ENTRE EL FANTASMA MEXICANO Y EL SINDROME DE LA CORRUPCION
Equipo de Coyuntura -CAAP-
La coyuntura económica del Ecuador durante el tercer cuatrimestre del año ha estado marcada tanto por las secuelas de la tremenda crisis energética que afronta el país desde mediados de este año, como por las repercusiones de los juicios penal y político al Vicepresidente de la República, unido al destape de una avalancha de denuncias de corrupción, autoritarismo y violencia, entre los sectores políticos, estrechamente vinculados a los principales grupos económicos del país, quienes han compartido el poder político en los períodos 1984-88 y 1992-96.
La crisis energética, derivada de la enorme dependencia de una sola estructura de generación en el país, la Central de Paute, ha sido propiciada y avalada por la desidia, ineficiencia y parálisis de la mayoría de los ministros de energía de los gobiernos de este período democrático, que han bloqueado decididamente o han impulsado muy tibiamente los proyectos y estudios relativos a múltiples alternativas complementarias, en particular la presa Mazar, la Toachi-Pilatón, el Plan Maestro de Electrificación, entre otros.
En el presente gobierno, en el marco de un embate generalizado contra las empresas estatales y la inversión pública, los seis ministros que han desfilado por la cartera de energía han propiciado sistemáticamente el desprestigio del INECEL, con el objeto de crear las mejores condiciones para contar con una opinión pública favorable a la privatización de la generación eléctrica y la reducción drástica del rol estatal en este ámbito.
La magnitud de la crisis eléctrica y de su impacto sobre las actividades productivas en los últimos cuatro meses, unida al descontento creciente de la población y a la escasa y lenta acción gubernamental para enfrentarla; se conjugan con los balbuceos, desaciertos y demoras del régimen en el manejo político, para configurar una situación de profunda crisis de credibilidad y un amplio rechazo de la población.
La regulación controlada del tipo de cambio es la piedra angular del modelo de política económica aplicado por el presente gobierno, desde septiembre de 1992, ya que actúa como ancla antiinflacionaria y pretende estabilizar las espectativas de los agentes económicos; sin embargo, en una economía pequeña, cada vez más abierta y dependiente del ingreso de capitales externos para equilibrar la cuenta corriente, como la del Ecuador, la evolución del tipo de cambio, eje de la articulación "globalizada", asume un rol crucial, sintetizando las presiones y desequilibrios (económicos, políticos y sociales), así como las expectativas que los diferentes agentes formulan respecto del futuro de la economía. En consecuencia, el impacto de los choques internos y externos, que enfrenta el país, repercute dramáticamente sobre el precio de la divisa.
El presente análisis partirá de la revisión del programa macroeconómico y sus efectos; abordará luego las condiciones de fragilidad que prevalecen en el sistema financiero y el impacto de las altísimas tasas de interés prevalecientes en los últimos años; la crisis energética y su impacto en el aparato productivo, debilitado ya por el impacto del conflicto bélico y de las altas tasas de interés, generando una clara orientación recesiva de la economía. Concluiremos esbozando las líneas fundamentales de las perspectivas para lo que resta del presente gobierno.
NUEVA REVISION DEL PROGRAMA MACROECONOMICO: ¿FRENO A LOS ATAQUES ESPECULATIVOS?.
Las metas fijadas por el gobierno para este año, modificadas ya con ocasión del conflicto bélico con el Perú, han vuelto a ser revisadas, hacia abajo siempre, a fines del mes de octubre, ocasión en la que también se presentó, en forma anticipada, el Programa Macroeconómico 1996: "Viabilizando una transición ordenada"1/.
Efectivamente, en 1995 la economía y la sociedad fueron duramente afectadas, en primer lugar por la guerra; más tarde por la profunda crisis política y de legitimidad, unida al grave déficit de energia eléctrica, desatadas todas en los últimos cuatro meses. El primero constituyó un verdadero "shock externo", en tanto que los dos siguientes caen, en gran medida dentro de las responsabilidades del propio gobierno y de su gestión, si bien solo en los frentes político y energético.
