Introducción
A sólo tres años del fin de siglo, el tema de la violencia se ha convertido en un área prioritaria de preocupación de los gobiernos y de la opinión pública, tal como puede observarse en el espacio que los medios de comunicación le dedican desde diferentes perspectivas. Por otra parte, cada vez más se establece una conexión monolítica con el indiscutible incremento del negocio de las drogas ilícitas, dando lugar a una serie de confusas percepciones de temor frente a un fenómeno que se concibe como "el imperio del mal."
Ante esta situación, en el presente trabajo se abordará la conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas desde la perspectiva criminológica, concebida como el estudio de las diferentes manifestaciones del binomio criminalidad/criminalización, con lo cual se intenta establecer los diferentes matices de esa conexión, así como las modalidades de su criminalización a raíz de la fragmentación contemporánea del control social.
1. Precisiones conceptuales
Ante todo resulta imprescindible algunas consideraciones sobre los términos violencia, y criminalidad para precisar cómo categorizar la criminalidad violenta.
1.1 La cuestión violencia
Si bien resulta imposible profundizar en esta breve exposición sobre la complejidad que presenta cualquier intento de abordar la problemática de la violencia, pareciera importante recordar las pertinentes palabras del criminólogo norteamericano Jerome Skolnick, cuando plantea lo siguiente: "La violencia es un término ambiguo cuyo significado es establecido a través de procesos políticos. Los tipos de hechos que se clasifican varían de acuerdo a quien suministra la definición y quien tiene mayores recursos para difundir y hacer que se aplique su decisión" (del Olmo, 1975:296). En otras palabras, el término violencia en sí mismo es un concepto político que se emplea para referirse a un conjunto de hechos y situaciones tan heterogéneo que parecieran no tener conexión entre sí. Predomina la tendencia a formular tantas definiciones de violencia como sus manifestaciones posibles con lo cual todo es producto de la violencia y nada lo es, nadie tiene la culpa y todos la tienen. A su vez, en la práctica el fenómeno de la violencia cruza múltiples campos interdisciplinarios y áreas de investigación, razón por la cual los estudios de violencia tienden a ser fragmentados y apolíticos, lo que ha impedido el desarrollo de una teoría general de violencia (Davis, 1987:69). Ante esta situación, pareciera analíticamente más conveniente plantear la existencia de violencias y no hablar de la "violencia."
1.2. La cuestión criminalidad
Si tratamos de precisar lo que es delincuencia encontramos que la criminología desde los años treinta, no ha logrado establecer qué es delito. ¿Nos limitamos a lo que establece la ley penal como tal? ¿Lo ampliamos a todo lo que ocasione daño social? o ¿extendemos el término para significar la violación de los derechos humanos? El debate continúa y se complica con los nuevos desafíos del mundo contemporáneo, al punto de que hoy la criminología no puede limitarse a estudiar sólo los delitos desde el punto de vista jurídico-penal razón por la cual, en nuestro caso, es preferible hablar más bien de criminalidad.
En síntesis, tanto la violencia como la criminalidad son términos que potencialmente abarcan un número enorme de temas. Además, se nos presentan una serie de dificultades por los cambios discursivos frente a los mismos. Esta situación destruye cualquier semejanza de coherencia intelectual.
Y aquí se plantea un problema adicional: ¿qué vamos a entender por criminalidad violenta? En el presente trabajo incorporaremos dentro de la misma, todas aquellas actuaciones de individuos o grupos que ocasionen la muerte de otros o lesionen su integridad física, con lo cual estamos hablando fundamentalmente de homicidios, lesiones personales, atracos, robos, tentativas de homicidio, violación, maltrato familiar y muertes y lesiones en el tránsito terrestre (Camacho y Gúzman, 1990:26).Veamos a continuación como se relacionan la criminalidad violenta y las drogas ilícitas.
2. Conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas
En líneas generales la conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas no es sencilla, ya que tal como lo expresa el documento presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Control Internacional de Drogas en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, Dinamarca, en marzo de 1995:
1. La producción, manufactura, distribución o posesión de drogas puede constituir delito;
2. Las drogas pueden aumentar la posibilidad que ocurran otros delitos que no son de drogas;
3. Las drogas se pueden usar para hacer dinero con su consecuente lavado;
4. Las drogas pueden estar relacionadas con otros problemas, como el uso ilegal de armas, varias formas de violencia o terrorismo(UNDCP, 1995:26)
.
