ECOSOC, 04/01/97, LA CRIMINALIDAD VIOLENTA URBANA EN BRASIL:
TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS*

Economía Y Ciencias Sociales

País/Country: Venezuela

Universidad Central de Venezuela

Autor/Author:Sergio Adorno

Número/Number2-3

Frecuencia/Frequency: 3/yearly 3/año

Miedo e inseguridad

Muchos brasileños consideran, por cierto no sin razón, que en la actualidad la ocurrencia de la criminalidad es más frecuente y violenta que en el pasado reciente. Las encuestas de opinión pública realizadas arrojan que el incremento de la criminalidad se sitúa entre las primeras y más significativas preocupaciones del ciudadano común. Todo el mundo tiene al respecto alguna que otra historia para contar, pues los hechos violentos cada vez son menos excepcionales y más probables en el acontecer diario de la vida de cualquier ciudadano. En un período de tiempo de aproximadamente treinta años, hemos pasado de la ocurrencia de la criminalidad como un hecho excepcional a que se convierta en algo que forma parte integrante de la cotidianeidad.

La crónica de los sucesos donde el crimen es el protagonista ha adquirido una actualidad abrumadora. Los delitos por violencia son el pan nuestro de cada día. El bandido común de antaño se ha tornado más violento y cruel. La criminalidad crece de modo inquietante. En lugar del asaltante sombrío y solitario, digamos que hasta de maneras cuidadosas, cautelosas, con pocas habilidades corporales para sus fechorías y con escasas aptitudes para operar a través de la misma conversación civilizada, del ratero que pululaba apenas por los techos de nuestras casas y que jamás o rara vez apelaba a la violencia gratuita y que cuando era sorprendido por las autoridades policiales podía Ilegar a sentir preocupación al enfrentarse a una prisión, ha emergido una nueva figura totalmente diabólica y descarnada que se mueve en diferentes espacios. El bandido común ha sido suplantado por otro. Nacido en la periferia de las grandes ciudades, desde muy temprano se ve inmerso en la delincuencia; aprende rápidamente y con destreza el manejo de las armas de fuego; sabe imponer por la fuerza su voluntad y caprichos a cuantos lo importunan; hace de todos sus actos un negocio -en especial las operaciones del tráfico de drogas-, involucrando a quienes le rodean, incluso mujeres y niños, de manera indiscriminada; para sus propósitos delictivos compra de manera forzosa e impuesta el silencio, la complicidad y hasta la protección de la misma policía; por otro lado, es intolerante con aquellos que son capaces de quebrar la lealtad que considera merecer y no escatima esfuerzos ni energías cuando se trata de preservar y defender su negocio.

La inseguridad y el miedo son ya representaciones sociales que no sólo involucran, como víctimas preferenciales, a las clases medias y altas de la sociedad. A la criminalidad violenta de nuestra vida cotidiana está expuesto cualquier ciudadano, independientemente de su condición de género, .edad, nacionalidad, etnia, formación profesional u origen de clase. La sensación de miedo e inseguridad que parecía estar restringida a 1a vida en las grandes ciudades se generaliza y amplía al extremo que se convierte en una latente expectativa cada vez más comprobable para cualquier ciudadano que de hecho ya es potencialmente una víctima de la agresión criminal.

Siendo así, las relaciones que se pueden establecer entre los dos órdenes de fenómenos que constituye la sensación de miedo y el crecimiento de los crímenes no guardan una necesaria correspondencia en términos de causalidad u homología. Todo lo contrario, se trata de relaciones extremadamente complejas como bien lo demuestran algunos sobresalientes analistas franceses (Lagrange, 1993; Lagrange y Zauderman, 1991; Ocqueteau y Pérez-Díaz 1989a, 1989b; Robert, 1985, 1990; Roché, 1990).

Las estadísticas oficiales de criminalidad¹ muestran un crecimiento en todas las modalidades delictivas. Se incrementan rápidamente delitos de violencia tales como los homicidios, robos, secuestros, violaciones. Este crecimiento va acompañado de transformaciones sustanciales en los patrones convencionales de criminalidad tanto en lo referente a las víctimas como a los victimarios. Asistimos hoy por hoy a la generalización e internalización del crimen organizado, conformado sobre todo en las actividades del narcotráfico, actividades que curiosamente mucho tienen de semejanza con las organizaciones criminales de Chicago y New York durante las décadas de 1910 y de 1920, así como con las pandillas de Marsella, la región de Córcega o la mafia del sur de Italia (Enzensberger, 1967).

