En sus políticas para el agro, el actual gobierno asigna un
rol tradicional a los campesinos pues sus posibilidades de
desarrollo quedan dependiendo del crecimiento y la competitividad
del sector y de un programa social de carácter asistencial.
La política para los campesinos --planteada en dos documentos
Conpes de 1994--(1) se orienta, de hecho, a permitirles el
acceso a los recursos, a modernizar algunos cultivos
tradicionales y a emprender acciones inmediatas que inciden en la
vivienda, el empleo, la modernización productiva, el crédito y la
repartición de tierras. El primer documento reconoce su
continuidad con las medidas de política adoptadas en la última
etapa de la administración Gaviria que se habían propuesto en
1993,(2) y lo revisaremos brevemente para identificar sus
propósitos.
Este ejercicio de combinar documentos y planes es necesario
para tener un panorama general y concreto de la política. Cabe
señalar que en las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo
1994-1998 se hace una presentación resumida de los documentos
Conpes, siendo otra razón que obliga al ejercicio referido.
Esta ponencia analiza la perspectiva del gobierno acerca del
desarrollo campesino y comenta las posibilidades reales de su
propuesta para superar sus problemas estructurales. La primera
sección describe las políticas del gobierno, la segunda analiza
los objetivos y alcances de dichas políticas y la tercera expone
un enfoque del desarrollo rural en su sentido más amplio.
LA LÍNEA QUE DEMARCA LA POLÍTICA PARA LOS CAMPESINOS
La actual política agropecuaria tiene su origen en la
respuesta que se dio a la crisis que padeció el sector entre 1991
y 1993. Esa situación fue afrontada por José A. Ocampo, entonces
Ministro de Agricultura, quien propuso un cambio hacia una
política sectorial activa compatible con la apertura y con los
necesarios ajustes del nuevo modelo, en un contexto de mercados
internacionales de productos agropecuarios protegidos [Ocampo
1994].
La política activa empezó por reconocer la necesidad de
acciones sectoriales y puso en marcha un plan de reactivación del
sector, que fue complementado por la política para el desarrollo
rural campesino y una propuesta de fondo: la Ley General de
Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
El objetivo inmediato del plan de reactivación era restituir
la rentabilidad y la confianza de los productores y, a mediano
plazo, aumentar la competitividad y garantizar el crecimiento
sostenido del sector [Minagricultura 1993]. La política de
desarrollo rural campesino se proponía mejorar la eficiencia de
las labores agropecuarias y promover actividades extraprediales
para mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población
rural [Minagricultura-DNP 1993]. Y el resumen de intenciones de
la Ley Agraria buscaba cumplir con el mandato constitucional de
proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y
promover el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de los
productores rurales, mediante la adecuación del sector a la
internacionalización de la economía con apoyos dirigidos para su
modernización basados en la equidad, la reciprocidad y la
conveniencia nacional [Minagricultura sf].
Una vez se recupera el sector de la crisis coyuntural y se
propone la política de largo plazo, la administración Samper da
énfasis al programa de modernización agropecuaria y a la política
de modernización rural y desarrollo empresarial campesino. Sus
objetivos son consolidar la reactivación, elevar la
competitividad del sector para adecuarlo a la política de
internacionalización, promover el desarrollo sostenible y
sostenido, la equidad, la democracia participativa y la
descentralización, y mejorar las condiciones de vida rurales, en
un marco de concertación con los gremios y las organizaciones
campesinas.
Los planes que marcan la "línea que va de Antonio a Antonio"
presentan en forma distinta la misma estrategia, sin expresar con
claridad su lectura o enfoque teórico de la cuestión rural:
apenas exponen medidas y diagnósticos someros. Estos planes
tienen tantos enunciados y propósitos de política que la mera
idea de chequear el cumplimiento de sus objetivos es abrumadora.
