Cuando el congresante y destacado activista por los derechos humanos Walter Márquez deploró el poco efecto que tuvieron las recientes protestas de calle contra el Decreto 1850, el cual autoriza la apertura de la reserva forestal de Imataca a los concesionarios, sin proponerselo él estaba sólo diciendo parte de la verdad. Según Márquez, los manifestantes eran incapaces de influir en el gobierno, porque éste es "autista, ya que asigna más importancia a la inversión multinacional que a la opinión pública" (Márquez).
Sin embargo, los indígenas y los ambientalistas que integraban la masa de manifestantes consiguieron apoyo de los venezolanos en general en parte por las acciones teatrales empleadas. Durante una marcha hacia el Capitolio Nacional en julio pasado, se le unió un grupo de indígenas con arcos, flechas y sus rostros pintados, corriendo detrás de otros individuos vestidos como mineros; cerca, una concentración de mujeres indígenas agitaban banderas de Venezuela y carteles indicando los nombres de sus respectivas tribus, mientras que otros manifestantes sostenían globos verdes en alusión al ambientalismo.
Los manifestantes también tuvieron éxito al influenciar a los congresantes de todos los partidos políticos que, con la excepción del partido gobernante Convergencia, votaron por la censura del Decreto. El Presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, César Pérez Vivas, del Partido social cristiano Copei, marchó a la cabeza de los manifestantes hacia el Capitolio. Al mes siguiente, la Comisión del Ambiente y el Colegio de Sociólogos y Antropólogos introdujeron una demanda, cada uno por separado, pidiendo la anulación del Decreto ante la Corte Suprema de Justicia. Ellos cuestionaban la legalidad del Decreto sobre la base de que éste cedía la explotación de un millón de hectáreas a la minería privada y a intereses madereros sin la aprobación del Congreso (requerida tanto por la legislación nacional como la Convención de Washington de 1941), ignorando también los derechos de cinco diferentes grupos indígenas a sus tierras ancestrales. El Decreto no contempla la participación de la población local y tampoco grupos ambientales en los mecanismos de control. Una decisión de la Corte en noviembre suspendió los efectos del Decreto hacia el futuro, aunque no anuló los permisos (en muchos casos de dudosa legalidad) otorgados a más de 300 empresas nacionales e internacionales durante los últimos años para la explotación de la reserva.
Márquez, quien fue electo con el apoyo del Movimiento al Socialismo (MAS), criticó al dos veces candidato presidencial del partido y actual Ministro de Cordiplán Teodoro Petkoff por haber ayudado en la elaboración del Decreto. Márquez, que en el pasado contó con el apoyo de Petkoff en las disputas internas del MAS, dijo "Tengo mucho respeto por Teodoro, pero en este caso está equivocado. La reserva de Imataca es naturaleza en forma pura, y como parte de nuestro patrimonio, necesita ser conservada intacta".
Otro ex-candidato presidencial de izquierda, el asesor Américo Martín, trabajó con Petkoff en el Decreto y poco después de la protesta en frente del Capitolio, los dos viajaron al estado Bolívar donde está localizada Imataca, en búsqueda de apoyo a la medida. Argumentando que el capital foráneo pondrá orden a la minería ilegal y la consecuente devastación ecológica en el area, Petkoff declaró: "Quién ha dicho, como lo sostienen los críticos del decreto, que Imataca es el jardín del Edén, el paraiso terrenal, donde entre pajaritos y sílfides se aman Adán y Eva? Imataca es el reino de la anarquía" (Petkoff).
El Decreto 1850 tiene como meta aumentar la producción de oro de 15 a 50 toneladas por año y en el proceso convertir a Venezuela en uno de los productores principales a nivel mundial.