La mayoría de las grandes ciudades brasileñas a medida que el país insiste y se compromete en la lucha contra el narcotráfico, se ven involucradas en guerras sin cuartel por el control y distribución de las drogas. Se trata de una guerra entre pandillas donde no resulta extraña la complicidad de la policía; guerra en la que entre 1980 y 1991 se cuentan setecientas veintidós víctimas jóvenes entre los 13 y los 25 años, específicamente en la Cidade de Deus, conjunto habitacional de Río de Janeiro, como bien han demostrado los numerosos estudios de Alba Zaluar (1994). Estos estudios sustentan la existencia de una perversa guerra que desconoce cualquier tipo de derechos, que realza el heroísmo del delincuente y que produce efectos desastrosos en los patrones vigentes de socialización, sobre todo entre los estratos más pobres de la población. Una guerra que incentiva propósitos individualistas de enriquecimiento rápido y sentimientos de venganza personal que desconocen los más elementales patrones de la convivencia social tradicional pues sus valores son una valentía y un coraje inaceptables, la fuerza física, la disposición más gratuita para asesinar. En fin, una guerra que tras una sustantiva transformación en la subcultura del delincuente hacia la dirección del negocio de rápido y caudaloso rendimiento que ha reemplazado la navaja -propia del malandro, símbolo de un pasado totalmente superado- por la sofisticada arma de fuego; una guerra que fomenta la violación de las relaciones de lealtad y solidaridad siempre que esté en juego, como único valor del éxito, la supremacía económica (Zaluar, 1989a, 1989b; 1990; 1991 a; 1991 b, 1991 c).

Asociados o no al tráfico de drogas crecen los casos de asesinatos, por ejemplo, en particular, en la periferia del municipio de Sao Paulo así como en la propia zona metropolitana. Este fenómeno es poco asumido por las autoridades encargadas de investigarlo, pero desde el punto de vista de las pesquisas de otros investigadores científicos se sospecha que sus motivaciones principales residen o hay que ir a buscarlas en los incumplimientos en el pago de las deudas contraídas en el comercio o consumo de drogas. Cierto o no, tal modalidad de pleito que cada vez más se recrudece, produce intranquilidad entre los ciudadanos que pertenecen a las clases más populares que se sienten indefensos y carentes de protección legal y policial al punto de que muchos de ellos sin estar comprometidos con las actividades ilegales, se ven envueltos repentinamente en la guerra entre las pandillas. Ocurre que por motivos totalmente triviales como pueden ser descuidos en el trato con el vecino o simples intrigas, situaciones banales que generan una discusión cualquiera, una familia entera puede ser asesinada de la forma más brutal y cruel, sin oportunidad de defensa alguna. Menos desconocidos son los asesinatos que se producen entre las mismas pandillas por impulsos justicieros y de exterminio. No resultan excepcionales determinadas acciones de violencia impulsadas por un sentido de justicia totalmente privada e individual frente a las circunstancias consideradas social y culturalmente insoportables desde el punto de vista de la moral pública popular como pueden ser las tentativas o actos consumados de violación de niños y adolescentes, los robos y homicidios premeditados de personas acomodadas socialmente, tales acciones son calificadas como legítimas y moralmente imperativas y las mismas contribuyen a exacerbar las divergencias y los conflictos en las zonas donde predominan los barrios populares.

Es evidente que el sentimiento de inseguridad y miedo a causa del crimen tiene bases materiales muy concretas. No se trata de una histeria colectiva, como muchas veces se transparenta en algunos análisis que reflejan determinadas tendencias ideológicas que esconden mal la desconfianza de algunos grupos sociales ante los rumbos que toman las diferentes estrategias que conforma la democracia en Brasil. De igual forma ciertas culturas políticas que alientan permanentemente la aspiración de un control social autoritario, consideran que se trata de una histeria que toma dimensiones colectivas. No obstante, esos componentes ideológicos y políticos también conforman el mosaico de circunstancias y situaciones de la violencia como un acontecimiento catalizador de las tensiones sociales y a la vez movilizador de preocupaciones colectivas. En este orden de cosas la preocupación colectiva respecto del aumento y agravamiento de la violencia no es sólo una representación forjada en el acontecer social. Ella representa inquietudes que al lado de otros indicios y síntomas sociales expresan la actitud con relación a la vida cotidiana de los ciudadanos, el modo como organizan sus experiencias concretas en relación a los otros, los eventos de la sociedad, el tiempo y el espacio, las pasiones y los gobiernos, normas y valores de la micro y macro sociedad (Roch, 1993, 1994).²