Pero es claro que se inscriben dentro del actual paradigma de la
democratización, que pone énfasis en la institucionalidad, el
crecimiento, la modernización, la sostenibilidad y la atención a
la pobreza. Así pues, estos comentarios sobre la consistencia de
los planes se refieren a la idea implícita de que el crecimiento,
la competitividad y la política social son suficientes para
promover el desarrollo rural campesino.
Las orientaciones y las estrategias que, para el sector en
general y para el campesino en particular, se formulan
explícitamente en los planes pueden sintetizarse así:
a. Los problemas críticos del sector agropecuario se
relacionan con la rentabilidad de los cultivos, la tecnología, la
adecuación de tierras, el mercadeo, el comercio exterior y el
crédito.
b. Las medidas para reactivar y consolidar el sector se
complementan con las propuestas de ley de reforma agraria y de
reestructuración de las entidades públicas.
c. Los lineamientos de política se basan en una estrategia de
corto plazo tendiente a garantizar la absorción de cosechas,
crear condiciones de competencia y fortalecer presupuestalmente
los planes, y una de largo plazo tendiente a modernizar el
sector, enfrentarlo a la competencia internacional y defenderlo
de las distorsiones de los mercados mundiales. Curiosamente, los
lineamientos para el desarrollo rural campesino se basan en las
estrategias de focalización y descentralización.
d. El diagnóstico sobre el desarrollo campesino se centra en
sus problemas estructurales y coyunturales, y en el desarrollo
institucional y sus deficiencias. Considera que sus problemas
estructurales son la baja calidad y la insuficiencia de recursos
productivos como la tecnología, el crédito, las fuentes hídricas,
la infraestructura física y la tierra, así como la precaria
organización y capacidad social, la escasa y precaria cobertura
de los servicios sociales, la escasa participación de las
comunidades, el acelerado deterioro del medio ambiente y la
ausencia de un análisis de género. El desarrollo institucional
gira en torno de la creciente responsabilidad de los municipios,
la coordinación regional y nacional y el reconocimiento de sus
deficiencias a todos los niveles.
e. Finalmente, el último Conpes centra la estrategia en el
acceso a los recursos productivos y a los servicios sociales, en
el desarrollo institucional y en seis programas especiales.
Los criterios específicos para impulsar las estrategias de
focalización y descentralización son: competitividad productiva,
participación comunitaria, planificación con perspectiva de
género y sostenibilidad del desarrollo, que se instrumentalizarán
políticamente a nivel municipal, departamental y nacional.
La última versión de la política reorganiza la información,
pone más énfasis en las zonas de reserva campesina
anunciadas por la Ley Agraria, enuncia la intención de reconocer
la heterogeneidad cultural e introduce los distritos de
desarrollo agroindustrial.
Esta revisión de planes, líneas, estrategias y medidas muestra
que las posibilidades de desarrollo rural dependen del
crecimiento agropecuario, puesto que buscan que éste jalone,
junto con algunos complementos sociales, la economía y el
bienestar campesinos, restaurando las actividades que se habían
estancado con la crisis. Sin embargo, vale la pena preguntar si
el desarrollo agropecuario es desarrollo rural.
PERSPECTIVA DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO RURAL
CAMPESINO
Sería difícil no estar de acuerdo con los elementos de
diagnóstico de la situación del sector. Pero debe decirse que son
incompletos y que algunos no ocupan el lugar que se les confiere.
Ricardo Vargas [1994], asesor del anterior Ministro de
Agricultura, hizo recientemente esta pregunta: ¿por qué si están
la política, la plata, las instituciones, los instrumentos, la
cosa no funciona? Y se respondió a sí mismo: porque los cambios
no se están dando a la velocidad adecuada, porque las
instituciones son manejadas por personas incapaces y corruptas,
porque no hay pedagogía institucional y por deficiencias de las
instituciones. Si se aceptan estas razones, debería aceptarse
también que se escogieron unas instituciones no adecuadas para
promover el desarrollo rural o que los énfasis se han puesto en
el lugar erróneo.
