EQUIPO DE COYUNTURA -CAAP-
Marzo de 1995
Cuando al terminar 1994, las autoridades económicas presentaban optimistas previsiones para este año, olvidando la persistencia de una inflación oficial superior al 25% anual (apenas seis puntos inferior a la de 1993), la volatilidad y altos niveles de las tasas de interés, que limitan el incremento de la inversión productiva, el creciente déficit del saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos; muchos creyeron que se aproximaba el cumplimiento de la promesa de una dinamización sostenida de la economía, luego de lograr su estabilización.
Tal promesa no significaba ninguna novedad; en efecto, ese es el esquema que se presenta en toda América Latina, desde que estalló la crisis de la deuda en 1982: la necesidad de aceptar ajustes muy duros en el presente, con la esperanza de beneficiarse de los frutos de ese esfuerzo, en el mediano plazo o en un futuro incierto. En esa espera han transcurrido cerca de tres lustros, en los cuales las desigualdades, la pobreza y la violencia no han dejado de incrementarse.
En tales circunstancias, desde la primera quincena de enero, se registraban rumores que apuntaban hacia la reactivación del secular problema fronterizo con el Perú. Tales rumores fueron ganando cuerpo, hasta convertirse en un enfrentamiento abierto en la última semana de enero.
El conflicto bélico con el Perú, que se ha prolongado por más de un mes, ha remecido seriamente los cimientos del esquema de política económica aplicado por el gobierno y marcará en forma decisiva la evolución de la economía ecuatoriana, al menos hasta el fin de la presente administración.
La importancia central del conflicto y de sus impactos sobre el conjunto de la economía, determinan las características fundamentales de la coyuntura, las medidas de política económica que se avecinan y los límites de las previsiones para el resto del año. Las repercusiones del conflicto y sus derivaciones económicas agravan, igualmente, tendencias subyacentes como la inestabilidad y fragilidad financieras, las tensiones respecto del manejo de la política fiscal, entre otros.
Peor aún, cuando esta evolución interna se inserta en un contexto internacional, caracterizado por las repercusiones, directas e indirectas, de los graves problemas financieros y estructurales de dos de las estrellas del esquema neoliberal (México y Argentina), en lo que algunos identifican como una nueva crisis de la deuda.
En consecuencia, la presente entrega abordará estos elementos, como ejes de la evolución económica a fines del primer trimestre.
CONTEXTO PRE-BELICO.-
Al concluir 1994, la economía ecuatoriana registró una tasa inflacionaria anual de 25.4%, como habíamos pronosticado en el primer semestre, lejos de la meta del 20% fijada por el gobierno. Los factores inerciales y el contenido inflacionario del propio esquema de política económica, llevaron a una estabilización inflacionaria alrededor del 25%. El crecimiento económico, medido por el PIB, se estimaba en 3.9%; la dinámica de la actividad petrolera (como es habitual en los últimos cuatro años), unida a la importante reactivación de la construcción, y, en menor medida la recuperación de la agricultura y de la industria manufacturera, explican dicha evolución.
La reserva monetaria internacional (RMI) registraba récords históricos, al situarse por sobre los 1700 millones de dólares, equivalentes a más de seis meses de importaciones, dando un margen relativamente suficiente a la política cambiaria, de flotación controlada, concebida como eje de la política anti-inflacionaria.
Por otro lado, la situación financiera del sector público a fines de 1994, habría sido favorable, según las estimaciones disponibles, registrándose un superávit de alrededor del 1%. La revisión mensual de los precios internos de los combustibles, los mayores ingresos por exportación de petróleo, así como los derivados de la desinversión operada en algunas entidades del sector público, permitieron lograr dicho resultado.
Es interesante mencionar las consideraciones del ex-ministro de Finanzas, sobre la política económica aplicada en 1994 ; que ilustran sobre las diferencias al interior del régimen. Robalino señala que todo el peso de la estabilización habría recaído sobre la política fiscal, mediante la acumulación de depósitos del sector público en el Banco Central; mientras se ha practicado una "política monetaria expansiva", mostrando la "falta de disciplina de la autoridad monetaria", lo que permitiría un excesivo crecimiento de la liquidez, culpable a su vez de la rigidez para reducir la inflación y de la creciente brecha en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Agrega que el desequilibrio del sector externo, en particular en la cuenta corriente, y su financiamiento con el ingreso de capitales de corto plazo, atraídos por los rendimientos financieros ofrecidos, evidencia la debilidad del esquema de desarrollo y alerta sobre los riesgos para la estabilidad externa.
