Ciertamente que a todos nos preocupa la proliferación en los últimos años de la violencia en sus diversas modalidades. No obstante, en rigor no es un problema coyuntural, sino que se da cuando la caída de las remuneraciones reales, el aumento del desempleo y la pobreza por la extrema concentración de la riqueza, se convierten cada vez más en un problema estructural, agravado por la falta de políticas sociales y redistributivas orientadas al beneficio público y al bienestar comén. En ese sentido, la dimensión analítica que presento del problema, corresponde a una lectura estructural del fenómeno en cuestión; aunque también dudamos que las políticas económicas puedan explicarlo todo en el país. Sin embargo, esta relación constituye una posible entrada para comprender un aspecto muy específico de la violencia en el país, tema que abarca las más complejas relaciones entre economía y violencia social. Por ende, no se pretende incorporar de manera detallada otros ámbitos importantes de análisis inmersos en disciplinas como la Antropología, las Ciencias Políticas y Jurídicas en estricto sentido.
El sorprendente incremento de la delincuencia exige un análisis profundo -desde diferentes ópticas- de los rasgos y tendencias principales a fin de identificar los elementos que le configuran y originan; pues, la violencia social tiene que ser vista como un fenómeno multidimensional que involucra un cúmulo de factores, muchos de los cuales son interdependientes y/o se refuerzan entre sí como son: las condiciones socio-económicas y políticas, la organización del Estado, el entorno socio-cultural del individuo, el nivel de educación, la explosión demográfica unido a la urbanización y la marginalidad subsiguiente, los medios de comunicación que puede convertirse en elemento que condiciona y convoca al uso de conductas violentas, el uso de drogas y de alcohol, así como los sistemas obsoletos de control, justicia y rehabilitación social.
No se puede dejar de reconocer también, que la delincuencia es un fenómeno que crece y se multiplica en todo el mundo. Sin embargo, es un mal que se expresa con mayor envergadura en los países pobres del Tercer Mundo como es el caso del Ecuador, donde los problemas estructurales se convierten en factores primordiales para exacerbar la violencia social. Esta afirmación encuentra su confirmación en el análisis de las estadísticas penitenciarias, que demuestran que más del 80% de la población penitenciaria responsable de los "delitos comunes" (robos, asaltos, hurtos, agresiones físicas, secuestros y homicidios) provienen de las capas económicas pobres.
El presente ensayo tiene el propósito de aproximarse al tema tratando de explorar cómo los actos violentos y delictivos, están conectados de alguna manera con la situación económica. Un hecho es evidente: los mayores estallidos de violencia social se han dado durante los procesos de estabilización y ajuste neoliberal que abarca el período que va desde 1.981, fase en que se inicia con fuerza, tales políticas, hasta inicios de la presente década, período durante el cual la sociedad ecuatoriana ha sido sumergida en un paulatino deterioro económico, político, social y moral que aún no parece tocar fondo. Frente a esta situación proponemos algunas iniciativas de políticas y acciones dirigidas a contrarrestar la violencia social en virtud no sólo de alentar el desarrollo y crecimiento de la economía, sino que, probablemente, contribuiría a fortalecer la precaria institucionalidad democrática del país.
Hemos considerado como base de nuestro análisis las estadísticas de denuncias delincuenciales, la población penitenciaria; así como la tendencia de los salarios reales, la distribución del ingreso, el empleo, entre otros. Esta información refleja bastante bien la profundidad y prolongación de una crisis y la zozobra social que la acompaña.
Debemos señalar que los actos delictivos no son de exclusividad de los sectores populares, sino que involucra también a segmentos de la clase media, incluso de los sectores altos donde una de las formas más nocivas y generalizadas de delincuencia es el soborno y la corrupción; Sin embargo, éstos casi no constan en las estadísticas delincuenciales .
Por otra parte, existe un gran porcentaje de los delitos cometidos que son denunciados o que quedan ocultos y que se los denomina "cifra negra" o "delincuencia oculta" , lo que no nos permite arribar a conclusiones definitivas, pese a lo cual, a base de la información disponible es posible diagnosticar este fenómeno y predecir consecuencias futuras de no tomar acciones inmediatas encaminadas a contrarrestar este grave problema.
II. El ciclo económico y los niveles delincuenciales
Una visión panorámica de todo el período para el que disponemos de datos (1974-1994), nos muestra que la delincuencia durante el mismo, se ha expandido a una tasa promedio anual del 5,2%, ritmo marcadamente superior al crecimiento de la población que llega al 2,4%. En tanto que la población penitenciaria, lo ha hecho al 3,7% anual, a pesar de lo cual, se observa una relativa sobrepoblación interna respecto a la capacidad carcelaria disponible sobrepasando en el 37,3% la capacidad máxima instalada a 1.994. Por otra parte, los salarios reales han sufrido en este período una disminución del 1,3% . Ver Cuadro No.1.