Creo que la pregunta, las respuestas y la conclusión que se
deriva son válidas. Pero pienso que la dificultad obedece a lo
incompleto del diagnóstico, a los supuestos implícitos y a la
insuficiencia de las estrategias. El diagnóstico del sector y las
estrategias que se proponen, particularmente para los campesinos,
omiten los hechos siguientes: los conflictos sociales y políticos
y el papel del narcotráfico en el campo, la diferenciación
interna del campesinado y las modificaciones de la política macro
en una situación de abundancia de divisas. El diagnóstico se
mueve en un escenario de insuficiencias económicas internas que
restringen las posibilidades frente al exterior y de
insuficiencias institucionales que limitan la política social.
El único problema de esta omisión es que se aleja de la
realidad y propone un futuro sin contradicciones cuando se logre
uniformar los mercados, las productividades, la oferta de
recursos, propósitos que el diagnóstico no puede fundamentar.
¿Cómo convencer a los campesinos, por ejemplo, de que existen
instituciones legítimas, aunque personas inadecuadas, como afirma
Vargas, cuando viven una realidad brutal donde se transgreden
diariamente todos aquellos aspectos sociales y políticos que
conforman una verdadera institucionalidad? Este interrogante no
niega la necesidad de las instituciones, todo lo contrario, pone
de presente que el diagnóstico y las estrategias dan por sentado
que lo que no opera está operando.
Los conflictos sociales y políticos son de tal magnitud que la
incertidumbre y el miedo son formas habituales de comportamiento
con gran incidencia en las relaciones sociales y en las
decisiones de inversión del campo colombiano. Estas pautas de
comportamiento parecen ser ya estructurales. Sin embargo, no son
reconocidas en el diseño de la política rural.
La presencia del narcotráfico ha producido cambios muy fuertes
en la tenencia de la tierra, en la dotación de recursos, en las
estructuras de producción, en las reglas de juego sociales y
también en las políticas generales.
La política macroeconómica genera escenarios diferentes según
se manejen la tasa de cambio, las políticas fiscal y monetaria,
que tocan las decisiones de inversión pública y privada, la
amplitud del gasto, la rentabilidad de los productos, sus
posibilidades en el mercado externo y la magnitud de los ingresos
[Lora y Herrera 1993].
Además de las graves omisiones ya mencionadas, la política de
crecimiento y competitividad para el sector agropecuario supone
implícitamente que: a. Este sector tiene un rol definido en el
marco de la economía y la sociedad nacionales; b. Los sectores
campesinos tienen también un papel específico y una capacidad de
respuesta homogénea a las políticas planteadas; de hecho, se
supone que los campesinos son un grupo homogéneo; c. La crisis
del sector fue esencialmente económica y debe superarse
principalmente con medidas del mismo tipo; d. Los factores
extraeconómicos son mínimos y los problemas estructurales son de
orden técnico; e. La agricultura comercial jalona el desarrollo
rural y resuelve la cuestión campesina; f. La focalización y el
arreglo institucional son eficientes para erradicar la pobreza.
Estos supuestos no se corresponden con la trayectoria
económica y social del sector en las últimas décadas, donde se
han mezclado orientaciones diversas y contradictorias y abruptos
cambio de política que han llevado a la ambigüedad con respecto a
su estructura productiva, a su organización social y a su papel
en la economía del país.
En los sesenta se impulsaron políticas de reforma agraria para
que el sector se adecuara a la estructura social y productiva
nacional, reforzando el papel de los campesinos y de los grandes
agricultores; en los setenta vinieron la contrarreforma agraria y
la expulsión de campesinos, y su papel se redujo al de meros
productores de alimentos; en los ochenta hubo un intento de
inserción en el mercado internacional, que debió ser corregido
por la crisis de 1981-1982, con una política de fuerte
protección, la oferta selectiva. En los noventa ha habido ya dos
saltos abruptos: la apertura y la reactivación.
Esta indefinición hace que el sector sea vulnerable frente a
políticas como las de apertura, y necesitado de protección, de
subsidios rentísticos y de asistencia social. Sobre estas
consideraciones, el supuesto de un rol definido, derivado de la
política de Samper, es insostenible y la estrategia fundamentada
en el crecimiento y la competitividad, insuficiente.
