Fecha/Date: 02/01/97
I
El proceso generalizado de globalización ha coincidido con otro más
específico de democratización política, el cual sigue su propia dinámica y su
específica lógica interna, aunque algunos hayan querido establecer,
erróneamente,
un signo igual entre el establecimiento de mercados libres y la reaparición de
regímenes democráticos. No es este, sin embargo, el objeto de este trabajo.
Aquí se
trata, más bien, de abordar algunos de los problemas referentes a la educación y
formación en valores democráticos y derechos humanos de los integrantes de las
Fuerzas Armadas en América Latina, en las nuevas circunstancias políticas y
sociales de
la transición democrática. Se considera que, en lo fundamental, tales
circunstancias
han sido y son favorables para un esfuerzo especial en este campo; aunque debe
reconocerse, también, que ello no se da libre de contradicciones,
contratendencias y
dificultades.
Hasta el momento actual, no parece existir cuestionamiento alguno acerca
de
la idea de que la comunidad internacional debe llevar adelante toda clase de
esfuerzos e iniciativas para fortalecer y desarrollar las instituciones y
procedimientos
electorales, a fin de garantizar que las elecciones sean libres, competitivas y
limpias; o
de que es necesario modernizar el funcionamiento de los Tribunales judiciales,
para
mejorar sustancialmente la administración de justicia. Otro tanto puede decirse
de
los sistemas de protección de los derechos humanos y su fortalecimiento, con la
creación en la mayoría de los países latinoamericanos de la figura del
Defensor de
los habitantes o Procurador de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el asunto no aparece tan claro cuando se trata de abordar la
cuestión con los militares. Como muy bien lo ha señalado Augusto Varas, " los
proyectos de democratización que están siendo llevados adelante en la región son
particularmente deficitarios en la esfera de la política militar. Las
democracias en
América Latina no han percibido claramente la importancia de la inserción de las
Fuerzas Armadas en el proceso democrático y, de este modo, no han podido
identificar este tema en sus proyectos de reforma del régimen político. El
problema,
al permanecer sin resolución, amenaza a las instituciones democráticas ya sea
por las
formas de acomodación que refuerzan la autonomía militar o por la posibilidad de
nuevas intervenciones en la esfera política.
La investigación teórica y empírica de las relaciones entre las Fuerzas
Armadas, la sociedad y el Estado se han convertido en una cuestión crucial para
la
democracia en la región."1
Respecto a los militares, debe reconocerse que tiende a predominar, más
que
una lectura cuidadosa y prudente de su situación real, de sus constricciones y
evoluciones psico-sociales e institucionales, otra que parece atribuirles una
naturaleza
fija, incapaz de ser variada o modificada de modo alguno. Semejante enfoque
tiende
a expresar, en el fondo, la existencia de una multiplicidad de preconceptos
respecto
a los uniformados, unas veces basados en amargas experiencias pasadas; otras, en
hechos imaginarios o distorsionados, o en generalizaciones infundadas.
Pero,
cualquiera que sea la causa y motivación de semejante actitud, tal enfoque tiene
dos
consecuencias negativas bastante claras:
a) Tiende, finalmente, a hacer más difícil el diagnóstico sobre la
nueva
situación nacional e internacional y obstaculiza una exacta valoración de su
real
incidencia sobre los militares y sus instituciones. Sin un diagnóstico correcto
de tales
cambios mundiales y regionales, no será posible establecer estrategias de
desarrollo
democrático y evitar presiones peligrosas para la soberanía nacional, la
seguridad del
Estado y la estabilidad del sistema político.2
b) Hace casi imposible habilitar a nuestras sociedades para dar el paso
audaz -y a juicio del autor indispensable- de abordar de una manera coherente y
clara, con relación a los uniformados, ciertas tareas fundamentales sin las
cuales la
consolidación democrática no podrá completarse a satisfacción.