La inestabilidad generada por las abundantes denuncias de corrupción oficial y de sectores políticos; el enjuiciamiento y posterior fuga del vicepresidente, quien ejercía el poder real dentro del régimen y lideraba la política económica, tuvieron un fuerte impacto sobre las "expectativas"2/ de los agentes económicos, tanto nacionales como del exterior, respecto de la continuidad y viabilidad de la política económica vigente, así como sobre la percepción del "riesgo país"3/, factores todos que inciden sobre la credibilidad de las políticas económicas y fundamentalmente, sobre los movimientos de capitales.
Los cambios más importantes en las metas propuestas para 1995 fueron los siguientes: la tasa de inflación fijada en 19% en febrero, pasó al 21% en octubre; el ritmo de crecimiento del PIB se mantuvo en el 3%; la situación fiscal, en la que se preveía un equilibrio, pasó a un deficit del 1.1% del PIB y la inversión pública prevista en 7% del PIB, se redujo al 6.4%.
Sin embargo, el aspecto que mayor impacto tuvo en los mercados fue la aceleración del ritmo de devaluación del sucre, mediante el artificio de la ampliación del ancho de la banda dentro de la cual oscila el tipo de cambio (la misma pasó de 4% al 10%, entre el piso y el techo; por lo cual el margen entre la paridad central y los valores piso y techo pasó del 2% al 5%); se aumentó la pendiente de la banda (velocidad de devaluación del tipo de cambio), que pasó del 12% hasta fines de octubre, al 16.5% que regiría, en principio, desde el 30 de ese mes hasta el 30 de diciembre de 1996. Obviamente que la vigencia del mecanismo más allá de agosto de 1996, está sujeta al logro de un consenso con los equipos económicos de los aspirantes a la Presidencia de la República.
La ampliación de la banda y la presentación adelantada del Programa Macroeconómico para 1996, según las versiones oficiales, pretendía reducir la incertidumbre prevaleciente en los mercados y propiciar la baja de las tasas de interés, eliminando las expectativas crecientes respecto de un ajuste cambiario. La prolongación de la nueva banda hasta diciembre de 1996, esperando que el nuevo gobierno acoja esa trayectoria del tipo de cambio, buscaría contribuir a "que el nuevo gobierno no se vea forzado a tener que hacer ajustes"4/.
Para las autoridades monetarias, el problema no radica en el tipo de cambio, ya que consideran saludable la evolución de las importaciones y de las exportaciones en el presente año; estiman que se mantendría el flujo de capitales y alto el nivel de la reserva monetaria internacional.
Efectivamente, desde la semana anterior al juicio político al vicepresidente de la República, a comienzos de octubre, se incrementaron notablemente las presiones sobre el tipo de cambio. Frente a ello, las autoridades económicas reaccionaron como en ocasiones anteriores propiciando una rápida elevación del costo del dinero, que se expresa tanto en la tasa de interés interbancaria5/, como en las tasas de interés, activa y pasiva, que aplican las entidades financieras a sus clientes corporativos y normales.
En realidad, en los últimos tres años han prevalecido tasas reales demasiado altas y muy volátiles; esa ha sido una de las principales debilidades del esquema económico aplicado, ya que con tasas nominales superiores al 50% y aún 60%, con niveles de inflación de alrededor del 25%, implica niveles reales que difícilmente pueden cubrir cualquier actividad productiva legal, como manifiestan los voceros empresariales. En consecuencia, la reactivación del crecimiento, ofrecida para pocos meses después del paquetazo de septiembre de 1992, nunca llegó, salvo un fugaz período, a comienzos de 1994.
La debilidad política del gobierno, unida a sus errores proverbiales y a la lentitud en la toma de decisiones, determinados en buena medida por el fundamentalismo a ultranza de sus propuestas (en particular por la identificación fanática de modernización y privatización y su casi nula capacidad para establecer consensos, dieron al traste con una de las piedras angulares de su esquema: las privatizaciones. Como el propio gerente del Banco Central ha declarado, el gobierno confiaba en captar alrededor de 500 millones de dólares anuales con la privatización, especialmente de las telecomunicaciones y de la electricidad6/.
