La sociedad colombiana ha experimentado en los últimos años un
acelerado proceso modernizador. La Constitución de 1991 creó
condiciones para la democratización política, la participación
ciudadana y el pluripartidismo, contribuyendo a superar la crisis
del excluyente régimen político heredado del Frente Nacional
[Aguilar 1994]. La creciente exposición a la competencia
internacional, iniciada con la administración Barco, propició
cambios en el comportamiento de los agentes económicos, indujo
procesos de reconversión industrial y abrió a la competencia
privada espacios tradicionalmente reservados a la acción estatal.
A pesar de estos cambios modernizantes, la democracia
colombiana sigue habitada por la violencia a todo lo ancho y a
todo lo largo del tejido social. Esta va más allá de las
confrontaciones políticas o de intereses económicos: está ligada
a los problemas sociales aún no resueltos, a los cambios de
valores y al deterioro de las relaciones sociales. Es una
violencia social más que política; hoy los colombianos nos
matamos por la calidad de vida y las relaciones interpersonales,
más que por el control del Estado.
En El Salto Social, Bases para el Plan Nacional de
Desarrollo, 1994-1998(1), se sostiene que la persistencia de
la violencia está a sociada a dos factores: al hecho de que los
cambios económicos y políticos no se han traducido aún en un
mejoramiento de la calidad de vida y subsisten notorias
inequidades e injusticias sociales, y a la reproducción de una
cultura de intolerancia que mina las bases del tejido social.
Esta violencia no es la única expresión de inseguridad, aunque sí
la mas notoria. A su lado existen otras manifestaciones menos
resonantes y reconocidas cuyo origen es la degradación de la
trama social en que se desenvuelve la existencia cotidiana y que
cercan en forma creciente a la ciudadanía. Con el objeto, entre
otros, de superar esa creciente inseguridad, el gobierno propone
un modelo de desarrollo alternativo, uno de cuyos componentes es
la política de justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana.
¿UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD?
Un país que ostenta una de las más altas tasas de homicidios
del mundo, en el que las expresiones de violencia afectan la
seguridad de los ciudadanos diariamente y cuestionan la vigencia
y la eficacia de las instituciones, no puede darse el lujo de que
los gobiernos traten con negligencia este problema. Pero así
sucedió en la práctica, al menos hasta 1991, cuando comenzó la
política gubernamental a diferenciar la seguridad ciudadana de la
del Estado [Fedesarrollo 1993, 37-41].
Esa diferenciación toma cuerpo en El Salto Social, que
aborda el problema de la seguridad ciudadana en su especificidad
y lo asocia al bienestar de la población. Tres aspectos son
novedosos en la propuesta del actual gobierno. El primero es
incluir la seguridad ciudadana en el Plan de Desarrollo, lo cual
significa que, al menos como concepción, es considerada como uno
de los elementos del desarrollo social y económico en general y
del ciudadano en particular. Segundo, las políticas tendientes a
garantizarla forman parte de las políticas sociales. En efecto,
la estrategia de "Justicia, Derechos Humanos y Seguridad
Ciudadana" es una de la siete que el gobierno propone en materia
social para "lograr que el desarrollo económico sea de los
colombianos y que los ciudadanos sean el principal capital de la
sociedad" [Presidencia-DNP 1994a, 78]. En tercer lugar, introduce
en forma inequívoca la dimensión ciudadana de la seguridad,
separándola de la de seguridad del Estado.
La negación de la seguridad ciudadana
El hecho de que nuestra historia reciente haya estado
atravesada por la violencia --primero interpartidista y luego
guerrillera revolucionaria-- no es ajeno a la forma en que se
abordó la cuestión de la seguridad hasta esta década. En sus
orígenes, el concepto de seguridad estuvo asociado a la
eventualidad de conflictos interestatales. Para los ciudadanos la
seguridad dependía de la capacidad de los Estados, a través de
sus ejércitos, para proteger la integridad territorial y
preservar la soberanía nacional de las amenazas externas. Tal
concepción se modificó con la configuración de un orden mundial
bipolar en la segunda posguerra mundial.