Estas tareas básicas, que indispensablemente deben ser abordadas por los
nuevos gobiernos democráticos en la región, tendrían que incluir por lo menos a
las
siguientes:
a) Liquidar política, social y doctrinariamente los resabios de la
vieja
doctrina de la seguridad nacional y sus consecuencias negativas
antidemocráticas.
b) Contribuir activamente junto con los propios militares a reelaborar,
con seriedad y responsabilidad institucionales, los elementos clave de su nueva
doctrina militar democrática.
c) Resolver de una manera constitucional y respetuosa de la integridad
institucional de las Fuerzas Armadas, los problemas de su inserción equilibrada
en el
nuevo orden constitucional democrático; y, muy particularmente, las cuestiones
referentes a sus relaciones con los otros poderes del Estado y su ubicación más
adecuada y estable en el presupuesto de la nación.
d) Contribuir, mediante un acuerdo nacional explícito y
legítimo, a la definición clara de las competencias y límites de las funciones
y
prerrogativas de los Ejércitos; a su condición no deliberante y apolítica, en el
nuevo orden constitucional surgido con el advenimiento de la democracia; y a
garantizar explícitamente la subordinación de la fuerza armada al
poder civil constituido democrática y legítimamente, por medio de elecciones
limpias y competitivas.
Con la definición político-jurídica de un cuadro institucional semejante,
cobra
sentido -y se hace posible- abordar la importante y delicada tarea de contribuir
a la
formación de los oficiales y reclutas en los valores democráticos y el respeto a
los
derechos humanos, sin menoscabar ni la unidad o cohesión de la institución
armada,
ni los principios de jerarquía, unidad de mando, disciplina, obediencia y
lealtad.
No es posible alcanzar una verdadera consolidación democrática en América
Latina, mientras no se logre una reconversión institucional, educativa y
psicológica de
las Fuerzas Armadas de cada país, en concordancia con las reglas y condiciones
que
impone la vigencia de un sistema democrático. El mero regreso a los cuarteles
de los
uniformados es totalmente insuficiente; en realidad, eso no es sino un simple
anuncio del largo camino que queda por recorrer.
La adaptación a las nuevas reglas del juego institucional y político
democráticos, implica ciertamente para las instituciones militares reconocer
varios
elementos esenciales que se derivan de la nueva situación mundial, a saber:
a) El haberse producido, hasta época reciente y en algunos casos con
importantes supervivencias, un indebido desbordamiento institucional de parte
de
los Ejércitos, que finalmente ha resultado cada vez más incompatible con la
existencia
y funcionamiento de las instituciones representativas.
b) El haber ocupado las instituciones castrenses, durante largos años,
determinados espacios sociales e institucionales que por su propia naturaleza
correspondían a entidades civiles; y sin cuya restitución a estos, no es posible
alcanzar
una sólida integración social-territorial de la nación, ni una clara definición
de
espacios para las distintas entidades institucionales que conforman la
república.
c) El hecho de que, para la consolidación del régimen democrático, los
militares como individuos y la institución armada como fruto y expresión de un
tipo determinado de cultura institucional, requieren una adaptación a las nuevas
exigencias de la democracia representativa y a los cambios estratégicos operados
a
nivel nacional, regional y mundial. Esta evolución, a su vez, presenta algunos
caracteres principales: debe ser paulatina pero constante; voluntaria pero
orgánica;
interiorizada, conciente y autolimitada en los límites constitucionales y
legales de su
nuevo papel, pero sobre todo debe ser real y operante en la vida cotidiana del
Estado y la sociedad. Muy en particular, debe serlo sobre todo en lo que se
refiere a
la admisión por parte de los uniformados de su condición apolítica y no
deliberante,
y debidamente subordinada al poder civil democrático.
d) La existencia de una vinculación indisoluble entre la modernización,
tecnificación y adaptación de las Fuerzas Armadas a las nuevas condiciones de la
globalización y los nuevos retos a la paz y la seguridad, de un lado; y, de
otro, la
fundamentación ético-política democrática de su nueva doctrina militar y la
formación de sus oficiales y soldados en los principios de la democracia
representativa y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario.
No es de extrañar, por ello, que cuando en la sesión plenaria del 9 de
junio de
1995, la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución de apoyo a la labor
del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH)3, hizo referencia especial a dos hechos relevantes:
a) El primero, que en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de
diciembre de 1994, los mandatarios de las democracias del continente valoraron
los avances considerables hechos en el hemisferio en cuanto al desarrollo de
conceptos y normas de derechos humanos, aunque reconocieron que aun
subsistían importantes vacíos que debían llenarse a plenitud.
b) El segundo, que "la misma Cumbre propició la capacitación en
derechos humanos de los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley
y
de las fuerzas de seguridad", como un factor esencial en el proceso de
consolidación democrática y como fuerza moral en la nueva política de
colaboración interamericana.
