CUADECO, 07/01/94, SOCIALISMO DE MERCADO O SOCIALIZACIÓN DEL MERCADO

Segunda parte del artículo publicado en el número anterior de Cuadernos de Economía. Traducción de Angela Montoya; revisión de Alberto Supelano.

LA SOCIALIZACIÓN DEL MERCADO

Es mucho más fácil criticar las ideas ajenas que proponer alternativas viables. La segunda parte de este ensayo es más tentativa que la primera y algo más breve. En esta búsqueda de una alternativa, me he apoyado en la economía dual de Nove y en la economía sin precios de Mandel, aunque muchos detalles expresan mi pensamiento actual y no convicciones inmodificables. Mis ideas han sufrido cambios considerables desde el primer borrador y sin duda experimentarán modificaciones ulteriores.(1)

Producción y reproducción de la fuerza de trabajo

Gran parte de la discusión sobre la organización socialista empieza por las formas de propiedad de las empresas, pero la propiedad sólo importa en la medida en que tiene implicaciones sobre la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo. En una economía capitalista, la fuerza de trabajo está separada de los medios de subsistencia y la producción y reproducción de la fuerza de trabajo es una variable dependiente modelada por el proceso de acumulación. El antagonismo fundamental entre comprador y vendedor es el que existe entre los hogares como vendedores de fuerza de trabajo y las empresas como compradoras de la misma. Esta relación debe modificarse, de modo que el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo sea la variable independiente a la cual debe adecuarse el proceso de acumulación.

Con este fin, los hogares deben tener acceso a un ingreso básico sin verse forzados a vender fuerza de trabajo a las empresas, así éstas sean de propiedad pública. Su supervivencia, a un nivel básico pero decente, debe ser garantizada en forma independiente. En esta forma, los hogares pueden hacer una elección genuina con respecto a la venta de su fuerza de trabajo a las empresas, en vez de ser obligados a venderla por pura necesidad. El medio para lograrlo depende de la estructura de la economía y de su nivel de desarrollo; no será el mismo en una economía agraria pobre que en una sociedad industrializada rica. En todos los casos, es probable que sea apropiada la provisión colectiva, pública y gratuita de salud, educación, agua potable y alcantarillado. En una economía agraria pobre, es probable que el factor clave sea el acceso de las familias a la tierra; en una economía industrializada rica, es más apropiado proporcionar el ingreso monetario en forma pública y colectiva. Siguiendo el ejemplo de Nove y Mandel, utilizaré ejemplos más detallados para el caso de economías industrializadas ricas, aunque trataré de formular las ideas básicas en una forma que sea aplicable a todo tipo de economías.

En una economía industrial, los fundamentos de la elección y la libertad de los hogares serían de dos tipos: la provisión gratuita de los servicios básicos, como salud y educación, agua potable y alcantarillado; y la provisión a cada ciudadano, por derecho propio, de un ingreso monetario mínimo suficiente para cubrir las compras de alimentos, ropa, vivienda y artículos domésticos necesarios para un nivel de vida básico (¿lentejas en vez de bistecs, jeans producidos en serie y no de marca, esteras de tejido de palma en vez de alfombras de pura lana?).

La justificación para proveer gratuitamente la salud y la educación proviene de las características propias de estos servicios (interdependencias y externalidades) no de que sean "básicos". Algo parecido y por razones semejantes puede decirse de la provisión de otros servicios, como el transporte urbano. Pero, dado que prácticamente todos los socialistas concuerdan en estas cuestiones, no las analizaré en detalle. No obstasnte, a la lista de provisión gratuita agregaré el acceso a las redes de información: impresión, teléfonos, fotocopiadoras, fax, computadores. Como se aclarará más adelante, una condición necesaria para la socialización del mercado es el libre acceso a la información. Reunir y compartir la información es esencial para el desarrollo de relaciones basadas en la buena voluntad, la confianza y la reciprocidad. Esto no implica que cada hogar sea equipado con computador, modem, teléfono y canal de satélite propios, sino asegurar que cada hogar tenga acceso a tales equipos, igual que las escuelas y los hospitales.

Estos servicios deben ser gratuitos y organizarse en tal forma que satisfagan las necesidades de los hogares y no simplemente las necesidades de sus productores. Esto exigiría establecer estructuras que sean responsables ante los hogares, los cuales pueden ser representados por organizaciones de usuarios. En algunos países de Europa Occidental ya existen embriones de estas estructuras --los consejos comunitarios de salud en Gran Bretaña, por ejemplo-- pero aún carecen de poder real.

Los demás componentes del ingreso básico no se proporcionarían en forma gratuita, por las razones que expuse al discutir las propuestas de Mandel,(2) sino que se entregarían en forma de dinero. Hay una creciente literatura sobre el papel subvenciones universales en la construcción del socialismo, que aquí no comentaré en detalle.(3) Surge una pregunta obvia: si cada quien recibe una subvención que lo libere de la necesidad de vender su fuerza de trabajo a las empresas, ¿qué garantiza que se produzcan los bienes en que se gasta la subvención? Una respuesta es que mucha gente deseará comprar más de lo que permite la subvención (bistecs y vino en vez de lentejas y agua) y que, por tanto, será feliz vendiendo su fuerza de trabajo para obtener un ingreso mayor. Otra respuesta es que la gente puede usar el dinero para comprar sus propios medios de producción y establecer empresas familiares o unirse a otras familias para formar cooperativas. Una respuesta adicional es que la gente tendrá el suficiente espíritu público para entender que debe contribuir a la producción a fin de que la subvención tenga un poder de compra real; esto deja abierta la objeción del "oportunista", según la cual algunos tendrán espíritu público pero otros no. Es claro que eso depende en gran medida del contexto en que se otorguen las subvenciones: defender las subvenciones como un rasgo esencial de una economía socialista no implica, en mi opinión, apoyar la sustitución del Estado capitalista de bienestar --incluyendo la protección a los derechos de los trabajadores-- por el capitalismo de subvenciones universales.(4) Las subvenciones universales deben ser parte de un reordenamiento social cuyo prerrequisito esencial es la abolición del capital.