La controversia sobre Imataca es típica de las diferencias entre los tecnócratas y otro miembros del ejecutivo nacional, por una parte, y de los congresantes, por la otra, en cuanto a los planes para atraer grandes inversiones extranjeras a los sectores claves de la economía. En el Congreso, Acción Democrática, el MAS (a pesar de su apoyo a la administración de Rafael Caldera) Copei, la Causa R y su division de izquierda (Patria Para Todos) (PPT), han escudriñado los esquemas de privatización del gobierno. Las posiciones dentro de los partidos individuales sobre las políticas neoliberales son poco consistentes, pero al menos el Congreso está resistiendo los esfuerzos del FMI por acelerar su aplicación a través de la privatización masiva. Precisamente debido a las vacilaciones y vaguedades de los partidos políticos, el destino del sector estatal de la economía y los términos bajo los cuales se permita actuar al capital foráneo serán determinados en última instancia por los movimientos sociales y la articulación de la opinión pública.
La agenda petrolera oculta
Venezuela adoptó tardíamente el neoliberalismo en gran parte porque los ingresos petroleros liberaron al gobierno de la presión por privatizar. La Ley de Privatización fue aprobada finalmente en 1992 casi al mismo tiempo que la Cantv, así como también los sectores no estratégicos tales como varios bancos pequeños, hoteles, y centrales azucareros fueron pasados a manos privadas.
Estas transferencias, sin embargo, fueron sólo el preludio a las propuestas actuales para la privatización de las joyas de la corona de la economía: la industria petrolera; el aluminio, el acero, y las compañias eléctricas en el estado Bolívar, dirigidas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); y el sistema de seguridad social.
La privatización del petróleo representa un desafío especial para el neoliberalismo. La celebrada nacionalización de la industria petrolera venezolana en 1976 llenó el orgullo nacional, tal como sucedió en México en 1938. Los políticos venezolanos están reacios a reversar el proceso abiertamente. (El gobierno neoliberal de Carlos Salinas en México también prometió no subastar a la petrolera Pemex, pero de hecho promovió la privatización gradual de la industria).
En Venezuela, se están dando los pasos en esa dirección. El 21 de julio, la revista Time publicó un aviso anónimo de 8 páginas titulado "Abriendo la Puerta a las Inversiones Extranjeras: La Apertura Petrolera Venezolana". La esencia del aviso era que los planes de liberalización para la explotación foránea de las reservas, la propiedad privada de las estaciones de gasolina, y la privatización de la industria petroquímica representan "la puerta trasera a la privatización" de Pdvsa. El aviso finaliza con una nota profética: "El trabajo difícil en el futuro radica en convencer al público nacionalista de aceptar lo que es casi inevitable (...) en el futuro Pdvsa será privatizada" (Time).
El presidente de Pdvsa, Luis Giusti, ha argumentado que la privatización de la industria petrolera no debería ser un tabú, pero aun él resiste a enfrentar a la opinión pública al proponer formalmente a Pdvsa en venta. De acuerdo con Alí Rodríguez, miembro de Patria Para Todos y ex-vice presidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas del Congreso: "No es del todo sorprendente que nadie reclame el crédito por el aviso del Time. Los patrocinantes obviamente querían medir las aguas y preparar a la opinión pública" (Rodríguez). Fundapatria, una organización fundada con el expreso propósito de introducir una demanda en la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de la política petrolera del gobierno, ha solicitado que el Procurador General investigue el aviso con el fin de determinar su autoría.
La Causa R (antes del cisma de PPT) fue el único partido importante en el Congreso en votar en contra de la "Apertura Petrolera", la cual invita al capital privado a participar en la exploración y explotación del petróleo. Apertura tiene tres variantes, dos de las cuales Rodríguez acepta en principio aunque critica ciertos aspectos específicos. Uno es la administración extranjera de los pozos marginales. Rodríguez indica que estos campos no son siempre tan "marginales", ya que la producción algunas veces duplica el límite de los 15.000 barriles diarios, lo cual es lo que define el término en los Estados Unidos. La otra modalidad está diseñada para el petróleo no convencional, específicamente la Faja Petrolera del Orinoco, la cual requiere de grandes sumas de capital y tecnología sofisticada no probada.
