Urbanización y violencia
Las violencias que ocurren en el ámbito urbano, entre las que sobresalen las de carácter social y delincuencial, vienen extendiéndose a una velocidad sin precedentes llegando a ser, hoy por hoy, responsables de la mayor cantidad de los homicidios que se cometen en casi todos los países del hemisferio. Ciudades hasta hace poco consideradas como pacíficas y seguras, están experimentando sosiego y la apacibilidad de sus moradores. En Cali, por ejemplo, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes se quintuplicó entre 1984 y 1994. Por el número de víctimas que produce y por sus corolarios, la violencia se ha convertido en el principal problema de muchas ciudades y en la primera causa de muerte.
En las ciudades de América Latina la violencia ha venido extendiéndose a una velocidad que sobrepasa la de su rápido crecimiento espacial y demográfico. Inclusive en ciudades otrora seguras, como Santiago, Caracas o San José, se incrementan paulatinamente eventos que ponen en jaque la tranquilidad ciudadana. La violencia, por el número de víctimas y por la magnitud de sus secuelas, ha adquirido carácter endémico en muchas ciudades, o está en proceso de adquirirlo en otras. Un rasgo distintivo de la violencia urbana actual es su expansión en cantidad e intensidad. El homicidio tiene una tendencia creciente tanto en número, como en la atrocidad con que se lo perpetra; los hurtos son cada vez más audaces y los atracos comportan cada vez más lesiones a las víctimas. La violencia se ejerce progresivamente con más saña y audacia; es más cruel, encarnizada y destructiva.
La ciudad compendia la diversidad de una sociedad en todas las esferas: en lo social y en lo político, en lo económico y en lo cultural. Por eso, el mundo urbano, habida su complejidad y por la urdimbre de relaciones que continuamente allí se tejen, ha constituido siempre un escenario de conflictos. En el haz de interacciones múltiples y variadas, asimétricas y diferenciadas, que caracterizan la vida urbana, están permanentemente implícitas todas las posibilidades de desavenencia, disensión y divergencia. No obstante, la urbe es el problema más evidente de la civilización y en ella, a través de los siglos la humanidad ha desarrolla las mejores fórmulas para hacer efectivo el ejercicio de la democracia y construido las formas más afinadas para la conveniencia. La palabra urbanidad, que significa "cortesanía, atención y buen modo", guarda relación estrecha con el vocablo urbe.
Conflicto no significa necesariamente violencia. El conflicto es un ingrediente incesante en la vida social. De hecho, la configuración de una sociedad se basa en buena medida sobre los mecanismos que elabora y emplea para solventar los conflictos, y para prevenir su resolución por la vía de la fuerza y de la imposición. El conflicto puede, paradójicamente tener el mérito de acercar a quienes lo dirimen civilizadamente accediendo a procedimientos jurídicamente aceptados, o la desgracia de propiciar la eliminación de algunos de sus actores, cuando se falla apelando a la violencia. Como señala Guzmán (1994: 5-4), una sociedad y un Estado logran cohesión y legitimidad "en la medida en que logran institucionalizar mecanismos no violentos de resolución de sus conflictos, es más bien un proceso que propende por el control de la violencia, no sólo por parte del Estado, sino de manera importante por parte de la ciudadanía".
El crecimiento rápido y desordenado de las ciudades latinoamericanas ha ampliado y enconado todos los conflicto. En primer lugar por la perturbación inherente a las ocupaciones ilegales que enfrentan con frecuencia a la fuerza pública; por lo incierto e inestable de los nuevos asentimientos y por la premura en consolidar la posesión aunque sin garantías de servicios públicos o de condiciones adecuadas para vivir decentemente; por la fragilidad extrema de los ingresos, por la falta de redes de soporte social. Pero además porque muchas características de la ciudad que crece rápida y desordenadamente, contribuyen a agriar la calidad de las relaciones que establecen entre sí sus habitantes: la congestión, la circulación lenta, el transporte público deficitario o caótico, la contaminación atmosférica, los basureros y la ocupación y degradación de los espacios públicos.
Muchas entre las grandes ciudades latinoamericanas se han convertido parcialmente en amontonamientos atolondrados de edificaciones, vías, vehículos, transeúntes, vendedores ambulantes, mendigos, industrias, comercios, espectáculos, bares, prostíbulos, monumentos y protoparques, con pérdida de su perfil como espacios para la convivencia armónica. En esa ausencia de ciudad, como dice Francisco de Roux (1992), la opción para la gente termina siendo el repliegue hacia lugares cada vez más reducidos: círculos estrechos de amistad o de complicidad, pandillas, o en última instancia la madre, como referentes de identidades que no encuentran en el contexto amplio urbano.
La explicación radica en parte -y sólo en parte- en las particularidades que ha asumido el crecimiento urbano en América Latina y que impelen a la resolución violenta de los conflictos congruentes con la vida cotidiana, y de aquéllos que generan los procesos acelerados y desordenados de urbanización. Una de las características latinoamericanas más sobresalientes, durante la segunda mitad del presente siglo, ha sido su urbanización precipitada. Las ciudades latinoamericanas se han transformado substancialmente en las dos últimas décadas, de pueblos grandes en aglomeraciones desordenadas de pobladores desperdigados al interior de sus fronteras. Estas, se han ido ampliando en desconcierto, como aguas desbordadas que, represadas, empiezan a buscar nuevos niveles trepando indómitas laderas arriba o desparramándose incontenibles hacia las partes bajas, según las circunstancias topográficas de cada caso. La relativa velocidad de esos procesos, que en Europa tomaron docenas de años, ha rebasado en muchos casos las capacidades institucionales para regularlos. Por tal motivo, ha sido frecuente que los intentos de ordenamiento territorial urbano vayan a la zaga de las dinámicas espontáneas de poblamiento y que, más que los procedimientos para canalizar la ocupación espacial en forma equilibrada y gradual, terminen siendo mecanismos para reconocer, en derecho, posesiones de hecho.