Por otra parte, la conexión criminalidad violenta/drogas ilícitas tiene una compleja historia que se remonta a las primeras décadas de este siglo, cuando se empiezan a criminalizar las drogas con las primeras leyes penales sancionadas en Estados Unidos.
En un comienzo la preocupación giraba en torno a la relación delincuencia/consumo de drogas ilícitas. Sin embargo, por las posteriores repercusiones que tendría el tema en la formulación de políticas públicas, a nivel mundial, no puede dejar de mencionarse aquí, aunque sea brevemente. En este sentido, desde 1920 hasta 1970, se llevaron a cabo cientos de estudios para establecer la relación entre la delincuencia y el consumo de drogas con un interesante debate entre los partidarios del "modelo médico de la adicción" y el "modelo delictivo". Predominaba un discurso calificado como "científico" que consideraba el consumo de drogas como generador de delito, lo cual sirvió para defender las políticas públicas y el uso de fuerza física contra las amenazantes minorías (Cohen, 1990:3).
A partir de los años setenta, con la creación en Estados Unidos de una serie de institutos de investigación, entre ellos el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) a nivel oficial, la investigación comenzó a generar una mejor comprensión de la conexión criminalidad violenta/drogas.
A pesar de estas nuevas inquietudes, los numerosos estudios realizados todavía son poco consistentes y difícilmente generalizables, como conocimiento acumulativo, dada la diversidad de muestras y definiciones operativas. En lo único que hubo acuerdo es en que la relación existe, pero la naturaleza de la vinculación permanecería inespecífica y en controversia. No se logró responder ¿qué causa qué? (Otero López, 1996:164).
No obstante, a raíz de la publicación en 1985 del trabajo del investigador norteamericano Paul J. Goldstein llamado "La conexión drogas/violencia: un marco conceptual tripartito," se amplió el margen de comprensión frente al problema sirviendo de referencia para una serie de estudios posteriores, al señalar tres modelos para establecer esa conexión, presentados como tipos ideales para fines operativos.
En primer lugar, el modelo psicofarmacológico que establece la relación entre el consumo de drogas y la conducta delictiva. Incluye aquellos individuos que pueden volverse irritables o irracionales, a raíz de la ingestión de determinadas sustancias, y en consecuencia manifiesta conducta violenta, especialmente por el consumo de alcohol, estimulantes, barbitúricos y PCP. Aquí el autor incorpora hechos antes ignorados como la violación, el maltrato familiar y los homicidios y lesiones en el tránsito terrestre. Se trata de una criminalidad inducida.
Su frecuencia, sin embargo, no es de la magnitud señalada en el discurso de los medios y tampoco se ha podido demostrar la relación en términos causales directos, sino más bien de correlación ya que ninguna droga posee propiedades criminogéneas universales (Brochu, 1993:313).
En segundo lugar, el modelo económico-compulsivo, para incluir aquellos consumidores que participan en criminalidad violenta para costear su consumo y por lo tanto, su motivación principal es conseguir dinero. Las drogas más relevantes son la heroína y la cocaína por su alto costo y los patrones compulsivos de consumo que generan. No obstante, se excluyen aquellos consumidores que tienen los medios económicos. En su mayoría son hechos que sólo se vuelven violentos dependiendo del contexto social en que se realizan. Se trata de una criminalidad funcional.La víctima de la violencia económico-compulsiva así como de la violencia psicofarmacológica pueden ser cualquier ciudadano (Goldstein, 1995:257).
En tercer lugar, el modelo sistémico para explicar la violencia intrínseca al involucramiento con cualquier sustancia ilegal. Se refiere a los patrones tradicionales de interacción dentro de los sistemas y redes del tráfico y distribución de drogas ilegales.
Estamos ante una criminalidad violenta que tiene una serie de fines entre los cuales Goldstein señala los siguientes casos: "1) disputas sobre territorio entre distribuidores de drogas rivales; 2) asaltos y homicidios cometidos dentro de la jerarquía de distribución, como medio de imponer códigos normativos; 3) robos a distribuidores de drogas y la retaliación violenta del distribuidor o jefe; 4) eliminación de informantes; 5) castigo por vender drogas adulteradas o falsas; 6) castigo por no pagar deudas; 7) disputas sobre drogas o su parafernalia; 8) robos violentos relacionados con la ecología social del control de áreas" (Goldstein, 1995:257).