El tercer convenimiento, conocido como "Ganancias Compartidas", abre los campos petroleros convencionales al capital extranjero. Rodríguez lo denomina "la verdadera privatización del petróleo, todo lo demás es secundario". El gobierno de manera engañosa califica el plan como una "inversión de alto riesgo". De hecho, se anticipa que la exploración será muy costosa, pero el riesgo en sí es relativo. Antes de la licitación en enero de 1996, Pdvsa había realizado exploraciones preliminares de los ocho bloques subastados y los hallazgos fueron entregados a los ocho ganadores. Al menos en dos de los bloques, Pdvsa había encontrado reservas probadas, y el rico potencial de todos ellos era ampliamente reconocido (The Economist, 1997, 34).
Rodríguez critica el plan de Ganancias Compartidas porque limita la participación del Estado en una cantidad que va del 1 al 35% del capital total de cada operación conjunta. Indudablemente que el arreglo genera ingresos públicos sustanciales, pero la renuncia del Estado a su estatus como inversionista mayoritario apunta en la dirección de años anteriores cuando la Shell y la Standard convirtieron a Venezuela en una verdadera Banana Republic. Rodríguez señala: "Alguien ha afirmado que la renta es lo mejor del mundo, pues representa un ingreso para el cual no hay que invertir ni trabajo, ni capital. Verdadera encarnación del ideal hedonista" (Rodríguez).
Pdvsa orginalmente propuso una paridad entre sus representantes y los del capital privado en los Comités de Control que toman las decisiones para la explotación de cada bloque. El veterano líder de AD, Carlos Canache Mata, atacó el plan sobre la base de que "si se establece... un comité de control con representación paritaria, es decir a parte iguales (sic), entre la filial de Pdvsa y el ente emisor privado, entonces estamos simplemente sustituyendo el poder de decisión, el control estatal, que de acuerdo con el Artículo 5 debe haber sobre ese convención de asociación, por un simple poder de veto y eso no fue lo que nosotros aprobamos en 1975" (Comisión Bicameral). Canache logró convencer al Congreso de que modificara la proposición y estipulara que representantes nombrados por el Ministerio de Minas ocuparan el cargo de presidente de los Comites de Control y tuvieran el voto decisivo. Rodríguez reconoce la importancia de esta modificación pero insiste en que de todos modos el Estado, como inversionista minoritario, pierde el control efectivo.
AD es el partido que más se ha manifestado en contra de la venta de los bienes de Pdvsa; otros partidos se le unieron en la Cámara de Diputados para presentar una resolución rechazando la privatización de la industria. Canache Mata jugó un rol decisivo al conseguir que su partido se opusiera también a la privatización de la industria petroquímica, la cual era respaldada por los voceros del gobierno y algunos líderes de AD. Sin embargo, al ratificar la Apertura Petrolera, AD y otros partidos en el Congreso ayudaron a abrir un verdadero punto de entrada para el capital extranjero.
La estrategia de la Apertura Petrolera está diseñada para propiciar la salida de la producción petrolera venezolana del sistema de cuotas de la Opep. De hecho, Venezuela es ya el principal infractor entre las naciones de la Opep, pero la intención de Giusti es duplicar la producción para el año 2006 (The New York Times).
Privatización más allá del petróleo
La Zona del Hierro en el estado Bolívar incluye un complejo de acero y dos de aluminio, los cuales utilizan el hierro, la bauxita y la electricidad proveniente de la misma zona. Durante muchas décadas, los ambiciosos planes de desarrollo para estas industrias administradas por el Estado fueron motivo de gran orgullo nacional. También en la Zona del Hierro nació un movimiento radical sindicalista conocido como el "Nuevo Sindicalismo", que lanzó al partido Causa R al escenario político nacional.
