OBJETIVO: EL HOMBRE
El aspecto más importante del nuevo plan es que coloca al ser
humano y a su bienestar como objetivos directos de la política
económica.
Llevamos cuatro años de preocupación con objetivos abstractos:
eficiencia, mercados, inflación, acumulación de capital,
etcétera. Durante ese tiempo, la política social se limitó a
evitar el deterioro de la situación social en las ciudades, pero
se olvidó del habitante rural, en especial del campesino.
Ahora el plan se preocupa por los sectores y los grupos
marginados, pero con un sentido redistributivo y un objetivo de
equidad: no se trata ya de subsidiar la pobreza, sino de abrir
caminos de progreso a los menos favorecidos.
A fin de cuentas, el camino del desarrollo es el camino del
empleo, de la creación de nuevas fuentes de ingreso estable, de
las oportunidades de progreso personal. No hay desarrollo en una
estrategia de subsidios a núcleos de pobres sin esperanza; en
cambio, es posible crecer con objetivos de redistribución y
generando una mayor equidad en materia de oportunidades.
La paz social que tanto anhela el país no depende solamente de
que la Constitución y las leyes estipulen derechos universales;
depende también de que la organización económica asegure
oportunidades efectivas de mejoramiento. El Estado tiene una
función redistributiva en favor de los menos favorecidos y para
eso tiene que dejar atrás el énfasis en los programas
asistenciales y volcarlo sobre programas que puedan generar
nuevas fuentes de ingreso estable. Desde el punto de vista
social, la informalidad es un problema casi tan grave como el
desempleo.
Las bases del plan El Salto Social apuntan a resolver
los problemas sociales y económicos que estamos encontrando en el
camino del desarrollo. Aceptan la responsabilidad de decidir y de
trazar un rumbo que lleve a una sociedad más equitativa.
El plan contiene muchos análisis y propuestas que considero
acertados, pero en el momento actual de su discusión y examen hay
que hacer énfasis precisamente en los puntos débiles y proponer
alternativas.
Veamos, entonces, en qué cabe diferir y qué cambios que
podríamos sugerir.
CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y ACTITUD RENTISTA
La apertura, más que un estímulo a la inversión y al aumento
de la productividad, se convirtió en una oportunidad para
legalizar un capital traído del exterior y para vivir de algún
crédito externo. En vez de fomentar un espíritu empresarial,
sirvió para promover la actitud rentista y desembocó en negocios
de transferencia y valorización de la propiedad.
En cuatro años entraron al país miles de millones de dólares
al abrigo de una amnistía patrimonial y, luego, al abrigo de un
desmonte del impuesto al patrimonio. Después, hemos continuado
financiando un gasto excesivo con la ayuda del crédito privado
externo, que también ha crecido en miles de millones de dólares.
De una parte, la afluencia de capital sirvió para financiar la
construcción privada en las ciudades y generó abundante empleo,
pero no es un empleo permanente porque el mercado de bienes
raíces termina por saturarse y sobreviene después un período
prolongado de inactividad y bajo empleo.
El concepto de empleo permanente debe formar parte de la idea
de desarrollo sostenible. Los empleos permanentes están en las
actividades industriales y de servicios que ofrecen productos de
consumo masivo, porque esa clase de empleo crea simultáneamente
una capacidad de compra que realimenta y mantiene en marcha al
circuito de producción y consumo.
Pero en vez de crear nuevas empresas y complementar el pequeño
mercado nacional con una agresiva acción exportadora, la mayor
parte del capital que no se empleó en construcción sirvió para
importar bienes de consumo, vehículos y bienes intermedios.
Muchos teóricos del desarrollo han defendido la concentración
de la riqueza como una etapa necesaria para generar un mercado de
capitales y acceder a los grandes proyectos de inversión. En
nuestro caso, la concentración ha servido para generar un mercado
de transferencias de propiedad y, en ocasiones, con efectos
negativos sobre la productividad. Esto es más visible en el
campo, pues la crisis agrícola facilitó que inversionistas
urbanos compraran tierras para convertirlas en ganaderías
extensivas: una inversión especulativa que en muchas regiones ha
dado lugar al renacimiento del latifundio ausentista.