Para enfrentar el problema del "oportunista", tengo una sugerencia que tiene la ventaja de contribuir a la socialización del trabajo no pagado necesario para producir y reproducir la fuerza de trabajo: junto con el derecho a una subvención, los adultos capacitados deben tener el deber de prestar servicios gratuitos de atención y provisión a quienes no pueden cuidarse por sí mismos. Estarían exentas las personas que ya estén a cargo de un joven, un viejo, un enfermo o un minusválido. Las demás tendrían que prestar un servicio no remunerado a la comunidad; por ejemplo, cuidar a un niño retrasado mientras quien lo atiende en forma permanente realiza otra actividad. La socialización de las labores domésticas y otras tareas domésticas no remuneradas siempre ha sido un objetivo de las feministas socialistas. Pero quizá existe una tendencia excesiva a considerarlas en términos de actividades realizadas fuera del hogar: jardines infantiles, hogares para ancianos, hospitales mentales, comedores y lavanderías comunales. Estas organizaciones deben cumplir un papel, pero existe una visión demasiado negativa de los beneficios de la privacidad individual, del espacio personal, de la atención comunitaria. En vez de pretender simplemente que se reduzca el alcance de la vida hogareña, sugiero que se reconozca socialmente el trabajo de cuidar a otros en el propio hogar. Esta propuesta también puede llegar a transformar la división sexual del trabajo en esas labores. Los hombres pueden ser entrenados para que desarrollen muchas de las habilidades de atención que despliegan las mujeres. El hecho de que todos los ciudadanos, incluidos los niños, obtengan una subvención por derecho propio también debilitaría fuertemente la dependencia de las mujeres y los niños frente a los hombres.

Hay otra preocupación asociada al poder real de compra de la subvención. El nivel real de vida que ésta puede obtener depende de los precios y se verá erosionado con la inflación. Por tanto, el valor de un ingreso monetario, en oposición a un ingreso en especie, depende de los procesos de fijación de precios. Existe, entonces, un vínculo directo entre la confianza en las subvenciones monetarias --en lugar de lo que Mandel llama "distribución directa" de bienes básicos-- y la socialización del mecanismo de mercado.

Los hogares no son únicamente compradores, también son vendedores, al menos en una fase de su ciclo de vida. Algunos desearán establecer empresas familiares o unirse a otros para formar cooperativas poseídas por los miembros de la familia y comprarán sus productos. Es probable que estas actividades tengan una escala pequeña. En una u otra fase de su ciclo de vida, algunos miembros de la familia estarán empleados en empresas grandes de propiedad pública, vendiendo su fuerza de trabajo por un salario. La eliminación de la necesidad de emplearse suprime la causa básica del antagonismo entre compradores y vendedores de fuerza de trabajo. No obstante, aún restan cuestiones esenciales, como la organización del trabajo dentro de las empresas, la reasignación del trabajo cuando cambian las condiciones económicas y la determinación de los salarios. Cuando la fuerza de trabajo se convierta en la variable independiente dejará de ser tratada como un simple recurso, similar a las máquinas o a las materias primas, aunque en los balances contables de las empresas también esté representada por cantidades de dinero.

Empresas públicas administradas por los trabajadores

Esto implica que las empresas públicas serían administradas por los trabajadores, que sus empleados tendrían el "derecho a trabajar" y que los salarios básicos se determinarían en un mercado de trabajo "socializado". La administración de los trabajadores significa que los costos laborales de una empresa no pueden considerarse simplemente como gastos que deben ser minimizados, y puede despertar el temor a la "ineficiencia" y a la ausencia de innovación. Pero nada impide que una empresa administrada por los trabajadores reduzca los costos laborales por unidad de producto mediante una mejor organización de la producción y tenga ganancias de productividad: más tiempo libre o un ingreso mayor. En cambio, tiene mayor capacidad para enfrentar los intentos de reducir esos costos bien sea aumentando la intensidad del trabajo, recortando las prestaciones para salud y seguridad, y mediante el desempleo. Aparentemente, estas medidas aumentan la eficiencia, tal como es medida por la rentabilidad; pero ésta es una eficiencia unilateral: mejora la satisfacción de las necesidades de los hogares como compradores mientras empeora las satisfacción de sus necesidades como vendedores de fuerza de trabajo.

Los trabajadores de estas empresas no tendrían el mismo grado de control que tienen en las cooperativas, pues habría ciertas restricciones sobre la disposición y utilización de sus activos. En las economías de planificación central, esas restricciones fueron reforzadas por la enorme burocracia central de los ministerios de los diversos sectores industriales. Propongo que la burocracia sea sustituida por un cuerpo regulador de empresas públicas, cuya tarea no sea fijar objetivos de producción y asignar los insumos de las empresas públicas sino reforzar las normas, democráticamente acordadas, sobre la utilización de sus activos; por ejemplo, impedir que los empleados se los apropien en beneficio propio o en el de sus asociados. Este cuerpo regulador ejercería los derechos de propiedad sobre las empresas en nombre de la comunidad, mientras que los empleados se limitarían a utilizar esos derechos. No habría mercados de capital donde se puje para entrar en posesión de las empresas o llevarlas a la bancarrota. La reconstrucción de las empresas sería responsabilidad del cuerpo regulador. A cambio de estas limitaciones de sus derechos, los empleados de las empresas públicas recibirían una parte considerable de su ingreso como salario fijo, en vez de recibir simplemente una participación del excedente, pero podrían existir bonificaciones fluctuantes sobre la productividad ligadas al desempeño de los individuos, de los equipos de trabajo o de la empresa. Las empresas comprarían sus materias primas y sus equipos y venderían su producción en mercados "socializados", excepto las que proveen servicios gratuitos. Estas deberían operar en un marco de pensamiento ambiental, con regulaciones para proteger la salud, la seguridad y los consumidores que sean supervisadas por inspectores dotados de suficientes recursos. Normalmente, estas empresas deberían autofinanciarse, excepto las que proporcionan servicios gratuitos, las cuales se financiarían mediante impuestos.

Se estimularía el ingreso de nuevas empresas. Los equipos de trabajadores podrían solicitar permiso al cuerpo regulador para establecer nuevas empresas públicas y solicitar fondos públicos (por los que se cargaría un interés). Podría diseñarse un sistema para que, en algunas industrias, los equipos de trabajadores sometan propuestas para obtener recursos públicos por un período determinado. Habría lugar, entonces, para diversas formas de control público e iniciativa descentralizada.(5)

Es obvio que pueden surgir situaciones en que las empresas no puedan pagar sus gastos y deban ser reconstruidas. En estos casos podría acudirse al ente regulador de empresas públicas; éste ayudaría a formular planes para reubicar a los empleados en trabajos semejantes en otras empresas o para reentrenarlos y darles nuevos empleos. Los empleados tendrían derechos bien definidos en relación con este proceso y podrían emprender acciones legales para reforzarlos. El ente regulador proporcionaría financiación transitoria y tendría el derecho a negarla cuando los trabajadores busquen colchones de seguridad en vez de reestructurar la empresas.