En el pasado reciente, el Nuevo Sindicalismo ha organizado varias marchas con el fin de demandar que la privatización de las empresas afiliadas con la CVG sea conducida con un rostro humano. Ellos plantean la venta de 20% de las acciones del nuevo consorcio de aluminio a los trabajadores y otro 20% al público en general. De acuerdo con Andrés Velásquez, "Los compañeros del Nuevo Sindicalismo viajaron a otros países en América Latina con el fin de estudiar otras experiencias sobre la privatización. Poca atención ha sido prestada (en Venezuela) a los numerosos trabajadores que sufren de enfermedades industriales. Las personas que dirigen el proceso (de privatización) quieren ofrecer a los trabajadores jubilaciones adelantadas y dejar todo lo demás en el aire. El Nuevo Sindicalismo insiste que o los nuevos dueños o el Estado se comprometan a buscar soluciones a los problemas heredados del pasado" (Velásquez).
Jorge Roig, el vocero de la representación de la Causa R en el Congreso, logró ganar otros miembros de la Comisión de Minas a una proposición también apoyada por el gobernador Jorge Carvajal del estado Bolívar de colocar la mitad de las ganancias derivadas de la privatización de la CVG (después de pagar las deudas pendientes) en un fondo para el "relanzamiento" de la Zona del Hierro. Este dinero estaría asignado a un programa de reentrenamiento de los trabajadores, otro para estimular las pequeñas y medianas empresas y un tercero que "promueva un nuevo modelo de desarrollo industrial y tecnológico en la región, y esto requiere inversión por parte del Estado" (Roig). La Comisión de Minas también modificó el plan propuesto por la CVG y otros tecnócratas del gobierno al congelar la fuerza laboral en las industrias de acero y aluminio por un año.
Roig objetó, sin embargo, que los tecnócratas del gobierno presentaron a la Comisión un hecho cumplido en la forma de un plan con el cual "los inversionistas extranjeros ya estaban de acuerdo, dejando así al Congreso con pocas opciones excepto agregar algunos ingredientes de menor importancia, pero la oportunidad de idear una nueva estrategia definitivamente se perdió."
Roig afirmó que Venezuela perdió 1.3 millardos de dólares en la privatización de Sidor que se realizó en diciembre, aunque aseguró que su partido no tenía intenciones de buscar la anulación del proceso.
La posición de AD en la Comisión de Energía y Minas es en efecto más combativa que la de la Causa R, ya que el partido blanco está dispuesto a detener el plan para los complejos de aluminio auspiciado por la CVG y el FIV por el tiempo que sea necesario y hacer revisiones básicas que favorezcan los intereses nacionales. El Senador de AD, Virgilio Avila Vivas que encabeza la Comisión Bicameral de Energía y Minas acusó a la administración de Caldera de "incompetente". Según él, los tecnócratas del gobierno "ahora quieren acelerar su plan a través del Congreso después de darle larga por varios años al mismo" (Avila Vivas).
Más importante aún, Avila Vivas (a diferencia de Roig) favorece la división de la industria del aluminio en bloques, en vez de venderla como un todo. Cuestiona la propuesta de la CVG y el FIV de venderla a una compañía de aluminio verticalmente integrada, como la Reynolds (que era un cliente importante de Alcasa y uno de sus accionistas). Avila Vivas previene que el plan patrocinado por la CVG, aunque proporciona al Estado mayores ingresos, excluirá a las 170 compañías venezolanas que procesan el aluminio primario, ya que la producción será exportada a las subsidiarias del nuevo propietario alrededor del mundo. Esta preocupación es compartida por el ex-presidente del MAS, Gustavo Márquez, quien teme que las firmas venezolanas serán despojadas de una fuente confiable de materia prima y no podrán sobrevivir si son obligadas a importar aluminio del extranjero ("El FIV...", 1997; Márquez, 1996).
De hecho, la negativa de AD de actuar con prontitud en el plan de privatizar el aluminio ideado por la CVG obedece a un imperativo electoral y clientelista. Los líderes del partido están renuentes a llegar a un acuerdo que pueda provocar repudio popular antes de las elecciones generales de diciembre de 1998. Esta actitud de indecisión ha sido captada por la comunidad empresarial extranjera. El FMI denomina "Privatización a la Venezuela" como nada más que las intenciones anunciadas, mientras que The Economist señala: "Parece, cada vez más, que las reformas fundamentales serán dejadas al sucesor del Sr. Caldera" (The Economist, 1997,13).