A la eventualidad de la amenaza externa se sumó la del
enemigo interno derivada de la confrontación entre los
sistemas capitalista y socialista. El enemigo interno, visto como
amenaza a la identidad nacional, nutrió la concepción de la
seguridad nacional cuyo eje es la seguridad del Estado. De esta
manera las políticas de seguridad se orientaron a la protección
del orden estatal y el ciudadano no fue reconocido como objeto de
la seguridad que el Estado debía garantizar. Al reconocerlo sólo
cuando se proyectaba como amenaza contra el Estado, en tanto
fuente de alteración del orden establecido, se lo criminalizó.
Esa concepción se concretó en Colombia con los Estatutos de
Seguridad de diversas épocas, cuya orientación básica era
reprimir a las personas para preservar el orden. Se militarizó
así el ámbito de la seguridad ciudadana, dejándola en manos de
las instituciones policiales y militares.
El comienzo de la ruptura
Esta concepción se abandona en El Salto Social. Hoy se
reconoce que la seguridad tiene dos dimensiones: la del Estado y
la del ciudadano [Presidencia 1994b, 10]. Los antecedentes
mediatos de la ruptura con la visión unidimensional de la
seguridad se remontan a la Estrategia de Lucha Contra la
Violencia, formulada en 1991 durante la administración Gaviria.
Allí se reconoce que existen diversas fuentes de violencia e
inseguridad, pero se enfatiza la defensa del Estado y de sus
instituciones, y poco se ocupa de las que más afectan a y ponen
en peligro la seguridad de los ciudadanos, que son ajenas a los
conflictos políticos o a la criminalidad organizada del
narcoterrorismo [Fedesarrollo 1993].
Dos años más tarde, con la propuesta de Seguridad para la
gente. Segunda parte de la estrategia nacional contra la
violencia, enunciada en noviembre de 1993, se acentuó la ruptura.
En este documento se reconoce que el 80 por ciento de casi 28 mil
homicidios anuales no tiene relación alguna con organizaciones
criminales y obedece al excesivo consumo de alcohol, el porte de
armas, la escasa vigilancia policial y la virtual ausencia de
instituciones de conciliación que permitan la solución pacífica y
arbitrada de conflictos entre las personas.
La nueva visión asume la seguridad ciudadana como una
prioridad del gobierno y delinea programas específicos para
proteger a los ciudadanos de los riesgos que enfrentan
diariamente. Sin embargo, el documento revela una tensión entre
los diagnósticos y las políticas. A pesar de las cifras citadas,
se insiste en que la inseguridad ciudadana es causada, ante todo,
por la acción de la guerrilla, del narcotráfico, la justicia
privada y la delincuencia común. Terca insistencia que se explica
por la tesis sostenida en el primer título del documento de que
la "seguridad del Estado es también la de la gente", lo cual
conduce a la equivocada percepción de que quienes son "enemigos"
del Estado también lo son del ciudadano y atentan contra su
seguridad. Las principales políticas que se proponen para
afrontar el problema son el fortalecimiento de la justicia y de
la fuerza pública, las acciones preventivas, la consolidación del
planeamiento en asuntos de seguridad, justicia y defensa con
participación de las autoridades civiles y el estímulo a la
solidaridad de los ciudadanos con las autoridades [Fedesarrollo
1994, 53-55].
El ciudadano por fin recuperado
En las condiciones de hoy, el sentimiento de inseguridad
personal no proviene de un eventual conflicto entre naciones, de
un cataclismo nuclear o de la presencia del narcotráfico. Ni
siquiera de la acción de la guerrilla, salvo en algunas regiones
rurales. Proviene de otras esferas de la vida cotidiana
penetradas por la incertidumbre: de la inseguridad laboral ante
la inestabilidad del empleo; de la inseguridad en materia de
salud por no tener una cobertura amplia y permanente; del temor a
los nocivos efectos de un desarrollo que descuida la armonía con
la naturaleza; del desbordamiento de la delincuencia, el
armamentismo ciudadano, la intolerancia, la ineficacia judicial,
la impunidad persistente, de la corrupción e inoperancia de la
policía...
Así, el reto que impone la seguridad ciudadana consiste en
crear las condiciones de bienestar que garanticen a los
ciudadanos el acceso a los bienes y servicios fundamentales, que
les permitan confiar en las instituciones, que hagan posible
recobrar la certidumbre individual y colectiva sobre las
posibilidades presentes y futuras de supervivencia. La mejor
seguridad, sin duda, es la que surge del bienestar ciudadano.