Preocupa que el Plan considere este fenómeno de afluencia de
capital y falta de inversión productiva como un simple problema
de escasez de ahorro privado que se resuelve con medidas de
estímulo al ahorrador. Los aumentos de la tasa de interés, aunque
sean para colocar bonos de largo plazo, promoverán en primer
lugar la actitud rentista mientras que el remedio a la situación
en que hemos caído, el único remedio, es la inversión, inversión
privada productiva e inversión pública en infraestructura y en
educación.
Con los Fondos de Pensiones ya se han creado los medios que
podrán financiar la inversión privada en un futuro próximo, pero
hace falta asegurar la existencia de actividades en qué invertir
para que esos recursos no queden en simple colocación financiera
y desemboquen en una burbuja especulativa.
Si la iniciativa privada no encuentra hoy actividades
diferentes de la construcción, hace falta crear las
externalidades que podrían generar nuevas oportunidades. Hay que
aumentar para ello la inversión pública en infraestructura, en
capacitación de la mano de obra y en educación a todos los
niveles, pues la simple educación primaria y aun la secundaria no
permiten acceder a las tecnologías modernas y menos aún crear
nueva tecnología para sostener la competitividad internacional.
Y si el país necesita invertir en infraestructura y en
educación, entonces la inversión pública deberá crecer
necesariamente.
La condición esencial para mantener un balance macroeconómico
aceptable es que no haya un gasto público deficitario que dé
lugar a deuda interna ni externa porque, en tal caso, la
competencia por recursos financieros elevaría la tasa de interés,
atraería más capital externo y reforzaría la actitud rentista.
El problema tampoco se resuelve con emisiones ni con crédito
ilimitado al sector privado. Precisamente durante los últimos
años, las altas tasas de crecimiento de los medios de pago y del
crédito bancario han sido muy superiores a las que son
justificables por el crecimiento real y por la inflación. El
exceso se ha ido a financiar la profundización financiera, es
decir, un cambio en la estructura y en la proporción entre las
transferencias financieras y de propiedades, de una parte, y las
actividades que generan valor agregado, de otra parte. Esta
profundización puede seguir por largo tiempo si se permite que
continúen las altas tasas de interés real que ya tenemos, o si
continúa la compraventa de bienes raíces en busca de una
valorización especulativa.
La solución no es monetaria sino fiscal. Mientras se consiga
financiar el presupuesto con transferencias, es decir, con
impuestos, no importa si el ahorro privado baja mientras crece el
ahorro público. El ahorro no es un elemento mágico que promueva
el crecimiento: con esos términos sólo estamos designando el
origen de los recursos de inversión: si la inversión privada es
escasa, también será bajo el ahorro privado, pues cualquier
intento de ahorrar más desembocará en valorización especulativa
de activos preexistentes y en simples transferencias de un dinero
que, en última instancia, termina financiando un mayor consumo de
bienes importados.
Cuando falta inversión privada y hay exceso de consumo, es
necesario elevar los impuestos para financiar una inversión
pública. Pero la fuente de los impuestos es absolutamente
esencial para que sus efectos sean de estímulo al crecimiento.
El desarrollo sostenible se apoya ante todo en un mercado
interno creciente, pues ningún país de tamaño similar al de
Colombia ha conseguido crecer sólo exportando y manteniendo un
bajo nivel de vida interno. A su vez, el mercado interno depende
de que crezca el número de personas que acceden a un ingreso
estable y creciente, es decir, de que crezcan el empleo y la
remuneración al trabajo. Y la única forma de conciliar ambos
requisitos es reforzar la clase media y propiciar los productos y
los servicios de consumo masivo.
Pero llevamos años haciendo lo contrario: tratando de deprimir
los salarios para mejorar la rentabilidad del capital y
propiciando el consumo elitista y suntuario.