Este modelo es el de mayor violencia. Se trata de una criminalidad conflictiva, generada por la ilegalidad del negocio. Violencia que ha sido considerada como una forma de control social y de regulación económica (Fagan & Chin, 1990:13).
Esta tipología, y en especial el tercer modelo, ha permitido abrir nuevas líneas de reflexión sobre la conexión criminalidad violenta/drogas. Por otra parte, sirvió sin proponérselo, ya que se limita a los actores y no a los procesos, para ampliar el análisis hacia la determinación estructural. Anteriormente, todos los estudios, de algún modo, se limitaban a examinar el fenómeno no sólo en términos de la determinación individual, sino dentro del binomio consumo de drogas/conducta delictiva.
En los últimos años se han realizado una serie de investigaciones más allá de Estados Unidos, partiendo de este marco conceptual tripartita. Por ejemplo, en España, y concretamente en el País Vasco, Javier Elzo y colaboradores incorporan al tercer modelo "los delitos de tráfico en su sentido más amplio partiendo del cultivo, los delitos de contrabando inherentes a la importación ilegal de drogas ilícitas y los delitos monetarios" (1992:33).
En otras palabras, este estudio, al igual que otros, han ampliado los planteamientos de Goldstein para adecuarlos a la realidad contemporánea, caracterizada por una compleja relación entre demanda y oferta de drogas ilícitas, la cual se convierte en una de las más poderosas fuentes de múltiples violencias, donde se insertan, entre otros, la corrupción, el lavado de dinero y el incremento del tráfico de armas (Camacho, 1996:14). Por lo tanto, todo parece indicar que hay que ir más allá debido a que su análisis, sólo es posible tomando como punto de partida la actual globalización de la economía mundial, donde las drogas no sólo son fuente de grandes ganancias -una nueva acumulación de capital ilegal- sino también de criminalidad violenta, como resultado de su carácter ilegal. No está de más recordar aquí que la criminalidad en la actualidad también puede ser un comercio global y una red financiera internacional comprometida en el suministro de bienes y servicios prohibidos (Myers, 1995/96:183). Esta realidad lleva a plantear la coexistencia de una criminalidad sistémica local, y quizás predominantemente urbana, con una criminalidad sistémica internacional (Sheptycki, 1995:616) lo cual complejiza las características del modelo.
A su vez, en términos de procesos, y con la finalidad de implementar políticas públicas que sean coherentes, hay que separar los diferentes ámbitos y las diferentes drogas. Hoy en día el manejo abstracto del fenómeno en términos de "narcotráfico" y su visión monolítica de la criminalidad organizada, a la cual además se quiere asimilar, a nivel nacional a los grupos alzados en armas como enemigos del orden mundial (Vargas, 1996:69) constituye un grave obstáculo epistemológico, al ocultar las distintas dinámicas y la complejidad de procesos y actores sociales que confluyen en esta actividad económica, con sus múltiples contradicciones.
Además, no es posible mezclar, ni siquiera a nivel de discurso, la dinámica transnacional del tráfico con la especificidad de la distribución o micro-comercialización local, ni tampoco ignorar el papel determinante que juega en la consolidación de esta última, la economía informal, y más específicamente la economía irregular o subterránea, como estrategia de sobrevivencia, sin olvidar lo que significa en este contexto la cultura de la calle como espacio de socialización (Andrade, 1991:70). Si bien ambas pueden generar criminalidad sistémica, una es nacional, e incluso local, mientras que la otra desconoce las fronteras nacionales. Pero además, aquí no sólo los procesos son diferentes, sino también los actores sociales, lo cual complejiza la formulación de políticas a seguir, al verse obligadas a acogerse a una serie de tratados internacionales, plasmados en leyes penales nacionales, para responder simultáneamente a distintas realidades locales e internacionales.
3. Modalidades de criminalización
A pesar de la existencia de una amplia normativa jurídica dirigida a regular el problema del tráfico y consumo de drogas, desde nuestra perspectiva criminológica, vamos a obviar el discurso jurídico para tratar de establecer las respuestas actuales a las manifestaciones de criminalidad violenta antes señaladas, a través de lo que hemos denominado modalidades de criminalización.
A raíz de los cambios que ha sufrido la estrategia de control social en los últimos veinticinco años, por razones de índole económica, política y social, imposibles de detallar aquí, en la actualidad coexisten en el panorama criminológico modelos de control divergentes para responder a núcleos conflictivos claramente diferenciados que en última instancia alteran la sociabilidad.