Esta discrepancia evidenciaría que en el Ecuador, al igual que en varios países de América Latina, se está aprovechando los procesos de ajuste y estabilización, para introducir un sobreajuste fiscal y desmantelar la presencia estatal en la economía, rebasando los niveles alcanzados en las experiencias anteriores.
Más importante, sin embargo es analizar la relatividad de la fortaleza de la RMI, más evidente a la luz del derrumbe registrado en el caso mexicano, que radica en el origen de su espectacular crecimiento.
Como ya se ha mencionado en anteriores entregas, no hay evidencias de una vigorosa base exportadora de bienes y/o servicios, principal factor para garantizar un crecimiento sano; puesto que da viabilidad al sector externo en el largo plazo. El análisis de las cifras de comercio exterior disponibles muestra el deterioro del saldo favorable de la balanza comercial (en términos FOB).
Por otro lado, si bien en 1994 se habría incrementado la inversión extranjera, debido principalmente a las inversiones petroleras y a pesar de las limitaciones del proceso de desinversión y privatizaciones de bienes y empresas del sector público, no existe una corriente importante de capitales de mediano y largo plazo, otro factor capaz de dar mayor sustento a la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En 1990 se inicia la política de apertura al exterior, con una drástica reducción y unificación de la estructura arancelaria, y el desmantelamiento de las regulaciones y prohibiciones. Esa política aperturista se profundiza en 1992, con el gobierno actual, y se articula con la sobrevaluación relativa del sucre, derivada del rezago en el ajuste cambiario, frente al ritmo inflacionario, derivada de la utilización del tipo de cambio como una ancla anti-inflacionaria, incluida en la política económica aplicada desde septiembre de 1992.
Ambos factores determinan un significativo crecimiento de las importaciones en 1993 y 1994 (de 12.% y 49.7% en el período enero- noviembre, respectivamente), que supera ampliamente la dinámica de las exportaciones; en consecuencia, desde 1992 se registra un saldo comercial favorable cada vez menor (Ver cuadro No.1).
CUADRO No. 1
DINAMICA DEL COMERCIO EXTERIOR
(En términos FOB, variaciones porcentuales)
| EXPORTACIONES | IMPORTACIONES | SALDO B.COMER | |
| 1987 | -11.8 | 19.9 | 39.5 |
| 1988 | 13.8 | -19.6 | 675.4 |
| 1989 | 7.3 | 7.7 | 719.8 |
| 1990 | 15.3 | 0.6 | 1069.6 |
| 1991 | 5.1 | 28.7 | 735.3 |
| 1992 | 5.5 | -6.6 | 1031.4 |
| 1993 | 1.8 | 12.5 | 838.5 |
| 1994* | 22.4 | 49.7 | 452.5 |
*Corresponde al período eneroñnoviembre. respecto de igual período del año anterior.
Saldo de la balanza comercial en millones de dólares FOB.
FUENTE:
El proceso de apertura significó igualmente, una explosión de las compras externas de bienes de consumo, desde 1991; inicialmente se consideró que el represamiento acumulado en los años de prohibiciones explicaba el crecimiento de 42.6% registrado en 1991. Sin embargo, considerando valores CIF, en los tres años posteriores se han presentado tasas de crecimiento superiores al 52% anual, en promedio. Así, la participación de los bienes de consumo en el total de importaciones ha pasado de 9.4% a mediados de los años ochenta, a 16.3% en 1992 y a 23.7%, en el período enero-noviembre de 1994.
En todo caso, la tendencia es mucho más marcada en los bienes de consumo duradero (básicamente automotores), cuyas importaciones, en valor, se multiplican por 5 entre 1991 y el acumulado de enero a noviembre de 1994; y, su participación en el total pasa de 3.7% a 13.9%, en igual lapso.