El crecimiento de la criminalidad violenta urbana

Tenemos que aceptar que el crecimiento de la violencia urbana es materia controvertida. Las estadísticas oficiales de criminalidad,³ en base a las cuales se realizan diagnósticos, evaluaciones, análisis y estudios científicos no ofrecen una objetiva información alrededor de la tendencia mundial de la violencia sobre todo cuando encierra una grave amenaza a la integridad física de los individuos. En Europa, en especial en los países de tradición anglosajona, esa tendencia ha sido vigilada y observada desde mediados de la década del cincuenta. De acuerdo a los estudios sobre la evolución de la violencia en Europa durante el periodo de 1983 a 1987 (Camilleri y Lazerges, 1992), se distinguen tres grandes zonas relevantes: Europa del norte (Alemania reunificada, Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra y País de Gales) caracterizada por un acentuado crecimiento de la violencia criminal; Europa meridional (Portugal, España, Italia, Grecia) con tazas más discretas en cuanto al incremento de la delincuencia; y Francia que se ubicaría en una posición intermedia. En cuanto a las tazas globales de violencia así como las de homicidios puede verse la evolución que han tenido en estos países en el cuadro siguiente:

Los datos revelan que las tazas globales de criminalidad son elevadas en los Países Bajos, Francia, Alemania occidental, Dinamarca y en Gran Bretaña, sobre todo sí son comparadas con las mismas tasas de Japón (12,9 ocurrencias/cien mil habitantes). Se puede verificar de acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior que existe un crecimiento acelerado en los Países Bajos, Dinamarca, Alemania -países que disfrutan de una gran prosperidad económica durante el mismo período, sin despreciar las cifras que ofrece Gran Bretaña. Aliás Morris (1989) ha demostrado un acentuado crecimiento de la criminalidad en Gran Bretaña entre 1960 y 1988. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la década del sesenta, las estadísticas oficiales indicaban menos de 750 mil ocurrencias criminales. A partir de este período se presenta una escalada en la violencia. En 1964, se registraron mil actos de violencia; en 1975, dos mil; en 1985, tres mil. En cuanto a los homicidios son significativas las tasas correspondientes a Dinamarca, Portugal, Alemania, Francia y Bélgica, aunque ciertamente no son relevantes en relación a las tasas tan elevadas en algunos países de América del Sur como Brasil. En Francia los estudios realizados por Robert y sus colaboradores (1994) indican que en veinticinco años, entre 1950 y 1974, no hubo un crecimiento significativo de la violencia global ni de los homicidios ni de las violaciones. Entretanto, en el mismo período observan una notable explosión de las infracciones contra el patrimonio, en particular robos y atracos.⁴ De hecho, los homicidios crecieron con mucha menor rapidez que los actos de delincuencia en general. En 1930, en toda Francia, se registraron 470 homicidios. En 1991 el número de ellos estuvo en el orden de los 625; sin embargo, en los años sesenta el aumento estuvo en el orden del 30%. En comparación, entre 1950 y 1991, el número de atracos y robos registró un aumento del 1300%. En la misma dirección crecieron las infracciones de la legislación contra drogas, estas ocurrencias en el mismo período indican un aumento de más de veinte veces; lo mismo se observa en otros países europeos, en particular Alemania.

En los Estados Unidos el informe Uniform Críme Reports indica que, entre 1958 y 1968, las tazas nacionales de homicidio pasaron de 4,6 a 6,8lcien mil habitantes; las de secuestro, de 9,3 a 15,5; las de robo, de 54,9 a 131; las de robo con agravantes, de 78,8 a 141; la combinación de crímenes violentos por asalto de 147,6 a 294,6. En términos porcentuales, el crecimiento fue de un 48% para los homicidios, 67% para los secuestros, 139% para los asaltos, 79% para robos con agravantes; y, un 100% para crímenes violentos por robo u otras ocurrencias (Weiner y Wolfgang, 1985). Este movimiento ascendente se mantuvo hasta el inicio de la década de los ochenta, período a partir del cual se registró una tendencia a la disminución. Sin embargo, desde el año 1985 se observa una tendencia ascendente. La misma fuente -FBI- apunta durante el período 1985-1990 un aumento de las agresiones (26%), robos (18%), atracos (2%) y homicidios (14%). En 1990 es en la ciudad de Washington donde se registra la tasa más elevada de todos los Estados Unidos en esas ocurrencias delictivas, acusando la cifra de 77,8 homicidios/cien mil habitantes. En este país a la par de las altas tazas de delitos contra el patrimonio, las de homicidios son casi ocho veces mayores que las de Japón en las mismas ocurrencias (Soares y otros, 1996). En New Haven (Connecticut), en 1960, los registros oficiales apuntaron 6 homicidios, 4 atracos y 60 robos; en 1990, en la misma ciudad, con un población 14% menor, se registraron 31 homicidios, 168 atracos y 1784 robos; como puede observarse el robo alcanzó un crecimiento de más de 10,000% en treinta años. En Nueva York, en 1951, se verificaron 241 ocurrencias de homicidios; en el inicio de los años noventa, las ocurrencias estaban en tomo a los 2. 000 homicidios. Una encuesta sobre la victimización, realizada en Nueva York reveló que el 8% de los encuestados fue atracado en sus residencias en 1993; 22% víctima de atraco en los vehículos y el 42% (aproximadamente tres millones de neoyorquinos) declaró haber sido sujetos de algún intento de violencia. La Secretaría de Estadísticas de Justicia divulgó en octubre de 1994 un crecimiento del delito con violencia del orden del 5,6%. Algunos años atrás esa misma institución estimó que el 83% de todo los norteamericanos pudieron haber sido víctimas de actos de violencia, por lo menos una vez en sus vidas (Walinsky, 1995).⁵