El impuesto al gasto, es decir, el Iva, encarece los productos
y contrae las ventas, con lo cual se opone al desarrollo de las
industrias de consumo masivo. El impuesto a los ingresos del
trabajo deprime igualmente las ventas de esa clase de bienes y
contribuye indirectamente a la concentración de la riqueza.
Buena parte de los problemas que estamos viviendo tienen su
raíz en una concentración de capital que permanece improductivo,
que encarece algunos bienes de producción, como las tierras, y
que termina por gastar sus rentas en importaciones en vez de
crear empleo y nueva riqueza nacional.
La solución no está en cobrar impuestos a los asalariados o al
consumidor en general, sino en restablecer el impuesto presuntivo
al capital y reconocer exenciones a la inversión productiva, es
decir, en crear un impuesto que grave al capital improductivo.
Si ante ese impuesto el sector privado decide invertir para no
tener que pagarlo, habrá crecido automáticamente el ahorro
privado; y si no invierte, al menos crecerá el ahorro público.
De otra parte, un impuesto de esta naturaleza puede mejorar
los ingresos de capital porque la inversión pública en
infraestructura y en capacitación tiene rendimientos inmediatos
para el capital privado: primero, porque amplía el mercado de
bienes y servicios de tipo masivo; segundo, porque crea
externalidades y mejora la rentabilidad de la inversión privada.
EL DETERIORO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA
La política de libertad de mercado intentó eliminar toda clase
de subsidios a la agricultura con el pretexto de que beneficiaban
exclusivamente a los productores más ricos.
Al mismo tiempo, una apresurada e indiscriminada apertura
redujo la protección a la producción agrícola sin considerar que
estaba compitiendo contra productos subsidiados en su país de
origen.
Después de cuatro años, los efectos de estas políticas son
claros: consiguieron reasignar una parte del capital agrícola y
frenar la inflación, pero sacrificaron el empleo y el bienestar
de la población rural de menores ingresos.
El Plan menciona que la población rural en condiciones de
indigencia pasaba de 26.7 por ciento a 31.2 por ciento en sólo
dos años, de 1991 a 1992, al tiempo que el sector rural perdía
230 mil puestos de trabajo entre 1991 y 1993.
Pero la situación es mucho más grave de lo que sugieren estas
cifras porque son pocos los empleos rurales permanentes; en la
práctica, el empleo es complementario de otras actividades que
el trabajador o su familia adelantan en la parcela propia y, en
este caso, no sólo perdió el empleo de tiempo parcial sino que
vio un deterioro del ingreso monetario que antes le deparaba su
parcela.
El problema de las zonas campesinas no se limita a un
endeudamiento con la Caja Agraria, que las medidas recientes de
condonación de intereses podría resolver en gran parte. El
problema de fondo es que los productos que antes enviaban al
mercado han bajado de precio, que los cultivos sustitutos son
limitados y que, ante la ausencia de alternativas reales, han
tenido que regresar a una producción para el autoconsumo y a un
aislamiento del resto de la economía.
Las importaciones que sirvieron para reducir la inflación en
años anteriores, y especialmente en 1992, incluyeron varios
productos de la economía campesina. Entre ellos, el más
importante, sin lugar a dudas, es el maíz.
En 1990, la cosecha de maíz tradicional alcanzó el máximo
histórico de 960 mil toneladas anuales. En 1994, las
importaciones de maíz sobrepasan las 800 mil toneladas.
En un principio, las importaciones se atribuyeron a un rápido
crecimiento de la avicultura que exigía producir más alimentos
concentrados. Pero el crecimiento de la demanda avícola se
presentó en 1992 mientras que las importaciones continuaron
creciendo hasta hoy.
El área sembrada en otros cereales, como la cebada, el arroz y
el sorgo, bajó en 1991 y 1992, pero desde entonces se ha
mantenido e incluso ha mostrado signos de recuperación. Incluso
el trigo, otro producto campesino, ha podido recuperar buena
parte del nivel previo a la apertura.