Cabe destacar el importante incremento de las importaciones de bienes de capital y de materias primas en el período eneroñ noviembre de 1994 y 1993 (45.4% y 41.1%, respectivamente); dicha evolución contrasta dramáticamente con la disminución y estancamiento prevalecientes en los últimos seis años (interrumpido sólo por la acumulación de existencias de importaciones en 1991, en previsión del cambio de gobierno).
En el primer rubro, sin embargo el crecimiento no corresponde a una importante expansión de la inversión productiva, ya que se explica básicamente por la compra de equipo de transporte, que aumenta en más de 108%, en ese período. Se podría identificar igualmente, una ligera reactivación de la industria manufacturera, que se manifestaría fundamentalmente en el incremento de las importaciones de materia prima (39.8%) y de bienes de capital para la industria (12%), después de dos años de reducción y leve crecimiento.
El mejoramiento del salario real que incrementa la demanda interna efectiva y la relativa dinamización de las exportaciones de productos industrializados, principalmente hacia los mercados de Colombia, Estados Unidos y Perú, hacia los cuales se dirige cerca del 60% de las exportaciones de productos industrializados en 1994. Los rubros más dinámicos de esta tendencia son los correspondientes a: vehículos ensamblados; manufacturas de textiles; harina de pescado y otros elaborados de productos del mar; y, productos químicos y farmaceúticos.
Los últimos resultados de la encuesta de coyuntura manufacturera permiten apreciar que son precisamente esas ramas las que presentan una mejor situación, tanto en el nivel de producción, como en los de utilización de la capacidad instalada.
No obstante la dinamización de las ventas externas de artículos manufacturados registrada desde 1993, este rubro representa menos del 18% del total de las exportaciones, correspondiendo algo más del 3.% a las exportaciones de derivados del petróleo.
Recordemos además, que una parte importante del incremento registrado en el valor de las exportaciones en 1994, se explica por factores exógenos como la espectacular subida de los precios del café en el mercado mundial, en la primera mitad del año; similar tendencia se presenta en el caso del cacao, aunque menos profunda.
En suma, como se ha analizado, la dinámica del comercio exterior no explica el alto nivel de la reserva monetaria internacional y, peor aún, las tendencias evidenciadas, cuestionan la viabilidad del esquema en el mediano y largo plazo, sin el ingreso de capital extranjero.
Efectivamente, los factores que explican el incremento sustancial de la reserva monetaria internacional, se expresan en la balanza de pagos y son los atrasos en el pago de intereses de la deuda externa, los desembolsos por nuevo endeudamiento privado, el ingreso de inversión extranjera en montos superiores a los que tradicionalmente ha recibido la economía ecuatoriana , y el ingreso de capitales atraídos por los elevados niveles de las tasas de interés, en sucres. Buena parte de este último constituye el retorno de capitales fugados, que se colocan como inversión financiera y son altamente sensibles a los cambios en la rentabilidad relativa de la inversión, los denominados "capitales golondrina", que se desplazan a cualquier otra plaza financiera del mundo a la menor señal de riesgo o cambio en las condiciones originales.
En el contexto esbozado hasta aquí, a fines de 1994, las autoridades económicas presentaron las metas para 1995, acordadas con el FMI y contenidas en su Programa Macroeconómico. Dicho documento plantea, sobre la base de los avances logrados en la estabilización de la economía y la aprobación de importantes leyes de orden económico, que el presente año se consolidarían "los esfuerzos de estabilización, mejorando el ambiente de confianza, incentivando la inversión y, así, el crecimiento de la producción y el empleo", en un marco de mediano plazo: "crecimiento con reducción del endeudamiento público", preveyúndose el incremento del PIB con tasas de 4.5% a 5.5% hasta fines de siglo. Los objetivos del Programa son: una tasa de inflación de 15 a 17 por ciento al terminar el año y un crecimiento del PIB real de 4 a 5%. Las metas perseguidas son: un superávit del sector público del 0.5% del PIB; una reserva monetaria internacional equivalente a 4 meses de importaciones de bienes y servicios; una inversión del sector público de 7.1% del PIB; ahorro externo del 3.8% del PIB; ahorro interno por 20.2% del PIB; desembolsos por deuda pública externa por 570 millones de dólares; y, amortizaciones por Deuda Pública Externa por 600 millones de dólares.