Al margen de las distintas polémicas y controversias en tomo al crecimiento de la criminalidad, los datos disponibles hasta ahora sugieren que dicho crecimiento es una tendencia mundial. La magnitud, el mayor o menor peso de las ocurrencias violentas y su impacto sobre el sistema de justicia varía de acuerdo a las distintas sociedades y sistemas sociales. Por tal motivo, la sociedad brasileña no está exenta en ese movimiento de tendencias crecientes en relación a la violencia criminal, sobre todo porque el país se encuentra dentro del círculo de las rutas del tráfico internacional de drogas y de otras modalidades del delito organizado a nivel mundial como el contrabando de armas, actividades éstas donde parece ubicarse la génesis del crecimiento de la violencia global. Resulta sorprendente verificar que las tasas de criminalidad violenta en Brasil, en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, son superiores incluso a las de algunas ciudades norteamericanas.

En relación a esto, los estudios de Edmindo Campos Coelho (1978 y 1988) apuntan un crecimiento de la criminalidad violenta en el período 1978-1988. En el municipio de la capital estaban, en el tiempo observado, las tasas más elevadas de homicidios. En 1977, en esa misma zona los homicidios registrados fueron de 18/cien mil habitantes. En 1988, la tasa saltó a 50 ocurrencias. En el municipio de Río de Janeiro, las tasas son igualmente sorprendentes. En los mismos años los registros oficiales reflejaron tasas respectivas de 15 y 34 ocurrencias/cien mil habitantes. Las tasas de violación por regla general fueron más elevadas en la región metropolitana que en la propia capital, las mismas tendieron al crecimiento entre los años 1983 y 1984, período en que se verifica una súbita elevación del latrocinio, hecho este que parece influido por la multiplicación de los robos a mano armada. En el mismo orden crece la turbulencia de la delincuencia durante tos años de 1970 a 1985, notablemente se elevan los robos a mano armada y porte ilegal de armas. Un estudio de Soares y otros (1996) señala el incremento de estos eventos delictivos y observa que en el municipio de Río de Janeiro crecieron los homicidios por robo entre 1985 (33,35 registros/cien mil habitantes) y 1989 (59,16 registros/cien mil habitantes). En la barriada Fluminense, los homicidios por robo aumentaron de 63,22 registros/cien mil habitantes (1985) a 96,04 (1989). Esas tasas tendieron a la declinación durante 1991 (80,26) y 1992 (74,67). Tendencias análogas se manifestaron en las tasas relativas a las tentativas de homicidios. Tomándose los crímenes contra personas en su conjunto, la tasa de ocurrencias correspondiente al año 1992 (358,48 registros/cien mil habitantes) fue inferior a la de 1986(370,79).⁷