Nada he dicho hasta ahora acerca de los procedimientos internos para garantizar una genuina administración de los trabajadores. Puesto que existen grandes diferencias en las habilidades y en el alcance de las labores, es imposible que todos desempeñen un papel idéntico. Debe tratarse de superar las desventajas de quienes tienen menos habilidades y tareas de poco alcance, y en esto es vital un sistema abierto de información al que tengan acceso todos los empleados; también es importante la capacidad para dar sentido a la información y la mera apertura no la garantiza. Por tanto, los diferentes grupos de trabajadores deben poder acudir a representantes libremente elegidos (quizá a través de los sindicatos) cuando necesiten ayuda para formular políticas y ejercer sus derechos durante la reestructuración. Pero la voluntad abierta es insuficiente en un ambiente inestable que pone gran poder discrecional en manos de unas pocas personas que toman decisiones. Por tanto, la factibilidad de formas igualitarias de administración de los trabajadores tienen implicaciones para y dependen de las relaciones entre las empresas. No es posible disponer de un sistema de información completamente abierto dentro de una empresa y mantener secretos para otras. Un sistema de información completamente abierto entre empresas es, sin embargo, una característica esencial de los mercados socializados, donde los vínculos de largo plazo entre compradores y vendedores ayudan a estabilizar el ambiente de una empresa. Los mercados socializados serían, entonces, más compatibles con la democracia industrial que los mercados organizados por las empresas.

Mercados socializados

Primero mencionaré algunas características generales de los mercados socializados; luego analizaré cómo operan en relación con la fuerza de trabajo, con los productores de bienes y con los consumidores. Un mercado socializado es un mercado creado por cuerpos públicos que se financian con impuestos a las empresas y a las familias, y no con las ventas. También es un mercado donde los "apretones de manos invisibles", las relaciones de buena voluntad y reciprocidad que las economías de mercado deben construir al menos en algún grado, surgen dentro de redes de información pública de libre acceso, no en "círculos de amigos" o "clubes de caballeros" que excluyen a los "extraños". Tales redes tendrían secretariados financiados con impuestos y no con la venta de sus servicios.

La justificación de los creadores de mercados públicos (permítanme llamarlos Comisiones de Precios y Salarios) es superar las barreras al intercambio de información que existen cuando los mercados son de carácter privado. La escuela austríaca siempre ha elogiado la generación de información por parte de los mercados, pero no ha destacado la forma en que la fragmentan. Las empresas que buscan beneficiarse con los flujos de efectivo tienen incentivos para ocultar información sobre productividad, costos de producción e innovaciones. El mercado permite dispersar la iniciativa, pero crea barreras para compartir la información. Un mercado socializado permite dispersar la iniciativa, característica de una sociedad con libertades personales, pero crea nuevos canales e incentivos para que las iniciativas individuales sirvan al bien común.

Las Comisiones de Precios y Salarios desempeñarían tres tipos de actividades. Primero que todo, proporcionar los medios físicos para el intercambio de información sobre los términos de compra y venta, entre empresas y entre empresas y hogares. La naturaleza de estos medios físicos depende del nivel de desarrollo. En una economía agraria pobre, la primera etapa puede ser la construcción de instalaciones de mercado. En una economía industrializada con acceso a microcomputadores, se puede crear un mercado electrónico. Estos mercados están creciendo fragmentariamente en las economías industrializadas. La ventaja de un mercado electrónico de carácter público sería la estandarización; un obstáculo al desarrollo de los mercados electrónicos capitalistas ha sido la incompatibilidad entre equipos de marca distinta. Hay grandes economías de escala en la recolección y procesamiento de información que un mercado electrónico integrado y público podría aprovechar para disminuir los costos de transacción. Las empresas y los hogares tendrían un incentivo para usar este mercado público, pues sería más barato que la búsqueda individual y fragmentaria de información.

¿Qué tipo de información deben reunir y poner a disposición las Comisiones de Precios y Salarios? Se necesitaría ir más allá de la información de los precios por unidad. Una de las razones para crear un mercado socializado es lograr que la formación de precios sea transparente y sujeta a supervisión pública. En las economías industrializadas, muchas empresas fijan sus precios añadiendo un margen a los costos unitarios, pero jamás revelan los costos y el margen. Las Comisiones de Precios requerirían información sobre los costos unitarios, de modo que el público pueda evaluar la relación entre costos y precios. Esta información no representa costos adicionales para las empresas cuando ya la generan para sus propósitos de administración interna. La contabilidad de costos es, de hecho, una herramienta básica de las empresas capitalistas. La diferencia no consiste en la obligación de generar nueva información sino en la obligación de revelar una información que usualmente se mantiene en secreto. Así, la segunda tarea sería obligar a revelar la información con base en normas contable uniformes, como prerrequisito para ingresar a los mercados de carácter público.

La tercera actividad sería orientar la formación de precios y salarios. Las Comisiones de Precios y Salarios no pueden vigilar todas las negociaciones y controlar centralmente todos los precios y salarios. Siempre es posible realizar transacciones no oficiales, "grises" o "negras", por fuera del control central. Sin embargo, las Comisiones pueden emitir normas sobre precios y salarios, y proporcionar la información para que los compradores y vendedores, por sí mismos, "ordenen" los precios y salarios en forma descentralizada. Los impuestos y las leyes sobre contratación también pueden usarse para incentivar el cumplimiento de las normas y penalizar las transgresiones. Los precios y salarios ofrecidos en cualquier transacción particular pueden ser comparados con las normas. Si el comprador y el vendedor desean apartarse de las normas en una transacción específica (por ejemplo, para asegurar una entrega más rápida o una variación en la calidad) deben poder hacerlo. Pero también deberían tener la posibilidad de objetar la violación de las normas y pedir una investigación. Una situación en que muchos compradores y vendedores acuerdan apartarse de la norma puede indicar la necesidad de revisar la norma. En el corto plazo, sin embargo, las economías industrializadas experimentan rigideces de precios y los ajustes en las cantidades (mediante el aumento o la disminución de las órdenes de entrega, el incremento o la reducción de los inventarios y cambios en la mezcla de productos) desempeñan el papel principal. En el largo plazo, los ajustes de precios son más importantes porque los precios influyen en las estimaciones de inversión. Debido a la rigidez de precios, la Comisión debe anticipar en vez de seguir el curso de las transacciones en algunos casos, y cambiar las normas antes de que los precios registrados en las transacciones cambien apreciablemente. Para este fin, requerirá información de las redes sobre los movimientos de inventarios y de capacidad utilizada. Las normas deben establecerse en forma interactiva con base en la información de compradores y vendedores, no impuesta centralmente y sin considerar los requerimientos de vendedores y compradores.(6) Una economía avanzada puede ligar el mercado electrónico a un sistema de pagos electrónico. Un sistema electrónico público para liquidar las negociaciones registrará los términos de todas las transacciones realizadas, y esta información puede ser procesada para revelar las transgresiones de la norma. Los menores costos de transacción de un sistema público de liquidación darán a los compradores y vendedores un incentivo para utilizarlo. Los sistemas electrónicos de liquidaciones en "efectivo" se están desarrollando en los países industrializados pero, igual que con el mercado electrónico, son retrasados por desacuerdos sobre los estándares técnicos y los altos costos de instalación.