Un nuevo elemento anti-inflacionario incluido en el programa es el anuncio de una banda de flotación cambiaria, con una amplitud de 100 sucres entre el piso y el techo; y una devaluación prevista en 12% anual. Esa medida busca fijar las expectativas inflacionarias y dar un horizonte más amplio y definido para las decisiones de los agentes económicos, en particular de las tasas de interés, incentivando el proceso de inversión, crucial para la reactivación.
INESTABILIDAD DE LAS TASAS DE INTERES Y FRAGILIDAD FINANCIERA.
Dentro del relativo éxito alcanzado por las autoridades económicas en la fase inicial de la estabilización, existe un aspecto en el cual poco se ha logrado: la reducción del nivel y de la variabilidad de las tasas de interés, que constituye un elemento crucial para la reactivación de la inversión y del crecimiento.
En efecto, tomando por ejemplo la evolución de las tasas de interés en operaciones activas, aplicadas por los bancos privados, al sector corporativo y en otras operaciones activas, respectivamente, observamos que las tasas consideradas como más representativas, las de 84 a 91 días, eran en mayo de 1993 de 53.01 y 54.35, cuando la tasa de inflación anual era de 54.8%; a fines de diciembre de 1993 estaban en 39.13 y 42.95, con una tasa de inflación anual de 31%; al 30 de junio de 1994, eran de 43.84 y 44.87, cuando la inflación estaba en 26.5%; finalmente al 31 de diciembre de 1994, las tasas fueron de 47.87 y 52.11. mientras la tasa de inflación se situaba en 25.4%
En consecuencia, las tasas han sido cada vez más elevadas en términos reales, esto es considerando el ritmo inflacionario. Entre mayo de 1993 y diciembre de 1994, la tasa aplicada por los bancos privados al sector corporativo se reduce en menos del 10%, y la de otras operaciones activas apenas en 4%; en ese mismo lapso la tasa anual de inflación cayó más del 53%.
Por otro lado, en el período analizado se observa igualmente una acentuada variabilidad de las tasas de interés; en las tasas activas, de 84 a 91 días, aplicadas por los bancos privados, que son de las más estables, se registra una varianza de 5.36, equivalente al 16%. El caso extremo de variabilidad, se registraría en la tasa interbancaria muy sensible a las variaciones de la liquidez en el corto plazo, cuyos niveles han oscilado entre más del 100% y 20% en los últimos dos años.
Considerando la incidencia de ciertas regulaciones, establecidas por anteriores gobiernos, que pesaban sobre la estructura de costos de los bancos privados y de otros intermediarios financieros, las autoridades monetarias, adoptaron varias medidas orientadas a reducir las obligaciones con el sector público, entre otras: la obligación de invertir en acciones del Banco Central, la compra de bonos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y la significativa reducción del encaje bancario.
Esto determinó la reducción del margen entre las tasas pasivas en depósitos a plazo y la tasa activa a clientes corporativos; en el caso del margen entre las tasas pagadas en depósitos de ahorro y las que se cargan en el crédito para consumo, que se aplica en las operaciones más comunes, la reducción del margen es mucho más limitada.
En otras palabras, el nivel de la tasa pasiva (negativa en términos reales), en particular en depósitos de ahorro, tomando en cuenta la tasa de inflación registrada, significa la inexorable descapitalización de la inmensa masa de población de pequeños ahorristas; se produce una transferencia real de recursos de la población de menores ingresos hacia el capital financiero, principal beneficiario del esquema de ajuste.
Los responsables de la política económica han avanzado sus criterios para explicar este comportamiento; así, la Presidenta de la Junta Monetaria lamentaba la escasa respuesta de la banca privada para reducir las tasas de interés, en función de la reducción de la inflación ; según dicha autoridad, ello se explicaría por la ineficiencia de la banca privada, y llevaría a plantear la necesidad de la presencia de bancos extranjeros para competir en el mercado local.