En el municipio de Sao Paulo entre 1984 y 1993 la ocurrencia de los delitos de violencia del total de la masa de delitos registrados creció en un 10,1 %, conforme concluye un análisis realizado en 1995 (Feiguin y Lima, 1995). Ese mismo estudio apunta que el crecimiento fue más acelerado a partir de 1988, cuando esa modalidad delictiva pasó a representar un 28,8% del total de los sucesos registrados. Estos datos aún requieren ser comparados con las cifras que expresan el crecimiento demográfico urbano. Las relaciones con el aumento demográfico arrojan resultados sorprendentes. Un estudio anterior realizado por Caldeira (1989) reflejó que durante 1982-1983 y 1983-1984, las tasas de delitos con violencia, por cien mil habitantes, acusaron crecimiento. En los períodos siguientes, esas tasas tendieron a declinar sistemáticamente. No obstante en el año 1987 la tasa estuvo en el orden de las 747 ocurrencias de delitos con violencia/cien mil habitantes, superior al índice de 1981 (665,6). En el período posterior a 1988 Feiguin y Lima (1995) declararon la vuelta al crecimiento de esas tazas: "... nótese que los delitos con violencia fueron de 945,1 por 100.000 habitantes, en 1988, a 1 119,2 por cien mil habitantes en 1993. Se trata de un crecimiento del orden del 18,4% en el transcurso de seis años, lo que justificaría decir que el sentimiento de miedo y de inseguridad de la población no parecen infundados (p. 76).

En términos desagregados, el robo y las lesiones corporales por robo son las modalidades delictivas de mayor peso en el conjunto de delitos con violencia. A partir de 1983 los robos pasan a representar alrededor del 50% o más del total de las ocurrencias, por lo que este comportamiento marca con contundencia las variaciones de los hechos delictivos con violencia (Caldeíra, 1989). Feiguin y Líma (1994) nuevamente confirman esas tendencias, constataron que el robo y sus tentativas se mantendrían lidereando el movimiento de ascensión acelerada de los delitos por violencia entre 1988 y 1993. En el inicio de este período, las intervenciones policiales por estas causas reflejaron una tasa de 576/cien mil habitantes. Al final del período observado se declaran tasas de 750,3/cien mil habitantes, lo cual traduce un crecimiento del orden del 32,3%. Las violaciones y tentativas de violaciones oscilaron marcadamente. Considerando el período observado por Caldeira (1981-1987), las ocurrencias de violación revelaron tasas negativas de crecimiento. En el período siguiente (1988-1993) se mantuvieron relativamente estables.⁸ Tendencia más o menos análoga revela el comportamiento del latrocinio (robo seguido de muerte), cuyo crecimiento fue lento. En cuanto a las lesiones corporales por robo, los datos disponibles sugieren una tendencia a la declinación entre los años 1984 y 1993 (Caldeira, 1989; Feiguin y Lima, 1995). Los sucesos relativos al tráfico y uso de drogas aportaron un comportamiento irregular, creciendo a lo largo del período 1981-1985 en la región metropolitana, tendiendo a la declinación durante 1986-1987 conforme anota Caldeira en su análisis. Es muy probable que esas oscilaciones respondan más bien a la insistencia de los órganos policiales en la represión de las actividades por drogas y no precisamente en algún tipo de modificación en la conducta de los traficantes de drogas o los consumidores. No obstante, a partir de 1988, se manifiesta una tendencia hacia el crecimiento de esa modalidad delictiva. Conforme queda señalado en el estudio largamente mencionado de Feiguin y Lima (1995), "en 1988, ese delito contribuía con una tasa de 8,6 por 100000 habitantes. En 1989, la taza corresponde a 6,2, pasando a 10,1 en 1991 en 1993 es de 12,0. Si se considera sólo el período comprendido entre 1989 y 1993, se verifica que las tasas referentes al tráfico de drogas sufrieron un incremento del orden del 93,6% o sea, prácticamente se duplicaron en cinco años" (p.78). La tabla 2 que a continuación se presenta ilustra esa evolución de los delitos con violencia.