Sin embargo, las variaciones que ha experimentado la delincuencia en estas dos décadas, tienen que ser analizadas en dos contextos económicos diferentes: en el auge económico, y en especial, en la crisis económica, aspectos éstos, que veremos seguidamente.
2.1 Auge del ciclo económico y decremento delincuencial (1974- 1981).
El Ecuador enfrentó cambios importantes en su economía a raíz de su incorporación como exportador de petróleo. El inicio de la producción coincidió prácticamente con la primera crisis petrolera, con lo cual tuvo un impacto favorable sobre todo, en los términos de intercambio. Como resultado, el PIB creció aceleradamente manteniendo una tasa de crecimiento promedio superior al 6% durante esta década. Concomitantemente con ese auge, el salario real se incrementó en el 85% y las remuneraciones totales -en sucres constantes- lo hicieron en 21,6%.
En ese período, el crecimiento delincuencial fue bastante moderado (pasando de algo más de 15.000 casos anuales a 16.000). En términos relativos, significó un aumento de apenas el 0,5%, porcentaje infinitamente inferior al crecimiento de las variables económicas anotadas y al de la población que llegó al 2,8%. En promedio el número de delitos por día llegó a 44.
Esa escasa presencia delictiva se debió a una aparente estabilidad económica derivada del boon petrolero y del agresivo endeudamiento externo, factores que permitieron al gobierno incrementar sus gastos y destinar importantes recursos a diferentes actividades económicas, así como dotar de mayores servicios y obras de inversión orientadas al aumento de la capacidad productiva y de beneficio social como es la construcción de redes viales y de transporte, provisión de viviendas, cambios en los estilos de gestión y control de la fuerza de trabajo y, por implicación en el nivel de salarios y la extensión del mercado doméstico y una variedad de instituciones de apoyo dentro de la estructura social de acumulación. Es válido señalar por tanto, que la evidente recuperación del salario real, las remuneraciones, el incremento de la inversión en las diferentes actividades económicas, contribuyeron a crear un clima interno satisfactorio, que se reflejó en los niveles de estabilidad social y capacidad para suavizar los conflictos sociales en el país. Ver gráfico No.1
A pesar de ello, la estrategia económica adoptada no pudo mantenerse durante la década de los ochenta, debido a cambios desfavorables en el entorno externo y, a la existencia de problemas estructurales que se fueron acumulando desde años atrás y que se harán visibles a medida de que se va acentuando la crisis económica, política y social a nivel del país. Esta situación que va a estar presente a lo largo de toda la década pasada y presente, traerá como resultado un aumento vertiginoso de la conflictividad y violencia social en sus diferentes manifestaciones.
2.2 Crisis del ciclo económico y auge de la violencia social (1982-1994)
La situación cambió radicalmente a partir de 1981 y, sobre todo, durante el bienio 1982-83, época en que se inicia los severos procesos de estabilización y ajuste estructural. Dichas políticas, han estado guiadas por la lógica de buscar solución al problema de la deuda externa y de corregir los altos déficit fiscal que -hasta el día de hoy- viene desestabilizando crecientemente las condiciones de vida de la gran mayoría de la población .
En la práctica se constata que el mercado interior se reduce al ser deprimido los salarios reales en una búsqueda vana por pagar la deuda externa (Véase: Maya, 1993:85). La remuneración del trabajador ha ido declinando paulatinamente desde 1980 en la que alcanzó su punto más alto (s/ 5.311 mensuales), hasta llegar a un mínimo en 1992 (de $ 1.654), es decir, se redujo en casi el 70%. Además, se observa una brecha creciente entre los costos de los satisfactores básicos para la subsistencia de una familia de cinco miembros con los ingresos mensuales del trabajador: en 1980 existía un superávit del ingreso del 8%, en 1982 el déficit era de 49% y en 1993 llega al 206% .
En este período, se desaceleró marcadamente el PIB, alcanzando un crecimiento de apenas el 2% anual como resultado del surgimiento de los problemas acarreados tras la peculiar modalidad de acumulación y distribución del poder que caracterizó la década de los setenta, así como por las especificidades que adoptó el proceso de estabilización y ajuste neoliberal aplicado de ahí en adelante , todo esto, en el marco de una sociedad que se había acostumbrado a ver crecer sus ingresos reales a lo largo de toda una década.
Dichas tendencias más la creciente desalarización de la fuerza de trabajo, contribuyen a explicar la drástica redistribución regresiva del Ingreso Nacional en contra de los asalariados. En efecto, la participación de las remuneraciones en el PIB ha ido declinando paulatina y sistemáticamente desde 1980, en que alcanzó un 31,9%, hasta llegar al 11,7% en 1992.