El sector más beneficiado con la revisión de la política cambiaria, el sector exportador, en particular el bananero, consideró que "el ajuste es un paliativo que no refleja la realidad del país", exigiendo la liberalización total del dólar y la eliminación del represamiento acumulado7/.
La autoridad monetaria no considera que exista dicho rezago cambiario, ya que el dólar no necesariamente debería evolucionar igual que la inflación doméstica; y, que el denominado represamiento y el análisis de la competitividad de las exportaciones ecuatorianas debería considerar un plazo suficientemente largo. Igualmente señala que las mejoras de competitividad no deben darse exclusivamente por el ajuste cambiario, sino incrementando la productividad, mediante reducción de gastos e incorporación de tecnología, entre otros aspectos.
Efectivamente, todo análisis del tipo de cambio real tiene un carácter relativo, en la medida en que la selección del período base es determinante; por otro lado, para establecer la evolución de la competitividad de las exportaciones, no debe usarse la inflación interna exclusivamente, sino incorporada dentro de una canasta, suficientemente representativa, de países con los cuales el Ecuador realiza la parte fundamental de su comercio exterior.
Es claro que históricamente los exportadores ecuatorianos han tenido una mentalidad fuertemente rentista, se acostumbraron a mantener o mejorar su competitividad externa, sólo mediante periódicos ajustes del tipo de cambio, arrancados del gobierno mediante presiones o, las más de las veces, directamente por su control del mismo. Los bajísimos niveles de productividad prevalecientes en cultivos de exportación como el banano, el café y el cacao, incluso respecto de países con un nivel de desarrollo similar o inferior al del Ecuador, como los países Centroamericanos es elocuente.
En definitiva, la revisión de la banda cambiaria, impactó directamente sobre el nivel de la tasa interbancaria que prácticamente se duplicó el día del anuncio de la medida, pasando, en el promedio de Quito y Guayaquil, de 44.2% el 26 de octubre, a 87.5% el 27, propició su reducción a cerca del 60%; pero posteriormente se disparó a un promedio superior al 117% en los siguientes cuatro días laborables, denotando la persistencia de nerviosismo en los mercados. En dos días siguientes, hasta el 9 de noviembre, se produjo una reducción de alrededor del 45%, lo que parecería mostrar un paulatino retorno a los niveles anteriores (persiste una diferencia de 22%, con respecto a la tasa promedio del día 26).
Las autoridades económicas confían en que la tendencia autoreguladora de las tasas de interés de la economía se mantendrá en los próximos días, estabilizándose alrededor del 30%, considerado el nivel "normal", dado el ritmo de inflación anual, que a fines de octubre se situó en 22.93%. ¿Resistirá el esquema frente a las presiones que podrían desatarse a partir de eventos que se pueden presentar, muy probablemente, en el ámbito político y en la percepción internacional del país, a partir del avance del proceso de investigación sobre los gastos reservados de la vicepresidencia?. La respuesta a esta interrogante nos remite a la fragilidad característica del sistema financiero y a las presiones que enfrenta.
FRAGILIDAD FINANCIERA Y EL FANTASMA MEXICANO.
En la medida en que, como hemos visto, las autoridades monetarias han priorizado la estabilización y sobre todo la reducción de la tasa de inflación, regulando la evolución del tipo de cambio, disminuyendo la masa de recursos que pueden presionar sobre el precio de la divisa, mediante el manejo de las tasas de interés; estas última pasaron a ser un instrumento de la política, cuyo impacto en la economía preocupaba, en particular en los períodos críticos, pero mucho menos que el ritmo de inflación o las cuentas del sector público.
