamental, el sistema político continúa funcionando conforme a lo establecido durante el período autoritario. La mayoría sociopolítica se encuentra subordinada al "poder de veto" que ejerce la minoría, y el gobierno de la Concertación debe negociar permanentemente con la derecha parlamentaria.
e. Los cambios político-ideológicos
Particularmente, la democracia cristiana y la izquierda han experimentado cambios político-ideológicos de importancia, al igual que la social democracia. Quedó atrás toda la "doctrina social" que formó parte de la "revolución en libertad" de los años sesenta y aún de momentos posteriores y que constituyó parte importante del ideario político de la democracia cristiana, adhiriendo en la actualidad al pensamiento que gira en torno al mercado, e incluso a la práctica de democracia que corresponde a la versión neoliberal.
La izquierda por su parte, después del golpe militar, ha mostrado una evolución que ha transitado por el llamado socialismo renovado hasta una suerte de liberalismo social. La posición de los integrantes de la izquierda en general , y del Partido Socialista en particular, ha venido expresándose en sostener que las transformaciones que se vienen realizando constituye la única vía para pasar del modelo neoliberal a una "economía social de mercado".
En el período del Frente Popular (1938-1947), aun cuando la izquierda gobierna con el Partido Radical, sus partidos mantienen su discurso revolucionario, y el socialismo es una meta al menos a largo plazo en el contexto de una concepción etapista en la marcha hacia el socialismo. Luego de la revolución cubana importantes sectores de la izquierda se radicalizan y es posible observar una mayor heterogeneidad en sus interpretaciones y en su accionar político. Tal vez lo más resaltante sea el rechazo al papel revolucionario de la burguesía nacional, entrándose a discutir precisamente el carácter "nacional" de la misma. Igualmente, durante los momentos inmediatamente anteriores al gobierno de la Unidad Popular, y durante éste mismo, la Izquierda tampoco presenta un único planteamiento. Pero, en todo caso, opta por mantenerse dentro del juego democrático (la Unidad Popular) o en una posición crítica, pero no entorpeciendo el accionar del gobierno de Allende, como fue el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Después de 1973 es que se van dando las transformaciones político-ideológicas más profundas en el campo de la izquierda chilena. Como se señaló, surge el planteamiento del "socialismo renovado" junto con la adhesión al modelo económico que impuso la dictadura.
El que la Concertación, Partido Socialista incluido, haya dado continuidad a la reestructuración económica iniciada por el régimen autoritario significa un cambio profundo en relación a las posiciones del período 1980-1986, e incluso posteriores. De hecho, supone la desaparición del discurso crítico que toda esta oposición tuvo respecto del modelo económico neoliberal, de su posición respecto de las políticas sociales, del papel del Estado en lo social, de las políticas relativas al trabajo, etc. del neoliberalismo, encontrándose en la actualidad en una especie de limbo teórico- ideológico.
En suma, sin la contribución de la izquierda en el gobierno de la Concertación, las cosas han podido ser algo diferentes. Probablemente la continuidad del proceso de reestructuración capitalista hubiese tenido que enfrentar algunas dificultades, ya que la legitimación habría sido más difícil, puesto que el problema de los consensos tendría que haber presentado dificultades mayores.
f. Las transformaciones socio-culturales
Un factor poco estudiado, pero de la mayor importancia, tiene que ver con las transformaciones de orden socio-cultural que la vigencia del autoritarismo produjo y que tienen que ver con problemas que van desde la subjetividad de la gente hasta la percepción y vigencia de alguna noción de comunidad nacional (Lechner, 1990). Si se tiene en cuenta que el neoliberalismo es en realidad una suerte de cosmovisión del mundo y del individuo, esto no resulta extraño. Lo que ha ocurrido en Chile, en rigor, ha sido una resocialización de corte neoliberal en el sentido más amplio. Particularmente, en lo que se refiere a la manera de hacer política, la militancia, asambleas, concentraciones y otras formas de política activa han sido reemplazadas por la que se hace a través de los medios de comunicación y que convierte a la política en espectáculo (Vergara, 1997, 6).
En etapas anteriores existió un cierto funcionamiento en términos de lo que se ha concebido en América Latina como "Estado nacional". Hubo una dominación que suponía un cierto sentido de sociedad que permitía algún grado de integración, lo cual posibilitaba que la conflictividad social se de manejara dentro de un marco regulador que establecía el poder público. El propio sistema político cumplía funciones de integración social, sobre todo a través de la acción de los partidos políticos que se vinculaban con los sectores organizados de la sociedad civil y que intermediaban ante el Estado, lo cual permitía una cierta representación. La política y los conflictos a ella ligados producía polarizaciones, conflictos y movilización.