Las diferencias entre ricos y pobres, en el caso del país, son extremas, mucho más significativas que las que en promedio existen en América Latina y peores a las que se dan en otras regiones del mundo. Alrededor del 63,5% de la población (7 millones) son pobres y más de el 42% de este grupo viven en la indigencia. La pobreza se agrava en el Ecuador por la extrema concentración de la riqueza: la mitad de la PEA recibe apenas el 10% del ingreso nacional, mientras que menos del 3% de los grupos más altos recibe un altísimo 45% del dicho ingreso .
Es evidente que la caída de los salarios reales, la reducción en la demanda de fuerza de trabajo, la drástica redistribución regresiva del Ingreso, son elementos que han afectado en mayor medida a las capas populares y en cierta medida a las medias, sectores crecientes, cada vez más deprimidos económicamente y sujetos a una severa exclusión cultural y política por más que en su nombre se elaboren todos los discursos de la sociedad integrada, cuando en la realidad sólo es tomada como motivo de campaña electoral, para asegurar clientelas entre las mayorías, o como fugaz motivo para organizar puntuales campañas de beneficiencia.
Todos estos fenómenos -"delincuencia legalizada"- tiene una conexión clara con el problema de la deuda externa, situación que dio lugar a una severa crisis fiscal y agudizó el conflicto distributivo, fenómenos que están en la base de la estancflación que se sigue experimentando hoy en día y que ha dado lugar a un marcado proceso de desestructuración social que viene bloqueando creciente y sistemáticamente la reproducción socio-económica del país (Schuldt: 94).
2.2.1 Deterioro social y propagación de la delincuencia
El fin del boom permitió que las contradicciones del crecimiento salieran a la superficie en forma deterioro de las condiciones sociales y acrecentamiento de los conflictos sociales que se hacen cada vez más frecuentes, mas intensos y más politizados sobretodo cuando se trata de demandas de recursos económicos, donde el Estado puede tener el papel protagónico como asignador de recursos, o como mediador de los conflictos ocurridos entre el capital y el trabajo.
Durante este período, es evidente el bajo y decreciente nivel y calidad de vida de la mayoría de la población que no puede cubrir sus satisfactores básicos, muchos de los cuales se encuentran por debajo de los promedios mínimos requeridos: reducidos niveles de nutrición, el 20% de los niños nacen con un peso muy bajo; bajos stándares de salud, a tal punto que la mortalidad infantil es de 5,5%, existiendo apenas un médico por cada 2.900 habitantes; precaria y declinante cantidad y calidad de servicios educativos; escasez de viviendas (habría un déficit de un millón -y que cada año se incrementan en 50 mil- para 1995 solo se tiene previsto contruir 6 mil viviendas) , que propicia el hacinamiento, la tugurización y la promiscuidad; los de por sí elevados niveles de subempleo (46%) y desempleo (8%), de una PEA de 3,4 millones de personas (1990); los bajos niveles de ingreso y de acumulación de activos de esa población; y, falta de infraestructura y servicios públicos (agua, desagŸe, transporte, electricidad).
Naturalmente, en forma paralela a ese deterioro del nivel y calidad de vida, el rubro que aumenta aceleradamente es el desorden generalizado, la magnitud del conflicto, su difusión a la mayor parte del territorio nacional, aunque no con la misma frecuencia e intensidad que se presenta en las principales ciudades, las formas de acción empleadas, y el número y tipos de delitos que han ido experimentando diferentes comportamientos en este período.
Si miramos las estadísticas delincuenciales, el país ha entrado en una espiral ascendente de violencia de dramáticas consecuencias. Entre 1981 y 1993 el número de casos ha aumentado en 192,5% (de 16.066 a 47.000) y, según tipo de delitos, de la siguiente manera: contra las personas, en 192,8%); contra la propiedad, 819,7%; por estupefacientes, 418,3%; y los sexuales, 55,4% , registrándose un aumento impresionante de 129 casos delictivos por día (193% más que el período anterior). Ver Gráfico No.2.