El problema de la persistencia de tasas reales crecientes y sumamente elevadas, así como su alta variabilidad8/, llevó a las autoridades económicas a: eliminar regulaciones que generaban obligaciones para las entidades financieras, recomendar una mayor eficiencia a la banca privada, blandiendo la amenaza de la competencia extranjera: y, finalmente, incluir en la Ley de Instituciones Financieras aumentos de los requerimientos mínimos para las entidades financieras, al igual que disposiciones orientadas a propiciar la fusión y articulación de diversas entidades.
A fines del primer trimestre de este año, comenzaron a manifestarse las primeras evidencias de la crisis de sobreendeudamiento, especialmente en la ciudad de Machala, con una morosidad creciente y el incumplimiento de los compromisos financieros adquiridos, básicamente por productores de banano y camarón, fuertemente golpeados por todos los shocks antes mencionados (guerra, déficit de energía eléctrica e inestabilidad política), así como por el deterioro de los mercados externos, debido a la sobreoferta mundial de tales productos con la consecuente caída de los precios.
El problema anterior, unido a las crecientes quejas de sectores empresariales de diferentes actividades productivas, no ligados a la banca privada; así como la evidencia de una tendencia creciente en la cartera vencida de las entidades financieras, reavivaron la discusión en torno de las razones que explicarían las elevadas tasas reales de interés prevalecientes en los últimos meses. En consecuencia, han vuelto a discutirse: la ineficiencia de muchas instituciones financieras; el excesivo número de entidades, considerando el tamaño del mercado; el impacto de los niveles de liquidez y de la intervención del Banco Central en la determinación de las tasas de interés; así como los efectos de la inestabilidad política sobre las mismas.
Adicionalmente, la defensa del sucre frente a los ataques, con un fuerte contenido especulativo, desatados en gran medida por las propias entidades financieras, ha implicado una reducción de la reserva monetaria internacional (RMI) en 32 millones de dólares (algo menos del 2%), a lo largo del mes de octubre, situándose en 1629 millones de dólares a fines del mismo.
Si bien la reducción operada en octubre es leve, si se considera la disminución de reservas frente al pico alcanzado a fines de junio de 1995 (1770 millones de dólares), la caída es del 8%. Nadie menciona ya la meta de incrementar la RMI en 100 millones de dólares, incluida en el programa aprobado por el Fondo Monetario Internacional a fines de 1994.
Por otro lado, lejos de lo previsto por las autoridades económicas, la aplicación de la Ley de Instituciones Financieras no ha implicado la reducción del número de entidades por la fusión entre algunas de ellas. Al contrario, el número de bancos no ha cesado de crecer (al momento son 36, pero llegarían a 40 hasta fines de año), al igual que ha crecido el número de financieras; en ambos casos, fundamentalmente por la transformación de entidades.
Frente a la significativa expansión de la actividad, básicamente crediticia, y de las utilidades de las entidades financieras en 1994, el presente año ha sido mucho menos favorable: buena parte de los depósitos retirados en el período del conflicto con el Perú, nunca regresaron, o se cambiaron a opciones más costosas para las entidades, gracias a que los clientes tuvieron mejor información; como ya se mencionó se ha incrementado la cartera de créditos vencida y ha aumentado la necesidad de realizar provisiones precautelatorias; la demanda de crédito ha disminuido significativamente, tanto por las altísimas tasas activas prevalecientes, como por la reducción general del ritmo de actividad, que ha determinado la reducción del consumo, principalmente de bienes de consumo durable, de origen importado.
En la medida en que la crisis mexicana9/, en diciembre de 1994, donde se aplicaba un esquema de política muy similar, estuvo precedida de fenómenos similares: crecimiento de la cartera vencida de las instituciones financieras; reducción del nivel de reservas internacionales de la economía; e intervenciones crecientes de las autoridades monetarias; las comparaciones han surgido espontáneamente.
Es verdad que, a diferencia de México, el saldo de la balanza comercial del Ecuador sigue siendo positivo, pero decreciente, salvo la recuperación operada en el presente año, gracias a la dinamización de las exportaciones no tradicionales, en particular de: madera, productos químicos y fármacos, manufacturas textiles y flores. Sin embargo, las diferencias de magnitud de las corrientes de comercio exterior en uno y otro caso; así como la importancia estratégica para los flujos de capital internacional (y en particular norteamericano), de ambos países es radicalmente distinta.