En las estadísticas de producción de maíz tenemos dos
versiones bien diferentes. Unas cifras del Ministerio de
Agricultura que hacen crecer la producción nacional desde 1992,
al mismo tiempo que crecen las importaciones, y otras de la Bolsa
Agropecuaria que registran un descenso del área tradicional desde
la misma época. Seguramente las investigaciones del Ministerio
tienen una mayor cobertura geográfica, pero sólo las de la Bolsa
son coherentes con lo que se observa en materia de precios y de
importaciones.
En realidad, los cultivos campesinos tradicionales han perdido
terreno en conjunto y no han aparecido sustitutos. La situación
cafetera agravó el panorama, pues los cultivos pequeños están
entre los más afectados por la broca y muchos han sido
abandonados.
El problema no es sólo de acceso al crédito para producción,
ni se resolverá con crédito y subsidios para comprar tierras: el
problema es de mercados para la producción campesina.
Sin protección adecuada, el pequeño productor es el más débil
y el que más sufre. El capital puede intentar un reajuste
drástico y buscar nuevas actividades, pero los principales
recursos de los campesinos, su mano de obra y su conocimiento
tradicional, no tienen movilidad alguna: para ellos sólo cabe
encerrarse en el autoconsumo y emigrar después a las ciudades. En
algunas zonas, la única salida que les queda es buscar empleo en
los cultivos ilícitos.
Así, si queremos mejorar la situación social y económica del
pequeño productor, debemos empezar por garantizar unos precios
razonables para los productos tradicionales y evitar que se
importen. Al mismo tiempo, debemos asegurar que haya alternativas
rentables y técnicamente viables para el campesino antes de
exigirle cambios o aumentos de productividad que no están a su
alcance.
Lo anterior es también un requisito para que haya una
sustitución efectiva de cultivos ilícitos y en esos términos
deberían negociarse los acuerdos comerciales con otros países.
Hasta que el crecimiento de la economía urbana permita absorber
la mano de obra sobrante en las zonas campesinas, hay que
garantizarles un ingreso decente y un nivel de vida tolerable,
así sea con protecciones arancelarias, con cuotas o con subsidios
directos.
EL REAJUSTE DE LA AGRICULTURA MODERNA
El descenso de la producción de cultivos semestrales durante
los primeros años de la apertura se atribuyó a un descenso de los
precios externos y, especialmente en 1992, al clima adverso. En
realidad, hay que empezar por explicar el descenso del área
sembrada, en lo cual nada tiene que ver el clima posterior sino
las expectativas de los agricultores.
El desmonte de los precios de sustentación, seguido por el
desmonte de las protecciones cuantitativas y acompañado de una
reducción en los aranceles modificaron substancialmente el
panorama del agricultor: la incertidumbre aumentó drásticamente y
el precio esperado disminuyó.
En algunos casos, la decisión de reducir el área permitió
mejorar los precios y encontrar un nuevo nivel de equilibrio
entre una oferta disminuida y una demanda en expansión; es el
caso de los cultivos que, después de reducir su oferta
considerablemente en los dos primeros años, consiguieron
estabilizar las áreas y aun recuperar una parte del área perdida.
En otros casos, las importaciones o la falta de apoyo ante una
situación transitoria del mercado confirmaron las expectativas
pesimistas y prolongaron el descenso de la oferta hasta hoy. El
algodón y el café figuran entre las víctimas de esa política de
libertad de mercado.
El precio externo del algodón venía bajando en 1991 por un
exceso mundial de oferta; la situación se complicó luego por la
reconversión de las economías socialistas y por el aumento de
producción en China, y los precios aún no recuperan un nivel
satisfactorio. En ciclos anteriores, Colombia había mantenido la
mayor parte de su producción apoyándose en la industria nacional
y con ayuda de subsidios directos a las exportaciones, conducta
similar a la de otros países que, como Estados Unidos, sostienen
a sus productores mientras los bajos precios mundiales eliminan
la competencia de los países pobres.