Pero no sólo la cantidad de delitos tendió a acelerarse, sino que tanto las técnicas para cometer los delitos, como el grado de violencia que tal actividad implicó se ha ido agravando y sofisticando preocupantemente . Por ejemplo, llama la atención el crecimiento de los homicidios (efectivos e intentos) dentro de los delitos contra las personas, que -por semana- se elevaron de 9 (en 1987) a 17 (en 1992) y, a 31 (en 1993); diariamente se cometen más de dos asesinatos, la mitad de ellos en la provincia del Guayas , de los que han podido ser investigados. Las "investigaciones por muerte" ascienden, en 1994, al escalofriante número de 136 casos. Un promedio mensual de 743 asaltos y 92 agresiones sexuales se registraron en 1994. La mayoría de ellos ocurridos en las provincias del Guayas (59,5%), Pichincha (19,6), El Oro (3,2%), Azuay (3%). El número de vehículos robados por semana asciende a 10 unidades. Los secuestros se ha convertido en la actualidad en la especialidad más lucrativa y fácil de la delincuencia organizada que ha comenzado ha sembrar raices en el Ecuador (las ganancias pueden superar los 100 millones de sucres). Según fuentes oficiales en los últimos doce meses se han registrado por lo menos 110 secuestros de personas en diferentes regiones del país, principalmente en Sucumbíos, Pichincha, Tungurahua y Guayas . Esto sin duda refleja el grado de violencia y agresividad a la que esta expuesta actualmente la sociedad ecuatoriana.
Por otra parte, la ya prolongada estrategia de ajuste económico ha ido desarticulando nuestra sociedad y debilitando la capacidad de respuesta de las fuerzas sociales en la lucha contra la violencia por lo menos en las principales ciudades, donde la delincuencia está ganando la partida en las calles a la fuerza pública, es decir, la delincuencia ha ampliado sus ámbitos de acción hasta el extremo de convertir a varias ciudades especialmente Guayaquil, Quito, Machala, Ambato y Cuenca en zonas rojas -el 72% de las denuncias delincuenciales se concentran en éstas cinco ciudades-. Así, en cualquier lugar, el habitante puede encontrarse frente al delito, y sin que el delincuente corra el riesgo de ser sorprendido y mucho menos, aprehendido, justamente por la falta de una fuerza social organizada que actue activamente en vista de la poca efectividad demostrada por parte de los encargados de controlar el orden.
Vale señalar, que los años en los cuales se profundizaron los programas de ajuste económico, fueron años de mayor estallido y violencia social. Entre 1982 y 1983 en que se aplicaron los primeros y más variados ajustes, la delincuencia creció en el 33,3%, el punto más alto de todo el período; desde 1987 su ascenso fue vertiginoso e incontrolable, convirtiéndose hoy en día al igual que la corrupción en un elemento nocivo para el desarrollo y la institucionalidad de la democracia.
A partir de 1993, el salario real se ha ido recuperando - después de seis años de deterioro continuo-. No obstante, los actos delictivos -ya casi fuera de control-, han continuado su espiral ascendente. Esto llevaría a pensar que el deterioro económico relativamente prolongado durante todos estos últimos tres lustros, ha condicionado la descomposición política y el deterioro social, pero a medida que aquel se prolonga, son estas dos últimas las que se convierten en los principales obstáculos para el restablecimiento de los equilibrios económicos (Equipo de Coyuntura:1994) . Ver gráfico No.1
Es en ésta difícil situación de transición que nos encontramos hoy en día, en que se refuerzan y retroalimentan entre sí las recesiones productivas, la anomia social, la descomposición de las instituciones y la violencia a todo nivel. Todo esto en el contexto de un Estado débil, cuya principal preocupación está orientada a buscar los equilibrios macroeconómicos y la privatización de sus instituciones, reduciendo los problemas sociales a una práctica asistencialista, ante los efectos perversos del ajuste. Pero siempre estas acciones compensatorias están completamente separadas de las políticas económicas. El gobierno sigue fortaleciendo el presupuesto de la deuda externa y de la defensa nacional al punto de que actualmente se colocan muy por encima y en detrimento de los gastos sociales, lo cual conduce a mayores niveles de empobrecimiento y, por supuesto, menores posibilidades de crear fuentes de empleo.
Según varios expertos, la proporción entre el aumento de la desocupación y el aumento de la delincuencia es de 1 a 20, es decir, que si la desocupación aumenta en 1%, la delincuencia tiende a aumentar en un 20%, ya que la desocupación individual irradia sus efectos negativos hacia la familia (no menos de cinco personas) que, a su vez, inciden en otras. La desocupación, además, provoca el surgimiento de sub-empleados que, en muchas ocasiones son la semilla generadora de conductas delictivas; se detiene muy poco en las dimensiones de la violencia que más afectan a los ciudadanos ajenos a los conflictos políticos o a la criminalidad organizada del narcotráfico y lavado de dólares.