En esos universos de fracturas que son las grandes ciudades latinoamericanas, tienden a agrietarse los viejos axiomas de solidaridad y de respeto, frente a idealizaciones que enaltecen el enriquecimiento rápido sin importar cómo y que favorecen el individualismo a ultranza. En las ciudades colombianas especialmente, pero también en algunas de otros países como México, Brasil y Perú, el narcotráfico ha efectuado una contribución sustantiva en ese proceso, como también lo ha hecho la extensión de la corrupción, desde la política a todas las esferas de la vida social. La condescendencia, la tolerancia, la deferencia, y el respeto al derecho ajeno, que regulaban junto con la normatividad jurídica las relaciones de convivencia social u coadyuvaban a la resolución pacífica de las desavenencias, al ser transmutadas en sus caracteres opuestos, han hecho que se rutinice la violencia como disolvente de conflictos lo que, a la postre, obviamente, ha terminado enardeciéndola.
Pero sería simplista explicar la expansión de la violencia en las ciudades solamente por las secuelas de la urbanización acelerada, como puede ser por ejemplo la pobreza, el desempleo o la pérdida de valores tradicionales. Estas tienen sin duda, alguna responsabilidad como catalizadores de una porción de la violencia. No obstante, como señala Guzmán (1994:8), en la dinámica compleja de la violencia urbana los agentes del crimen organizado, para citar un caso, suelen no ser necesariamente los más pobres ni los recién llegados. Así mismo, la urbanización no tiene por qué implicar por fuerza transmutación de los valores competentes para la convivencia armónica, por otros que sustenten comportamientos agresivos. La corrupción, por ejemplo, anclada en la deshonestidad, surgió en grupos sociales que no eran pobres, ni excluidos o migrantes recientes. En la ciudad descuadernada aumentan los conflictos, pero para que se resuelvan rutinariamente con violencia se requiere del concurso de muchos factores.
La reproducción de la violencia
La violencia es un producto de la sociedad; es producida socialmente y por eso se la puede prevenir socialmente. La violencia no resulta de la manifestación de comportamientos humanos instintivos sino de la expresión de comportamientos de seres humanamente alienados. La violencia es una adulteración de las relaciones humanas como producto de instituciones sociales -la familia, la escuela, los grupos a que se pertenece, las cárceles, la policía, las instituciones oferentes de servicios- que la permiten, generan o recrean cuando se distorsionan.
La violencia es un fenómeno histórico que encuentra relación con las condiciones y procesos económicos, sociales, jurídicos, políticos, culturales y psicológicos. Las particularidades que asume en cada sociedad la conjugación entre la acción del narcotráfico, los enfrentamientos políticos, las movilizaciones sociales, las formas de inclusión o exclusión de grupos poblacionales en la toma de decisiones fundamentales -entre muchos otros factores- sobre un sustrato de pobreza, se traduce de manera diferenciada en resquebrajamientos o debilitamientos institucionales, alteración de los valores éticos predominantes y descomposición familiar y social. Todos esos factores contribuyen a crear condiciones para que las sociedades se conviertan en productoras y reproductoras de violencia.
Son muchos los ingredientes que se conjugan en una sociedad para hacerla productora de violencia. La promoción del consumo de alcohol, por ejemplo, agenciada a veces por los Estados, contribuye a la extensión de la violencia. El consumo de alcohol per capita viene aumentando en la mayoría de los países de América Latina. En el decenio anterior ese incremento fue del 7% para Colombia y Chile, de 11% para México, de 16% para Panamá y de 31% para Brasil (Yunes y Rajs, 1993). La alta relación entre consumo de alcohol y el homicidio es de conocimiento público y muchas investigaciones lo confirman. Mención aparte merece el efecto del consumo de drogas. Quienes tienen adicciones cometen robos para poderlas adquirir. Además, el alto valor de las drogas y su carácter ilegal hacen de su comercio una fuente continua de violencia.
A la conversión de una sociedad en reproductora de violencia, hacen su contribución los medios de comunicación. No solamente por la porción de ciertos patrones de consumo, sino además por las transmisiones que enaltecen valores y conductas que van en contravía de la tolerancia, el respeto y la conciliación. En muchos programas televisados se exalta la violencia interpersonal como instrumento para resolver desavenencias, movilizando tendencias imitativas latentes que pueden inducir a copiar lo que se ha visto. Los medios de masas no prenden la hoguera, pero le echan leña y la atizan. Presenciar escenas violentas en forma repetida y continua, obstruye la sensibilidad de los niños y adolescentes y les marchita sus sentimientos naturales hacia la compasión. Además, los inclina a asociar la violencia con lo deseable, pues ser valeroso se equipara con ser duro y rudo; los sesga a identificarse con el victimario y no con la víctima, una vez que aprenden que la piedad es un signo de debilidad; les enseña a sublimar la crueldad y admitir la venganza como necesaria; y los induce a encontrar fascinación en subyugar y dominar. Tres estudios nacionales conducidos por diferentes instituciones estadounidenses, en 1972, 1982 y 1992, llegaron a la misma conclusión: ver violencia en la televisión estimula el desarrollo de comportamientos agresivos, incrementa la violencia e insensibiliza hacia ella (APA, 1993).
La sociedad reproduce violencia cuando es incapaz de controlar la tenencia y porte de armas por civiles; reproduce violencia cuando acepta agresiones hacia la mujer como expresión de asimetrías legitimadas culturalmente. La violencia de género, a pesar de su carácter oculto por cuanto ocurre con frecuencia en escenarios de lo privado, viene visibilizándose progresivamente, como lo demuestran los resultados de muchos estudios (OPS, 1993a; 1993b; Heise, et al., 1993). En Tegucigalpa, una menor en promedio es violada diariamente o sometida a abuso sexual. Información de Barbados de 1993 muestra que el 30% de las mujeres adultas han sido golpeadas en alguna ocasión, mientras que, para Costa Rica, Guatemala, México, Ecuador y Chile, las proporciones respectivas se situaron entre el 49% y el 60%. Un estudio realizado en el Hospital Materno de Lima, en 1992, reveló que el 90% de las madre menores de 16 años habían sido violadas por su padre, padrastro o por algún relacionado. En Colombia, dos de cada tres mujeres en unión declararon, al ser entrevistadas, haber sido golpeadas por sus esposos o compañeros, en la mayoría de los casos en presencia de sus hijos.