En esta ocasión se prefirió importar algodón barato para que
la industria textil pudiera competir en el exterior y dejar a los
algodoneros en manos del mercado. Pero la estrategia fracasó: la
industria textil está en dificultades y la producción nacional de
algodón continúa bajando. Aunque el algodón se sembraba en muchas
partes del país, el efecto de la crisis fue mayor en el
Departamento del Cesar donde el clima y otras circunstancias
habían conducido a la especialización en dicho cultivo. Una parte
de las tierras algodoneras se convirtió en ganadería, muy pocas
siguieron en algodón o encontraron cultivos alternos y buena
parte quedó abandonada. Cayó el empleo en esta región y ganó
terreno la desertificación de la tierra.
En el caso del café, la euforia inicial por el fracaso del
Pacto Mundial en 1990 y por el libre mercado duró poco tiempo,
pues la sobreoferta mundial arrastró el precio del café
colombiano sin que la calidad sirviera para diferenciarlo de los
demás. Los recursos del Fondo Nacional permitieron amortiguar el
descenso de los precios por dos años, pero después no se contó
con el apoyo del Estado para continuar una política de
sustentación del precio interno. En 1993 comenzaron el abandono
de los cafetales y la difusión de la broca; la cosecha cafetera
empezó a bajar y continúa bajando todavía, a pesar de que un
tardío acuerdo de productores y una providencial helada en el
Brasil recuperaron el precio externo y permitieron elevar el
interno.
En ambos casos, el descenso de los precios externos tuvo
consecuencias drásticas para la producción y el empleo internos,
así como para las posibilidades futuras de exportación, porque
hubo un desmonte de los mecanismos de apoyo al productor.
En otros cultivos, el mecanismo de franjas para fijar derechos
de importación permitió amortiguar el descenso de los precios
externos, porque el precio de referencia en estos casos es el
promedio de los 5 años anteriores. Pero los compromisos ante el
Gatt obligan a eliminar este mecanismo en un plazo relativamente
breve.
Si se desea la recuperación de la agricultura y del empleo
rural hay que anunciar una política de largo plazo en materia de
precios. Los convenios de absorción constituyen una salida
transitoria, mientras que los fondos de estabilización, por sí
solos, pueden ser insuficientes. La dificultad radica en que,
para estabilizar un área y un nivel de empleo, hay que escoger un
precio de referencia que cubra los costos de quienes siembran en
esa área, mientras que para mantener una referencia de precios
externos hay que relacionar el precio interno con el externo. Una
vía intermedia podría definir precios iniciales con base en
costos y modificarlos después promediando la evolución de los
costos internos y la tendencia de los precios externos (tendencia
medida como promedio de cinco años anteriores).
Debe tenerse en cuenta que la diversidad de suelos, climas y
distancias de transporte impiden que haya un costo único de
producción. Así, dentro de ciertos límites, para cada precio
existe un área que podría sembrarse y, cuando se escoge un nivel
inicial de precio, se está escogiendo un área determinada y su
correspondiente nivel de empleo rural. Podemos adoptar como meta
que determinado precio interno se acomode a un precio externo de
referencia, pero hay que hacerlo en forma gradual si se quiere
amortiguar el impacto que esto tiene sobre la oferta y sobre el
empleo.
LOS TRAUMAS DE LA RECUPERACIÓN
Entre 1991 y 1993, el sector agropecuario se adaptó a las
nuevas reglas del juego neoliberal.
Algunos agricultores buscaron la solución de sus problemas en
la sustitución de cultivos. En unos casos, como ocurrió con la
caña para azúcar y para panela, hubo una sustitución propiamente
dicha porque se utilizó la misma tierra y posiblemente la misma
mano de obra.
En otros casos la sustitución consistió en ampliar las áreas
de algunos cultivos permanentes en lugares diferentes a la región
donde decaían los cultivos transitorios. La mano de obra quedó
entonces desempleada en unas regiones, aunque hubiese oferta de
nuevos empleos en otras regiones.