Otros analistas mencionan a los elevados costos operativos de los bancos privados, frente al limitado tamaño de sus activos, así como al costo de los fondos, como elementos explicativos de la persistencia de altas tasas de interés. La evidencia empírica corroboraría la primera tesis, aspecto sobre el que se habrían logrado progresos muy limitados en el último año. En lo que respecta al costo de los fondos, el mismo no habría cesado de disminuir desde 1992, hasta situarse en un nivel que no justificaría las altas tasas vigentes.
Un estudio reciente del Colegio de Economistas de Quito, sobre el comportamiento de las tasas de interés, destaca el alto nivel mantenido por las tasas activas, en particular en 1994, concluyendo que "una de las principales causas de la persistencia en la conducta de las tasas de interés es la ineficiencia del sistema financiero"
Igualmente, varios analistas y autoridades han planteado el problema del excesivo número de bancos (33), frente al tamaño del mercado nacional, como un aspecto que conspiraría contra la eficiencia. Peor aún, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Instituciones Financieras, existen varias finacieras y otros intermediarios, que tramitan su transformación en bancos, con lo cual se agravaría este problema.
Es preciso anotar, sin embargo, que la Ley de Instituciones Financieras, al elevar los requerimientos mínimos para las entidades financieras, dentro de un plazo que vence en la segunda mitad de este año, entre otras disposiciones, busca propiciar la fusión y articulación de diversas entidades, en instituciones más grandes y vigorosas.
Los ejecutivos de los bancos privados, por su parte, plantean que mientras exista una elevada demanda de crédito, en particular por el auge del consumo, financiado con crédito bancario y tarjetas de crédito, el precio del dinero seguirá siendo elevado.
Efectivamente, como hemos planteado en anteriores informes de coyuntura, el sistema financiero ha sido uno de los más beneficiados por el esquema de política económica aplicado. En los últimos dos años las entidades financieras han tenido resultados muy favorables y elevadas tasas de crecimiento; en 1994, la cartera de crédito del sistema financiero habría crecido en cerca del 100%. El boom del consumo de bienes durables, especialmente de vehículos, computadores y electrodomésticos, principalmente de origen importado, utilizando crédito financiero explica dicha evolución.
La coexistencia de elevadas tasas de interés y una gran expansión de la cartera del sistema financiero, eleva significativamente los niveles de riesgo que enfrentan dichas entidades, para recuperarla. Los propios representantes de los bancos privados destacan la necesiad de moderar el ritmo de crecimiento, dando más seguridad y calidad a la cartera.
Las repercusiones del conflicto fronterizo, en particular el retiro de depósitos, estimado en al menos 400 mil millones de sucres por la Asociación de Bancos Privados, y las pérdidas derivadas de las elevadas tasas que debieron pagar para disponer de los recursos que les permitieran cumplir sus compromisos, estimadas en 110 mil millones de sucre al fin del primer mes de conflicto y posteriormente fijadas en 150 mil millones , agudizarían entonces una situación de suyo frágil.
Aunque las autoridades económicas anotan que menos de diez entidades se vieron obligadas a recurrir a la facilidad de liquidez, (mecanismo especial de auxilio financiero creado a comienzos del año por el Banco Central, en su calidad de prestamista de última instancia), por un monto inferior a los 30 mil millones de sucres ; habrá que esperar que se procesen los impactos combinados, para tener una idea exacta del vigor real del sistema financiero, más allá de la internacionalización en que están empeñadas las instituciones más grandes.
De cualquier forma, no cabe esperar una reducción significativa de las tasas de interés, al menos en el corto plazo, aunque la tasa interbancaria tienda a regresar a los niveles pre-bélicos, debido a los elevados costos de la recuperación de los fondos retirados y a las pérdidas sufridas, que tratarán de cubrirse, al menos parcialmente, vía el precio del dinero y los de los servicios que ofrecen.
En consecuencia, es evidente que entre las primeras víctimas de la guerra del Cenepa estuvo el crecimiento de la economía; el entorno económico general y, sobre todo las tasas de interés vigentes y las previstas para lo que resta del año, que constituyen cada vez un menor estímulo para la inversión.