De cualquier forma, el fantasma mexicano se ha hecho presente; más aún si en América Latina prevalece un contexto de menores flujos de capital privado internacional; y, los riesgos de recesión en los países industrializados parecen aumentar.
Las autoridades han incrementado su vigilancia del sistema financiero; han anunciado medidas tendientes a reducir el número de entidades en el sistema, incrementando los requisitos exigidos y estimulando la fusión de entidades; y, confían plenamente en los mecanismos de mercado para controlar la situación. La evolución real del comercio exterior en el presente año, las peripecias del problema político en lo que resta del período y la tendencia que presenten los flujos de capital externo serán decisivos. La crisis energética y sus efectos sobre el aparato productivo inciden negativamente.
CRISIS ENERGETICA: MONUMENTO A LA NEGLIGENCIA E INCAPACIDAD.
En los últimos cinco años, por lo menos, se han presentado, periódicamente, si bien con intensidad creciente, estacionales períodos de racionamiento de la energía eléctrica, para los usuarios de carácter comercial, industrial y residencial de todo el país. Tales racionamientos se explican por la disminución de la oferta de energía, originada fundamentalmente por la reducción del caudal del sistema hidrográfico que alimenta a la presa de la central Paute, debido al estacional estiaje que se repite cada año.
Efectivamente, la central de Paute es la más importante dentro de la infraestructura de generación hidroeléctrica con que cuenta el país, ya que aporta prácticamente el 70% de la demanda total de energía. Las otras dos centrales hidroeléctricas más importantes, son las de Agoyán y Pisayambo; las tres centrales están situadas todas en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes.
El resto de la energía eléctrica generada en el país, corresponde a la producción hidroeléctrica de pequeñas centrales; y, en menor medida, a la generación térmica, la que tradicionalmente ha tenido menos desarrollo, debido a que su operación es más costosa y reduce los ingresos por exportaciones petroleras, al destinarse una parte a la obtención del diesel y del bunker, necesario para su operación.
En el presente gobierno este problema se ha agravado progresivamente, al agudizarse la disminución de la pluviosidad,fenómeno poco estudiado en el país, vinculado con el calentamiento global de la tierra y con la deforestación profunda de la zona. Cabe recordar que la primera solución que propuso la creatividad del presente gobierno, en el último trimestre de 1992, fue la aplicación de la denominada "hora sixtina".
Posteriormente se sucedieron 6 ministros en la cartera de energía en los siguientes tres años, entre los cuales estuvieron funcionarios que confesaban paladinamente su desconocimiento en materia energética (Andrés Barreiro), en tanto que otro desapareció en un accidente lleno de interrogantes (Gustavo Galindo). El gobierno nunca ponderó adecuadamente el carácter altamente técnico de este ministerio, apostando más bien al pago de compromisos de campaña o a la fidelidad ideológica de los funcionarios. En INECEL se sucedieron igualmente cinco gerentes, en el mismo período.
En la medida en que los fundamentalistas neoliberales del régimen habían determinado que el Estado debía abandonar este campo, al igual que los de la telefonía, hidrocarburos, líneas aéreas, puertos y cualquier otra actividad productiva, trasladando la responsabilidad al sector privado, existió una línea de política coherente, en todas las administraciones: la de restringir al máximo cualquier nueva inversión planeada por los organismos públicos relacionados, en este caso el INECEL, aún las de mantenimiento normal.
Pese a ello, al presentarse los problemas de racionamiento era precisamente el INECEL, la entidad cuyo ya limitado prestigio sufría un agudo deterioro, al aparecer como responsable de la escasez de energía. Y es que tampoco el INECEL, al igual que otras empresas públicas, presentaba estándares de eficiencia y productividad muy altos, debido en parte, a la pertinaz ingerencia política en su gestión y en el nombramiento de sus principales ejecutivos, la limitación de recursos derivada del tratamiento cambiario al dólar de la participación de INECEL en la renta petrolera; así como por el manejo político de tarifas; pero también por la acumulación de gastos corrientes muy elevados y otras limitaciones de su administración, como el lento proceso de toma de decisiones, entre otros.