Entre las conclusiones de un estudio sobre violencia intrafamiliar realizado en Manizales (Palacio y Castaño, 1994) se señala que entre los tipos de violencia que más se reconocen al interior de la familia están las agresiones verbales y psicológicas; que la violencia no escapa a las familias de ningún estrato social; y que, la violencia intrafamiliar a más de destructiva, es una eventualidad que afirma por la fuerza derechos y deberes asignados culturalmente a actores ubicados desigualmente dentro de la estructura de dominación del poder patriarcal. Lo cierto es que las mujeres corren más riesgos por violencia en la casa que en la calle y están más expuestas a la agresión de seres cercanos y relacionados con ellas que a la de extraños y desconocidos (Heisi et al., 1993). La violencia al interior de la familia constituye una amenaza seria porque se difunde a toda la sociedad. Una investigación realizada en Colombia (citada por OPS, 1993a), reveló que agresores encontrados en el universo estudiado procedían de familias donde el maltrato era un ingrediente asiduo de la convivencia. La violencia contra la mujer rebota en los hijos, quienes trasladan los modelos que vivieron y sufrieron a las relaciones posteriores que establezcan (ONU, 1989).
En América Latina 6 millones de niños y niñas son objetos de maltrato severos y 80.000 mil mueren cada año a causa de lesiones provocadas por sus progenitores, familiares u otros (OPS/UNICEF, 1992). Esto sin contar los miles de infantes que mueren anualmente en América Latina por causa de la desnutrición, la diarrea o las enfermedades prevenibles. Estadísticas agregadas de once países indican que entre 7 y 8 millones de niños y niñas viven en la calle, expuestos a todas las modalidades de violencia. Como señala Espet (1992), "el menor es vejado por ser menor, es ignorado por los políticos porque no vota, es regañado por querer ser grande, es reprendido por portarse como un pequeño. Debe acatar y obedecer, no importa la lógica o intención de la orden. Es humillado por su maestro, ridiculizado por su padre cuando lo tiene, ofendido por la autoridad, cualquiera que sea su representación".
Enríquez (1988:139) puntualiza que, el maltrato infantil, "se presenta con mayor tendencia en las familias en proceso de disolución, donde son constantes las discordias; en aquellas donde uno de los padres, generalmente la mujer abandonada, debe enfrentar sola la tarea de cuidar a sus hijos y proveer su sustento; cuando el hijo no ha sido deseado y se mira como una carga; cuando el nivel cultural de los padres y adulto es bajo, los ingresos insuficientes, los padres se encuentran desempleados; donde hay aislamiento social, cuando se ha tenido una historia familiar violenta y cuando se presentan factores de disolución psicológica". Y esos niños, cuyos modos están impregnados de tribulaciones y temores, adversidades e infortunios que les pronostican las penalidades que les deparará la vida, aspirarán a devolverle a las sociedad alguna proporción de la violencia que de ella recibieron.
Se contribuye a la reconstrucción de la violencia cuando los niños abandonados, los gamines, y los que trabajan, se ven obligados a convertirse prematuramente en adultos, sin haber dejado de ser biológicamente niños, y a vivir la vida que los adultos y la sociedad les imponen. Es cierto que los niños constituyen el futuro de las sociedades. Pero, como lo señala Castillo (1993), sobre niños victimizados por el presente y vejados, abusados y maltratados por los horrores del pasado, el futuro no puede ser otros que la perpetuación de la violencia. Esta, cuando es un visitante habitual en la vida de los niños, tiende a vivirse como esperanza y a reproducirse en el futuro. Muchos niños sueñan con la violencia porque puede llegar a ser un camino para una vida diferente o porque la ven como forma de desquite o de venganza.
La familia es sin duda la unidad que sustenta y cohesiona a la sociedad. Pero puede convertirse en un disolvente, cuando opera como una célula infecciosa que produce e irradia violencia a todos los escenarios sociales. Como señala un documento de la OPS (1993a), el otrora lugar idílico y paradisíaco del "hogar dulce hogar", sinónimo de protección y afecto se ha venido convirtiendo en sociedades reproductoras de violencia, en escenario de riesgo, especialmente para las mujeres, tanto adultas como niñas.
Un fenómeno muy asociado con la violencia urbana es el relacionado con la acción de bandas o pandillas juveniles que, aunque muy visible, da cuenta en las grandes ciudades de una proporción modesta de los homicidios. Es cierto que los jóvenes -especialmente de los estratos populares- son las principales víctimas de la violencia, como también los principales victimarios. Muchos jóvenes, por circunstancias particulares, se manifiestan frente a la sociedad bajo la forma de agrupaciones que generan violencia por enfrentamientos para asegurar control territorial, porque incursionan en actividades abiertamente delictivas, o porque son instrumentalizadas por organizaciones criminales para distribuir droga, cometer hurtos e inclusive, asesinatos. Las pandillas juveniles tienen elementos comunes que las caracterizan, pero poseen rasgos que las diferencian inclusive al interior de las mismas matrices socio culturales. Esto, por cuanto cada una es producto de su propia historia, surge de intereses y motivaciones particulares, es portadora de sus propios valores, símbolos, códigos, lenguajes y estructura organizativa y de liderazgo. Lo cierto es que, una de las características de la violencia social urbana en la sociedad contemporánea, es su relación con la acción.
Las rupturas familiares, el desempleo, la desintegración de los valores tradicionales, las carencias afectivas, la falta de oportunidades y la marginalidad social, empujan a muchos jóvenes a reconstruir su identidad en las pandillas. Estas, se forman habitualmente con jóvenes desarraigados, llenos de problemas personales y familiares que encuentran en ellas opciones de valoración, solidaridad, lealtad, protección y apoyo. Además, las pandillas ofrecen la oportunidad de ser parte, de sentirse incorporado finalmente a un grupo social, y de compartir nuevos valores, representaciones y lenguajes. Terminan así reemplazando a la familia y a la escuela como medios de socialización y como modelos de identificación para muchos jóvenes la pandilla acaba por ser el camino para alcanzar aprecio y respeto.
Muchos, entre los jóvenes que realizan actos violentos, fueron empujados o compelidos a cometerlos. De alguna manera fueron instrumentalizados. No siempre son los jóvenes de las pandillas quienes escogen el camino de la violencia, sino que son elegidos por la misma violencia. Un niño y un joven violento son personajes alterados por interferencias en su desarrollo normal, o que han sido condicionados para crear la violencia. Los jóvenes desean afirmar su identidad como personas y el modelo que les ofrece la sociedad es el de consumidor a ultranza. Quieren ser reconocidos como individuos y la sociedad los anonimiza y registra como peligro; buscan diversión y les ofrecen espectáculos televisados de violencia y armas, primero de juguete y después letales; reclaman un ambiente sano y se les concede uno de exclusión y privaciones cuando no de agresiones; les ofrecen bienes de consumo por todos los medios, y la pobreza les niega la posibilidad de adquirirlos.