EL CONFLICTO FRONTERIZO: DINAMICA DEL IMPACTO ECONOMICO.-
En términos económicos, el agravamiento del conflicto con el Perú y la ruptura de hostilidades, implica la necesidad de realizar imperiosamente y en un período muy corto de tiempo, un conjunto importante de gastos no programados. Entre los principales rubros están: la movilización y mantenimiento de las tropas necesarias, en todo el cordón fronterizo, con equipos y materiales; la reposición y mantenimiento de los equipos bélicos y médicos; y, los gastos requeridos por el esfuerzo diplomático e informativo desplegados.
Es muy difícil cuantificar los costos del conflicto en términos de vidas humanas perdidas, grave deterioro ecológico de la zona afectada, lucro cesante de los segmentos de población fronteriza involucrados, reducción del flujo turístico externo hacia el país, suspensión o desvío de corrientes de inversión extranjera planeada, entre otros aspectos. El mero hecho de que no existe ninguna certeza sobre la conclusión definitiva de las hostilidades y de que aún no pueda producirse la normalización de la situación fronteriza y la desmovilización militar, dificulta aún más una estimación certera.
Por ello, las autoridades económicas han sido muy cautas en establecer el costo del conflicto, fundamentalmente por la inseguridad respecto de la finalización del mismo, en los primeros días de marzo. La cifra mencionada por autoridades monetarias ha sido 250 millones de dólares, monto que incluiría cerca de 50 millones utilizados para contener las presiones desatadas sobre el dólar, en los primeros días de enfrentamiento.
El Ministro de Finanzas, por su parte ha señalado un costo de 150 millones de dólares. Al parecer estamos frente a la reproducción de la situación planteada por el ex-Ministro, que fuera mencionada anteriormente: la tendencia a aprovechar, en este caso del conflicto, para profundizar el ajuste fiscal, en gran parte por razones ideológicas.
Sin embargo, ese monto ha sido considerado irreal por parte de analistas externos y organismos ligados a los derechos humanos. Otras fuentes han estimado un costo diario de 10 millones de dólares que durante los 35 días del conflicto llegarían a una cifra de 350 millones de dólares. Efectivamente, los costos definitivos aún no pueden establecerse.
Al desatarse el enfrentamiento se generó un importante retiro de depósitos del sistema financiero, debido al temor de incautaciones o por el deseo de transformarlos en dólares ante cualquier eventualidad; dichos retiros han sido estimados en algo más de 400 mil millones de sucres por voceros de la banca, lo que representaría cerca del 10% de los depósitos de ahorro y a plazo que tenían los bancos privados al finalizar 1994.
La respuesta de las tasas de interés y del tipo de cambio se evidencia en su rápida elevación: más aún si las autoridades monetarias intervinieron con operaciones de mercado abierto, para reducir las presiones sobre el tipo de cambio, propiciando la vertiginosa elevación de la tasa interbancaria que llegó hasta el 250%. Los niveles de las tasas en operaciones activas superaron el 100.
Ello generó una significativa reducción de las ventas y en general de los negocios, la suspensión de compras de bienes no indispensables y, en general, un aumento de los niveles de morosidad.
Esta evolución se vió agravada por los problemas en la generación eléctrica derivados de los errores estructurales y de la ineficiente planificación del mantenimiento de los diferentes sistemas; al igual que por el estiaje en la zona del Paute.
En consecuencia se generó una fuerte tendencia recesiva que afectó casi a todos los sectores de la economía. Es claro que la favorable evolución que presentaban, al finalizar 1994, en particular el sector agropecuario y la actividad industrial, evitó que el impacto inflacionario de las tendencias antes reseñadas fuera mucho mayor.
Efectivamente, en febrero se habría registrado una tasa de inflación mensual de 1.21%, que sumada al 2.98% de enero, acumula un nivel inflacionario de 4.19%, menor que el 5.84% acumulado en igual período de 1994. Sin embargo, es evidente que existen otros impactos cuyos efectos inflacionarios se manifestarán en los próximos meses.
