Utopía y sociedad: una propuesta para el próximo milenio, Libardo Sarmiento Anzola, Bogotá, Fescol, 1996.
No es extraño que el tratamiento a fondo del tema social, tarea que Libardo Sarmiento asume en su libro, hoy en día deba retomar el concepto de utopía. El autor asume esa tarea con rigor técnico y va aún más allá: a pesar de la desesperanza y del pesimismo reinantes en nuestro tiempo, reivindica una postura política y moral la utopía y la búsqueda consciente de un futuro humano para la humanidad resultan de una acción histórica mediante la cual el individuo alcanza su plenitud.
Esta obra trata las diversas dimensiones del debate sobre la posibilidad de superar la exclusión social en el marco de una dinámica capitalista mundial donde la miseria, el deterioro ambiental, la corrupción y la violencia son condición y resultado de la `lógica del capital'.
Sarmiento adopta un enfoque científico donde la ética está ligada íntimamente a la política y a la economía, y propone desatar un proceso cultural en el que la autonomía de la sociedad civil y la realización plena del individuo permitan el control social del Estado Moderno luego de cinco siglos en que el fenómeno que Gramsci denomina `estadolatría' y Cassirer el `mito del Estado' ha impedido el paso del `reino de la necesidad' al `reino de la libertad'. De modo que su "propuesta para el próximo milenio" nos coloca ante la tarea de controlar al Estado y de reivindicar lo `humano de lo humano'.
Si bien el crecimiento económico, la industrialización y la urbanización de los últimos cincuenta años han contribuido a modernizar la estructura productiva, también han generado una estructura económica esencialmente oligopólica y han dado lugar a un modelo de acumulación que deforma la esfera distributiva y produce un efecto regresivo sobre el manejo social del país.
Las políticas económicas han considerado a la población como una variable residual y marginal subordinada al crecimiento y el gasto público. Con la redefinición funcional del papel del Estado --en el contexto de las políticas de ajuste estructural y de apertura comercial-- ha cobrado mayor importancia la referencia expresa del gobierno a la `política social'. El estancamiento, asociado a las políticas de crecimiento, inversión, ahorro y producción, se suma a una política de austeridad en el gasto público y al recorte de las funciones económicas del Estado, con un enorme costo social.
Desde mediados de los ochenta, en Colombia se evidenció la necesidad de recuperar la dimensión social del Estado y de configurar una estructura distributiva que dé prioridad a las estrategias de política social que buscan erradicar la pobreza y atenuar la inequidad del sistema económico y social diseñando pogramas y destinando recursos finacieros para los sectores marginados y más vulnerables de la sociedad.
Aunque parece existir una independencia relativa entre las fluctuaciones de los indicadores de progreso social y los indicadores de desarrollo económico, los gobiernos tienen un vasto margen de acción para escoger y definir las políticas y las estrategias sociales. De ahí el énfasis de de los gobiernos recientes en el discurso y los programas de política social.
Sin embargo, aunque los planes y programas de desarrollo subrayan con frecuencia las prioridades de la política social, es necesario preguntar si los objetivos sociales están ligados a una estrategia integral de lucha frontal contra la pobreza o si forman parte de una esfera autónoma. Es decir, si además de contemplar los recursos necesarios para lograr las metas, existe la voluntad política para orientar las transformaciones institucionales en la dirección del progreso social.
Desde los puntos de vista estructural y funcional, las restricciones de la política social colombiana obedecen a la rigidez del sistema distributivo, a la inercia de la burocracia estatal, a la escasez de recursos públicos y a la falta de un proyecto político de desarrollo social integral.
El Estado colombiano tiene en el sector social una estructura piramidal inflexible y limitada en su desarrollo. La encabezan algunos ministerios y establecimientos públicos nacionales que funcionan de acuerdo con los lineamientos del gobierno respectivo. Sin embargo, según la nueva legislación y los preceptos constitucionales, las entidades territoriales subnacionales tienen competencias para la política social. La ley establece el régimen de competencias y recursos para las entidades territoriales en materia de financiamiento del gasto en educación y salud con cargo al situado fiscal, así como la participación de los municipios en los ingresos corrientes nacionales.
A partir de su análisis, Libardo Sarmiento sugiere un conjunto de recomendaciones para que Colombia cuente con una verdadera política social integral con sentido estratégico; además, elaobira una propuesta para enfrentar las `fallas de gobierno' que limitan la ejecución de la política social (monopolios públicos, ineficiencia, corrupción, desinformación, inestabilidad burocrática, carencia de recursos).
Este trabajo ayuda a entender la problemática y las alternativas que enfrenta la dinámica de la gobernabilidad en Colombia. Su mérito consiste en explorar, forjar y poner a prueba perspectivas teóricas y metodológicas alternativas para el desarrollo social general del país.
Valorado desde una perspectiva amplia del conocimiento, este trabajo tiene importantes consecuencias teóricas. Su metodología es consecuencia de una actitud epistemológica abierta al sentido de la ciencia, a los procesos culturales y a la subjetividad.
Esta orientación obliga a precisar los factores de orden sociocultural, gubernamental y ambiental que configuran el escenario en que tiene lugar la vida de los individuos y de las comunidades. Esta exigencia es una premisa para generar espacios de acción y creación de iniciativas, para realizar las expectativas y aspiraciones sociales y de gobierno, y para concretar --con base en las condiciones reales-- las estrategias que hagan viable un cambio institucional que, por definición, involucra tanto a las estructuras de gobierno como a los actores del orden territorial.
La propuesta de Libardo Sarmiento parte de una consideración: más allá de las diversas configuraciones de actores y movimientos sociales, el sistema societal policéntrico se fundamenta en el equilibrio de dos fuerzas: de una parte, el individuo como centro decisorio de la organización social y política, y de otra, el Estado como garante de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico que sirve de fundamento al Estado social y democrático de derecho. El elemento articulador de esas dos fuerzas es la organización democrática de la sociedad civil en lo político, lo económico, lo social y lo cultural.
Con la publicación de este libro, la entidad editora, Fescol, quiere contribuir a impulsar las dinámicas autónomas de la sociedad civil, justamente aquéllas que hoy se requieren para la construcción de una nueva institucionalidad basada en la democracia.