El escenario se torna ahora más preocupante cuando se observa el comportamiento de los homicidios. Aquí la distancia que separa el miedo colectivo de los hechos objetivos parece cada vez más estrecho. La vida imita al arte y viceversa. De hecho, como sugieren algunos estudiosos brasileños (Adorno, 1994; Caldeira, 1989, 1992; Mello Jorge, 1981 , 1982, 1986; Soares y otros, 1995; Yazabi y Ortiz Flores, 1988; Zaluar, 1993) desde la última década ha ido creciendo de modo acentuado la mortalidad por causas externas, motivada por la violencia.⁹ Camargo y otros (1995) observan que a lo largo de toda la década del ochenta mientras que el número total de muertes aumentó en un 20%, Ias muertes motivadas por violencia crecieron un 60%. Observan también que en el estado de Sao Paulo en el año 1979 los homicidios ocurridos representaron 3.483,4 años de vida/un millón de habitantes. En el año 1991 esta cifra se elevó a 10 337,1 años/un millón de habitantes. En este mismo Estado las causa de muerte por homicidio violento en el año 1940 era de 1,2 cada cien jóvenes entre 15 y 25 años. En 1989 esa tasa había alcanzado 35 de cada cien jóvenes entre las mismas edades (Adorno y Pinheiro, 1993). En 1985 la mortalidad por causas externas representaba la segunda causa de muertes en este estado, mientras que en todo Brasil ocupaba la tercera (SEADE, 1992). Un estudio realizado por Jabes y Ríos (1993) confirma las tendencias observadas en otros análisis (Caldeira, 1989, 1992) donde se destaca el acentuado aumento de los homicidios violentos en el Municipio de Sao Paulo, sobre todo a partir de 1979. Lo más sorprendente es que hacia el final de esa década las mayores incidencias estaban localizadas entre los ciudadanos del sexo masculino comprendidos entre los 20-29, 30-39 y 40-49 años. Estos indicadores sufren alteraciones al inicio de la década de los ochenta. A partir de 1984 los jóvenes toman la vanguardia y los mayores coeficientes de homicidios violentos están entre adolescentes de 15-19 años. El mismo estudio observó también que entre 1979 y 1989 los años de vida perdidos a causa de esta modalidad delictiva se multiplicaron siete veces, mientras que la población no Ilegó ni siquiera a duplicarse en ese mismo período.¹⁰

Según los registros policiales, los homicidios e intentos de homicidios reflejaron tasas elevadas de crecimiento durante los años 1982-1983 (48% en el municipio de Sao Paulo), no revelándose las tasas negativas de variación porcentual/cien mil habitantes. Esos datos de por sí son alarmantes y sin embargo no incluyen los intentos, que al ser considerados elevan la taza a un 53,8%. Conviene anotar nuevamente que la ciudad de Sao Paulo evidencia, en términos absolutos, el mayor número de homicidios registrados en el conjunto de ciudades que componen la región metropolitana. No obstante, las tasas de homicidio e intentos de homicidio son más altas en los demás municipios que integran la región metropolitana de Sao Paulo, mientras que en la propia capital la tasa fue de 38/cien mil habitantes entre los años 1985 y 1987 (Cf. Caldeira, 1989). Las tendencias se mantienen en crecimiento en los períodos siguientes. Se estima que en 1995, como promedio, esa tasa se había elevado abruptamente a 47/cien mil habitantes. Se trata de una cifra, por lo que parece, ligeramente superada por la de homicidios en la ciudad de Río de Janeiro y evidentemente más elevada que la media nacional (16,8filcien mi1 habitantes, en 1988, cf. Souza, 1994; en #orno a 24lcien mil habitantes, conforme el estudio realizado por Luis Ratinoff).

Es muy probable que también en Sáo Paulo parte significativa de esas muertes se deba a conflictos entre las pandillas asociadas o no al tráfico de drogas." A este cuadro convendría agregar las muertes practicadas por justicieros y grupos de exterminio, cuyo objetivo prioritario son los niños y los adolescentes procedentes de las clases populares, así como las muertes causadas por policías militares en confrontaciones civiles. Investigaciones realizadas por NEV-USP revelan que la gran mayoría de jóvenes asesinados en el Estado de Sao Paulo en 1990 había sido con el empleo de armas de fuego, situación esta que revela una verdadera tendencia (Castro y colaboradores, 1992; Castro 1993).¹² Se trata de una tendencia que está siendo observada en los estudios de muerte con violencia. Souza (1994) señala que entre 1980 y 1998 más de la mitad de los homicidios verificados en las capitales brasileñas (Bel Horizonte, Fortaleza, Recife, 8elém, Salvador, Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre) tendrán como característica el empleo de armas de fuego. En Río de Janeiro e) 46,8% de los homicidios corresponden a disparos de armas de fuego.¹³ El empleo de armas de fuego también constituye un rasgo distintivo en el funcionamiento de los grupos de exterminio. A propósito, un informe de una Urbanización no Gubernamental extranjera, recientemente publicado (Human Rights Watch/Américas, 1994), identifica la existencia de grupos de exterminio de niños y adolescentes que actúan, sin control legal alguno y sin sanciones efectivas, en la periferia del municipio y en particular en la región ABC. Organizaciones similares se esparcen por todo el país, ubicadas sobre todo en las capitales de tos estados de Pernambuco y Río de Janeiro.