Pero, en conjunto, quedaron recursos ociosos, tanto de mano de
obra como de tierra y de equipos. El parque de maquinaria fue
quedando obsoleto y esto plantea hoy una de las mayores
dificultades para elevar la productividad en el futuro próximo.
En cuanto a la tierra, una parte apreciable fue sembrada en
pastos para ganado, con un grave deterioro de la oferta de
empleos en el campo. En algunos casos, los mismos agricultores
intentaron la conversión a la ganadería y es de esperar que
manejen sus fincas con los mismos criterios de eficiencia que
aplicaban en sus cultivos.
En otros casos, en cambio, las fincas fueron compradas por
inversionistas urbanos, más interesados en las perspectivas de
valorización de la tierra que en sus posibilidades de generar un
ingreso líquido periódico. Y, simultáneamente, la violencia y la
inseguridad rurales fueron expulsando a ganaderos de tradición
que también vendieron sus tierras a esta clase de inversionista.
La consecuencia ha sido doblemente regresiva: un retorno de la
agricultura a la ganadería, que disminuye la oferta de empleo
rural, acompañado de una reducción, posiblemente transitoria, de
la productividad media ganadera.
El reajuste agrícola ante la política de apertura no ha sido
favorable y tampoco podemos pensar que la recuperación sea
sencilla. La nueva ganadería extensiva ha concentrado parte de la
tierra agrícola en manos de una nueva clase de latifundistas
ausentistas; las áreas sembradas en pastos representan una
inversión de mediano plazo que no puede volver rápidamente a
cultivos sin incurrir en pérdidas, y la maquinaria abandonada u
obsoleta limita cualquier intento de recuperar la antigua
frontera agrícola.
Por último, los nuevos precios relativos determinaron ajustes
en las cadenas alimentarias y cualquier intento de recuperar
algunos cultivos claves, como el maíz, tendrá ahora consecuencias
negativas para otras actividades del sector, como la avicultura.
Las importaciones de cereales y de oleaginosas abarataron los
alimentos concentrados desde finales de 1990 y, gracias a la
evolución de algunos precios externos, nuevamente en 1993. Esto
mejoró el margen sobre costos de la avicultura, especialmente en
pollo, y determinó un período de rápida expansión de la oferta
apoyada en una tendencia a la baja de los precios reales. En
1994, la sobreoferta de pollo y de huevo han eliminado el margen
de ganancia adicional que deparó la apertura, y la industria
avícola está apenas estabilizada. En estas condiciones, un
aumento en los precios del maíz o de otro insumo puede disparar
el precio de los concentrados y determinar una crisis avícola por
aumento de los costos.
La situación en otras cadenas alimentarias no es tan crítica,
o no afecta a un pequeño productor que carece de alternativas,
pero, en general, la política de precios y protecciones tendrá
que buscar un nuevo balance a partir de la situación actual: no
es posible un regreso simplista a un pasado ya remoto, ni es
sostenible continuar con un pasado reciente que empobrece a la
población más pobre en aras de un exiguo abaratamiento para el
consumidor urbano.
APERTURA DE NUEVOS MERCADOS
En general, la producción nacional depende ahora más del
mercado interno que antes de la apertura y en el sector rural
sucede algo parecido. Algunos productos de exportación, como el
algodón, desaparecieron casi por completo. Otros, como el café
hasta finales de 1993, crecieron en volumen pero sin conseguir un
aumento en valor. Productos netamente exportables, como el
banano, han tropezado con dificultades en los mercados externos,
a veces por políticas de protección de los países consumidores
frente a sus excolonias y otras veces como consecuencia de una
retaliación comercial indirecta.
En general, las exportaciones del sector han sufrido por una
prolongada recesión mundial; porque disminuyeron los subsidios,
como el Cert, y porque la moneda se ha revaluado drásticamente
frente a los costos internos de producción.
En cuanto a la innovación en materia de productos, como las
frutas y otros cultivos tropicales, la experiencia ha sido
negativa. Después de varios intentos, entre los cuales destaca lo
sucedido con el maracuyá, es claro que los productos en que
tenemos ventajas naturales son desconocidos en los países de
clima templado y hay que empezar por crearles un mercado.