Los entes creadores de mercados públicos deben complementarse con redes públicas de compradores y vendedores interesados en intercambiar información sobre temas tales como la especificación de los bienes y de los procesos de producción, así como sobre los planes de inversión. Estas redes de información diferirían de las burocracias, con sus jerarquías de poder y sus nexos de dominación,(7) y de los mercados, donde las relaciones son discontinuas y mediadas por flujos de efectivo. También diferirían de las redes informales de subcontratación entre empresas, porque tendrían secretariados pagados con fondos públicos, para facilitar el intercambio de información, y serían de libre acceso a cualquier unidad social que busque un conjunto de criterios públicamente especificado. Las redes no se concentrarían en la información de precios y costos, sino en la de las cantidades y las características de los bienes y de los procesos de producción. Estarían abiertas a quien quiera construir redes voluntarias, pero los esfuerzos voluntarios deben ser complementados con redes públicas cuyos coordinadores tengan el poder para exigir la entrega de información. Las redes de compradores y vendedores permitirían que algunas de las interdependencias de quienes toman decisiones se manifiesten antes de tomar las decisiones; así, las unidades individuales pueden tomar sus decisiones con un mayor espíritu público, considerando sus implicaciones sobre otros y sobre sí mismas.

Los coordinadores de red, igual que las Comisiones de Precios y Salarios, tendrían tres tipos de funciones: facilitar el intercambio de información, obligar a revelar información y desempeñar un papel interactivo, en este caso en el diseño y especificación de los bienes y procesos de producción. Habría necesidad de una diversidad de redes: por ejemplo, una red de energía, una red de transportes, una red de capacitación, una red de bienes de consumo. Las redes de compradores y vendedores se concentrarían en información sobre inventarios actuales y planeados, capacidades, diseños y especificaciones. Esto tampoco requiere que las empresas generen una información que incremente sus costos, sino que compartan una información que de todos modos necesitan para su control interno. En las economías industrializadas, la información sobre los niveles de inventarios adquiere gran importancia a medida que se pasa a los sistemas just- in-time de control de inventarios [Sayer 1986]. La tecnología electrónica facilita y abarata la supervisión de los niveles de inventarios.

Las redes de compradores y vendedores conformarían la base de un proceso de planeación social descentralizado donde se puedan considerar las implicaciones de los planes de inversión de las diferentes unidades sobre las demás antes de que esos planes sean terminados. Los secretariados de esas redes pueden interactuar con una agencia de planeación nacional a fin de elaborar una estrategia global, democráticamente acordada, para la economía del país. La deseabilidad de la descentralización de las decisiones sobre utilización de capacidad e innovación no significa que no se requiera ninguna forma de planeación central para el conjunto de la economía. Por el contrario, debe existir una estrategia global para identificar qué sectores se expanden y cuáles se contraen; cuánto debe asignarse a inversión y cuánto a consumo; qué cuellos de botella deben eliminarse y cuáles deben aceptarse como restricciones. Pero la estrategia no sería ejecutada mediante una asignación centralizada de los recursos materiales y la imposición de objetivos de producción a cada empresa. La planeación estratégica japonesa y la francesa son quizá lo más cercano a lo que tengo en mente, aunque carecen de muchos procedimientos de ejecución que estarían abiertos en una economía socialista; además, las redes de información en las que se basan son redes de "vieja guardia" y asociaciones comerciales, en vez de ser redes de libre acceso. La Comisiones y las redes públicas operarían en forma algo distinta en los casos de la fuerza de trabajo, los bienes de producción y los bienes de consumo; por ello se analizan en forma separada.

El mercado de trabajo

La Comisión de Salarios proporcionaría los medios para intercambiar información sobre vacantes y personas que buscan empleo. Esto no sería nada nuevo en el caso de las economías industrializadas, aunque en las economías capitalistas estos medios cuentan con recursos excesivamente escasos y la información que proporcionan es muy limitada, dejando abierta una brecha que llenan la agencias privadas de empleos con ánimo de lucro y algunas agencias de investigación con y sin ánimo de lucro. En particular, no proveen una información comparativa sobre el estado general del mercado de trabajo que permita que las empresas y los empleados evalúen los términos y condiciones de las ofertas de empleo. Tampoco dan información sobre las bases para determinar los salarios relativos (bien sean esquemas de evaluación formal de los empleos o bien métodos de "costumbre y práctica").

Para que funcione efectivamente, la Comisión de Salarios exigiría la notificación obligatoria de las vacantes y la información sobre la remuneración y las condiciones de los empleados, junto con la evaluación de los empleos y sus esquemas de clasificación. Este es el tipo de información que ya producen los departamentos de personal: lo que se busca es, además, recabar públicamente esos datos para que sean procesados por la Comisión de Salarios. Los microprocesadores con hojas de trabajo y capacidad gráfica requieren poco tiempo para resumir y presentar los datos de modo que tengan sentido para los desempleados y los potenciales empleadores. Si la Comisión es dotada con suficientes recursos, su actividad no significaría una costosa burocracia. Por el contrario, remplazaría a los innumerables agentes que, en las economías capitalistas, intervienen para generar pero también para fragmentar y ocultar esa información.

La Comisión puede prestar asesoría para mejorar los estándares mínimos de los términos y condiciones de trabajo, negando el ingreso al mercado de trabajo socializado de las ofertas inferiores a esos estándares. También puede prestar asesoría para mejorar la evaluación de los empleos a fin de que cumplan ciertos requisitos mínimos (como una remuneración igual a un trabajo igual y las valoraciones que no siempre dan mayor peso al esfuerzo físico en relación con la destreza manual). Esos estándares mínimos se incorporarían a la legislación; pero más allá de esto, la Comisión de Salarios puede difundir información sobre los procedimientos "más adecuados" y promover su mejoramiento.