Tal como en el caso de las industrias del acero, del aluminio y del petróleo, pocos líderes políticos, si acaso alguno, proponen excluir al sector privado completamente del reestructurado sistema de Seguridad Social. Sin embargo, los neoliberales, como también Fedecámaras, quieren excluir al Estado de cualquier papel significativo en la gerencia de la Seguridad Social y proponen privatizarla al estilo Pinochet en Chile. Fedecámaras apunta a la necesidad de evitar a toda costa la experiencia negativa del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS), el cual fue un foco de corrupción y que desvió las contribuciones de los empleadores y empleados a otros programas del gobierno e incluso invirtó en bienes raíces. Fedecámaras concluye que el Estado como administrador es inherentemente inepto.
Sin embargo, la indignación de los líderes empresariales oculta su propia responsabilidad por el verdadero colapso del IVSS. Según el Ministro de Hacienda Matos Azocar, el gobierno "detectó" recientemente que la deuda con el IVSS de un estimado 40.000 empresas privadas, todas las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías, instituos autónomos y universidades alcanzó proporciones astronómicas. El interés de Fedecámaras en despojar al Estado de los mecanismos institucionales para supervisar el sistema de Seguridad Social puede provenir de un deseo no tan inconsciente de evadir sus obligaciones como deudores. Un líder nacional del sindicato de empleados públicos señaló: "Nosotros tenemos la impresión de que los empresarios esperan una repetición de lo que pasó con los préstamos otorgados por la CVF (Corporación Venezolana de Fomento). Cuando la CVF fue desmantelada, una parte importante de la deuda multimillonaria del sector privado con este organismo fue simplemente condonada y olvidada" (Colinas).
El gobierno y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) han insistido en un sistema mixto público-privado, el cual contempla la administración y la supervisión por parte del Estado. Los dos superaron a Fedecámaras en la votación sobre este punto en la Comisión Tripartita que fue creada con el propósito de reestructurar el sistema de Seguridad Social existente. Los líderes laborales cuestionan la confiabilidad de las instituciones financieras que tendrán la responsabilidad de administrar el dinero proveniente de las cotizaciones bajo el nuevo sistema, particularmente las colosales sumas depositadas en cuentas individuales de cada trabjador. La debacle financiera de 1994, cuando el gobierno tuvo que intervenir para salvar la mitad de los bancos de la Nación, es un recuerdo vivo para los sindicalistas, quienes por consiguiente están reacios de dejar al Estado fuera del nuevo sistema.
No obstante la CTV ha demostrado un exceso de confianza en relación con el sector privado y una falta de firmeza hacia el gobierno. Su ingenuidad se puso en evidencia en la Comisión Tripartita cuando la CTV aceptó la elminación del sistema de pago de prestaciones sociales retroactivas, calculadas sobre la base de los años de servicio al salario actual del trabajador. Rafael Caldera a la edad de 20 años en 1936 colaboró en el diseño de este sistema, uno de los más avanzados de su tipo a escala mundial. La CTV aceptó ciegamente el argumento de Fedecámaras de que las obligaciones por el pago de prestaciones resultaba muy onerosas a los empresarios, ya que limitaban el capital y desestimulaban a las compañías a emplear nuevo personal e incrementar los salarios. En las palabras de un miembro del Comité Ejecutivo de la CTV, "a nosotros nos hicieron creer que la eliminación del sistema de prestaciones sociales retroactivo, además de aumentar el empleo y los salarios, prepararía de algún modo el terreno para la creación de un nuevo y viable sistema de Seguridad Social" (Iriarte).
Nada de esto pasó. Una huelga general convocada por la CTV el 6 de agosto de 1997 paralizó completamente la economía. La suspensión de actividades estaba dirigida contra aquellas compañías que no aumentaron "sustancialmente" los salarios, tal como el presidente de Fedecámaras explícitamente prometió en la Comisión Tripartita, y contra aquellos que despidieron trabajadores, aunque Fedecámaras había asegurado que ello no sucedería. La decisión de los dirigentes cetevistas de llamar la huelga era una admisión tácita que habían sido engañados.