A estos datos habría que añadirle aquellos índices de muertes practicadas por los agentes de la seguridad, sobre todo por la Policía Militar, que representaron un 23,3% en 1982 y un 14,9% en 1985 del total de homicidios registrados, según el informe elaborado por Américas Watch Committee (1987). Como es del conocimiento de todos, las políticas de seguridad implementadas por la Policía Militar tienen como objetivo lineal el control de la violencia y este control e interdicción se ejerce de tal forma que parecería que se declarara una verdadera guerra civil entre las autoridades competentes al respecto y los bandidos. El objetivo que se proponen estas políticas es reducir los niveles de violencia a cualquier precio, incluso, para esto, aunque haya que arriesgar la vida de civiles. A medida que la violencia criminal aumenta y los patrones convencionales del comportamiento delictivo van hacia la organización en moldes empresariales de la criminalidad, la conducta de la Policía Militar tiende a ser más agresiva, estimulada por disposiciones institucionales. La investigación coordinada por Paulo Sérgio Pinheiro (Pinheiro y otros, 1991) en el Núcleo de Estudios sobre Violencia, que abarca los años de 1983 a 1987, concluye que más de 3.900 personas [fueron] muertas, entre policías y no policías, y más de 5.500 heridos, tomando en cuenta solamente la información sobre la Policía Militar. El número de muertes alcanza la media de 1,2 por día durante el período señalado, con una máxima de 1,6 muertes en 1985 [...] El total de muertes en confrontación es con la policía en el estado de Sao Paulo es extremadamente alto, si se tienen cuenta los datos en otros países. Como comparación tenemos que en Australia, que posee una población de cerca de 17 millones de habitantes, poco menos que la de la región del Gran Sao Paulo, de 1974 a 1988 fueron muertas 49 personas y 21 policías o sea, 46 veces menos".¹⁴ La escalada de la violencia policial se ha visto acentuada desde los finales de la década de los setenta en este estado de la federación. Durante el gobierno Maluf (1979-82), las confrontaciones arrojaban un muerto cada 30 horas. En los gobiernos de Montoro (1983-1986) y Quércia (1987-1990), hubo un muerto cada 17 horas. En el gobierno actual se registra un muerto cada 6 horas (ref. marzo de 1993). En el año 1992, la Policía Militar alcanzó una cifra record de 1.359 civiles muertos,¹⁵ Sin embargo, no podemos hacer generalizaciones, esa escalada de la violencia policial puede ser observada en otros estados, sobre todo de1 nordeste y en especial en Río de Janeiro, como lo demostraron los acontecimientos de la Candelaria y de Vicario General.

Finalmente habría que añadir las muertes por violencia producidas por tensiones generadas en las relaciones interpersonales, que nada parecen tener en común con la violencia cotidiana. Estas abarcan un sin número de situaciones conflictivas en las que se pueden ver envueltas personas conocidas y donde muchas veces, ya sea accidental e inesperadamente, desencadenan la muerte de uno de los contendientes. Tales situaciones conflictivas abarcan conflictos entre parejas, entre parientes, vecinos, amigos, colegas de trabajo, entre conocidos que frecuentan los mismos lugares de esparcimiento, entre personas que se cruzan diariamente en la vía pública, entre patrones y empleados, comerciantes y clientes; las mismas resultan, en no pocas ocasiones, de discusiones y desacuerdo acerca de una propiedad o bien, por pasiones no correspondidas, compromisos no saldados, reciprocidades frustradas, expectativas no satisfechas en cuanto al desempeño convencional del papel de padre, madre, mujer, hijo, estudiante, trabajador, jefe de familia, etc.

Tales enfrentamientos fatales ocurren, con mayor frecuencia, en los bares y en los lugares públicos en general. Los bares parecen ser el espacio privilegiado para la confrontación entre hombres: una mirada atravesada, un desafío, una opinión mal recibida, todo puede servir de pretexto para que se desencadene una discusión -como de hecho ocurre- que tiene muchas probabilidades de que Ilegue a terminar en un homicidio si uno de los contrincantes porta un arma de fuego y a su vez está ebrio. En las residencias también ocurren estos enfrentamientos como punto culminante en la acumulación de tensiones que se produce día a día: la sospecha de una traición amorosa, las desconfianzas entre vecinos, la imposición de reglas de comportamientos no aceptadas por algunos de los habitantes, la irritación que provoca el llanto de un niño, el reclamo constante de un anciano para ser atendido para todo y por todos, son situaciones que propician una discusión violenta que en algún momento puede sobrepasar los límites de tolerancia y culmina con la agresión física. Por otro lado, en las calles las muertes pueden ocurrir por haber sido premeditadas en otros espacios de reuniones sociales como fiestas, bailes populares donde no pudo ser resuelto algún tipo de conflicto.