El segundo supuesto es también insostenible pues los
campesinos están aprisionados entre la resistencia y la
subsistencia. Además, poseen especificidades culturales,
políticas y sociales y difieren en su capacidad para responder a
las medidas de política.
Estos comentarios muestran que además de los factores
económicos, hay otros elementos que contribuyen a explicar la
crisis del sector. Por tanto, aunque las medidas económicas que
tienden a sostener el crecimiento, incrementar la competitividad
y movilizar los factores son útiles, a lo sumo sólo podrán
restablecer los niveles productivos previos a la crisis,
modernizar algunos procesos de la agricultura comercial, y
capitalizar a los grandes inversionistas, pero no transformarán
el sector, en el sentido de reducir los desequilibrios entre sus
actores.
Para tomar sólo un ejemplo, del paquete de medidas
reglamentadas de la Ley Agraria pocas son controlables por los
campesinos. ¿Cuál es su capacidad de dominio de proyectos para
aprovechar los incentivos a la capitalización, la reducción de
impuestos, las líneas de crédito, el manejo de fondos de
estabilización de precios, de proyectos de riego? ¿Cuál es su
capacidad empresarial para gestionar y sostener proyectos ante el
Fondo Emprender?
Esto no quiere decir que no haya organizaciones campesinas con
capacidad para asumir algunos de estos retos pero, ¿cuán
representativas son después de ser reducidas por la violencia?
¿cuál es la posición del Ministerio sobre los factores
extraeconómicos? Se podrá decir que el gobierno tiene una
estrategia global de paz, controlada fuera del ámbito del sector,
pero al menos ¿no se requeriría considerar el conflicto político
y social en el diagnóstico?
Tan sólo en el período Gaviria se presentaron 27 paros cívicos
con participación campesina, 6 paros agrarios, 83 movilizaciones,
45 tomas de entidades y 23 éxodos, en protestas dirigidas en su
orden contra los gobiernos nacional, departamental, municipal, el
Incora, la Caja Agraria y las fuerzas armadas [Prada 1994]. Entre
1988 y 1993 fueron desplazados 615 mil campesinos por las
violencias [Conferencia Episcopal 1994], y entre diciembre de
1991 y junio de 1994 fueron asesinados 312 campesinos.
Aun con este contexto, el programa de modernización considera
que el desarrollo de la agricultura comercial jalona y resuelve
la cuestión campesina, en el sentido que la primera abre
espacios, fuerza la modernización de procesos, crea empleos y
demanda para productos y destruye las actividades no
competitivas. Quizá es ésta la razón del énfasis en la generación
de ingresos extraprediales y microempresas para los campesinos,
en el otorgamiento de subsidios, programas de solidaridad y
focalización, como suplementos a la acción del capital.
Las estadísticas dicen que el 34 por ciento del empleo rural
se genera en actividades diferentes a las agropecuarias y que el
46 por ciento del ingreso de los hogares del campo proviene de
trabajo asalariado. Estos ingresos muestran su propia
contradicción, pues a la vez que sostienen la sobrevivencia, la
recrean, sin mayores posibilidades de modificar la situación
estructural. ¿Cuál es entonces la lógica de generar ingresos
extraprediales en un programa de desarrollo rural? ¿Ser un sostén
de la pobreza?
La política social focalizada para los campesinos ayuda a
mantener este sostén, sin resolverlo. Tres ejemplos:
1. Se estima que en el campo hay dos millones y medio de
hogares, de los cuales el 32.4 por ciento (810 mil) está en la
miseria y el 29.5 por ciento (737.500) en la pobreza [Ocampo
1994, 54]. El Plan propone la asistencia en vivienda a 70 mil
familias, caso en el cual sólo se llegaría al 9.4 por ciento de
los hogares en miseria o al 4.5 por ciento de la suma de los
pobres y en miseria. Algo es algo, se dirá.
