Por Una Democracia Sin Exclusiones Y Sin Excluidos
Declaracion Final
El XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, reunió en Sao Paulo, Brasil, entre los días 31 de agosto y 5 de septiembre de 1997, a más de mil especialistas de todas las disciplinas en ciencias sociales, quienes participaron en cuatro conferencias magistrales, veintidós mesas redondas y veintidós comisiones de trabajo. En un ambiente de pluralidad se discutieron los trabajos de los participantes y se logró un estimulante intercambio de conocimientos.
Reunidos los asistentes en la Asamblea final del Congreso, se acordó emitir la siguiente declaración:
Las tendencias hegemónicas de la globalización han significado un inmenso proceso de reacomodo de las relaciones de poder. La concentración del poder militar, político, económico, tecnológico, financiero y comunicacional en unos pocos Estados, organizaciones y empresas transnacionales, está acelerando la segregación y exclusión de la gran mayoría de la población de mundo.
Prevalece un modelo de desarrollo y organización socio-política en el cual los intereses del lucro de las minorías se imponen sobre todo otro valor o interés humano. Se trata igualmente de un modelo que requiere un violento y permanente asalto depredador de la naturaleza y es por ello absolutamente insostenible, en cuanto pone en peligro la vida misma en el planeta Tierra.
Las reformas impuestas a los países latinoamericanos no son aplicadas en los países hegemónicos para reducir el gasto público, controlar la deuda interna y externa, o disminuir el proteccionismo. En cambio, los programas actuales de los gobiernos de la mayor parte de nuestros países profundizan el proceso de privatizaciones de empresas públicas estratégicas; la subvención fiscal a los grandes capitalistas transnacionales; el subsidio masivo a la banca; y una reestructuración productiva con la pérdida de derechos conquistados por las luchas históricas de los trabajadores del subcontinente.
Los resultados de cerca de dos décadas de ajustes estructurales y reforma del Estado están a la vista: una inmensa masa de desempleados y subempleados, la precarización de los empleos y de los servicios de seguridad social, salud y educación, el incremento de la violencia social y política, y la pérdida prácticamente total de la soberanía económica y política de las naciones latinoamericanas.
Hoy existen en la mayoría de nuestros países regímenes de democracia representativa. En ellos se manifiesta la lucha entre concepciones, proyectos, fuerzas y tendencias orientados en sentidos diversos. Por una parte, se plantea una opción que favorece la creciente concentración del poder económico y político, la exclusión mayoritaria, y la práctica de programas encaminados a reforzar el control social, asegurar la gobernabilidad, y limitar la participación popular en la vida pública. Por otra, la democracia ha servido para ampliar la presencia de las colectividades, la formación de redes horizontales de las organizaciones culturales y políticas y de los movimientos sociales, el cambio en las formas y medios mismos de la actividad pública, el establecimiento de nuevas relaciones y vías de comunicación alternativas, el establecimiento de los principios de una institucionalidad participativa y una cultura democrática.
En su versión restringida, la democracia representativa ha conducido al abuso de las atribuciones presidenciales, a la toma de decisiones al margen de todo debate democrático; el favorecimiento de diversas formas tendentes a asegurar la continuidad de las políticas económicas neoliberales; a la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en la vida política; al desborde del enriquecimiento ilícito, la corrupción y la emergencia de ostensibles vinculaciones entre numerosos funcionarios públicos y el narcotráfico. El hostigamiento a movimientos populares, la identificación de los pobres como "delincuentes" y la represión como recurso permanente para enfrentar demandas no resueltas, constituyen grandes limitaciones para una genuina democracia.
No obstante, la ampliación de derechos políticos y la participación de fuerzas opositoras permite que se expresen intereses diversos a los del poder, legitima y fortalece la resistencia popular en contra de los programas de gobierno. La riqueza de experiencias y propuestas democráticas surgidas en los últimos años es notoria. Expresión suya son movimientos sociales como el de los Sin Tierra en Brasil, de los estudiantes universitarios en Chile y Nicaragua, de los empleados públicos en Argentina y Venezuela, de los cocaleros en Bolivia y Colombia, de las asociaciones en lucha por los derechos humanos en Honduras y Paraguay, de los movimientos indígenas en México, Guatemala y Ecuador, de las mujeres y de las minorías en todo el subcontinente.
En América Latina, se han consolidado partidos y frentes políticos democráticos que favorecen la realización de experiencias de gobierno participativo en municipios y regiones, y apuntan hacia la ampliación de una conciencia y una práctica en la gestión pública, la apertura de espacios no estatales de acción colectiva, la orientación de proyectos alternativos de desarrollo y el establecimiento de formas de representación incluyentes en todos los ámbitos.
El potencial de las universidades públicas y de los centros de investigación como generadores de conocimiento, como difusores de prácticas sociales democráticas, como estudiosos de experiencias colectivas novedosas, es crucial. Nuestras universidades públicas se han visto sometidas a restricciones presupuestarias, a modelos tecnocráticos y de desarticulación de la investigación, la docencia y la difusión. La evaluación basada en criterios productivistas y eficientistas atenta contra la producción de un conocimiento creativo y con responsabilidad social, ya que impone normas de rentabilidad que son ajenas e inadecuadas para la actividad docente y de investigación. Por estas razones, los científicos sociales debemos aplicarnos más que nunca en la defensa y ampliación de estos espacios de pensamiento crítico y continuar abriendo horizontes de conocimiento que favorezcan la solución de los graves problemas sociales que viven nuestros pueblos.
La Asociación Latinoamericana de Sociología ratifica su compromiso con el impulso a un pensamiento latinoamericano propio, no colonial, identificado con los problemas y las luchas de las mayorías, con el objetivo de alcanzar una democracia de todos y para todos, sin exclusiones ni excluidos.