El elemento innovador de El Salto Social consiste en la
incorporación de un concepto de desarrollo humano sostenible que
concibe el crecimiento económico como un medio para el desarrollo
del ser humano y reconoce la seguridad ciudadana como uno de sus
elementos. Sus objetivos son, entonces, la equitativa
distribución de los beneficios del crecimiento; la preservación
del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras; la
creación de posibilidades para que las personas amplíen su
capacidad para dominar el entorno --económico, político, social y
cultural-- más allá de la mera producción de bienes y servicios.
En síntesis, se trata de un desarrollo que busca mejorar la
calidad de vida de los seres humanos, entendida como la
posibilidad de desplegar su potencial, de mejorar y preservar el
tejido social, de establecer una relación armónica con la
naturaleza, y de ampliar y consolidar los espacios de
participación individual y colectiva en la construcción de la
sociedad [Pnud, 1994, 15-24].
Al adoptar esta concepción, los redactores de El Salto
Social pueden presentarlo como un modelo alternativo de
desarrollo económico dinámico y sostenible, en el cual son
indisociables los componentes económico, social y ambiental.
Equidad y solidaridad, acumulación de capital social, desarrollo
de ventajas competitivas creadas y movilización ciudadana son
pilares de un nuevo diseño del desarrollo, el tiempo de la gente,
en el que la seguridad se centra en el ser humano [Presidencia
1994a, 13-17].
LA SEGURIDAD CIUDADANA, UN ELEMENTO DEL DESARROLLO
El gobierno se propone dar un viraje sustancial a la política
social a fin de universalizar los beneficios del desarrollo y
reducir las desigualdades de riqueza e ingresos, de capacidad
creadora y productiva, de calidad de vida y condiciones de
acceso. El Plan define siete estrategias de política social:
desarrollo humano, seguridad social integral, mejoramiento del
hábitat, política de equidad y participación de la mujer,
atención a las minorías étnicas, apoyo al desarrollo económico de
los pequeños propietarios y a la economía solidaria, y acceso a
la justicia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana
[Presidencia 1994a, 81].
La política de seguridad ciudadana forma parte de las
estrategias de política social y se articula, en una visión
integral, a las de fortalecimiento de la justicia y de los
derechos humanos. Tal formulación reconoce las relaciones de
causalidad recíproca entre ineficiencia de la justicia e
impunidad, crisis de los derechos humanos e inseguridad
ciudadana creciente.
Lineamientos básicos de la política de seguridad
El Salto Social plantea tres lineamientos básicos como
ejes del Plan de Justicia y Seguridad Ciudadana, instrumento que
"concreta la política del Estado para el desarrollo del nuevo
ciudadano": el fortalecimiento de la rama judicial, la vigencia
plena de los derechos humanos y la participación y la seguridad
ciudadanas [Presidencia 1994a, 119].
Fortalecimiento de la rama judicial
En el Plan Cuatrienal de Desarrollo para la Rama Judicial se
admite que el sistema penal necesitaría entre nueve y diez años
para sentenciar los procesos en curso, en caso de que no haya más
denuncias. Esta ineficacia lleva, virtualmente, a la impunidad
absoluta y estimula aún más la actividad delictiva. Supuesta la
crisis del sistema judicial y su incapacidad para tutelar
oportuna y eficazmente los derechos ciudadanos, resulta imperioso
cambiar esta situación si se quiere romper con los efectos
perversos del recurso a la justicia privada y contener el
acelerado proceso de reproducción de comportamientos delictivos
que estrecha cada vez más su cerco sobre los ciudadanos.
Los instrumentos para superar la crisis judicial buscan
modernizar su administración; garantizar la prestación universal
del servicio ampliando sus posibilidades de acceso y abriendo
instancias alternativas a la vía judicial: jueces de paz,
autoridades administrativas, particulares, notarios; redefinir la
política criminal dándole un carácter preventivo, investigando
las causas de las conductas delictivas para proponer soluciones y
creando programas de resocialización de los delincuentes. La
menor impunidad y la superación del atraso judicial tendrían
efectos disuasivos sobre las conductas delictivas.
Vale destacar la importancia que se atribuye a la conciliación
con base en la despenalización de ciertas conductas. De aplicarse
coherentemente, la conciliación se convierte en un instrumento
eficaz de formación ciudadana en la medida en que corresponde a
los asociados, no al Estado, construir los consensos que permitan
superar o resolver pacíficamente sus conflictos. Pero la
despenalización de ciertas conductas que pasarían a ser
tipificadas como simples contravenciones entraña también el
riesgo de que este tipo de comportamientos se incrementen. Tal es
lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el maltrato
intrafamiliar y, en menor medida, con las lesiones personales.