El cambio más trascendente producto de los años de autoritarismo fue la orientación del individuo hacia el mercado, en su expresión más amplia, convirtiéndolo en lo que se puede denominar el "hombre económico". Se han descolectivizado las demandas y la búsqueda de solución de problemas. Predominan, en ese "hombre económico", su orientación hacia lo privado, hacia la competencia individual, hacia el consumo y al logro del éxito material.
Así, la sociedad chilena actual difiere mucho de la que existía hasta antes del golpe militar de 1973. En la misma, ahora prevalece el mercado en el contexto de la globalización. Esto, y la existencia de los medios de comunicación masivos con la correspondiente industria cultural, ha generado una manera nueva de construcción de lo colectivo. De una sociedad altamente politizada se ha pasado a otra que viene mostrando grados de indiferencia crecientes hacia la política y lo político, todo lo cual se traduce en desmovilización, social y políticamente hablando. Cabe agregar, todavía, que sectores mayoritarios de la población, por las características económicas del modelo, se encuentran demasiado ocupados en conseguir insertarse en la dinámica de la sobrevivencia, de acceso al consumo y de la competencia como para tener tiempo e ideas de tipo colectivo, todo lo cual favorece la aceptación de lo existente.
4. Transición, democracia, democratización y consolidación democrática
El régimen militar que gobernó Chile por más de dieciséis años fue la expresión más acabada de la implantación de un proyecto sociopolítico refundacional en América Latina. Respecto de los resultados alcanzados por ese régimen, no alcanzó el objetivo central que se propuso inicialmente, el desarrollo "nacional", si por tal se entiende que el crecimiento económico alcance a todos los sectores sociales. En efecto, aunque hacia el final, el gobierno militar pudo mostrar ciertos éxitos macroeconómicos, también la desigualdad social se hizo mayor y más profunda. Según datos oficiales, al término del gobierno militar, el 45,1% de la población se encontraba en situación de pobreza (Mideplan, 1996, 3), mientras que para 1970 ésta llegaba al 23% (Cepal, 1996, Anexo 145).
Desde el punto de vista sociopolítico, como se indicó, se podía observar una nueva forma de concebir y de hacer política. El individuo, entendido como "hombre económico" era el centro de esa concepción. Por otra parte, el régimen militar deja como herencia una sociedad que ha perdido la idea de comunidad como elemento aglutinador. También es evidente que no existe correspondencia entre crecimiento económico, equidad social y democracia política. Todo lo anterior suponía para el régimen democrático que asumió el gobierno en 1990, la tarea de la democratización en un sentido global, es decir, comprendiendo lo socioeconómico y lo sociopolítico como manera de darle contenido a la democracia y conducir el proceso de manera tal que se orientara hacia la consolidación de la misma.
La visión conservadora que caracterizó al régimen militar modificó sustancialmente la noción y la práctica de la democracia en relación a lo que ésta había sido desde el término de la dominación oligárquica. Los gobiernos democráticos posteriores a aquél no han tenido la capacidad de recuperar y ampliar el contenido democrático. Partidos como el Demócrata Cristiano, Socialista, Radical, etc., en la práctica han eliminado, o al menos suspendido de manera indefinida el ideal democrático que en el pasado inmediato defendieron. Ahora se imponen el "realismo" y el "pragmatismo" políticos. Esto, en términos de la relación poder-gobierno, muestra una situación novedosa. En lo fundamental, la toma de decisiones que tienen que ver con la continuidad del proyecto refundacional, está en manos de los grandes grupos económicos, de la derecha política y de la cúpula de las Fuerzas Armadas. El gobierno administra, de manera un tanto conflictiva, por supuesto, ese proyecto. En el período que se abre en 1990, a pesar del discurso previo al plebiscito de 1988 y a la elección de 1989, la concepción y la práctica de democracia que ha manejado la coalición de gobierno puede calificarse de "mínima" y "procedimental", al igual que sucede en el resto de América Latina. Tiene los elementos externos de la democracia liberal representativa: elecciones, Parlamento 3/4con las características que fueron señaladas3/4, alternancia en el gobierno y funcionamiento de partidos políticos. Pero en realidad es una democracia con límites muy precisos, protegida y tutelada por las Fuerzas Armadas. No es simplemente producto de una transición aún incompleta, sino que se trata de una nueva concepción de la misma que tiene al ciudadano integrado por la vía de la circulación más que por la de la política.