Mientras tanto, se corre el riesgo de que muy pocas hectáreas
cultivadas sean suficientes para provocar una crisis de
sobreproducción.
Hay que seguir buscando alternativas entre los cultivos que sí
tienen mercado porque también se producen en otros climas, pero
con una oferta estacional que nos da una clara ventaja. Así como
se desarrolló el cultivo de flores, podría conseguirse algo
parecido con hortalizas y otros productos frescos cuyo alto
precio compense los costos de producción y de transporte.
De otra parte, los resultados de la apertura muestran que aún
hay campo para la tradicional estrategia de sustitución de
importaciones; en este caso, para sustituir las de cítricos que
empezamos a importar en cantidades apreciables de Estados Unidos.
El plan de El Salto Social hace énfasis en profundizar
los acuerdos comerciales con los países vecinos, en negociar
aranceles comunes que amplíen el mercado interno, y en explorar
las posibilidades de integración con el Nafta. Propone adelantar
estas acciones con la participación del sector privado a fin de
tomar en cuenta las condiciones reales de producción y los
riesgos de un comercio sin trabas.
Estas estrategias son correctas pero no sobra insistir en la
importancia de las barreras sanitarias, forma indirecta de
proteccionismo de los países industrializados. Para enfrentar
este obstáculo es necesario consolidar las funciones de
vigilancia fitosanitaria y epidemiológica del Ica, tanto en las
fronteras como en el interior del país. Además, hace falta
adelantar campañas de erradicación, en especial de la aftosa,
principal obstáculo para acceder al mercado de carnes sin
subsidios que sólo opera entre los países no aftosos de Norte y
Centro América, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de
Asia. En los mercados aftosos, dominados por las exportaciones
subsidiadas de la Unión Europea, no hay posibilidad de competir.
MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA Y RURAL
La modernización del campo no es sólo un problema de
innovación tecnológica, de dotación de infraestructura y de
provisión de servicios de bienestar para las áreas estrictamente
rurales. En realidad, es un problema de transformación social y
regional que termine el largo proceso de tránsito de la sociedad
rural del siglo diecinueve a la sociedad esencialmente urbana del
siglo veintiuno.
Para apoyar esa transformación, hay que abandonar la dicotomía
campo-ciudad y buscar un desarrollo regional donde el empleo en
los pueblos complemente las oportunidades de ocupación
estrictamente rural. Hay que buscar la manera de descentralizar
actividades de industria y de servicios para generar ese empleo y
para consolidar centros intermedios entre las capitales de
departamento y las cabeceras municipales. Podríamos seguir el
ejemplo de China y buscar manufacturas muy intensivas en mano de
obra para colocarlas en el mercado mundial.
De otra parte, debemos recordar que la infraestructura vial no
se limita a conectar lugares entre sí; también constituye un
medio para promover el desarrollo regional e integrar las
regiones alrededor de centros de servicios. Sería deseable
promover planes de desarrollo de comarcas o grupos de municipios
que permitan unir fuerzas y presupuestos, ahora dispersos, en
proyectos de beneficio común. La misma política de tierras y de
reforma agraria debería ayudar a formar núcleos de población o
concentrar sus esfuerzos en las zonas próximas a los pueblos que
ya existen. La dispersión de la población rural es un obstáculo
para el desarrollo, ya que dificulta la creación espontánea de
microempresas y del comercio, lo mismo que la dotación de los
servicios públicos de seguridad social, sanidad y educación.
El Salto Social propone una visión del desarrollo que
trasciende las simples variables economicistas del crecimiento
del Producto Interno Bruto y de la acumulación de capital. En él
se combina la economía con los objetivos de equidad social, con
los de sostenibilidad y conservación del medio ambiente y con un
rediseño de las instituciones para dar cumplimiento a la
Constitución de 1991.
Añadamos la búsqueda de un paisaje agrario que sea compatible
con el bienestar de los habitantes del campo.