Derechos Humanos
La situación de los derechos humanos es crítica en el país.
Como han señalado los últimos informes de la Procuraduría y de
las organizaciones de Derechos Humanos, sus principales
transgresores son los agentes estatales (ejército, policía,
organismos de seguridad), la guerrilla y los grupos
paramilitares. Las violaciones de los derechos humanos en el país
afectan la vida y la integridad física de las personas y, además,
desconocen permanentemente los derechos económicos, sociales y
culturales, lo que se agrava por los efectos de desintegración
social derivados del cambio en el modelo de desarrollo económico
[CAJ 1994, 2-5].
Los derechos humanos, como se afirma en El Salto Social,
constituyen un todo integral que comprende aspectos políticos,
económicos y culturales [Presidencia, 1994a, 122-125]. Una
política orientada a restaurar su plena vigencia consiente que no
sólo se trata de garantizar el derecho fundamental a la vida y a
la integridad personal sino también los derechos económicos,
sociales y culturales. Así las cosas, esta política es el pivote
que articula el programa de seguridad ciudadana con las demás
políticas sociales.
Esta política cubre dos frentes: el del conflicto político
armado, frente al cual el gobierno propone acogerse a las normas
del derecho internacional humanitario a fin de atenuar los
efectos de la confrontación sobre la población civil, y el de la
violación de los derechos, independientemente de que estén
ligados o no al conflicto armado. Los instrumentos previstos para
abordar el segundo son el desarrollo normativo, la creación de
una red informática que transmita los datos sobre violaciones a
las instituciones encargadas de la protección y la vigilancia, la
protección a los testigos en procesos sobre violaciones de
derechos humanos, y la agilización de los procesos judiciales y
disciplinarios contra las autoridades incriminadas. También se
proponen acciones de control, prevención y educación entre los
organismos de seguridad; para ello se prevé la creación de
oficinas de derechos humanos en todas las guarniciones militares.
Quizá más importante que estas medidas es el propósito de
desarrollar campañas educativas generales que promuevan una nueva
actitud frente a los derechos humanos entre los agentes de la
fuerza pública y los ciudadanos corrientes.
Las posibilidades de superar la crítica situación que coloca a
Colombia entre los países con más graves violaciones a los
derechos humanos demandan una firme voluntad política y
replantear a fondo las relaciones entre las autoridades civiles y
las militares. Los primeros pasos dados por la actual
administración son positivos. En particular, la
descriminalización de las organizaciones de defensa de los
derechos humanos, la aprobación del Protocolo II adicional de la
Convención de Ginebra, la invitación a Amnistía Internacional
para que abra oficinas en el país y el reconocimiento de la
responsabilidad estatal en la masacre de Trujillo. Sin embargo,
las violaciones no ceden y los agentes estatales siguen siendo
uno de los principales transgresores, lo que pone en cuestión la
firmeza de esa voluntad política.
La seguridad ciudadana
El eje de esta política es el fortalecimiento de la Policía,
que busca consolidar la modernización iniciada con la Ley 62 de
1993. Aceptando que la sociedad moderna necesita la institución
policial y que ésta debe ganar legitimidad para el adecuado
cumplimiento de sus funciones, se propone una relación de doble
vía con la ciudadanía para propiciar un mutuo acercamiento. Se
busca recuperar la confianza ciudadana en la función policial,
para lo cual se han creado ya mecanismos de participación a
través de veedurías ciudadanas y de la Comisión Nacional de
Policía y Participación Ciudadana.
También se busca el fortalecimiento interno de la institución
a fin de aumentar su eficacia como instrumento represivo de las
conductas que atentan contra la seguridad ciudadana. Para ello se
proponen tres programas: a) consolidación del proceso de
modernización, ampliación de la cobertura y actualización; b)
profesionalización y fortalecimiento de la carrera policial; c)
mejoramiento del bienestar y la seguridad social de los policías
como medio para dignificar la profesión.
Después de divulgado el Plan de Desarrollo, la Consejería para
la Defensa y la Seguridad Nacional reformuló en algunos aspectos
la política de seguridad ciudadana. En el documento del Programa
presidencial para la seguridad ciudadana sostiene la tesis de que
la seguridad se fundamenta en la capacidad coercitiva del Estado
--en tanto a éste corresponde el monopolio de las armas-- así
como en el reconocimiento por parte de los ciudadanos.