Además de reunir, procesar y difundir información, la Comisión de Salarios emitiría las "normas" básicas sobre salarios relativos e incrementos de los salarios básicos. Esta sería una contribución esencial para asegurar una distribución del ingreso socialmente justa y controlar la inflación. Es absolutamente indispensable que se incluyan todos los salarios, desde el del Presidente democráticamente elegido hasta los de los trabajadores menos diestros. Puesto que todos deberían tener garantizado un ingreso mínimo, es probable que el salario relativo de las labores más aburridas y que requieren menos destreza sea mayor de lo que es en este momento, de lo contrario nadie las realizaría.

El establecimiento de normas sobre salarios relativos se realizaría a través de una evaluación democrática de las tareas, y podrían revisarse anualmente para tener en cuenta los cambios de las estructuras económicas y sociales, tal como se reflejan en las estadísticas de empleos vacantes y personas en busca de empleo. Las normas sobre aumentos de salarios dependerían de las decisiones macroeconómicas sobre los niveles de inversión y consumo agregados, y del crecimiento de la productividad. Se utilizarían diversos medios para hacerlas cumplir: tributación; cumplimiento de contratos; publicidad adversa por violaciones; creación de un ambiente de confianza basado en una sociedad abierta, incluyendo un proceso transparente de formación de precios, con normas fijadas por la Comisión de Salarios. El objetivo sería lograr que el proceso de formación de salarios también sea lo más transparente posible.

Es indudable que en dicho sistema, el interés central de los sindicatos se desplazaría de la negociación colectiva con los administradores de las empresas hacia el nivel de salarios básicos. Pero los sindicatos aún jugarían un papel importante: capacitando a sus miembros para garantizar sus derechos; negociando la organización de la producción y la disposición de los excedentes después de impuestos; supervisando los estándares nacionales de evaluación de los empleos y realizando otras actividades semejantes. Los sindicatos son una expresión de la división del trabajo y cuando ésta cambia, su papel debe modificarse. Pero cuando existen diferencias sustanciales en el alcance de las tareas, unas tienen la responsabilidad de planear --trabajo intelectual-- y otras sólo tienen la responsabilidad de ejecutar -- trabajo manual--, los sindicatos son esenciales para defender los intereses de las últimas. Estos incluirían el derecho de huelga y una genuina autonomía de la organización.

No habría desempleo involuntario porque el Regulador de las Empresas Públicas podría actuar como una especie de "compañía por acciones" para las personas cuyos empleos se vuelvan obsoletos; pagándoles sus salarios básicos y proporcionándoles una estructura organizativa y entrenamiento, hasta que puedan ser reubicadas en nuevos empleos. Las redes de empleadores y proveedores de fuerza de trabajo (incluidos los hogares y las instituciones de educación y entrenamiento) pueden jugar un importante papel para reducir los costos de dichas operaciones; también servirían de base para planear la fuerza de trabajo recogiendo información cuantitativa sobre la estructura ocupacional y previendo las necesidades futuras. Puede organizarse una diversidad de redes por agrupaciones de habilidades, calificaciones y ocupaciones. Los usuarios y los proveedores de fuerza de trabajo tienen interés en desarrollar las habilidades, la creatividad, la autodisciplina y el conocimiento de las técnicas. Las redes de habilidades pueden ser el medio para desarrollar sistemas de entrenamiento y formas de utilización de la fuerza de trabajo mutuamente benéficos, que eviten la creación de empleos destinados a desaparecer, así como de habilidades unilaterales y no transferibles. No eliminarían las fuentes de tensión entre el deseo individual de un trabajo satisfactorio y el objetivo empresarial de autofinanciación, pero harían posible que los diversos agentes puedan ponerse en los zapatos de otros y considerar desde varios puntos de vista el entrenamiento, la educación y el diseño de procesos de trabajo. Además de reunir y compartir información, una importante tarea de los secretariados de las redes sería dar a los participantes la posibilidad de compartir la experiencia de los demás, desde ejercicios para desempeñar un papel hasta el intercambio de personal entre empresas e instituciones de educación y entrenamiento, así como la de prestar asesoría en otras actividades.

Sin medidas para socializar el mercado de trabajo, la asignación que resulta del mercado lleva casi necesariamente al desempleo. En los países donde avanzó el socialismo de mercado, como Hungría y Yugoslavia, el desempleo creció mientras que la búsqueda de trabajo y los medios de reentrenamiento eran completamente inadecuados. Pero la asignación de recursos centralizada, burocrática, ahogaba el crecimiento de la productividad y la innovación. Pienso que el tipo de medidas que propongo permite evitar estos dos extremos indeseables.

El mercado de bienes de producción

La compra y venta de bienes de producción se realiza entre empresas. Nada impide que las empresas de propiedad pública desplieguen una iniciativa descentralizada al comprarlos y venderlos, dentro de los lineamientos que el Regulador del Sector de Empresas Públicas establezca para regular su expansión y contratación e impedir la apropiación inadecuada de sus activos. No hay mucho más que decir acerca de las actividades de la Comisión de Precios relacionadas con la provisión de los medios para intercambiar información sobre la compra y venta de bienes de producción. El papel de revelar la información adquiere particular importancia, porque la cartelización y los convenios de precios son especialmente intensos en las industrias respectivas de las economías capitalistas. ¿Puede confiarse en que las empresas cumplan las normas contables y revelen los costos unitarios? ¿Mantendrán dos tipos de contabilidad, una para la Comisión de Precios y otra interna? La calidad de la información es esencial. Son bien conocidos los problemas que tienen los sistemas centralizados de asignación de recursos porque las empresas no entregan a los planificadores una información confiable sobre sus requerimientos por unidad de producto. En esos sistemas, hay incentivos para que las empresas "desinformen" ya que los planificadores centrales les fijan sus objetivos y les asignan los insumos que requieren. Naturalmente, las empresas tienden a inflar sus estimaciones de insumos por unidad de producto para facilitar el logro de los objetivos de producción. ¿Existen incentivos para que la información que se dé a la Comisión de Precios subvalore o sobrevalore los costos unitarios? Para responder, debemos considerar la naturaleza del proceso de formación de precios.