La Causa R y (sus ex-compañeros) el PPT votaron en el Congreso contra la eliminación del pago de prestaciones retroactivas sobre la base de que la proposición debería estar supeditada a la aprobación de, en palabras del Nuevo Sindicalismo, "un verdadero sistema de seguridad social, amplio y eficiente, que ampare y beneficie a todos" e incluya provisiones para salud, retiro, desempleo, vejez e incapacidad del trabajador y política habitacional (Correo). El Nuevo Sindicalismo también insistió en que la huelga general de agosto levantaría la bandera de un aumento salarial decretado o aprobado por el Congreso en vez de escoger como blanco un grupo no especificado de compañías, dejando así prácticamente ileso al gobierno.
Sólo un mes después, en septiembre, la CTV consideró a regañadientes la posibilidad de introducir una legislación para aumentar los salarios. El gobierno sacó partido de la retórica de la CTV que hacía énfasis en la irresponsabilidad del sector privado. El Ministro de Cordiplan, Teodoro Petkoff, dijo que siendo "luchador social" desde hace años, él apoyaba la huelga de agosto. Petkoff insistió en que la suspensión de actividades no estaba dirigida contra el gobierno, el cual había cumplido con sus obligaciones puntualmente al incrementar los salarios para los empleados públicos, sino contra los empresarios, quienes, en general, carecían de la motivación "schumpeteriana" de sus contrapartes en otras naciones.
Las elecciones de 1998 y la privatización
Dos estrategias electorales han surgido para la contienda presidencial de diciembre de 1998. Una intenta aislar a AD, el partido mejor ubicado para ganar las elecciones. Los que sustentan esta visión política acusan a AD de ser el principal enemigo de la descentralización y la profundización de la democracia en general, debido a su tradicional apoyo al intervencionismo del Estado y al poder centralizado. Esta estrategia está promovida por la dirigencia nacional de Copei, que rechaza cualquier entendimiento electoral con AD, a diferencia de las elecciones gubernamentales de 1995 cuando se alió con los adecos en los estados Lara y Amacuro. Al mismo tiempo, los copeyanos están dispuestos considerar alianzas con otros partidos a nivel regional, inclusive con la Convergencia de su archirrival Rafael Caldera y la "Apertura" de Carlos Andrés Pérez.
La tendencia del MAS identificada con el presidente del partido Felipe Mujica, también defiende esta posición. Mujica prevee un nuevo tipo de polarización política en que el partido social cristiano Copei reunificado (abarcando a Copei y a Caldera y a los seguidores de éste) alcance la unidad con el MAS y otros que abogan por la "modernización" (uno de los términos favoritos de los neoliberales). De acuerdo con Mujica, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez inició el programa de modernización que "históricamente... era correcto" (Mujica). En el lado opuesto del espectro político está AD que, según Mujica, "está nadando contra la corriente de la historia por respaldar las políticas proteccionistas de los 60".
La Causa R y la tendencia del MAS encabezada por Victor Hugo D'Paola abraza una segunda estrategia que le da prioridad a las campañas de los candidatos a gobernadores y alcaldes con un fuerte respaldo en sus respectivas localidades. El movimiento propuesto apoyaría a los candidatos del MAS en los cuatro estados donde éste controla las gobernaciones (Aragua, Lara, Portuguesa y Sucre), al candidato de la Causa R en Zulia y a su aspirante en Bolívar (su fortaleza principal), y en otros estados donde los candidatos populares están fuera del dominio de AD y Copei. El movimiento regional serviría para apuntalar al candidato presidencial de la alianza, quien según D'Paola podría ser Petkoff, Andrés Velásquz o Salas Romer, quien recientemente rompió con Copei y como gobernador de Carabobo fue un destacado exponente de la descentralización. El ex Secretario General del MAS, Enrique Ochoa Antich, quien era cercano de D'Paola (antes de su renuncia al MAS) ha dicho "En el lenguaje de la vieja izquierda, el movimiento popular ha decaido y por eso no tenemos el derecho a esperar alcanzar el poder nacional; nuestro campo de batalla debería ser a nivel regional y no nacional" (Antich).