En el esquema mental del sector duro del gobierno, el que ha representado el poder real, como se vió en las peripecias del juicio al Vicepresidente de la República, la meta dentro del sector eléctrico era la de pasar a manos privadas la generación y distribución, a nivel nacional.
Para ello era preciso superar, en el ámbito de la legislación, la consideración constitucional de este sector como estratégico, y por tanto de limitado acceso para el capital privado. Cabe recordar que el parlamento introdujo cambios en la Ley de Modernización planteada por el gobierno con dicho fin, restringiendo las posibilidades de una privatización a ultranza en los denominados sectores estratégicos; dejando, sin embargo un amplio margen de maniobra para el gobierno, a través del CONAM, mediante fórmulas como la concesión y otras, que han sido efectivamente utilizadas en sectores como el de las telecomunicaciones.
Por otro lado, era indispensable solucionar el litigio entre el Estado y EMELEC, vigente durante prácticamente quince años, para dar "señales claras" al capital privado (tanto nacional como internacional), de la disposición gubernamental a favorecer sus intereses. Así, en el presente año, pocos meses después de la desaparición del Ministro Galindo, se anunció la solución del conflicto, mediante una fórmula que sacrificaba las aspiraciones del Estado.
Más aún, el interés fundamental del último ministro de energía se centró en el jugoso contrato de la ampliación del oleoducto, que significaba una verdadera ganga para las empresas interesadas, al entregarse "graciosamente", la administración del oleoducto existente. El ministro se empeñaba con una testarudez digna de mejor causa en dicho proyecto, a pesar de los múltiples criterios técnicos en contrario emitidos por colegios profesionales, sectores sindicales calificados y aún organismos internacionales, quienes planteaban alternativas menos costosas y menos leoninas para el patrimonio nacional.
En consecuencia, estaban dadas las condiciones para el abandono en que se ha encontrado el sector eléctrico en la mayor parte del presente gobierno: la provisión de energía seguiría supeditada a las fuerzas de la naturaleza, mientras un maniatado INECEL trata de mantener la infraestructura disponible, en medio de limitaciones organizativas y presupuestarias.
Todos los proyectos y actividades previstas en el Plan Maestro de Electrificación, duermen el sueño de los justos; entre ellos se incluye la presa Mazar, de importancia estratégica para optimizar la operación de la central de Paute y prolongar su vida útil, al controlar la sedimentación. Dicho proyecto ha sido postergado sistemáticamente por los últimos tres gobiernos. Peor aún, en el último año se ha acelerado la acumulación de sedimentos en la presa de Paute, al suspenderse las labores de evacuación, por daños en la draga10/.
En el presente año, se adelantó y profundizó el estiaje, provocando la necesidad de aplicar racionamientos crecientes desde el mes de agosto. Los sectores empresariales y los hogares con capacidad de gasto, reaccionaron impulsando la autogeneración, como respuesta individual; y, con matices diferenciados, presionaron por la apertura del sector eléctrico a la inversión privada, en la generación, transporte y distribución, mediante el mecanismo de concesiones.
El impacto de la crisis energética tiene varios aspectos, todos de difícil cuantificación, debido al sobredimensionamiento característico de algunos sectores empresariales11/ y a las limitaciones de la información disponible.
Entre los efectos económicos más importantes cabe mencionar: las pérdidas directas del INECEL por energía no vendida; las pérdidas del sector productivo y comercial, debido a la disminución de su actividad; la reducción de las recaudaciones fiscales, en particular por concepto del IVA; y, el incremento de los pagos que el gobierno debe realizar a las empresas privadas por la energía generada directamente por dicho sector.