En las economías capitalistas industrializadas, la mayoría de las empresas fija los precios imponiendo un margen sobre los costos, cuya magnitud es limitada por el comportamiento de sus competidores y de sus clientes. La Comisión de Precios fijaría las normas de precios en forma semejante, excepto que la base serían los costos unitarios promedio y el margen estaría determinado por las necesidades de inversión de la economía. Cuanto mayor sea la tasa global de inversión requerida por la estrategia formulada a través del proceso de planeación tanto mayor debería ser el margen. Este puede variarse entre industrias para generar un mayor excedente en las que deben expandirse y un menor excedente en las que deben contraerse. Este es el procedimiento que adoptó Kalecki [1986] y difiere del proceso de ensayo y error propuesto por Lange en cuanto no pretende establecer normas de precios que limpien los mercados, sino normas de precios que orienten las reestructuraciones en la dirección adecuada mediante rendimientos diferenciales en las distintas actividades. Permite, además, fijar los precios de productos no estandarizados propios de algunas ramas de las industrias de bienes de producción.

Las normas pueden ser revisadas cada año, pero no es necesario que todas se revisen simultáneamente, y pueden mantenerse estables entre cada revisión. La revisión debería decidir hasta qué punto los cambios en los costos y en la demanda (reflejada por los cambios en inventarios) exigen cambios en los precios. La magnitud en que los mayores costos se reflejen en cambios de las normas de precios dependería de la magnitud en que sea necesario incrementar, disminuir o mantener estables los niveles de producción en un sector particular. El proceso de formación de precios sería transparente en el sentido de que el público conocería la base para determinar las normas de precios y comparar los precios reales con las normas. Esto incentivaría la eficiencia porque las normas pueden referirse a los costos promedio y a los márgenes: una firma con costos inferiores al promedio podría obtener un excedente mayor y más fondos para inversión o mayores bonificaciones para sus trabajadores. También disminuiría el poder de las grandes empresas para mantener sus beneficios restringiendo los márgenes de sus subcontratantes pequeños. También contrarrestaría la tendencia de las empresas a mantener los márgenes de beneficio, aunque no utilicen toda la capacidad instalada, y a negarse a bajar los precios para aumentar la utilización, tendencias que caracterizan a las empresas de las economías capitalistas y refuerzan la posibilidad de una demanda agregada deficiente.(8)

El procedimiento para fijar las normas de precios (junto a una serie de "garrotes y zanahorias" para estimular la adhesión a las normas) ayudaría a implementar la estrategia macroeconómica y a reducir la posibilidad de que la economía caiga en una trampa de estanflación. Las razones básicas para no dejar el proceso de formación de precios completamente en manos de las empresas son evitar los problemas macroeconómicos y facilitar la reestructuración. Las decisiones sobre los niveles de producción y las combinaciones de productos quedarían en sus manos (informadas por las redes de información) pero la formación de precios sería socializada. Es claro que la factibilidad de este procedimiento depende de la calidad de la información transmitida a la Comisión de Precios. Pueden imaginarse situaciones en las que un pequeño grupo de empresas domina una industria y éstas entran en colusión para transmitir información de costos inflada a la Comisión de Precios. Esto les permitiría obtener excedentes mayores de los que preveía la Comisión de Precios.

Hay diversas medidas para contrarrestar la posible desinformación: un bien provisto sistema de inspección con poderes para decomisar los registros de las compañías; exigir que los sistemas computarizados de gestión administrativa sean de libre acceso; medidas para que el mantenimiento de dobles contabilidades (en libros, cintas magnéticas o diskettes) sea demasiado complejo y costoso para las empresas; medidas para facilitar el ingreso de nuevas empresas y reducir las posibilidades de colusión. La Comisión de Precios requeriría enormes recursos, pero éstos pueden ser proporcionados por la reorientación de los que en las economías capitalistas son absorbidos por las instituciones financieras en el mercado de capitales. Las habilidades de un analista de inversiones que trabaja para un banco comercial son exactamente las que necesitaría la Comisión de Precios.

Las redes de compradores y vendedores de bienes de producción tendrían dos funciones particularmente importantes: minimizar las fluctuaciones en el uso de capacidad causadas por la convergencia de inversiones --bastante intensas en muchas industrias de bienes de producción-- y difundir las innovaciones técnicas. En las economías capitalistas hay una estrecha colaboración entre vendedores y compradores para el diseño y especificación de los bienes de producción, y para sugerir necesidades de inversión futuras. En respuesta a las nuevas tecnologías basadas en la automatización electrónica, las redes interempresariales de las economías capitalistas están extendiendo sus alcances, involucrando contratos de largo plazo no sólo para productos particulares sino también para integrar el diseño y la producción.

Algunos investigadores denominan systmofacture a este proceso, en el cual las unidades de producción conforman conjuntos de empresas integradas, aunque separadas, que mantienen un estrecha coordinación para el desarrollo de productos y de patrones de producción utilizando tecnologías microelectrónicas de procesamiento de información [Kaplinsky 1985]. Sin embargo, ésto se ve limitado por los derechos de las empresas privadas a mantener en secreto la información que les otorga ventajas competitivas. Este derecho no existiría en el escenario aquí esbozado pues las empresas públicas tendrían que compartir la información sobre sus innovaciones tecnológicas y sus planes de producción como requisito para utilizar los activos de propiedad pública. Las cooperativas y las empresas familiares tendrían que compartir su información como condición para admitirlas en los mercados y redes de carácter público. Para dar incentivos materiales a la innovación podría pagarse una regalía sobre las especificaciones técnicas que se depositen en un Banco de Tecnología, al que tendrían acceso todos los miembros de la red y al que las empresas podrían pedir apoyo para sus actividades de investigación y desarrollo. Pero la competencia a través del ocultamiento de información se reduciría al máximo posible. La economía socialista que imagino sería, a este respecto, mucho más cercana a los modelos de competencia neoclásicos --los cuales suponen que todos conocen todas las tecnologías disponibles-- que cualquier economía de mercado capitalista o socialista.

El mercado de bienes de consumo

Muchos de los procedimientos que hemos discutido se aplicarían también a los bienes de consumo. Aquí quiero analizar algo diferente: el hecho de que los hogares son los compradores en este mercado. De una parte, las familias no tienen recursos o conocimiento especializado de una envergadura semejante a los que tienen las empresas. De otra parte, si las familias adoptan la visión estrecha y fragmentaria de considerar cada rubro de compra en forma separada para lograr la mejor negociación, ignorando las interdependencias entre sus condiciones de producción y de uso, sus acciones se verán a menudo autofrustradas.(9) Un mercado socializado pondría mayor cantidad de conocimientos en manos de los hogares y los haría más atentos a las interdependencias entre sus actividades como productores y sus actividades como consumidores.