D'Paola rechaza categóricamente la estrategia anti-AD ya que la fragilidad del sistema democrático implica que quien gane en 1998 no podrá gobernar sin el consentimiento del partido más grande del país, el cual domina el movimiento laboral y la mayoría de las gobernaciones (D´Paola). En un documento escrito para la convención nacional del partido en Rio Chico, D'Paola afirmó que "El MAS debe superar tabúes en relación a Acción Democrática" y asomó la posibilidad de alianzas en estados como Delta Amacuro donde el enemigo principal es Copei y donde los MASistas aspiran volver a ganar la gobernación (D´Paola, "La política...").
Mientras que la primera estrategia de aislar a AD tiene como trasfondo la promoción de políticas neoliberales, la segunda apunta en la dirección de una posición más nacionalista en política económica pero ambas hasta ahora han ignorado los asuntos económicos. Ciertamente, las vacilaciones del MAS, la Causa R y AD (que en septiembre introdujo una legislación privatizando la comercialización de la gasolina al mismo tiempo que consideraba la venta de acciones en la industria petroquímica) no auguran nada bueno para un debate nacional sobre la privatización.
De hecho, algunos neoliberales señalan la falta de diferencias verdaderas sobre política económica entre los más importantes sectores políticos como prueba de la prevalencia del legendario consenso sobre modernización y globalización, las cuales son vistas como deseables e inevitables por parte de los neoliberales. Esta afirmación pasa por alto el debate en el Congreso sobre los términos de la privatización del aluminio y del acero, la oposición a la privatización del petróleo, la producción petroquimica y la energia hidroeléctrica, así como la resistencia de la CTV a la privatización total del sistema de seguiridad social.
La Causa R, PPT y la tendencia encabezada por D'Paola en el MAS necesitan insertar, e inclusive enfatizar, planteamientos referente a la política económica en la venidera campaña. No solamente tiene sentido desde un punto de vista electoral, dado el potencial para ganar la opinion pública en favor de las posiciones nacionalistas, sino que también es la mejor garantía de que quien sea el ganador en diciembre, no podrá desestimar la opinión pública descaradamente y decretar un programa de privatización al estilo del FMI.
Bibliografía
Comisión Bicameral de Energía y Minas (1997), "Debate nacional sobre la Apertura Petrolera", Caracas, pp. 266-267.
Correo del Caroni (1997), 21 de marzo, p. A-4.
"El FIV y CVG venden a precio de gallina flaca la de los huevos de oro" (1997), Zeta, N° 1131, 22 de mayo, p. 16.
Mujica, Felipe (1997), Lo que define al MAS es su preocupación por la justicia social, Ediciones Apertura, Caracas.
Petkoff, Teodoro (1997), Discurso en Ciudad Bolívar, auditorio de la CVG, 20-6-97.
Rodríguez, Alí (1997), "El proceso de privatización petrolera en Venezuela", p. 74.
The Economist, (1997), 14 de junio, p. 34.
The New York Times, A-6.
Times (1997), 21 de julio.
Entrevistas del autor con:
Antich, Ochoa (1997), 8 de septiembre, Caracas.
Avila Vivas, Virgilio (1997), 1 de septiembre, Caracas.
Colinas, Rafael (1997), 9 de septiembre, Caracas.
D´Paola (1997), rueda de prensa, 8 de septiembre, Barcelona, Venezuela.
Iriarte, Freddy (1997), 8 de septiembre, Caracas.
Márquez, Gustavo (1996), 10 de septiembre, Barcelona, Venezuela.
Márquez, Walter (1997), 1 de septiembre, Caracas.
Rodríguez, Alí (1997), 1 de septiembre, Caracas.
Roig, Jorge (1997), 2 de septiembre, Caracas.
Velásquez, Andrés (1997), 2 de septiembre, Caracas.