Se ha sostenido aquí, que la violencia tiene correspondencia con la perversión de las relaciones sociales y humanas, como resultado de instituciones sociales que la recrean y reproducen. Pero hay tres factores que pueden señalar, entre muchos otros que hacen una contribución sustantiva a ese proceso. Uno, es la deshumanización del desarrollo; otro, la bestialización de la cultura; y, uno más, la desnaturalización de la justicia.
La deshumanización del desarrollo
En el documento "Un Programa para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social" del PNUD (1994:1) se plantea que, al cabo de 50 años de la creación de las Naciones Unidas, "lo que se percibe es un impresionante panorama de adelantos humanos sin precedentes y de padecimientos humanos inenarrables, del progreso de la humanidad en varios otros, de una pasmosa propagación de la prosperidad a escala mundial junto a una deprimente expansión a escala mundial de la pobreza".
En América Latina, como fue señalado en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social realizada en Copenhague el año pasado la pobreza golpea al 40 por ciento de su población. Un millón y medio de niños de la Región mueren anualmente antes de cumplir los cinco años de edad y la desnutrición severa y moderada afecta a uno de cada seis latinoamericanos. La quinta parte de la población no tiene acceso al agua potable, la tercera parte de ella carece de acceso al saneamiento básico y la mitad no termina la escuela primaria. La erradicación de la pobreza no solamente fue una misión no cumplida durante el siglo XX, sino que el mundo la vio florecer durante una centuria de asombrosos avances tecnológicos y de un crecimiento económico sin precedentes en la historia universal.
La pobreza y la desigualdad social y económica vienen agravándose severamente en América Latina, especialmente en sus zonas urbanas. Al comenzar la década de los ochenta -llamada por la Cepal la "década perdida" el 20% más pobre recibía una menor proporción del ingreso que la obtenida en 1960, y más de la tercera parte de la población se encontraba situada por debajo de la línea de pobreza.
En 1991, por ejemplo, tres cuartas partes de los países latinoamericanos tenían un ingreso menor por habitantes que el que habían registrado diez años atrás (Banco Mundial, 1993). Entre 1980 y 1991 el salario mínimo en América Latina, en términos reales, se redujo en un 35% en promedio; en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela descendió casi a la mitad; en México y Guatemala cayó en un 60% y en el Perú el salario mínimo de 1991 no alcanzaba a ser el 15% del alcanzado diez años antes (OPS, 1993c).
América Latina comenzó la década de los noventa con cerca de doscientos millones de pobres, setenta millones por encima de los que tenía en 1970, principalmente como resultado del incremento de la pobreza urbana. Según datos de la CEPAL, el crecimiento de la pobreza supera significativamente al de la población en general, pues mientras la población aumenta anualmente en un 2.0% en promedio, la pobreza crece a un 3.6% (LAWR, 1993). Entre 1970 y 1990 el porcentaje de hogares latinoamericanos urbanos en situación de pobreza aumentó de 26 a 34, con diferencias marcadas entre países. Pero la pobreza no ha aumentado sólo en número sino también en intensidad, especialmente en Brasil, México y Venezuela. Los pobres de América Latina son hoy por hoy más pobres que los de hace veinte años (Boltvinik, 1990). Pese a los progresos realizados en materia de nutrición infantil, hay aún diez millones de niños con desnutrición severa en América Latina, la mayoría de ellos en Brasil y México (Albanez, 1990). Con el aumento de la pobreza se ha incrementado la indigencia. En 1990, el porcentaje de hogares urbanos en situación de indigencia se situó entre el 11% y el 16% en Colombia, Chile, Panamá, Perú y Venezuela; en Brasil fue de 22% y en Honduras del 38% (CEPAL, 1992).
Una buena proporción de los pobres urbanos, especialmente los jóvenes, están desocupados o tiene empleos inestables y mal remunerados, aunque las cifras revelen que en los últimos años se ha experimentado reducción del desempleo urbano. Más que expansión de oportunidades laborales dentro de la estructura formal del empleo, ha habido invención, por parte de los pobres, de nuevas maneras de ganarse la vida. En 1990 el sector informal urbano de América Latina absorbía en promedio uno de cada dos ocupado en condiciones precarias y de poca estabilidad (LAWR, 1993). En los últimos diez años, también como medida de los pobres para enfrentar su situación, se elevó el número de niños trabajadores a treinta millones y, desde 1980, las mujeres aumentaron su participación laboral en un 20% (OPS, 1993a), concentrándose -como lo señala un documento del Banco Mundial (1992)- en actividades mal remuneradas que les dan poca oportunidad de ascenso social.
Sorprendentemente, a pesar de la proliferación de la pobreza y la indigencia, en todos los países aumentaron la esperanza de vida, la escolaridad y el porcentaje de población con servicios de energía y agua potable, y descendieron las tasas de mortalidad infantil (Banco Mundial, 1993a). Pero tales indicadores reflejan promedios y ocultan los infortunios de los más pobres. Encubren las desesperanzas, las frustraciones cotidianas derivadas de la lucha por sobrevivir, los sentimientos de aislamiento e impotencia; enmascaran la erosión de la autoestima y del amor propio, las secuelas de la falta de reconocimiento social y de la exclusión, y la perturbación de los sentidos de identidad y de pertenencia. La pobreza no es sólo una negación de lo material. Es también negación de otros caminos de realización humana. Paradójicamente la ciudad, el emplazamiento que alberga el mayor número de seres humanos, ha venido convirtiéndose en el ámbito que más deshumaniza.
Para los pobres urbanos la vida es una consecuencia de tensiones y de tentaciones. Acosados por la necesidad, viviendo en condiciones inciertas e inestables, asediados por la propaganda comercial de artículos que no pueden tener, sometidos a sistemas de transporte agresivos e ineficientes, desprovistos de oportunidades y lugares para recrearse sanamente, despojados de tiempo para dedicarle a sus familias, espoleados por deudas, azuzados por la desesperanza, aguijoneados por las frustraciones que produce el esfuerzo por acomodarse a codazos en los resquicios que les permite la ciudad, y atropellados por la autoridad cuando intenta desalojarlos de sus asentamientos precarios, los pobres -víctimas de justicias sociales- se convierten en candidatos para devolver, bajo la forma de violencia social, la violencia estructural que reciben.