A estos factores, debe añadirse, el crecimiento demográfico - especialmente urbano-, el mismo que ha resultado más grave aún por el hecho de que el crecimiento de la PEA en el Ecuador es explosiva (4,6% anual), habiendo aumentado de 2,4 a 3,4 millones de personas entre 1982 y 1990, equivalente a un promedio anual de 126.000 "nuevos" trabajadores por año. Expandiéndose especialmente el de las mujeres (del 23,9% al 30,6%) y el de los niños y jóvenes (entre 12 y 19 años) del 18,6% al 20,9%. Como consecuencia de ello, la descomposición de la familia nuclear ha ido acelerándose durante los ochenta por la necesidad de incorporarse tempranamente a la fuerza de trabajo para contribuir con el sustento de la familia, quedando al margen de las oportunidades de educación y cultura, afectuosidad, recreación, etc.
Este factor también está causando proliferación de la delincuencia, especialmente a nivel de las pandillas juveniles que han crecido en forma acelerada en los últimos cuatro años , el narcotráfico y otras formas de violencia social. Curiosamente en términos de edad, se observa que son cada vez más los niños (entre 10 y 14 años) y jóvenes (hasta 19 años) que se involucran al tráfico de drogas especialmente cumpliendo la función de "mulas" o "correos" encargados para el efecto de trasladar la droga desde Colombia utilizando una variedad de procedimientos para ocultar las drogas en sus cuerpos, equipajes personales. Sin embargo, la represión se dirige exclusivamente contra los consumidores, enfermos necesitados de tratamiento médico; en cambio, no parecería perseguirse con la misma energía necesaria a los grandes traficantes.
Por otra parte, son los flujos migratorios, especialmente de los países vecinos -Colombia y Perú-, que han ido creando verdaderas "escuelas" especializadas del delito que han transmitido violencia vía migración (guerrilla, narcotráfico, secuestros); pues son sociedades que históricamente han sido más violentas que la nuestra.
Aún más, los instrumentos con que la sociedad cuenta para su defensa son: la ley penal (sanciona), la acción policial (aprehende), la función judicial (aplica la ley e impone la pena) y el sistema penitenciario (rehabilita al condenado). Sin embargo, en la realidad es decepcionante tener que señalar que dichos instrumentos sociales de defensa se encuentran por el momento cruzados por una grave crisis. Muchas de estas instituciones no se ajustan al desarrollo de la nueva sociedad y ocasionan por tanto, nuevos conflictos sociales. Según han revelado encuestas privadas varias de estas instituciones no tienen ninguna credibilidad en la ciudadania. ÀQué esperar, entonces, en una sociedad acosada por la pobreza, y sin instituciones de justicia y seguridad confiables?.
Como contrapartida a lo anterior, lo que ha existido en estos últimos años es una proliferación de los servicios de seguridad privado, los mismos que operan y que están a la disposición de las áreas residenciales de clase media y alta; sin embargo varios de estos equipos de seguridad conformados por hombres armados, no disponen de los respectivos permisos de operación y su personal no está preparado técnicamente. Es evidente que, por más que crezcan los "barrios protegidos" no pasarán de ser pequeñas áreas de privilegio en medio de un cúmulo de pobreza y miseria.
III. Delincuencia y población penitenciaria
Más preocupante aún resulta el hecho que, al expandirse la delincuencia, el crecimiento de la población penitenciaria no se haya expandido al mismo ritmo de la delincuencia. A pesar de esto, buena parte de los Centros de Rehabilitación Social (CRS), se encuentran cada vez más sobrepoblados en proporción a su capacidad, desbordando crecientemente sus posibilidades de absorción adecuada. Mientras para 1978 el promedio de internos en los CRS representaba el 32,9% del total de la población delincuencial, para 1985 esta relación decrece al 23,8% y en 1993 los internos del los CRS sólo representan el 19% (por cada 100 denuncias apenas 19 son apresados)
Es de resaltar, además, que mientras la población penitenciaria entre 1974-1994 ha pasado de 4.392 a 9.064 reclusos (ha aumentado en 101,6%), los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para una adecuada rehabilitación de los internos penitenciarios no han sufrido cambios de importancia. Para 1994,el promedio de internos por médico es de 193, por odontólogo es de 412, por trabajador social es de 193 y por psicólogo es de 162. Asimismo, la ración diaria para comida ha ido descendiendo paulatinamente, a pesar de su irrisorio nivel absoluto, mostrando una caída real del 35% entre 1980 y 1994 .
Las condiciones de hacinamiento en los CRS son calamitosas. En el año 1994, la capacidad máxima instalada es de 6.601 internos; en tanto que la población de internos la supera en el 37,3%. Los centros más caóticos se presentan en: El CRS Quito #2 (varones) que debería estar ocupado por 428 reos actualmente alberga a 855, con lo que cada preso dispone de apenas 3,3 M2, mientras que lo ideal sería 16,8 M2 por interno; la cárcel de Guayaquil (varones) que fue construida para 1.290 personas actualmente alberga a 2.558 presos; el Centro de Detención Provisional de Quito está sobreocupado en el 70%; la cárcel de Esmeraldas (varones) y Portoviejo en 45%; Ibarra en el 44%.