La respuesta del gobierno, además de manejar los mecanismos de mercado creados en los años anteriores, para frenar las presiones sobre el tipo de cambio y evitar problemas mayores para el sistema financiero, se orientó a tratar de asegurar el equilibrio de las cuentas del sector público. Para ello se creó un impuesto extraordinario de 2% sobre el avaléo de los automotores; se determinó un aporte de dos días de sueldo de los servidores públicos y privados; se preparó un proyecto de ley para eliminar todas las exoneraciones del pago del IVA vigentes; se tomaron medidas administrativas para mejorar la recaudación de impuestos y para establecer una estricta austeridad fiscal.
Se dispuso reducir, priorizar estrictamente y desfasar la ejecución de los proyectos de inversión planeados por las entidades públicas; y utilizar los fondos remanentes de la elevación del diesel, sobre cuyo monto persistían discrepancias entre la Junta Monetaria y el Ministerio de Finanzas.
Igualmente, habrían planteamientos tendientes a congelar los sueldos y salarios de los empleados del sector público; así como nuevas revisiones de los precios y tarifas públicas (las primeras serían, al parecer, las tarifas telefónicas); y, mayores elevaciones de los precios de los combustibles, justificadas -gracias a la esotérica fórmula aplicada- por los incrementos del tipo de cambio y del precio internacional del crudo.
En contraste con todas las revisiones anotadas, los pagos por concepto de deuda externa previstos para este año, que representan más del 38% del presupuesto aprobado y el único rubro que explica el incremento de la proforma de este año respecto de la de 1994, parecen intocables. Más aún, si a fines de febrero se completó el proceso de renegociación bajo el esquema Brady, con el canje de los viejos papeles de la deuda, por nuevos, respaldados por la compra de bonos a la par y bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos.
Para ese fin se destinaron 400 millones de dólares, financiados con nuevos préstamos de entidades como el Banco Mundial, el BID, el FMI y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR, por 200 millones que serán devueltos en abril o mayo, cuando el Banco de Exportaciones e Importaciones del Japón otorgue el crédito, ya aprobado).
Igualmente cabe recordar, por el lado de los ingresos fiscales, el altísimo nivel de evasión de todo tipo de impuestos, característico de la economía ecuatoriana. Algunos analistas consideran que la evasión supera el 50% en rubros como los impuestos arancelarios y el impuesto a la renta; sin embargo, las medidas adoptadas son puramente declarativas y no propenden a la superación definitiva de este problema, con una decisión política vigorosa.
Además, el gobierno vuelve a insistir en el IVA, mediante la eliminación de las exoneraciones vigentes. Esa insistencia se explica por la mayor facilidad de recaudar el IVA; tratándose de un impuesto indirecto, sin embargo, su impacto inflacionario y sus efectos sobre los sectores de menores ingresos son relativamente mucho más importantes (aún cuando las autoridades planteen que su impacto se superaría en dos meses).
Luego de evaluar los efectos del conflicto, el gobierno revisó las metas del Plan Económico para este año: el ritmo inflacionario previsto estaría entre 19 y 21% (la meta inicial del 15% se alcanzaría en julio de 1996); el crecimiento económico esperado tendría una tasa de entre 3 y 4%; y, la devaluación del sucre, establecida por la banda de flotación cambiaria sería de 17% (en lugar del 12% previsto inicialmente).
PERSPECTIVAS PARA EL RESTO DEL AUO.-
La conjunción de los efectos del conflicto fronterizo y del impacto de las medidas de política económica post-bélicas, permiten asegurar que la revisión de las metas por parte del gobierno parece demasiado optimista.
La reducción de los gastos de inversión del sector público, equivalente al 1% del PIB; el cierre del crédito durante todo el tiempo del conflicto, la persistencia de elevadas tasas de interés en la mayor parte del primer semestre y la incertidumbre sobre su evolución en el resto del año, entre otros factores; unidos al costo directo del conflicto y a la previsible menor afluencia del capital extranjero, en especial de carácter productivo, permiten considerar que el ritmo de crecimiento del PIB, con dificultad llegaría al 2.5%; algunas estimaciones prevén un crecimiento máximo de 1.5 a 2%.
En cuanto a la tasa de inflación, hay un conjunto de factores que acelerarán su crecimiento, entre ellos se pueden anotar: el efecto de las elevadas tasas de interés; la eliminación de las exoneraciones al IVA, sobre los precios finales de varios bienes y servicios, en cuya preparación se utilizan materias primas y bienes de capital de origen importado; como siempre, las alzas registradas se trasladarán, en forma ampliada, a los precios finales.