2. Se propone apoyar a 10 mil familias con fondos de tres
millones de pesos para actividades no agropecuarias tipo
microempresas. Las evaluaciones sobre de los últimos años
muestran que sólo el 30 por ciento logra desarrollar capacidad de
acumulación y el 70 por ciento apenas sobrevive [Parra 1989]. ¿Se
esperan modificaciones positivas de estos resultados históricos
en las microempresas rurales?
Hacia 1993 había 276.081 desocupados en el campo [Ocampo 1994,
54]. Si suponemos un promedio de dos empleados por microempresa,
aun sin cuestionar sus resultados, la estrategia sólo
contribuiría a aliviar el 7.2 por ciento del desempleo. El
porcentaje es más crítico si se compara con las familias sin
tierra.
3. Se piensa transformar la estructura de propiedad de la
tierra distribuyendo un millón de hectáreas entre 70 mil
familias. Pero, según el Incora, a comienzos de los noventa había
unas 400 mil familias campesinas sin tierra y más de medio millón
tenían un área insuficiente. No hay ninguna razón para suponer
que esta situación se ha modificado positivamente y quizá se ha
agravado. Sea como sea, esta distribución sólo afectaría al 17.5
por ciento de las primeros y al 7.7 por ciento del total. Pero
las cifras se vuelven inciertas porque las Memorias de 1992-1993,
mencionan, citando también al Incora, 165 mil familias sin tierra
y 440 mil con tierras insuficientes [Ocampo 1994, 71].
No obstante, lo cierto es que hacia 1989, según datos más
recientes, los propietarios de menos de 5 hectáreas --2.004.200,
equivalentes al 66.2 por ciento del total-- sólo poseían el 5.2
por ciento de la tierra (2.393.300 ha), mientras que los
propietarios de más de 500 --11.200, apenas el 0.4 por ciento--
poseían el 35.3 por ciento (16.269.400 ha). Para los pequeños
propietarios, el tamaño promedio se redujo de 1.29 ha a 1.19 ha
entre 1960 y 1989, mientras que para los grandes pasó de 948 ha a
1.452.6 ha [Cinep 1993]. El proyecto de entregar 14.2 ha a 70 mil
familias es, entonces, insuficiente.
Finalmente, es importante ampliar la discusión sobre el concepto
de sostenibilidad en que fundamenta la política del gobierno.
Debería empezarse por reconocer que hay una gran distancia entre
desarrollo sostenible y agricultura sostenible. Los documentos
hacen algunas referencias de oficio sobre el primero y dejan de
lado la segunda.
En suma, las perspectivas para los campesinos en el marco de
políticas de la actual administración no son muy halagüeñas. La
estrategia de desarrollo rural se restringe al crecimiento y la
competitividad de los productos que pueden adecuarse a las
políticas de internacionalización, que no son exactamente los que
producen los campesinos. La política de modernización y
desarrollo empresarial campesino anuncia un programa especial
dirigido a los "cultivos de interés estratégico nacional" sin
decir cuáles son o cómo benefician a los campesinos.
De modo que los campesinos quedan simplemente invitados a
producir más de lo mismo, a extender sus frágiles fuentes de
ingresos prediales y extraprediales, a sostenerse con la
esperanza de que ahora sí funcionen los mecanismos tradicionales
--como los subsidios, pues la focalización es una forma limitada
de subsidio-- y las débiles instituciones. El crecimiento y la
competitividad no son suficientes para lograr el desarrollo.
OPCIONES DE DESARROLLO RURAL CAMPESINO
El desarrollo rural está de moda en el ámbito agropecuario. La
mayoría de las propuestas parece estar de acuerdo en la necesidad
de discutir y combinar los siguientes elementos:
a. El papel que deben jugar las instituciones, los mecanismos
de mercado y las organizaciones, de lo cual se derivan el énfasis
en la participación, la descentralización y la gobernabilidad.
b. La promoción de servicios financieros, programas de empleo
e ingresos extraprediales y obras de infraestructura.
c. El impulso a las estrategias de crecimiento y
competitividad, enfatizando la modernización de los mercados, la
investigación en tecnologías, la adecuación de tierras, los
sistemas de crédito y las políticas comerciales agresivas.