De manera muy breve podemos señalar la existencia de tres modelos. Desde el Estado observamos un programa bifurcado donde coexisten en primer lugar, el modelo de justicia, surgido en los años setenta, con su énfasis en más poder para la policía, leyes más duras y sentencias de prisión más largas y determinadas para los delincuentes considerados "peligrosos y violentos" que requieren medidas de máxima seguridad. En nuestro caso, estaría dirigido a la criminalidad sistémica y concretamente a los grandes traficantes de drogas. Sin embargo, en la práctica este modelo se aplica implacablemente a la criminalidad funcional, tal como se puede observar al revisar las poblaciones penales de América Latina y, en especial de los Estados Unidos, conformadas de un alto porcentaje de reclusos que han participado en criminalidad violenta por no tener los recursos para costear su consumo.
En segundo lugar, el modelo comunitario, surgido en los años ochenta, dirigido a los delincuentes considerados no-violentos, que se expresa por medio de las llamadas sanciones alternativas o intermedias . Estas sanciones implican técnicas de supervisión y vigilancia intensa donde es cada vez más importante el empleo de instrumentos para la vigilancia electrónica. Enfatiza la prevención y la preocupación por las víctimas. Se trata de un modelo que genera la dispersión del control social y la creciente participación de la comunidad en su administración. Si bien da lugar a actividades privadas de control, en última instancia amplia la influencia del Estado. En nuestro caso, estaría dirigido a la criminalidad inducida, a través por ejemplo de tratamientos obligatorios de rehabilitación. Este programa bifurcado desde el Estado puede calificarse como control público reactivo.
En tercer lugar, el modelo de la justicia privada, surgido a finales de los setenta, y concebido inicialmente como disciplina instrumental difusa cuyo orden unitario no es el Estado sino órdenes separados, definidos por autoridades privadas responsables de parcelas de tipo feudal como son los centros comerciales, los condominios, etc. (Shearing & Stenning, 1984:347). Esta actividad no es pública ni pertenece al Estado, pero sin embargo cada vez más traspasa los límites del Estado-Nación, adquiriendo dimensiones transnacionales, como se observa por la creciente creación de empresas de seguridad privada con carácter transnacional para proteger bienes y personas y, por lo tanto dirigido hacia quienes tienen algún tipo de propiedad, pero cada vez más, dedicadas a vender la nueva tecnología electrónica para la vigilancia y la disciplina colectiva. Puede calificarse como control privado proactivo.
Paralelamente se ha generado un sistema globalizado de seguridad para hacerle frente a la criminalidad sistémica internacional, donde se incluyen como prioridades el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y los problemas migratorios. En este caso el Estado se diluye y van surgiendo una serie de organizaciones transnacionales que cada vez más están asumiendo el control de esta criminalidad. Su relación con el modelo de la justicia privada es indudable ya que lo importante es el control electrónico multinacional, como muestra de la aplicación criminológica de la técnica de la información.
A su vez existe una peculiar combinación de criminalidad violenta y control social que surge en ámbitos de exclusión social -y por lo tanto, entre quienes no tienen ningún tipo de propiedad- implementada por sus propios habitantes, y que escapa el control del Estado, ya que éste se hace presente sólo a través de operativos y redadas. Esta modalidad es cada vez más frecuente en las ciudades de América Latina, identificándose con "zonas de riesgo". Se expresa por medio de la coerción, la intimidación, el terror y la muerte, como por ejemplo el linchamiento, los ajustes de cuentas y el control y defensa de territorio. En nuestro caso, puede identificarse con la criminalidad sistémica local y de manera particular, con la microcomercialización de las drogas ilícitas. Puede calificarse como control salvaje hiperactivo (Brodeur, 1988).
Por lo expuesto, afirmamos con Sheptycki que "la coyuntura actual muestra al control social fragmentado en una multitud de contextos de acción y formas de autoridad, dónde el Estado-Nación disminuye su importancia y la totalidad cohesiva es remplazada por una multiplicidad de espacios de reproducción" (1995:630). Pero a su vez, tal como hemos podido demostrar a través de este breve mapa criminológico de las drogas, también se observa una criminalidad violenta fragmentada que llama a nuevas reflexiones e investigaciones, más allá de los estereotipos de "narcotráfico", "carteles", "mafias", "criminalidad organizada", etc.
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