América Latina, una región rica en recursos naturales pero asolada por la pobreza, el desempleo, la acentuación de diferencias sociales, violencia social creciente, y por una deuda externa de 500 mil millones de dólares, tendrá que buscar modelos alternos a los ya ensayados para superar sus propias tragedias. Infortunadamente, los modelos de desarrollo han tendido a privilegiar al crecimiento económico con concentración de riqueza, descuidando la equidad y la justicia social, constituyendo corrientes que potencian el surgimiento de conflictos. Los Programas de Ajuste Estructural, por ejemplo, realizados en todos los países de América Latina, dirigidos a neutralizar desequilibrios macroecnómicos y a trenzar caminos para el crecimiento sostenido, asumieron equivocadamente al desarrollo social como corolario de la expansión económica. No solamente sus resultados económicos y financieros no son satisfactorios, sino que han traído graves consecuencias sociales.
La reducción o eliminación de subsidios para servicios públicos, alimentos, transporte, preceptuada por los ajustes macroeconómicos, se conjugaron con la erosión de los ingresos, para afectar severamente a contingentes importantes de la población latinoamericana. Como consecuencia de las crisis económicas y de los ajustes que se aplicaron como remedio en los países latinoamericanos en la década de los 80, el gasto social disminuyó en casi todos ellos como porcentaje del PIB (Grosh, 1990) generando deterioro en la salud, educación y la vivienda, el empleo y la nutrición. Entre 1980 y 1990 el porcentaje del PIB asignado a inversiones y gastos sociales, pasó de 9,3 a 6,0 en Brasil, de 11,4 a 7,8 en Ecuador y de 5,1 a 4,0 en Guatemala, para citar unos pocos ejemplos. Así, el gasto en salud pasó de 1,8 a 0,3 en Brasil, de 0,4 a 0,8 en Chile, y tuvo reducciones importantes en varios otros países (OPS, 1993c). En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros, había en 1990 menos camas de hospital por cada cien mil habitantes que en 1970 (CEPAL, 1992).
Infortunadamente, las medidas de compensación para atenuar los efectos de los ajustes no han podido paliarlos satisfactoriamente, como también se expresó en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social. Lo cierto es que, el modelos neoliberal no ha producido los resultados esperados, ni demostrado eficacia para erradicar la pobreza o para humanizar el desarrollo. Pero sí ha provocado protestas abiertas o veladas de los sectores pobres o expresiones de violencia social, como reacción a la violencia estructural que reciben.
La extraña lógica del "desarrollo" de muchos países del Tercer Mundo, los ha llevado a seguir gastando mucho más en armas que en inversión social. Como señala el "Informe sobre Desarrollo Humano" del PNUD (1994), como promedio los países pobres tienen 19 soldados por cada médico. India, un país con inmensas necesidades básicas insatisfechas pagó, por aviones caza, recursos con los que hubiera podido ofrecer enseñanza básica a sus 15 millones de niñas que no asisten a la escuela; Nigeria compró al Reino Unido tanques por un valor equivalente al de vacunar a todos sus niños carentes de inmunización. Irán gastó en la adquisición de dos submarinos el equivalente a lo que hubiera costado suministrar medicamentos esenciales a todo el país. Corea, con el importe de 28 misiles, hubiese podido proveer agua potable a 3.5 millones de personas.
A estas incoherencias se le agrega la mercantilización de la naturaleza, impulsada por algunos modelos extractivos de corte típicamente colonial. No solamente se expolian los recursos naturales afectando severamente nichos ecológicos importantes, sino que se resquebrajan las estructuras socioculturales y productivas de muchas comunidades nativas. En éstas, sus pobladores ancestrales idearon estrategias de sobrevivencia articuladas a la naturaleza y en armonía con sus ciclos; construyeron imaginarios colectivos, símbolos y códigos, que les permitieran cohesionar y regular sus microcosmos, y afianzar identidades propias; edificaron formas de ser social, y editaron, a lo largo de los años, en su contacto incesante con el universo natural, saberes populares, prácticas profesionales, y mediaciones culturales, sin cuyo concurso sería difícil pensar en modelos viables de desarrollo sostenible y humano.
Pero sería equivocado, como ya se señaló, explicar la expansión de la violencia únicamente en función de la extensión de la pobreza, aunque es evidente que ésta constituye un componente de su etiología y guarda relación con ella. Hay sociedades más pobres que otras y son menos violentas. Eso demuestra que, para que la violencia se desboque, son necesarios a demás otros ingredientes. Pero un desarrollo deshumanizado, que privilegie el crecimiento económico con concentración de riqueza, descuidando la equidad y la justicia social, constituye una corriente impetuosa que potencia el surgimiento de conflictos los que, difícilmente, se pueden resolver al tenor de su propia lógica. Como lo señaló Boutros Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, en la instalación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, el mundo nunca podrá disfrutar la paz a menos que los seres humanos tengan seguridad en sus vidas cotidianas porque el origen de muchos conflictos está enraizado en las crecientes disparidades y privaciones socioeconómicas.
La bestialización de la cultura
En las sociedades de América Latina se vienen desarrollando culturas sustentadas en un tipo de racionalidad que admite la violencia como instrumento para resolver diferencias, satisfacer necesidades y solucionar conflictos. Las culturas de violencia que se forman con distintos ingredientes, envuelven diversidad de actores que se manifiestan de muchas maneras y se expresan en escenarios múltiples, se enuncian en eventos que se refuerzan mutuamente. Cada hecho violento cometido en cualquier espacio social, independientemente de las razones que lo originan, desencadenan reacciones y contrarreacciones que contaminan la vida cotidiana y salpican a toda la sociedad. Por eso nadie está inmune a la violencia ni vacunado en su contra, aunque la probabilidad de verse afectado por ella dependa de distintos factores entre los que sobresale el grado de exposición a riesgos de agredir o ser agredido.