Sobre esa base se diseñaron cuatro estrategias:
fortalecimiento y modernización de la función policial, gestión
descentralizada de la seguridad, actualización y adecuación
normativa y desarrollo social para la seguridad ciudadana.
La Consejería justifica la primera de ellas así:
Es decir, para fortalecer esta institución se requiere el
concurso de las autoridades y los ciudadanos. En la estrategia
hay tres elementos destacables: buscar que las autoridades
civiles asuman su responsabilidad en la conducción del orden
público; conseguir que los ciudadanos sean protagonistas de su
propia seguridad, especialmente a través de la Comisión Nacional
de Policía y Participación Ciudadana, y generar una nueva cultura
policial.
La seguridad se gestionará en forma descentralizada a través
de los consejos de seguridad, que darán prioridad a la seguridad
ciudadana en sus niveles departamental y municipal. También se
desarrollarán programas de seguridad rural, como los Centros
Operativos de Respuesta Rápida Rural y las Asociaciones
Comunitarias de Vigilancia Rural. Se plantea explícitamente que
la descentralización favorece la participación ciudadana y
fortalece el control civil sobre el orden público, a la vez que
permite que las actividades preventiva y de control se enmarquen
en el respeto a los derechos humanos.
Con la Actualización y Adecuación Normativa se busca redefinir
el carácter de algunas conductas --contravención o delito-- y
reorganizar las competencias. También se pretende acercarse a los
problemas concretos de la ciudadanía y construir una cultura de
convivencia, elaborando el código de la familia y el menor, y el
de convivencia ciudadana, que remplazaría al actual código de
policía.
Por último, al aceptar que
DEL DICHO AL HECHO....
El Salto Social se inscribe en el paradigma del
desarrollo humano sostenible, cuyo objetivo central es el pleno
desarrollo del ser humano. El cambio de modelo lleva a incluir la
política de seguridad ciudadana en el Plan y a definirla como una
de las políticas sociales. Se rompe así con el tratamiento
tradicional, que, en materia de seguridad, privilegiaba la del
Estado e ignoraba, de hecho, la ciudadana. En el reiterado
propósito gubernamental de desarrollar un nuevo ciudadano, la
recuperación de éste como objeto central de sus políticas
económicas, sociales y ambientales constituye sin duda un paso
adelante, coadyuva a crear condiciones favorables para la
descriminalización del conflicto social, a superar las conductas
discriminatorias hacia los pobres como la mal llamada "limpieza
social" y abre caminos para asumir los retos del desarrollo y la
democratización social, mejorar la calidad de vida y a ampliar
las posibilidades de realización del potencial humano.
A pesar de esta adhesión al paradigma del desarrollo humano
sostenible, la lectura del Plan despiertas varias inquietudes.
Hay una gran distancia entre la formulación conceptual y las
políticas propuestas. En particular, aún no está definida la
manera de articular los componentes económico, social y
ambiental, y tal como se presentan parecen más una superposición
que una articulación funcional. Por ejemplo, el hecho de que la
cuarta estrategia del Programa presidencial para la seguridad
ciudadana sea el desarrollo social para la seguridad ciudadana
deja dudas sobre si es un complemento, como allí se afirma, o una
condición de seguridad. Se observa, además, un mayor énfasis en
los aspectos coactivos y de control que en aquellos que actuarían
sobre los factores que generan la inseguridad y la violencia.
Como bien se señala en el Informe sobre Desarrollo Humano del
Pnud,
En materia de seguridad existen pocas innovaciones en los
instrumentos previstos con respecto a los que se diseñaron y
aplicaron desde comienzos de esta década: fortalecimiento
policial, planeación de la seguridad, participación ciudadana,
etcétera. Lo cierto es que no se han logrado los resultados
esperados. Esto, desde luego, no los descalifica, pero lleva a
preguntar qué falta aún por renovar en este campo, lo que remite
a la tercera observación.