No obstante, hay quienes no aceptan que estos elementos de
acuerdo sean suficientes para un verdadero desarrollo rural y
proponen, además:
a. Convertir las ventajas de que gozan los campesinos en
dinámicas y competitivas, vigilando y compensando las
características oligopólicas de los mercados, organizando con
ayuda del Estado los circuitos y las condiciones competitivas de
los mercados agroalimentarios.
b. Optar claramente por eliminar las distorsiones de precios y
subsidios que fomentan la adopción de maquinaria y explotación
ganadera para generar mayores ingresos con mano de obra, tierra y
agua; hacer inversión social productiva y no como programa de
beneficencia; promover tecnologías de bajo uso de capital y
reorientar los recursos del sector campesino [De Janvry 1991].
c. Definir posiciones claras sobre la agricultura sostenible
como opción para generar nuevos recursos y reorganizar la
estructura social y productiva.
d. Centrar la responsabilidad de la dinamización del
desarrollo rural en el Gobierno central, asignando un papel
complementario a los gobiernos locales.
e. Replantear el mecanismo de cofinanciación, donde el Estado
es sólo un facilitador del desarrollo rural y no un promotor.
f. Evitar la ampliación de la frontera agrícola a través de la
colonización.
Además de estas recomendaciones prácticas, para lograr un
verdadero desarrollo rural sería benéfico reconocer y asumir
explícitamente la profunda diferenciación interna entre los
campesinos, diseñando políticas diferenciales y específicas, pues
aunque los planes no reconocen esta diferenciación, proponen
medidas e instrumentos para afrontarla. Por ejemplo, los
programas de ingresos extraprediales, de microempresas, de
focalización y asistencia social no son más que medidas
diferenciales que, al no identificar las causas de
diferenciación, les permiten seguir actuando y agravando los
problemas.
Reconocer la diferenciación es un primer paso para repensar el
papel de los campesinos en el desarrollo. Su aporte será mayor si
se canalizan adecuadamente sus capacidades y habilidades, si se
los apoya para actualizar sus técnicas, si se les da función a
nuevos productos que pueden generar, si se redefinen las
estrategias productivas de sus viejos productos y si se controlan
o eliminan los mecanismos que les permiten reproducirse en la
pobreza.
Los campesinos se diferencian en muchos aspectos, pero es útil
tipificarlos según su capacidad para responder a estrategias
productivas, que al fin de cuentas es el resultado cultural y
social de sus relaciones de trabajo y producción. Una
aproximación a esta tipificación podría ser la siguiente:
1. Campesinos con capacidad para gestionar procesos
productivos y de trabajo complejos, que introducen cambios,
combinan técnicas, hacen transacciones financieras y comerciales,
y tienen una aceptable dotación de recursos propios y públicos.
Usualmente son sujetos de programas de reforma agraria, tienen
tierras adecuadas y vías de penetración, cerca de zonas pobladas,
están vinculados a cultivos comerciales y han introducido cambios
tecnológicos, saben usar máquinas, negocian créditos e insumos y
los utilizan con provecho. Ya se han asentado y sus familias
tienen una relativa estabilidad; sus hijos tienen una educación
superior al promedio y pueden estar dispuestos a asumir la
producción con procesos técnicos menos penosos que los de sus
padres. Obviamente, no son los más pobres.
Este grupo puede asumir, con apoyos dirigidos, incluso con
libertad para competir una vez definido su rol, actividades
productivas competitivas en bienes de consumo y materias primas
para el mercado interno y externo. Con unos pocos apoyos
específicos, pueden mejorar su capacidad de gestión y asumir, en
el corto plazo, proyectos económicos y políticos de
participación.