La información provista por la Comisión de Precios permitiría que las familias entendieran claramente cómo se forma el precio de un bien que compran en la tienda: cuánto va a cada actividad que contribuye a formar su precio; qué margen y qué costos se presentan en cada punto de la cadena de producción; qué tantos impuestos o subsidios se incorporan en ese precio. La respuesta de los hogares al aumento de precios es un factor esencial para el funcionamiento de una economía, sea capitalista o socialista. En ningún tipo de economía se ha proporcionado a los hogares la información suficiente para evaluar los precios, decidir si los aumentos son justificados o distinguir entre cambios en los precios relativos -- que son necesarios para los reajustes de la economía-- y aumentos en el nivel general de precios. De hecho, la rigidez a la baja de los precios ha significado que los ajustes en los precios relativos sólo puedan lograrse como parte de un aumento general del nivel de precios. Ningún sistema de precios puede generar un sistema racional de asignación de recursos si los precios no cubren los costos reales y las necesidades futuras de inversión. Pero, dado que la formación de precios es opaca, no debe sorprender que los hogares desconfíen de las autoridades (sean empresas capitalistas o planificadores socialistas) cuando anuncian la necesidad de aumentar los precios. Lo que se requiere no es una información detallada sobre todos los bienes y servicios; basta la de los principales productos que conforman una gran proporción de la canasta de gastos de las familias.

En las economías capitalistas ya existen redes de subcontratación entre grandes minoristas y sus proveedores, semejantes a las que existen en el caso de los bienes de producción. En efecto, minoristas tales como Marks and Spencer, Body Shop y Benetton son buenos ejemplos del systemofacture. Pero los hogares no están integrados a estas redes, con lo que éstas resultan en un "apretón de manos invisible" o en una "cooperación social objetiva" nebulosas, que poco distan de las compras rutinarias a un mismo distribuidor asegurado por unos precios "rígidos". Para fortalecer la débil posición de los hogares en tanto consumidores, propongo formar una Unión de Consumidores que actúe como coordinador de red entre los hogares y las empresas -- productoras, mayoristas y minoristas-- de bienes y servicios.

Esta Unión daría información sobre la calidad de los bienes y servicios, igual que las Asociaciones de Consumidores de algunas economías capitalistas; pero iría más allá. También daría información sobre las condiciones en que se producen los bienes y servicios, y sobre sus consecuencias ambientales. Las familias que deseen evitar la compra de bienes producidos en ciertas condiciones, y favorecer los que se producen en otras, tendrían la información necesaria. Los bienes producidos en las "mejores" condiciones --desde el punto de vista de la ecología, la igualdad de oportunidades o de condiciones laborales humanitarias-- podrían ser puestos de relieve. La Unión de Consumidores educaría a los hogares para que su visión acerca de las implicaciones de sus compras sea más amplia que la de mirar simplemente cuál es la forma más barata de satisfacer sus necesidades sentidas más inmediatas. Esto ayudaría a que los hogares aprecien que lo que, a corto plazo y desde el punto de vista individual, parece ser la "mejor compra", puede tener consecuencias nocivas a largo plazo. La Unión de Consumidores afrontaría muchas de las preocupaciones de los "eco- socialistas".

Las actividades de la Unión de Consumidores pueden ir más allá de su papel educativo, pues también puede prestar servicios para facilitar las compras y permitir que los hogares tomen iniciativas sobre el diseño y la especificación de los bienes. La Unión tendría, en cada localidad, seccionales que mantengan información actualizada sobre la disponibilidad de bienes y servicios, la cual podría difundirse a través de televisores equipados con sistemas como Prestel. La utilización de puntos de venta con tecnología electrónica permite reunir los datos sobre el nivel de stocks en forma rápida y simple. Si una familia desea saber en qué parte de su localidad puede comprar un jean azul oscuro para un niño de ocho años, la Unión de Consumidores puede dar esta información, evitando la búsqueda infructuosa por diversos almacenes. La Unión de Consumidores también podría capacitar a los hogares para que encarguen los productos en vez de responder simplemente a las ofertas de los productores. En su planta de personal habría no sólo expertos en derechos y protección de los consumidores sino también diseñadores e ingenieros capaces de identificar las necesidades insatisfechas y trabajar con los proveedores para satisfacerlas. Los proveedores, por supuesto, tratan de identificar las oportunidades de venta insatisfechas, pero no es lo mismo, porque tienen incentivos para modelar la expresión de las necesidades de modo que les reporten el máximo de ingresos. Para los hogares es difícil determinar la mejor forma de satisfacer sus necesidades si no están al tanto de toda la gama de posibilidades tecnológicas: es difícil especificar las necesidades en el plano abstracto, pero se facilita cuando se confronta con un abanico de posibilidades definidas. Este conflicto está aminorando con el desarrollo de la especialización flexible, la utilización de equipos con capacidad de pasar de producir tandas de un tipo de producto a tandas de otros productos sin perder tiempo reestructurando las herramientas.

Todas las empresas que deseen producir o vender bienes y servicios a los hogares deben registrarse en la Unión de Consumidores, revelar la información de sus productos, métodos de producción y niveles de inventarios; información que en cualquier caso requieren también para sus propios fines. Una buena parte de los recursos que se gastan en investigación de mercados y publicidad podría ser canalizada por la Unión, con lo cual se aprovecharían las economías de escala y se reducirían los costos de transacción. Es esencial que la Unión de Consumidores se financie con impuestos para que su asesoría sea independiente y se abstenga de utilizar "malas técnicas" en su propio provecho.(10)

Habría competencia, pero sería una competencia limitada, cuyos límites sobrepasarían los existentes en cualquier economía capitalista. Naturalmente, habría leyes para proteger la salud y la seguridad, legislación sobre protección ambiental y leyes para proteger los derechos de los empleados o consumidores individuales. Pero, además, habría limitaciones impuestas por el acceso independiente de los hogares a los medios de vida y por la ausencia de propiedad privada en el conocimiento. Esta ausencia no frenaría la innovación porque el Banco de Tecnología pagaría regalías. En todo caso, los beneficios extraordinarios no son el único impulso para la innovación; también hay otros incentivos poderosos: más tiempo libre, trabajo menos arduo, reconocimiento social, placer de producir nuevo conocimiento y resolver problemas. Además, el Regulador de Empresas Públicas podría conocer los registros de innovación de los equipos de trabajadores para determinar a quiénes contratar para crear nuevas empresas y cómo llevar a cabo la reestructuración.