Dentro de los CRS se puede constatar, por lo demás, el irrespeto de los más elementales derechos. Más aún, el porcentaje de sentenciados sobre la población penal es mínimo: para todo el período es del 30% en promedio, situación que se viene manteniendo estable en los últimos años. Para 1.994 el número de sentenciados fue de 2.918 (32,2% del total); lo que significa que aproximadamente por año se dicta sentencias a 243 personas. Obviamente, las personas de escasos recursos son las que no reciben sentencia alguna, ya que no cuentan con los medios necesarios para contratar un abogado defensor y los que son de "oficio" no muestran ningén interés por su situación.
El nivel de educación de los internos es muy baja. El 50,6% apenas tiene primaria, el 29,4% secundaria y el 6,2% instrucción superior, sin embargo, apenas un 42,5% de los reos, realiza alguna actividad laboral en los CRS. Este aspecto unido a otros factores les merma posibilidades de encontrar en el futuro empleos con remuneraciones decorosas.
Esta es una situación que no hace más que reflejar, en ese espacio, el nivel de injusticia económica y social que enfrentan los segmentos más desposeídos de la sociedad y, más específicamente, la casi imposibilidad de la rehabilitación en esas condiciones. A todo ello, podemos sumar una poca clara política carcelaria, el tortuguismo burocrático de las entidades encargadas de administrar justicia y los consabidos mecanismos de corrupción (coimas, propinas) presentes en el desempeño de la función judicial sin los cuales no caminan los papeles, ni se resuelven los trámites oficiales y problemas administrativos.
IV. Conclusiones y reflexiones finales
En los últimos tres lustros de débil democracia y, después de prácticamente doce años de programas de ajustes, nos encontramos en un punto parecido o peor al del comienzo de la crisis donde el atraso, la pobreza, la marginalidad, la falta de empleos adecuados, el derrumbe de los ingresos reales de la mayoría de la población, son testigos de nuestra real y dramática situación. El Ecuador es uno de los países latinoamericanos con más inequitativa distribución de la riqueza. Toda esta situación tiende a generar no sólo anomia, sino la bésqueda de soluciones individuales desesperadas, ofreciéndose la delincuencia y el narcotráfico como alternativas extremas para enfrentar los problemas de sobrevivencia, sobre todo cuando la sociedad y sus órganos gubernamentales no ofrecen medios de vida más formalizados y menos extremos. De ahí que el rastro de las tendencias delincuenciales es uno de los más reveladores índices para graficar las condiciones de vida y marcha de un país.
El fenómeno delincuencial en el Ecuador de ninguna manera puede tener una existencia coyuntural. La raíz de este fenómeno debería ser buscada tanto en la crisis económica cuanto en las políticas con las que el Estado viene reaccionando a la crisis y las respuestas de los distintos sectores sociales. Nos referimos a las acciones que realizan los sectores populares para su sobrevivencia en una economía que se reduce en su tamaño, en sus oportunidades de empleo y donde el Estado ha abandonado las políticas redistributivas; por lo tanto, este fenómeno, tenderá a agudizarse cada vez más a medida que se vayan profundizando las diferencias entre ricos y pobres que en el caso del país son extremas. De ahí que la delincuencia no se la debe encontrar exclusivamente en la cabeza de los pobres, de los desempleados y subempleados, de los marginados, sino en los que por no aceptar mejores condiciones de igualdad social, no han querido llevar a cabo políticas redistributivas del ingreso .
Hasta ahora los distintos gobiernos han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a la seguridad del Estado y de las instituciones. Esto ha implicado menor inversión en materia social. No es verdad que "la lucha contra la pobreza" es la más importante labor que tiene el país. La prioridad concedida al tema de la pobreza y el revolcón social por parte de los distintos grupos políticos antes de llegar al gobierno o del gobierno en plenas funciones ha sido un mero recurso retórico para darle un impulso al proyecto de seguridad social. De hecho, actualmente se pretende reformular los contenidos de acción y control de la Ley de Seguridad Nacional. No obstante, las prioridades han sido básicamente de orden económico: asegurar el pago de la deuda externa y la defensa nacional, lo social ocupa un lugar secundario dentro de las asignaciones presupuestarias.
De todo lo expuesto, no se puede llegar a concluir de que el factor económico es la única causa para que se expanda y se desarrolle la violencia en el país. Sería equivocado pensar que únicamente la pobreza, el desempleo y la desigual distribución de los ingresos por sí, expliquen la conducta delincuencial, aunque es evidente que éstos constituyen elementos preponderantes para facilitar la conducta delictuosa de adultos y menores.