2. Campesinos con capacidad para asumir procesos productivos y
de trabajo sencillos con técnicas poco complejas, que usan
recursos propios, y algunos recursos financieros siempre que sean
fluidos, sus redes de mercado son complejas y su dotación de
recursos propios y públicos es precaria. Tienen poca tierra en
propiedad o arrendada, están relativamente alejados de las zonas
urbanas, producen alimentos y algunas materias primas con
recursos propios, una infraestructura pública deficiente y unas
redes de mercadeo expoliadoras. Tienen acceso a unas pocas
fuentes financieras y a una pobre asesoría técnica, y resisten
con dificultad basados en sus tradiciones productivas.
Han sido muy afectados por las violencias. Sus familias se han
roto por su causa y por la tendencia a la pobreza; tienen bajos
niveles educativos y están obligados a captar ingresos
extraprediales para aliviar sus necesidades inmediatas. Son
pobres y son la mayoría. Este grupo requiere políticas muy
cuidadosas para aprovechar todo su potencial, desde la mejora de
su capacidad productiva en alimentos y materias primas para
procesamiento sencillo, tipo concentrados, hasta la introducción
de nuevos productos como follajes, abonos orgánicos, bloques
nutricionales, productos alimenticios orgánicos -- como huevos
criollos -- combinados con algunos empleos complementarios que no
los distancien de su unidad productiva.
A la vez, requiere una estrategia definida sobre el uso y la
propiedad de la tierra. Se debería redefinir el alcance del
programa de distribución de tierras y, además, diseñar
estrategias convincentes de reorganización social.
La función social y productiva de este grupo de campesinos
exige fuertes inversiones estatales tendientes a mejorar las
vías, dar apoyo técnico dirigido y específico, educación y salud.
Los recursos deben considerarse como inversión y no como
subsidio, es decir, su función es apoyar la producción y el
trabajo y no la de un regalo para paliar mal la pobreza.
3. Campesinos con capacidad para desarrollar procesos de
trabajo, carentes de tierra, jornaleros trashumantes, vinculados
a actividades diversas, ubicados en centros poblados, sin
habilidad para negociaciones financieras pues no las requieren, y
muy pobres. Están vinculados a la recolección de cosechas, a
transacciones sencillas de mercado, a empleos variados pero poco
complejos técnicamente, sin ninguna estabilidad laboral, con
mínimos recursos propios y bajos niveles educativos.
Este grupo exige ejercicios complejos de planeación pues
aunque en apariencia sería ideal para las llamadas microempresas,
sus habilidades para la gestión son precarias y tantas sus
necesidades que apenas pueden sostenerse sin lograr acumular. Sus
labores se relacionan con actividades agrarias pero están poco
dispuestos a actividades productivas agropecuarias. Probablemente
se desempeñarían mejor en actividades agroindustriales o de
servicios.
4. Campesinos con capacidad y necesidad de tumbar monte
ligados a procesos de trabajo y producción elementales que
requieren poca transformación, sin contacto con mecanismos
financieros, sin recursos públicos pero con una dotación de
recursos naturales muy grande a su alrededor. Son colonos
alejados de todo centro poblado e inducidos a la autodestrucción
por el uso que dan a los recursos naturales; su reproducción
social depende de la ampliación de la frontera agrícola. Son
pobres, producen para autoconsumo y poco aportan al valor de la
producción.
Con este grupo se podrían adelantar programas de inversión
tendientes a generar nuevos productos --árboles, follajes, agua,
abonos-- pero, sobre todo, programas que reduzcan el proceso de
expansión mediante colonización, que sólo contribuye a destruir
los recursos y aumentar la pobreza.
La planeación basada en la diferenciación interna del
campesinado, no importa que tipificación se adopte, ayudaría a
entender y usar más eficientemente algunos mecanismos, por
ejemplo, los desprestigiados subsidios que, en el caso de los
pobres, muchas veces son fondos a pérdida, y rentas en el caso de
los ricos.