El Salto Social es, por ahora, un enunciado de
propósitos, coherentemente formulados en la sustentación, menos
en la definición de las políticas específicas. No es clara
todavía la consistencia entre los aspectos macroeconómicos y la
política social, en particular con respecto al esfuerzo que en
materia de gasto público implica el cumplir los objetivos
propuestos. Y en el caso de las políticas de seguridad, la
cuestión adquiere una dimensión que no tienen las demás
políticas: además de la voluntad de invertir en seguridad --que
es parte de la voluntad política-- se requiere también la otra
parte de esa voluntad política, aquélla que debe remover los
elementos que impiden un trasparente funcionamiento de la fuerza
pública, de la justicia y de la administración para que se
recupere gradualmente la confianza de la ciudadanía en sus
instituciones.
A modo síntesis, hay que señalar que una política de seguridad
ciudadana coherente y eficaz debe basarse en dos pilares
fundamentales: en una política social que haga del ser humano el
centro del desarrollo, que reduzca el crecimiento económico a la
condición de medio al servicio del hombre, del despliegue de sus
potencialidades, de la satisfacción de sus necesidades; que se
proponga y logre la equidad en la distribución de la riqueza y,
sobre todo, de las oportunidades; y en una política de derechos
humanos que no solamente los promueva sino que también los
proteja efectivamente --por ejemplo, el derecho a la vida y a la
integridad-- y amplíe el acceso a los derechos económicos,
políticos, sociales y culturales, de modo que se ejerciten
verdaderamente.
La multidimensionalidad del ser humano exige que la sociedad
le ofrezca seguridad en varias dimensiones; además, debe
ofrecerle oportunidades presentes y futuras para que satisfaga
sus expectativas de bienestar. Si el país no supera este reto, no
será posible avanzar en los procesos de democratización.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguilar, Luis I.; Leal, Francisco y Zuluaga, Jaime. 1994. "Balance económico-
político". Sáenz, Eduardo, compilador, Modernización económica vs.
modernización social, Ismac-UN-Cinep, Bogotá.
Comisión Andina de Juristas, seccional Colombia. 1994. Entre el dicho y el
hecho, panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia, Bogotá.
Fedesarrollo-Iepri. 1993. Situación colombiana, Informe de coyuntura
económica y política, Bogotá, septiembre.
Fedesarrollo-Iepri. 1994. Situación colombiana, Informe de coyuntura
económica y política 7, Bogotá, enero.
Pnud, 1994. Informe sobre desarrollo humano, FCE, México.
Presidencia de la República-Departamento Nacional de Planeación. 1994a. El
Salto Social, Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, Bogotá.
Presidencia de la República-Consejería para la Defensa y la Seguridad Nacional.
1994b. Programa presidencial para la seguridad ciudadana, Bogotá.
Sarmiento, Libardo coordinador y editor. 1995. Los derechos sociales,
económicos y culturales en Colombia, balance y perspectivas, Pnud y Consejería
Presidencial para la Política Social, Bogotá.
[...] la tranquilidad pública y la seguridad ciudadana de los
asociados se funda en una base doble: por un lado, el consenso sobre las
instituciones y las normas fundamentales del Estado; por otro, la capacidad
de coerción en manos de ese mismo Estado para garantizar su carácter de
árbitro único y legítimo de los conflictos sociales e individuales
[Presidencia 1994b].
[..] los cambios en la vida social del país y el surgimiento de
nuevos fenómenos de inseguridad ciudadana exigen el fortalecimiento y
modernización de la función policial [cuyo ejercicio debe adelantarse]
mediante la conjugación de esfuerzos de las autoridades civiles, la
institución policial como cuerpo civil armado y el conjunto de la ciudadanía
[Presidencia 1994b, 2].
la marginalidad, la exclusión social, la pobreza y el desempleo
son circunstancias que atentan contra la armonía y la convivencia ciudadana,
propician conductas delictivas y producen desafección hacia las instituciones
democráticas entre la población afectada por esas situaciones, [se hace
necesario] que una política integral de seguridad ciudadana [incluya]
acciones dirigidas a atenuar en el corto plazo las condiciones de pobreza
crítica y a superar en el mediano plazo la pobreza, como complemento
indispensable de otras acciones de seguridad de tipo preventivo, represivo y
de rehabilitación [Presidencia 1994b, 27].
la seguridad significa estar libres de las constantes amenazas
del hambre, la enfermedad, el delito y la represión. También significa
protección contra perturbaciones repentinas y perjudiciales en la pauta de
nuestras vidas cotidianas, ya sea en relación con nuestros hogares, nuestros
empleos, nuestras comunidades o nuestro medio ambiente [Pnud 1994,
4].