La magnitud del déficit de energía eléctrica y el consecuente racionamiento llegó a niveles superiores al 30% en determinados períodos; y, en algunas regiones aún superó ese porcentaje.
En la medida en que los equipos generadores disponibles, presionados por la escasez, son sometidos a un trabajo intenso, sin el mantenimiento normal, tienden a dañarse o perder eficiencia, como sucedió con los equipos de la central de Esmeraldas y de otras de menor tamaño.
Las empresas privadas Electroquil y Electroquito, que venían negociando con INECEL, los contratos de compra-venta de energía, previos a la instalación de centrales térmicas desde meses anteriores, presionaron fuertemente, con el apoyo de los gremios empresariales, por la rápida autorización y firma de contratos. La Contraloría General del Estado, en su informe, previo a la firma de los contratos, estableció que los precios que ofrecían esas empresas es alto y que existían empresas extranjeras que ofrecían precios un 40% menores, con una mayor potencia instalada. Desde luego que este informe fue duramente atacado por los empresarios y el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral12/.
Sin embargo, la prolongación y el agravamiento de la escasez de energía, ante la nula o excesivamente lenta acción del gobierno para enfrentarla, terminaron por exasperar a una buena parte de los sectores empresariales, quienes le dieron un últimatum a fines de octubre, en momentos en que el Presidente aceptaba la renuncia del Ministro de Energía y lo situaba en el CONADE.
En ese contexto, el gobierno terminó aceptando las condiciones planteadas por Electroquil y Electroquito; dentro de un conjunto de medidas orientadas a paliar, en un plazo no menor de 4 meses, los aspectos más emergentes del déficit de energía eléctrica, al mismo tiempo que se dieron los pasos iniciales para encontrar soluciones de mediano y largo plazo. Entre las primeras se incluyen la llegada de equipos de generación en barcazas y los contratos antes mencionados. Entre las segundas están los créditos internacionales y los contratos de compra-venta, para la Central Daule-Peripa; el reglamento que permite a las empresas regionales y locales la contratación directa de hasta 50 megawatios, como mecanismo para estimular la iniciativa privada en el sector; y, la promulgación de una nueva ley eléctrica, que conceda incentivos para las inversiones del capital privado en generación y distribución eléctricas.
En definitiva, para el corto y mediano plazo se apuesta a la generación termoeléctrica, cuyo costo, eficiencia y rendimiento son inferiores a la hidroeléctrica; además del costo de oportunidad que significa esa utilización de los hidrocarburos. Aparentemente, sin embargo, luego de años de desidia gubernamental, esa sería la solución más viable. Desde luego que las presiones derivadas del descontento generalizado en el país, han creado un ambiente propicio para la privatización de al menos una parte del INECEL (en el Congreso se habla del 35%).
Entre los sectores productivos más afectados por el déficit energético estarían las actividades camaronera y florícola, en el sector primario; la mayor parte de los subsectores de la industria manufacturera; en menor medida la construcción y el comercio. En todo caso, la pequeña industria que tiene menores recursos para incursionar en la autogeneración eléctrica, es una actividad seriamente afectada
PERSPECTIVAS
El Programa Macroeconómico planteado por el gobierno para 1996, incluye entre sus objetivos una tasa de inflación de 17- 19%; un crecimiento del PIB de entre 3 y 4%; el equilibrio en el balance neto del sector público; un déficit de cuenta corriente equivalente al 3.5% del PIB; una leve reactivación de la inversión pública, el mantenimiento del nivel de reservas internacionales.
Alguno de los supuestos en los que se asientan dichas metas, están un importante incremento de las exportaciones de petróleo, que llegarían a 68 millones de barriles, con un incremento de casi un 19%; y un precio apenas inferior al de 1995 (14.5 dólares por barril, frente a 15 de este año).
La viabilidad de tales supuestos es dudosa, especialmente en cuanto al volumen de exportaciones, ya que la generación térmica va a exigir volúmenes crecientes de crudo, que difícilmente serán cubiertos con la expansión de la producción de los pozos existentes o con la incorporación de nuevos pozos.