En vez de subsidiar a los campesinos, se podrían aplicar
"provisiones para la inversión social y productiva", entendidas
como apoyos dirigidos basados en criterios productivos, sociales
y políticos. La provisión puede aplicarse en contratos temporales
de asesoría técnica evaluables por resultados, en programas de
formación específicos para proyectos de inversión, en concursos
municipales sobre ecosistemas con resultados evaluables, en
inversión directa en programas serios de formación en agricultura
sostenible, etcétera. La provisión exige un esquema de desarrollo
rural bien definido para que no se termine apoyando todo sin
lograr mayores resultados.
Hay que reconocer que, sin apoyo técnico y político, los
campesinos enfrentan demasiadas barreras para aprovechar los
incentivos a la capitalización. También es necesario reconocer
que los campesinos tienen una visión muy precaria sobre su papel
en la economía y en la sociedad colombianas. Parece que el resto
de la sociedad también tiene poco clara la función de los
campesinos. Aclarar ese papel justifica por si solo un esfuerzo
de concertación nacional, más aún cuando se trata de definir
estrategias convincentes y formar ciudadanos verdaderamente
participantes.
El desarrollo rural debe entenderse como una transformación de
los espacios y las sociedades rurales, donde éstas pasan a jugar
papeles específicos en las dimensiones económica, social y
político, y donde cobran sentido los programas, las asignaciones,
los instrumentos y los llamados a la participación de los
actores. Sólo dentro de este marco, las políticas sociales y las
estrategias de crecimiento y competitividad sectorial podrán
contribuir al bienestar general.
En una época en que tanto se habla de la necesidad de renovar
ideas, sería bueno reconocer que las viejas tendencias
ideológico-teóricas que anunciaban la desaparición del
campesinado por el desarrollo natural del capital, no se han
hecho efectivas, como tampoco en otros países, Por el contrario,
la extensión de la frontera agrícola ha corrido paralela a la de
la permanencia y la pobreza de los del campo, que se debaten
entre la resistencia y la subsistencia.
El crecimiento de la economía ha sido uno de los indicadores
usados para respaldar la tendencia de los cambios en el campo.
Sin embargo, la "evidencia histórica" no se ha cumplido, lo que
hace pensar que las razones del crecimiento económico no son
suficientes ni para explicar la situación rural ni para
resolverla. Habría que pensar más en razones de desarrollo
humano. El gobierno del Presidente Samper debería, entonces,
aplicar la consigna de su cadidato presidencial. Es el tiempo de
la gente.
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Prada, E. 1994. "Una lectura sobre el conflicto rural en el período Gaviria",
Campo Adentro 11, Cinep, Santafé de Bogotá, diciembre.
Universidad Javeriana. 1994. El desarrollo rural en América Latina hacia el
siglo XXI, Memorias del seminario-taller internacional, tomos I y II, Santafé
de Bogotá,
Vargas, Ricardo. "El desarrollo rural en Colombia hacia el siglo XXI",
[Universidad Javeriana 1994].
(1) DNP-Minagricultura [1994a] y DNP-Minagricultura [1994b].
(2) Minagricultura-DNP [1993].
(3) En Murmis [1993] se hace una crítica a este tipo de modelos.
(4) Cinep. Campo Adentro, Boletín Agrario, varios números.
(5) González, C. y Jaramillo, C. Competitividad sin pobreza, cit., capítulo 1,
"Resumen y Recomendaciones".
(6) Citado por González y Jaramillo, Competitividad sin pobreza, cit., 24.
(7) Véase, por ejemplo, Universidad Javeriana [1994], Minagricultura [1994], De
Janvry, A. et al. [1991].
(8) Llambí, L. "Apertura, competitividad, ingreso y empleo", tomo I, Univeridad
Javeriana [1994].
(9) Corrales, E. y Baptiste, G. "Sostenibilidad y desarrollo rural", tomo I,
Universidad Javeriana 1994.
(10) Perfetti, J. "Desarrollo social rural: el reto al final del siglo XX",
Minagricultura [1994].
(11) Machado, A. "¿El desarrollo rural: una ilusión?", Minagricultura [1994].