Cuando la violencia se vuelve cultura, emociones negativas como el odio, los celos, el ánimo vindicativo, los resentimientos, la ambición, la envidia o las frustraciones -que se manejan con referencia a los valores éticos y tradicionales de la sociedad- se transforman en agresiones porque los valores se han trastocado y los impulsos se canalizan y conducen desde nuevas representaciones. Por eso hay jóvenes sicarios que asesinan por encargos, pero consideran que la culpa es de quien ordenó la muerte, de quien pagó por el crimen. Y hay quienes los contratan y luego se comportan como ciudadanos respetables. Como en toda cultura que surge, en la cultura de la violencia persisten retenciones de las tradiciones vernáculas. En Medellín, por ejemplo, como señala Alonso Salazar (1991), los sicarios e integrantes de bandas juveniles arrastran elementos de los valores locales entre los que se destacan el sentido religioso, el vínculo fuerte con la madre y la tradición del "guapo". Pero con ellos se funden nuevos axiomas derivados de la cultura del consumo que los impulsa a satisfacer, a cualquier costo, las necesidades que el medio les crea y les niega a la vez.
Otra manifestación de la bestialización de la cultura, se refleja en la aparición y rutinización de prácticas de exterminio. El homicidio, como el desenlace más dramático de la resolución violenta de conflictos, ha estado siempre presente en la historia de las sociedades humanas. No así el exterminio, que responde a un fenómeno social muy complejo, donde prima la naturaleza colectiva de víctimas y victimarios. El exterminio, como se lo vive hoy en día en países como Colombia, suele ser agenciado por sectores que buscan imponer su división de sociedad, abrogándose el derecho de señalar aquellos conjuntos sociales que, a su parecer, deben ser eliminados. Como procedimiento, es dirigido por quienes, situándose por encima de la ley, definen lo que es justo y legítimo. La retórica que lo justifica se asienta en una racionalización maniquea que ve a la sociedad dividida entre "buenos" que la benefician, y "malos" que la deterioran, Sus víctimas preferenciales son segmentos que poseen características que importunan a sus aniquiladores potenciales; atributos de raza, etnia, opción sexual, religiosa o política, defectos físicos o mentales, o particularidades derivadas de su exclusión social. Las víctimas del exterminio son condenadas a priori, sin posibilidades de defensa, al ser señalados como indeseables que es indispensable desaparecer (Cruz y de Souza, 1994).
La decisión y la práctica de exaltar la "limpieza social", fundamentada sobre supuestas superioridades de los victimarios. Dentro de esa lógica, los grupos ejecutores se conciben a sí mismos como justicieros inspirados en legalidades externas al ordenamiento jurídico. Como señalan Cruz y de Souza (1994: 11-12), a cuenta de leyes históricas, decretan la aniquilación de ciertos sectores políticos y de sus representantes; por causa de leyes naturales, exterminan mendigos o enfermos incurables; por obra de leyes culturales, eliminan prostitutas y homosexuales; por razones de índole social, suprimen gamines, o pobres considerados como superfluos. Las víctimas del exterminio son culpabilizadas de oficio, en nombre de la seguridad nacional, de la moral, del orden social, de la paz, de la cultura, de la estética, o de cualquier otra razón. Las decisiones orientadas a exterminar supuestos indeseables requieren de aparatos de muerte que las viabilicen; de aparatos que medien entre quienes dictan la sentencia y quienes la padecen; sobreideologizados para que confundan la barbarie con el servicio a causas nobles.
Como parte integral de culturas de violencia, sino bestializadas por lo menos deformadas, está el síndrome de estigmatizar a la víctima. Se culpabiliza jóvenes delincuentes, a los niños de la calle, a los mendigos, a las prostitutas, como causantes de la violencia y no como su consecuencia. Ellos no son el problema, sino personas que tienen problemas. El problema está en realidad en la sociedad que los produce y margina. Este síndrome tiene consecuencias graves porque produce a conduce a soluciones equivocadas y a veces extremas. Como señala Pinheiro (1993), "el asesinato de niños y jóvenes, que está volviéndose endémico en varias ciudades del sur del Brasil, puede explicarse por la percepción hacia esos niños y jóvenes como criminales potenciales que hay que eliminar a todo costo." Es de común ocurrencia también, dentro de esa racionalidad, que se culpabilice a la mujer maltratada como responsable de la violencia que se ejerce contra ella. O que, cuando alguien es asesinado, la percepción general que se tenga es la de "que algo habría hecho."
Por otra parte, la violencia produce sensaciones de inseguridad, indefensión y temor. Las culturas de la violencia son también culturas del miedo, derivado de la inseguridad, paradójicamente también la promueve. El miedo aísla y amordaza a los ciudadanos; los condiciona a no ver ni oír, a no intervenir ni delatar, y a no colaborar con la justicia. El miedo es sostenedor de la "ley del silencio". Cuando la violencia se convierte en algo normal, se debilita la capacidad de sorprenderse frente a ella, se corre el riesgo de vivirla como si no existiera o no tuviera que ver con cada ciudadano. La impotencia frente a la dimensión acumulada y desmedida de las múltiples agresiones que salpican la vida ciudadana puede llegar a hacer preferir, como el avestruz, que no se quiera hacer visible la violencia y a vivirla como una fatalidad inevitable (Franco, 1992).
La violencia como se ha señalado, es un fenómeno que la sociedad produce. Por eso no hay que buscar la etiología de las conductas violentas en la naturaleza misma de las personas, sino en aquellas distorsiones sociales, económicas, institucionales, políticas y jurídicas que alienan a los individuos y adulteran las relaciones humanas. La carga psicológica que alienta comportamientos agresivos se nutre y estalla en ambientes sociales. Por eso no puede descifrarse la lógica de la violencia con claves individuales ni separándola en sus ensamblajes sociocultuales. El empalme de caracteres del individuo y de la sociedad produce los cortos circuitos que denotan la violencia. Para que haya un crimen se requiere por lo menos de dos actores y de un escenario social.