Por otro lado, tratándose de un año electoral y de la aleatoriedad de los eventos políticos, así como por el probable agravamiento de la inestabilidad generada por las investigaciones en torno del problema de la corrupción, se han reducido las expectativas respecto de la afluencia de capitales externos, pero el monto previsto parece seguir siendo demasiado optimista, teniendo en cuenta la paralización previsible de las privatizaciones y el incremento del riesgo país.
En lo que respecta al crecimiento, considerando que el compromiso del servicio de la deuda externa adquirido con la renegociación bajo el esquema Brady exigirá el próximo año un 2.5% del PIB; y tomando en cuenta el crecimiento poblacional (2.2%), aún en caso de cumplirse los objetivos planteados, es previsible un deterioro del ingreso de la población.
El ligero incremento previsto en la inversión pública en el ciclo terminal del régimen sixtista no parece apuntar al "efecto monumento". La "deuda social" continuará aumentando y el agravamiento de la situación de pobreza, medida recientemente por el Banco Mundial, seguirá inexorable.
Sería necesaria una gran creatividad y flexibilidad de parte del gobierno y sobre todo de las autoridades económicas, para tomar en cuenta y aplicar, propuestas interesantes para financiar el gasto social, como la lanzada recientemente13/, que permitiría al Fondo de Solidaridad invertir en bonos Brady y asignar los intereses ganados a la inversión social. Los errores en el proceso de privatizaciones y los plazos que exigen; las presiones del sector financiero y el fundamentalismo exhibido no permiten abrigar ninguna esperanza. NOTAS
1. El texto completo, por supuesto sin incluir las metas trimestrales, sujetas a la evaluación del FMI, fue publicado en varios periódicos del país, el 1 de noviembre de 1995.
2. Este concepto fue desarrollado desde comienzos de la década del setenta, por dos economistas norteamericanos: Robert Lucas (Premio Nobel de economía 1995) y Thomas Sargent; tiene un alto contenido psicológico y en los últimos años ha influido significativamente en las formas de pensar de los economistas, especialmente en su versión "racional", aunque la evidencia empírica disponible no es concluyente sobre su validez. Muchos consideran que este es un concepto comodín que permite explicar aquello que no se conoce.
3. Indicador desarrollado en los mercados internacionales de capitales; mide en forma aproximativa la sobretasa que los capitales extranjeros exigen para colocarse en un país, considerando los riesgos políticos, económicos y financieros involucrados.
4. Entrevista concedida por el gerente general del Banco Central del Ecuador al periódico "El Financiero", 30 de octubre de 1995.
5. Tasa a la cual las entidades bancarias realizan entre si operaciones de cortísimo plazo; principalmente para cubrir necesidades temporales de liquidez.
6. Ver El Comercio, 9 de noviembre de 1995, página B6.
7. El Comercio, 1 de noviembre de 1995, página B4.
8. Aspecto que ya fue tratado en Ecuador Debate No. 34, abril 1995, pp.12-15.
9. Ver análisis muy completos en las últimas entregas de la sección Coyuntura internacional, en Ecuador Debate, números 33, 34 y 35.
10. A fines de septiembre, mientras el ministro Abril afirmaba que la capacidad de almacenamiento de la central Paute estaba perdida en un 75%, por la acción de los sedimentos; el gerente de INECEL señalaba que la situación no era crítica y que el nivel de sedimentos no ponía en peligro la operación normal de la central. El Universo, septiembre 22 de 1995.
11. Así, por ejemplo, mientras el Presidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos del Litoral estima las pérdidas en 24.7 mil millones de sucres diarios, las cámaras de la producción hablan del doble. El Comercio, 29 de agosto de 1995.
12. Ver "Contraloría agrava situación energética", en El Telégrafo del 26 de octubre de 1995, página 3A.
13. Jaramillo Fidel: deuda externa, deuda social y privatizaciones. Revista Gestión, No. 14, agosto de 1995.