A partir de la segunda mitad del año 1995, la profundización de los niveles de malestar sociopolítico en la sociedad ecuatoriana vuelven a expresarse en distintos escenarios. La razón de este incremento se la puede ubicar meses atrás, ya que, tanto el conflicto armado con el Perú, como el llamado oficial a la unidad nacional, habían oscurecido la visibilidad de los problemas relacionados con la carencia de una adecuada gobernabilidad y tomas de decisión gubernamental que le es característico al actual régimen. Es por ello que a partir de Agosto del mismo año, y luego de haberse difuminado esa convocatoria a la identidad nacional como panacea integradora de la "nación", puede observarse, si no un incremento, al menos un mantenimiento sostenido de las manifestaciones de protesta social. Tal es así que por regiones, el número de conflictos se concentran en la sierra y en la costa con los datos siguientes: El 86% de los conflictos se hallan en esas dos regiones. Si comparamos estas cifras con las que nos ofrecen las ciudades principales, vemos que Quito y Guayaquil juntas concentran el 48.5% de la conflictividad social en el Ecuador. Adentrándonos un poco más en el detalle del análisis de la conflictividad, hay la constatación de que la continuidad de las medidas de ajuste estructural que se acompañaron de presiones políticas por lograr una legitimación popular de los programas de modernización y descentralización del Estado, produjeron el resurgimiento de los conflictos en la escena del sector público (32.5%) en la que los trabajadores del sector salud y de la educación tuvieron un protagonismo principal. Asimismo, el conflicto cívico regional se mantuvo en sus tasas habituales (17%), y el urbano barrial permanece en tercer lugar, con un notable descenso de su preponderancia respecto a los primeros meses del año, en el que alcanzó su máxima conflictividad. El sector de los trabajadores privados completa el cuadro de una movilización intensa de los sindicatos en el escenario social, con un 12.6%.
El conflicto indígena y campesino presenta niveles mínimos de conflicto, con algunas manifestaciones a fines del mes de Febrero, aspecto que coincidiría con el lanzamiento de varias candidaturas indígenas a los poderes seccionales y la reactivación del quehacer político local a través de la dinámica partidaria de algunas figuras públicas. A su vez, la consulta popular del mes de Noviembre constituye el marco desde el cual puede explicarse la disminución de los conflictos de carácter político lesgislativo que a principios de año habían gozado de una importancia relativa; no obstante, esa misma consulta catapultó la organización de los movimientos sociales opuestos a la privatización de varios organismos estatales. Por otro lado, las pugnas por el poder revelan un incremento respecto a las tasas del primer semestre, como implicación de las elecciones presidenciales del próximo mes de Mayo y como relación de la dinámica social inscrita en los ciclos políticos y económicos. En ese sentido, el análisis de la conflictividad por género en el período indicado nos demuestra lo antedicho.
GÉNERO DEL CONFLICTO
Junio 1995-Febrero 1996
| GENERO | FRECUENCIA | % |
| Campesino | 9 | 2.6 |
| Indígena | 7 | 2.0 |
| Cívico regional | 59 | 17.0 |
| Urbano barrial | 54 | 15.5 |
| Laboral público | 113 | 32.5 |
| Laboral privado | 44 | 12.6 |
| Político partidista | 11 | 3.2 |
| Político legislativo | 13 | 3.7 |
| Pugna de poderes | 15 | 4.3 |
| No corresponde | 23 | 6.6 |
El resurgimiento del sector laboral se reafirma en la constatación de que trabajadores no organizados, gremios y sindicatos asumieron una mayor participación en el escenario del conflicto, los que juntos suman el 48.2 % en el total de actores. En efecto, entre los objetos del conflicto destacan las demandas de mejoras salariales (20.4%) y de reajustes en el financiamiento (11.8) especialmente público para los respectivos sectores. La incidencia de los grupos locales se observa en menor medida, así como de las organizaciones barriales. El rechazo a la política estatal (18.1) y las protestas a causa de las denuncias de corrupción (15.2%) entre los objetos del conflicto hizo más pertinente la participación de los estudiantes, sector social que evidencia una constante durante el periodo considerado.
Aunque continuaron siendo relevantes, las demandas no localizadas (otros 29.3%) perdieron en estos meses su peso relativo, debido a la focalización del conflicto laboral.
OBJETO DEL CONFLICTO
Junio 1995-Febrero 1996
| OBJETO | FRECUENCIA | % |
| Salariales | 71 | 20.4 |
| Laborales | 18 | 5.2 |
| Financiamiento | 41 | 11.8 |
| Rechazo político estatal | 63 | 18.1 |
| Denuncias de corrupción | 53 | 15.2 |
| Otros | 102 | 29.3 |
Coherente con el objeto del conflicto, las protestas (25.3%), los paros y las huelgas (24.1) constituyeron las manifestaciones principales de su intensidad. Destacan también las amenazas (11.5%) y las tomas y bloqueos que fueron parte de las actuaciones de sectores campesinos y barriales principalmente.
Entre los actores estatales intervinientes, el estamento ejecutivo representado por los Ministros conserva su principal protagonismo (33.9%); en segundo lugar la Policía, la cual es parte componente en la intensidad de los conflictos (17%); asimismo, la actuación del Presidente se recupera levemente en estos meses, especialmente en los momentos álgidos de las denuncias por corrupción.
INTERVENCION ESTATAL
Junio 1995-Febrero 1996
De manera sorprendente, la resolución de los conflictos no sólo fue aplazada (40.8%) , como normalmente ha ocurrido durante este gobierno, sino que pudo apreciarse un buen nivel de negociación, que involucró al 32.5% de los conflictos, y se dió curso a soluciones positivas, en el 11.2% de los casos. El rechazo, la represión o la no resolución sólo fue del orden del 15.5%, lo cual contrasta con las tendencias de resolución anterior de los conflictos.