La desnaturalización de la justicia
La proliferación de la violencia y su expresión variada en escenarios diversos, agenciada por diferentes actores sociales, es resultado también de la oportunidad para agredir impunemente. Una de las características actuales de la violencia urbana es la alta probabilidad de ser perpetrada sin que medie sanción alguna para los responsables. En Cali, por ejemplo, en el 92% de los homicidios cometidos durante el año 1993, ni siquiera se logro identificar al victimario (DESEPAZ, 1994). Se ha señalado que en Río de Janeiro la detención y condena de los homicidas es la excepción. En Duque de Caxias, un suburbio industrial de Río, en el 85% de los casos de homicidio intencional ocurridos en 1992, no se logró identificar a quienes los perpetraron (TWP, 1993). En Colombia, durante el cuatrienio pasado se segaron las vidas de aproximadamente cien mil personas. Esto, sin que pasara nada, sin responsables por una tragedia tan atroz, sin que los homicidas, en su inmensa mayoría, fuera tan siquiera identificados, para no hablar de procesados, y sin que los estamentos de policía y de justicia respondan debidamente por los niveles desorbitados de impunidad.
La extensión de la impunidad tiene muchas explicaciones. Los aparatos de justicia se han visto afectados severamente por la acción del narcotráfico en países como Colombia, donde el asesinato de jueces y magistrados hace parte de la historia reciente del sistema judicial. Por otra parte, o siempre hay armonía entre los procedimientos de policía y los judiciales; o hay que dejen libres a los sorprendidos en comisión de actos violentos porque las cárceles -verdaderas universidades de violencia- están abarrotadas. Las inspecciones y juzgados, congestionados por expedientes, con frecuencia no cuentan con los medios técnicos para agilizar su tramitación. La policía, mal remunerada y altamente expuesta a riesgos, se ha distanciado de los ciudadanos y, del control institucional se escapan grupos de agentes de policía que, en algunos ciudades, transitan indistintamente por los terrenos de la legalidad y de la delincuencia.
En América Latina, en unos países más que otros, los ciudadanos vienen perdiendo credibilidad en la institución policial y en la justicia. En un sondeo de opinión realizado en Cali sobre la confianza de la población en las instituciones públicas se encontró que, aproximadamente la mitad de los ciudadanos, desconfía de la policía y que tres cuartas partes de ellos piensan que su acción es ineficaz, entre otras razones por complicidad de algunos agentes con la delincuencia (Desepaz, 1993). La ineficacia de la policía contra la violencia urbana que viene in crescendo parece ser generalizada y está afectando su imagen por doquier. En Colombia, con las nuevas medidas tomadas por la oficialidad y con los procesos que viene adelantando la Fiscalía para sanear la institución policial, parece abrirse una esperanza. La destitución de 3.000 agentes, es una muestra de ello. Estas medidas son alentadoras, porque difícil será lograr la paz mientras persistan en la policía elementos de corrupción, y mientras que los mayores responsables de la seguridad ciudadana no den garantía de honestidad y eficiencia.
La escalada de violencia contra la mujer viene mostrando que los sistemas de justicia son inadecuados para protegerla, o que discriminan en su contra. En muchos países, por ejemplo, son muy débiles las penas y sanciones por agresiones ocurridas en escenarios íntimos y, en la mayoría de los casos de violencia sexual, hay sesgos contra la mujer que no es virgen. Los grupos que trabajan en la defensa de la mujer, vienen insistiendo en reformas legales que contemplen al menos tres aspectos: cambios de leyes que obligan o permiten que la mujer permanezca cautiva de relaciones que la lastiman; remoción de barreras que dificultan acusar, procesar y condenar a los agresores; y eliminación de aspectos de las leyes, perjudiciales para la mujer (Heise et al., 1993).
La impunidad contribuye a la aparición de escuadrones de la muerte, de milicias, grupos de autodefensa, organizaciones paramilitares, y policías privadas. Contribuye a tomar por mano propia la justicia que no es capaz de prodiga el Estado, a privatizar la seguridad ciudadana y a hacer proliferar la posesión de armas por los ciudadanos para poder contrarrestar la incertidumbre. Contribuye además a cambiar la fisonomía de la ciudad, pues hay que encerrar las casas en conjuntos residenciales donde los habitantes se autoencarcelan para protegerse mientras los delincuentes andan libres. Por efecto de la inseguridad real o imaginada, los centros de muchas ciudades tienden a convertirse en lugares fantasmas y los parques a perder su carácter de parajes comunes, porque los ciudadanos, por temor al atraco, no los pueden frecuentar. Vivir la ciudad, transitar por la calle o tomarse un café o una cerveza en algún establecimiento público produce zozobra y paranoia cuando campean la inseguridad y la impunidad.
El reto de las sociedades latinoamericanas
La Cumbre Mundial de Copenhague hizo evidente que para alcanzar la paz será importante diseñar y aplicar estrategias de desarrollo que dignifiquen a las personas y las conviertan en actores protagónicos de la definición de sus destinos. Estrategias que permitan alcanzar seguridad y acabar con el marginamiento y la exclusión, para que el ser humano pueda acercarse a sus pequeñas utopías de una vivienda digna, un empleo decoroso y oportunidad de salud y educación. Estrategias que lo reconcilien con la naturaleza y le permitan encontrarse consigo mismo.
Como señala Pizarro (1988:88), "la violencia puede verse desde dos perspectivas: como un mal que debe ser extirpado como se extirpa un órgano enfermo, o como un indicador de las serias insuficiencias que aquejan al Estado y a la sociedad. En la primera visión, toda la terapia se reduce a medidas policiales y de orden público; en la segunda, se busca un tratamiento integral para superar los factores estructurales que se hallan en la raíz de los comportamientos violentos". Entre esos factores se encuentran la pobreza y los condicionantes que la determinan y la producen. Pero además, se encuentran valores que hay que recomponer para asegurar la convivencia armónica. Para lograr la paz y la seguridad ciudadana se requiere que los gobiernos hagan en la prevención y control de las violencias, un objeto de la gestión pública.
Superar la violencia exigirá un esfuerzo grande de formación -en todos los escenarios posibles- orientando a reeditar valores de honestidad y de justicia, de compasión y condescendencia y de respeto a los derechos civiles y humanos. Esto, como condición para recomponer una cultura de convivencia y solución pacífica y dialogada de desavenencias y conflictos. Requerirá que, los procesos formativos, hagan énfasis en el respeto de la vida, propicien la conciliación, promuevan la tolerancia, la honestidad, y todos aquellos valores que sustentan la concordia y armonía para vivir en sociedad.