Lo que más alarma en estas situaciones son las banalidades por las que se produce la muerte. El relato minucioso de cada suceso deja entrever una cierta gratuidad, como si la vida fuese energía que brotase aquí y ahora, desprovista del valor que le atribuimos en nuestra cultura occidental moderna y, por consiguiente, posible de ser consumida como mejor le convenga a cada uno. Este tipo de muerte no parece conmover a muchos y puede ser aceptada como una especie de fatalidad, como una suerte de destino trágico grabado en la vida de algunos seres. De ahí que tanto el agresor como la víctima son vistos como resultados de las circunstancias. En estos hechos y las personas envueltas en ellos interviene una especie de manejo descuidado e irresponsable, como si se jugara un ajedrez y se movieran las piezas del tablero sin importar de antemano quien será el mejor jugador o el posible vencedor.

El aumento en Brasil de la violencia urbana a lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa ha provocado un serio impacto en las instituciones encargadas del control del orden público. Ha sido de una imperiosa necesidad incrementar y expandir los servicios de la policía judicial y de vigilancia, se han alterado las rutinas consolidadas, provocando todo esto la búsqueda por parte de los agentes de urgentes iniciativas que respondan a soluciones transitorias, todo lo cual ha conducido al reclamo, dada la inmediata necesidad, de recursos materiales y humanos que no estaban previstos por lo que es de suponer que, al menos en los primeros años de la década, tanto las operaciones policiales como las de seguridad se vieron afectadas. En este mismo sentido fueron constantes las demandas de racionalización, reordenamiento y reacondicionamiento de las instancias policiales, sobre todo a partir de 1984 cuando la situación se agudizó al punto de que el ejecutivo estadual tuvo que asumir su atención directa. Por ejemplo, a lo largo de la década pasada, tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo hubo una declinación per cápita de los niveles de seguridad y justicia (Coelho, 1988; Caldeira, 1989). La presión en todos los órdenes que sufrían las agencias policiales produjo una especie de reacción en cadena que repercutía en las instancias judiciales y penitenciarias, debido al aumento de la población penal y los consiguientes procesos judiciales, por lo que estas instancias se ven obligadas a alterar sus propias reglas de funcionamiento. Cuando no pudieron superar estas alteraciones, por ejemplo, en virtud de razones estructurales, entraron en crisis contaminando todo el sistema judicial en su conjunto. Como las distintas instancias disponen de sus propias lógicas operacionales o como cada una de ellas procura asegurar su propia autonomía, la fragmentación del sistema quedó agravada como resultado de los conflictos que se entablaron entre ellas mismas.

Los resultados de ese impacto pueden ser medidos: por un lado, el aumento de las decisiones arbitrarias de la policía que presionada debido a la escasez de recursos, terminaba por volverse cada vez más selectiva, reservándose el derecho de calificar los delitos como "menos" o "más" graves, cosa esta que tuvo consecuencias funestas en tanto se acentuaron los mecanismos informales de la actuación policial ante los delitos. Relegando los formalismos legales a un segundo plano se ubicaban los hechos delictivos en distintos espacios de atención lo que produjo disputas de intereses, arreciándose los conflictos de poder entre los distintos agentes de control del orden público así como entre éstos y la propia población, muy particularmente los agresores y las víctimas (Fischer, 1985, cap. II, pp. 17-60).

Por otro lado, como la capacidad del Poder Judicial tendía igualmente al agotamiento, la resultante fue una actitud más rigurosa en cuanto a la perfección en la presentación del hecho delictivo. En determinadas situaciones se procure exigir de la policía mayor rigor formal, rechazando casos considerados poco fundamentados y elaborados, alegando descuido por la inobservancia de los requisitos legales establecidos.¹⁶ Entre tanto en otros aspectos se vuelve igualmente selectiva: disminuye las reclusiones penales en casos considerados poco "graves" o irrelevantes, evitando de esta forma presionar al sistema peninteciario, sobrecargado con más de la población carcelaria que puede aceptar; al mismo tiempo es menos indulgente con los delitos considerados "graves" (según la óptica de los magistrados, los más violentos) y, sobre todo, con aquellos practicados por delincuentes reincidentes. De todas formas persiste la actitud en contener e) aumento de la desmedida superpoblación carcelaria y tratar de mantenerla en límites "soportables". Sean cual fueren esas estrategias, el sistema penitenciario es obligatoriamente el tributario del estrangulamiento y sobre todo el responsable de rotundo fracaso del control efectivo de la violencia. Su unidad básica, la prisión, continúa mereciendo el calificativo de "escuela de violencia" en virtud de las condiciones de vida allí reinantes (Coelho, 1986).

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