Finalmente, la violencia afecta las instituciones políticas como a los ciudadanos en sus vidas cotidianas. No podemos darnos el lujo de tener gobiernos negligentes sobre el tema; sin embargo, el país, sí se ha dando ese lujo, y el Estado en su conjunto ha sido históricamente bastante negligente en la toma de medidas tendientes a garantizar a los ciudadanos la paz y el disfrute de sus derechos.
De ahí que es necesario plantear políticas de contenido social orientadas a contrarrestar la pobreza y a disminuir las desigualdades socio-económicas. En este aspecto, el Estado debe tener un papel importante -aunque distinto del que tuvo en el pasado. Es necesario revalorizar el papel social que cumple la política fiscal, en la medida que permita extraer riqueza de los sectores altos para transferirla a los pobres a través de los servicios que el Estado les presta y de los subsidios que les concede. Por ello, deben merecer una alta prioridad los programas de alfabetización, educación escolar, vivienda, atención de la salud, nutrición infantil, mejoramiento del empleo, seguridad social.
La nueva política deberá profundizar el enfoque preventivo frente al delito mediante dos líneas de acción: una, de carácter económico-social y político a través de la lucha contra la desigualdad y una segunda, apoyando a la lucha contra la impunidad y la violencia. Actualmente el afán que mueve a las autoridades del gobierno está guiada únicamente a resaltar las leyes que protegen y garantizan los beneficios privados y de apurar la retirada del Estado de la escena olvidándose de algunos de sus roles más elementales como es el de encontrar soluciones a los problemas políticos y sociales subyacentes que están en el origen de la crisis.
La sociedad civil, debe en momentos de emergencia, fortalecer al máximo sus fuerzas defensivas para derrotar la delincuencia. Pero este fortalecimiento no se podrá realizar sin con el concurso del Gobierno y de los organismos seccionales, así como con la cooperación de todos los ciudadanos y que hoy en día, es el primer imperativo que se exige para combatir la delincuencia so pena que, en la demora, el triunfo de la violencia social se haga definitivo.
La ley penal, debe modernizarse tomando en consideración la realidad sobre la que debe imperar -que es una realidad muy distinta a la de hace más de sesenta años- para que no se produzcan vías "legales" de escape.
Se necesita un nuevo sistema judicial no corrupto, independiente, que permita el imperio de la ley penal sobre cualquier influencia política, económica o personal. Sin embargo, no se observan cambios notorios para señalar que hay rectificaciones o ratificaciones de tácticas y estrategias. Aunque se está pensando en proyectos de ley, por los cuales, se buscan normas para ampliar las condenas. Esto no quiere decir que se trate de una decidida contribución a la pacificación nacional.
Es necesario modernizar el sistema penitenciario a fin de que los derechos humanos de los reclusos se traduzcan en trabajos eficientes y productivos, en educación integral, en capacitación, control de la salud, alimentación y recreación.
Este crítico problema exige una reflexión muy profunda que debería dejar de lado todo gasto superfluo a fin de que los pocos recursos existentes en presupuesto del Estado, sean orientados a lo que actualmente se ha dado en denominar "el pago de la deuda social". A este esfuerzo debe sumarse fundamentalmente todas las instituciones del sistema educativo y social, así como los medios de comunicación a fin de que los recursos sean dirigidos a los sectores necesitados y no se pierdan en gastos burocráticos innecesarios muchos de los cuales son de obscuro manejo.
Se debe configurar una conciencia pacifista para superar los problemas sociales que aún persisten en el país. Es decir, recuperar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica y no incitar a la solución de justicia social con represión y acciones violentas, tal como lo expresan diversos sectores dominantes de la sociedad ecuatoriana.
Finalmente, conviene preguntarse quien causa mayor daño, si el desdichado delincuente que comete pequeños robos, explicables en la mayoría de veces por la miseria en que viven, aunque de ninguna manera justificable o las grandes corporaciones transnacionales que frente a la complacencia y entreguismo de los gobiernos y fracciones del capital nacional venden productos tóxicos y contaminados o que especulan con el hambre del pueblo, que prefieren tirar millones de millones de toneladas de alimentos de primera necesidad, en un mundo en el cual cerca del 80% de sus habitantes tienen hambre y carecen de los más elementales servicios humanos, con la única finalidad de mantener y no bajar los precios. No se trata en este caso de una macro delincuencia encubierta con matices de honradez y legalidad en la figura de un buen negocio, como lo señalan los pragmáticos empresarios que actúan bajo el lema "negocios son negocios". Esta orgía de recursos dedicados a la muerte, puede ser contrastada con la forma como los países desarrollados "contribuyen" para superar la miseria del mundo. Según la opinión de expertos en el tema, por cada dólar que los países desarrollados canalizan a programas de cooperación venden a los países en desarrollo diez dólares de "violencia" a través de armamentos para intervenciones militares, las mismas que se hacen siempre por razones económicas o estratégicas y nunca por razones de solaridad ni defensa de la dignidad humana.