Por otro lado, hay previsiones de que la producción agrícola de 1995 podría ser afectada por la escasez de lluvias en la Sierra y por elevadas precipitaciones en la Costa, lo que de efectivizarse, impactaría seriamente en el nivel general de precios. En idéntico sentido incidirán las revisiones de tarifas de servicios públicos, al igual que los aumentos mensuales de los precios de los combustibles. En consecuencia, en el mejor de los casos, se alcanzaría una tasa de inflación similar a la del año pasado (25%).
Las tasas de interés seguirán siendo elevadas, como principal mecanismo para continuar atrayendo al capital extranjero, aunque sea de corto plazo y de carácter especulativo. Y es que el talón de Aquiles del esquema de política económica está en el sector externo, crecientemente afectado por fenómenos exógenos sobre los cuales se cuenta con limitado poder de maniobra. Tales fenómenos se originan en un entorno internacional cada vez más inestable, caracterizado por tendencias conflictivas de las tasas de interés, los tipos de cambio y los ritmos de crecimiento.
A las debilidades estructurales de la balanza comercial detalladas en la primera parte, se agregan las restricciones previsibles en el flujo de capital extranjero, no sólo como efecto del conflicto fronterizo, sino como resultado de las tendencias recientes de los mercados internacionales de capitales, que muestran una disminución sustancial de los ingresos hacia América Latina.
Para que el modelo siga funcionando es indispensable un ingreso mínimo de divisas; recordemos que sólo el cumplimiento del servicio de la deuda externa, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades económicas, requerirá de un ritmo de crecimiento económico de 5.5% a 6%.
Parece claro entonces, que el fundamentalismo neo liberal, está tratando de aprovechar la coyuntura del conflicto fronterizo, para acelerar el ritmo de avance de las privatizaciones, sobreajustar al sector público y extraer de la mayoría de la población los recursos necesarios para atender los requerimientos del capital financiero, nacional e internacional. Complementando lo adelantado en términos de definir un marco jurídico que consolide las tendencias introducidas en el funcionamiento de la economía, se quiere cristalizar una estructura impositiva indirecta que permita extraer más recursos de la población. Lo que resta por establecer es si los diferentes sectores sociales y políticos permitirán está utilización del conflicto, en el marco de lo que se ha denominado "el nuevo Ecuador".
NOTAS
Ver el capítulo correspondiente de la presente entrega.
Robalino César:"La expansión monetaria no significa crecimiento", El Comercio, 1 de enero de 1995.
En tal sentido, los datos de inversión extranjera que presenta la balanza de pagos para 1994, parecen ampliamente sobre-estimados, a la luz de la evolución histórica de esa variable y del estado de avance, en particular de las inversiones petroleras y específicamente de las vinculadas a la Séptima Ronda.
"El Programa Macroeconómico 1995", reproducciónn del documento anunciado por el gobierno el 20 de diciembre de 1994, incluida en todos los periódicos del país.
Ver El Comercio, 21 de septiembre de 1994.
Ver "Se urge a Bancos a reducir costos", en Análisis Semanal, Año XXIV-No. 45, Noviembre 21 de 1994.
"Comportamiento de las tasas de interés en el sistema financiero ecuatoriano frente a la tasa de interés en equilibrio: un llamado de atención para evitar una crisis. Cuadernos de Economía, No.1, Colegio de Economistas de Quito, Año 1, enero de 1995, página 10.
Es interesante destacar que el segundo o el tercer banco de Colombia tiene un tamaño similar al de todas las entidades bancarias del Ecuador.
Diálogo con el Presidente del Banco Popular. El Comercio, enero 5 de 1995.
Ver Blanco y Negro, Revista de Hoy, Año 2 No. 45, Marzo 5 de 1995, página 4.
Ibid.
Los resultados de la última encuesta de coyuntura agropecuaria (No. 67, de enero de 1995) muestran una situación favorable de la mayoría de productos, salvo los casos de la soya y del cacao.