Coordinación y control conscientes

A continuación sintetizo mi visión de la coordinación económica socialista. Primero, su objetivo no sería lograr un equilibrio ex ante, donde la oferta y la demanda sean iguales antes de que la producción se lleve a cabo. Este es un objetivo imposible de alcanzar. El problema de la coordinación con mercados privados no es que fallen en conseguir ese objetivo. sino que fallan para lograr ajustes en la dirección adecuada. Hay diversas razones para que las empresas autofinanciadas no necesariamente reduzcan los precios de los bienes con exceso de oferta y aumenten los precios de los bienes con exceso de demanda. Kalecki explicó la rigidez de precios por la colusión de tipo oligopólico; más recientemente, los economistas postkeynesianos e institucionalistas han explorado otras causas, asociadas a los costos de información y de transacción de una economía de mercado conformada por empresas autofinanciadas. La falla del mecanismo de mercado para lograr ajustes a nivel micro lleva a los problemas macroeconómicos del desempleo y la inflación que tanto preocupan a los socialistas. Los problemas que se presentan en los niveles micro y macro no pueden ser resueltos en forma independiente. De modo que el objetivo es poner en marcha un proceso de coordinación que ayude a evitar el desempleo y la inflación, mientras que al mismo tiempo lleve a incrementos de la productividad y satisfaga las necesidades de la población.

La planeación global de la economía es esencial para fijar los parámetros en que operan las empresas individuales y predecir las interdependencias más importantes. Pero tomaría la forma de una estrategia orientadora, de una visión del futuro, no la de un procedimiento para asignar en detalle los insumos materiales. Los planificadores de la Oficina Central de Planeación Económica obtendrían información de las redes de compradores y vendedores sobre los recursos esenciales para formular escenarios alternativos, uno de los cuales se escogería mediante algún proceso político de carácter democrático. Las políticas fiscal y monetaria jugarían un papel importante en la ejecución del plan, pero también lo deberían jugar las relaciones de reciprocidad, buena voluntad y persuasión, como ocurre en la coordinación económica japonesa.

Las empresas no estarían sometidas a decisiones administrativas obligatorias de los ministerios, aunque sean de propiedad pública y estén supervisadas por el Regulador de Empresas Públicas. Los empleados de las empresas públicas usarían los derechos de propiedad pero no los poseerían, y estas empresas deberían autofinanciarse. La reubicación de la fuerza de trabajo estaría a cargo del Regulador. Las empresas serían libres de escoger a sus proveedores y a sus clientes, pero sus interrelaciones con las demás, y con los hogares, estarían mediadas por las Comisiones de Precios y Salarios y por los coordinadores de redes, incluida la Unión de Consumidores. Las empresas establecerían y mantendrían contactos con los clientes y los proveedores a través de los canales públicos financiados con impuestos, y estos canales serían canales de libre acceso e información abierta. La formación de precios y salarios sería transparente; el diseño de productos y de procesos de producción también sería transparente. Se disolverían las barreras a la transferencia de información generadas por los mercados que operan en forma privada.

Tal sistema de coordinación no requiere procesar simultáneamente grandes cantidades de información, como se requiere en la planificación centralizada (lo cual no es factible ni siquiera con la tecnología de computación más reciente). En su lugar, se requiere reunir y procesar, en intervalos discretos y por tandas separadas, información que las empresas ya generan para su propio uso, como los costos unitarios, el nivel de inventarios y la especificación de productos y procesos. La barrera en este caso no es tecnológica: la actual tecnología de computación puede manejar esta clase de información y procesarla muy rápidamente. Las economías pobres pueden usar técnicas electromecánicas (e incluso ábacos) y serían más selectivas en la gama y profundidad de los mercados socializados. El sistema de información pública no sería una carga adicional, sino que remplazaría a la innumerable cantidad de operaciones de las empresas privadas, generando economías de escala considerables. La barrera no es técnica: es económica y política. Quienes buscan preservar su posición de poder se opondrán a la revelación de información. No hay recetas infalibles para lograr la revelación de información, pero en una economía donde la posibilidad de tomar iniciativas está ampliamente difundida y donde no hay mercados de capital para comprar y vender empresas, es mucho más probable que se reconozcan los beneficios de compartir la información.

El libre acceso a la información es el elemento clave para el control consciente de la economía. Entre los marxistas ha existido la tendencia --empezando por Marx-- a interpretar el control consciente en términos de recolección de toda la información pertinente en un punto del proceso de toma de decisiones, para adoptarlas con pleno conocimiento de todas las interconexiones y ramificaciones. Este es un objetivo indeseable e imposible de lograr. El control consciente debe interpretarse, más bien, como el libre acceso a la información disponible sobre el producto y su precio, de modo que cualquiera que tome una decisión tenga acceso a la misma información que los demás.

Esto tiene implicaciones para la pregunta de qué hacer para llegar a una economía socialista como la que propongo. En las economías capitalistas, la cuestión importante consiste en atacar las prerrogativas del capital sobre la información y comenzar a desarrollar redes que prefiguren las que requiere ese tipo de economía socialista.(11) Una enorme cantidad de temas --que van desde la regulación del mercado, pasando por las prácticas restrictivas y de cartel, las cuestiones ambientales, la protección a los consumidores, la democracia industrial y las estrategias industriales nacionales, hasta el gobierno abierto-- puede ser conjugada en una campaña global y coherente para conseguir el libre acceso a la información. Dentro de esta campaña, las prioridades deben consultar el punto de vista de quienes tienen menos control y acceso a la información, usualmente los más pobres. Esto tendría la ventaja de llevar el problema a un terreno ético y de captar la atención de socialistas y no socialistas, mientras que va al centro de la capacidad del capital para explotar al trabajo.

En las economías del Este, deben seguir atacándose las prerrogativas de la burocracia sobre la información, así como el manejo privilegiado de información por parte de las empresas. Se debe ir aún más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. La creación de mercados ha reforzado y extendido el poder de los administradores de las empresas a expensas de los trabajadores corrientes. De modo que las medidas para instaurar los mercados deben ser complementadas con medidas que tiendan a socializarlos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brown, B. Information Networks, mimeo, 1988.

Hirsch, F. 1977. Social Limits to Growth, Londres.

Kalecki, M. 1986. Selected Essays on Economic Planning, Oxford.

Kaplinsky, R. 1985. "Electronics-based Automation Technologies and the Onset of Systemofacture", World Development, v. 13, n. 3.

Murray, R. 1987. "Ownership, Control and the Market", New Left Review 164, julio-agosto.

Nove A. y Nuti, D. 1983. The Economics of Feasible Socialism, Londres.

Purdy, D. 1988, The Theory of Wages, Londres.

Sayer, A. 1986. "New Developments in Manufacturing: The Just-in-Time System", Capital and Class 30, verano.