Bibliografía:
Babiano, José; Moscoso, Leopoldo; "Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: El caso español" en Ciclos en Política y economía; Madrid-España; 1ra. ed; febrero, 1992.
Carrión, Fernando; otros: Ciudad y violencias en América Latina; Gestión Urbana No.2; PGU; Quito, 1994
Equipo de Coyuntura-CAAP: "La coyuntura social: anomia y fragmentación crecientes", en Ecuador Debate No.31; abril, 1994.
Equipo de Coyuntura-CAAP: "Corrupción pública e indicadores de pobreza", en Ecuador Debate No. 32; agosto, 1994.
Figueroa Adolfo: Crisis distributiva en el Perú, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica, 1993
Maya Milton: "La Corrupción parte vital de la economía", en Ecuador Debate No.32; diciembre 1994
Schuldt Jurgen: Elecciones y política económica en el Ecuador, 1983-1994; ILDIS; Quito, 1994
Schuldt Jurgen: Crisis, ajuste y cambio sociopolítico del Ecuador, 1982-1992: Algunos impactos del neoliberalismo en un país pequeño; 1994
Zabala, Jorge: "La delincuencia Urbana", en Archivos de Criminología Neuro-Psiquiatría y Disciplinas Conexas, No.28; Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central, 1987
Zermeño Sergio: "Crisis, Neoliberalismo y desorden" (mimeo); 1989 ÊÊÊÊ V_ase: los informes de Coyuntura sobre corrupci3/4n p_blica y privada, en la Revista Ecuador Debate Nos 31 y 32. ÊÊÊÊ Los delitos denunciados de acuerdo a la autorizada opini3/4n de expertos en el tema, cubrir'an apenas un 30-35% de los delitos realmente realizados. En este estudio excluimos del an‡lisis la estad'stica de la delincuencia juvenil, que en estos _ltimos a-os ha crecido significativamente. ÊÊÊÊ Conforman el SMV m‡s todas sus bonificaciones y compensaciones cuyo valor total nominal se ha deflacionado para el IPC, (Base: 1979=100). ÊÊÊÊ A las pol'ticas neoliberales, hay que incorporar otros factores ex3/4genos que pueden afectar el orden de una sociedad como son los conflictos fronterizos, los desastres naturales, etc. ÊÊÊÊ Corresponde a la canasta b‡sica de febrero de 1993; IIE-UC. ÊÊÊÊ Estas pol'ticas, han estado destinadas _nicamente a intentar resolver los problemas de corto plazo, agravando los de largo alcance. ÊÊÊÊ V_ase la Revista Ecuador Debate No.33; p:90. ÊÊÊÊ V_ase, Peri3/4dico "Hoy"; enero, 7 de 1993; p:3A ÊÊÊÊ Ecuador Debate No. 28, p. 60; y Anexo I-13. ÊÊÊÊ El an‡lisis cuantitativo, por otra parte, no est‡ en condiciones de averiguar la gravedad y las causas de las diversas denuncias, lo que por tanto, s3/4lo da una imagen muy gruesa de las tendencias delincuenciales en el pa's. ÊÊÊÊ V_ase la Revista Ecuador Debate No.31; p:36 ÊÊÊÊ V_ase, el peri3/4dico "Hoy" de enero, 5 de 1995. ÊÊÊÊ Revista Ecuador Debate No.31;p:11. ÊÊÊÊ Entre 1992 y 1993, las estad'sticas de la Brigada de Menores de Pichincha se-ala que en Quito se registr3/4 la aparici3/4n de 23 pandillas juveniles. "El Comercio"; enero,9 de 1995; p:A6. ÊÊÊÊ Fuente: Informaci3/4n estad'stica proporcionada por el Departamento de Planificaci3/4n de la Direcci3/4n Nacional de Rehabilitaci3/4n Social, varios a-os. ÊÊÊÊ Sin embargo, esta situaci3/4n no puede generalizarse a nivel de todos los pa'ses en vista de que en Colombia un interesante estudio demuestra que no hay una relaci3/4n directa entre violencia y acceso a servicios b‡sicos en los conglomerados urbanos. Medell'n es la ciudad m‡s violenta del mundo, y tiene una cobertura de servicios b‡sicos de casi el 100%. Quibd3/4, la ciudad menos violenta de Colombia, es la peor dotada de servicios.