Respecto de la cuestión de la democratización, aun cuando el análisis de ese proceso debe cubrir muy variados aspectos, que no es posible abordar aquí, si se consideran dos dimensiones centrales como son la socioeconómica, expresada en el modelo de desarrollo que impera, y la sociopolítica, vista en la institucionalidad jurídico-política vigente, es posible derivar ciertas consecuencias fundamentales. En efecto, un modelo de desarrollo, además de ser principio orientador de la acumulación, debe considerar, entre otros, los aspectos sociales, políticos y culturales. No es suficiente que el modelo genere altas tasas de crecimiento y equilibrios macroeconómicos. Democratización significa incorporación a los resultados del crecimiento económico. En Chile a partir de 1990, se puede observar que es muy poco lo que los gobiernos de la Concertación pueden mostrar. La desigualdad se ha profundizado según lo muestran estudios diversos: Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) y Cepal, entre otros.
El problema de la consolidación democrática debe ser visto en relación a los anteriores: concepción y práctica de democracia y democratización. Evidentemente, la experiencia chilena y el proceso latinoamericano en general, ponen de manifiesto la concreción de un nuevo proyecto de dominación en la región. Este está estrechamente vinculado al proceso de globalización, con una clara especificación del papel que corresponde al subcontinente en ese proceso: "modernización dependiente", con todas las consecuencias que ello implica en cuanto a los mecanismos de exclusión social.
Aunque han sido señalados los problemas relativos a las transformaciones socio-culturales y político-ideológicas que, entre otra cosas, se expresan en inmovilismo social y político, ciertos elementos de la realidad no pueden ser obviados respecto de la consolidación de la democracia, tal y como ésta se vive en la actualidad. La existencia de una población que no es objeto de convocatoria ni en el nivel político simbólico ni en el político práctico, constituye un elemento de fragilidad para la democracia y su consolidación. Resulta realmente difícil pensar la consolidación de la democracia "actualmente existente", con los niveles de desigualdad y exclusión que la implementación del proyecto neoliberal no ha podido corregir. Las políticas neoliberales no son simplemente medidas de corto plazo para lograr ciertos y determinados ajustes. Por el contrario, son parte constitutiva de la lógica de largo alcance del funcionamiento del proyecto refundacional del capitalismo que se viene poniendo en práctica en América Latina, y Chile es sin duda el caso más logrado al respecto. Por último, pero no menos importante, hay una evidente crisis de proyectos alternativos.
Bibliografía
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (1997): Social Panorama of Latin America, Santiago de Chile , Ediciones de la Cepal.
Fazio, Hugo (1997): Mapa de la extrema riqueza en Chile, Santiago de Chile, Lom Ediciones.
Garretón, Manuel Antonio (1993): La dimensión política de los procesos de transformación en Chile, Santiago de Chile, Flacso-Programa Chile, Documento de Trabajo Nº 29, Serie Estudios Políticos.
Lechner, Norbert (1990): A la búsqueda de la comunidad perdida. Santiago de Chile, Flacso-Chile, Documento de Trabajo Nº 2, Serie Estudios Políticos.
Ministerio de Planificación y Coordinación de Chile (Mideplan) (1996): Realidad económico-social de los hogares en Chile, Santiago de Chile, Mideplan.
------------------------------------------------ (1997): Pobreza y distribución del ingreso en Chile, 1996, Santiago de Chile, Mideplan.
Moulian, Tomás (1995): "Chile. Las condiciones de la democracia" en Nueva Sociedad, Nº 140, Caracas, pp. 4-11.
Peña, Jorge (1997): Autoritarismo y democracia en Chile, Caracas, Ediciones FACES-UCV.
Vergara, Jorge (1997): "Transformaciones sociales y crisis cultural de la sociedad chilena", Santiago de Chile, Texto de Avance de Investigación para Fondecyt de Santiago, Proyecto Nº 1969050.
1 Términos usados por Manuel A. Garretón y Tomás Moulian, respectivamente, en sus trabajos sobre el análisis de la transición en Chile.
2 Expresiones de lo señalado son, entre otros, los "Ejercicios de Enlace" que realizaron las Fuerzas Armadas, el 20 de diciembre de 1990, cuando se planteo realizar una investigación en relación a unos cheques dados por el Ejército al hijo de Pinochet. Esto significó "mostrar" las tropas en la calle, prescindiendo de la autoridad civil. O el llamado "Boinazo", hecho ocurrido el 28 de mayo de 1993, cuando el general Pinochet, sin que ninguna circunstancia oficial lo justificara, se dedicó a pasar revista a las tropas, con tenida de combate, en momentos en que se estaba discutiendo el proyecto de ley de Punto Final, mediante la cual de determinaría los alcances futuros de cualquier investigación que involucrara a miembros de las Fuerzas Armadas sobre hechos ocurridos durante la dictadura.