La dimensión abrumadora de la violencia, que lleva a los ciudadanos a invisibilizarla y vivirla con temor y sentimiento de impotencia, debe hacer que las estrategias de formación animen a los ciudadanos a reaccionar frente a ella; que los motive para romper el silencio y hacer conciencia sobre sus repercusiones cotidianas e históricas; que los inviten a recuperar el asombro y a tocar la acción positiva la angustia y las lamentaciones solitarias; que los inciten a convertir su indignación en capacidad transformadora, a vencer el miedo, y a participar en la búsqueda de soluciones para un problema que los afecta a todos.
Se hará necesario, además, encontrar caminos para superar la pobreza en el marco de un desarrollo que propenda por la sostenibilidad de ecosistemas y se centre en la gente, respetando sus identidades particulares, sus derechos a la diferencia, a la vida plena, a la paz, la seguridad y la integridad. Caminos que conjuguen modernización con equidad y concilien las inversiones públicas y privadas con el reclamo de los ciudadanos por protagonismo en la construcción de sus futuros y por mayor dominio sobre su propio entorno; procesos que se construyan con participación de hombres y mujeres, empezando a clausurar su invisibilidad en el diseño y ejecución de estrategias que comprometan su propio bienestar. Se necesitarán soluciones que beneficien a cada país en general y, en particular, a los marginados y excluidos de la historia quienes -medio parodiando a García Márquez- habiendo pagado ya una condena de quinientos años de soledad, esperan una primera oportunidad sobre la tierra.
Bibliografía
Albanez, Teresa (1990). Informe de UNICEF a la II Conferencia Regional sobre Pobreza. En Hacia un desarrollo sin pobreza en América Latina y El Caribe. Quito, PNUD.
APA (American Psychological Association) (1993). Violence and Youth: Psychology´s Response. Vol. I. Washington.
Banco Mundial (1992). Poverty and Income Distribution in Latin America: The Story of the 1980's. Washington, D.C.
Banco Mundial (1993). Latin America and the Caribbean: a Decade after the Debt Crisis. Wasington, D.C.
Boltninik, Julio (1990). "Estructura y contenido de desarrollo sin pobreza". En: Hacia un desarrollo sin pobreza en América Latina y El Caribe. Memorias de la II Conferencia Regional sobre la Pobreza. PNDU. Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza. Documento PNUD. RLA/86/004.
Castillo, Carlos (1993). Epílogo del libro Otros Niños: Testimonios de la Infancia Colombiana. Bogotá: El Ancora Editores.
Camacho, Alvaro y Guzmán, Alvaro (1990). Colombia: Ciudad y Violencia. Bogotá, Ediciones Foro Nacional.
CEPAL ( 1992). Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe. Santiago.
Cruz Neto, Octávio y de Souza Minayo, María Cecilia (1994). "Extermio: Violentacao e Benalizacao da Vida". Río de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ (mimeo).
De Roux, Francisco (1992). "El Ciudadano en un Contexto de Participación Hoy y Mañana". En: Medellín: Alternativas de Futuro. Medellín: Consejería Presidencial para Medellín y su Area Metropolitano.
De Roux, Gustavo I. (1994). "Ciudad y Violencia en América Latina". En: Cuadernos de Salud y Desarrollo, Vol. 2, Bogotá: Corporación Salud y Desarrollo.
DESEPAZ (Programa de Desarrollo, Seguridad y Paz) (1993). Sondeo de Opinión Ciudadana sobre Servicios Prestados por Instituciones en el Ambito Municipal. Cali: Alcaldía Municipal.
DESEPAZ (1994). "Análisis de los Homicidios Comunes y en Accidentes de Tránsito Ocurridos en Cali de enero-diciembre de 1993". Informe elaborado por V. E. Espitia. Cali: Alcaldía Municipal (documento inédito).
Enríquez, Norma (1988). "La estructura Económica Familiar y el Maltrato Infantil". En: Violencia en la Intimidad. Bogotá: Casa de la Mujer.
Espert, Francisco (1992). "Situación de Maltrato Infantil en América Latina y el Caribe". Documento presentado al Grupo de Consulta Regional sobre Maltrato Infantil, realizado en Sao Paulo bajo los auspicios de OPS y UNICEF en julio de 1992.
Franco, Saúl (1992). "Sentir, pensar y enfrentar la Violencia". En: Revista A Vivir, Nº 1. Bogotá: Ministerio de Salud.
Grosh, Margaret (1990). Social Spending in Latin America. The Story of the 1980s. Washington: World Bank Discussion Papers Nº 106.
Guzmán, Alvaro (1994). "Diagnóstco sobre la Violencia Homicida en Cali". Cali: Universidad del Valle, CIDSE (documento inédito).
Neisi, Lori; Pitanguy, Jacqueline y Germain, Adrienne (1993). "Violence Against Women: the Hidden Health Burden". Washington: documento preparado para el Banco Mundial.
LAWR (Latin America Weekly Report) (1993). Ediciones varias.
ONU (1989). La Violencia contra la mujer. Nueva York.
OPS (1993a). "La Violencia contra las mujeres y las niñas: análisis y propuestas desde las perspectivas de la Salud Pública". Documento MSD13/6.
OPS (1993b). "Violencia y salud". Documento CE111/19.
OPS (1993c). "Procesos económicos, sociales y políticos y su impacto sobre la salud de las Américas". Washington, D.C: OPS/HDS-HDD.
OPS/UNICEF (1992). "Grupo de consulta regional sobre maltrato infantil." Sâo Paulo, julio de 1992.
Palacio María C. y Castaño, Laura C. (1994). La regionalidad familiar en Manizales: Violencia intrafamiliar. Bogotá: Instituto Nacional de Salud.
Pinheiro Paulo S.(1993). "Reflection on Urban Violence". The Urban Age. Vol. 1, Nº 4.
Pizarro, Eduardo (1998). "Colombia, Violencia y Democracia". En: Violencia en la Intimidad. Bodotá: Casa de la Mujer.
PNUD (1994). Informe sobre Desarrollo Humano. México: Fondo de Cultura Económica.
Salazar, Alonso (1991). "Las Bandas Juveniles en el Valle de Aburrá: Una lectura desde la Perspectiva Cultural". Artículo del libro En que momento se Jodió Medellín. Bogotá: Oveja Negra.
TWP (The Washington Post). 1993. Edición de Noviembre 7.
Yunes, Joao y Rajs, Danuta. 1993. "Tendencia de la mortalidad por causas violentas entre adolescentes y jóvenes de la región de las Américas". Washington: OPS.