Fue por ello que la Asamblea General decidió, unánimente, reconocer
ampliamente el esfuerzo realizado por el IIDH a nivel hermisférico, pero muy
especialmente "su labor en materia de educación y capacitación en el campo de
los
derechos humanos con todos los sectores de la población, incluyendo los jueces y
los administradores de justicia, los funcionarios públicos y, en particular,
los
agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley."
En otras palabras, es evidente que los esfuerzos que se realicen en
materia
de enseñanza y promoción de los derechos humanos entre las fuerzas armadas de
la región, no sólo se insertan en los mandatos presidenciales de la Cumbre
hemisférica y las preocupaciones de la Organización de Estados Americanos, sino
que responden a urgentes necesidades políticas continentales y mundiales, que
deben ser satisfechas a la mayor brevedad posible, para poder cumplir, en esta
área específica, con las tareas más urgentes, importantes y decisivas que se
realizan a nivel continental, para consolidar la democracia al interior de
nuestros
países, contribuir activamente, y en todas partes -Bosnia, Somalia, Haití- al
mantenimiento y establecimiento de la paz y convertir a América en el continente
no sólo de la paz y la seguridad, sino de la democracia y la libertad.
Sin embargo, debemos reconocer que hay todavía mucho trecho que
recorrer. Y no precisamente por un rumbo rectilíneo y sin obstáculos. Todo lo
contrario: es una empinada ruta de muchos recodos, con precipicios que
simbolizan
muy bien los peligros que de todas partes nos acechan: a la izquierda y a la
derecha;
atrás y, aunque un poco menos, también hacia adelante.
A la derecha, por la reticencia de algunos sectores civiles y
militares de
entender a cabalidad los cambios que se han operado a nivel mundial, con el
final de
la guerra fría, el empuje de la democracia a nivel global (y sobre todo en el
continente), y las nuevas y complicadas relaciones de poder militar, económico,
comercial, tecnológico y político que se desarrollan con fuerza en todo el
planeta, en
el mencionado proceso de globalización.
Estos sectores continúan anclados a una forma de pensar que no da cuenta
de tales cambios; que sigue operando con antiguas y rígidas categorías
conceptuales
que no se corresponden con las nuevas demandas de nuestras sociedades y
regiones; y que finalmente, por su falta de porosidad a las demandas y nuevas
condiciones que surgen en su entorno, terminan autoencerrados en una especie de
autismo político, que cree que lo mejor es aislar la institución militar y
apartarla de ese
mundo real que se desarrolla y cambia vertiginosamente sin su participación.
Tal enfoque limitante de su potencialidad estratégica, termina paralizando
y
arrinconando en un segundo plano a las Fuerzas Armadas, paradójicamente, en
nombre de su preservación, sin permitirles ni autotransformarse en un sentido
democrático y moderno, ni incorporarse activamente como institución a las tareas
de desarrollo y construcción del sistema democrático representativo. El efecto
final a que tiende esta manera de abordar el problema, no es otro que convertir
a
la fuerza armada en un obstaculizador peso muerto para la transformación
democrática, que no puede ni superarse, ni eliminarse, ni tampoco ser
incorporado
a los esfuerzos colectivos por construir la democracia.
Este enfoque, pues, al intentar hacer caso omiso del dilema planteado en
este
fin de siglo, de "transformarse y avanzar con la vanguardia; o languidecer e
ir a
remolque, renegando del desarrollo imparable de la historia contemporánea",
termina haciendo que sus seguidores y defensores marchen a la zaga de los
acontecimientos; y esto no por sus mejores deseos, que son en no pocos casos los
de
preservar intacta la Institución, sino por las objetivas consecuencias prácticas
de su
actitud, que no puede detener la dinámica imparable de los cambios. Estos, en
su
propia lógica, dejan al lado del camino a quien no es capaz de responder con
agilidad
a los nuevos retos que ellos conllevan.
A la extrema izquierda, y opuesta a esta primera actitud, se
ubicarían
los sectores que, malinterpretando los datos y significados reales de los
cambios
operados a nivel mundial y local, han creído llegado el momento de promover lisa
y
llanamente la desaparición de los ejércitos. Creyendo que la conocida ecuación
de
cañones y mantequilla es tan simple como su mero enunciado, están convencidos de
que la abolición de las Fuerzas Armadas por decreto sería, en primer término,
una
consecuencia ineludible de la nueva situación internacional; en segundo lugar,
una
racionalización de las mejores necesidades de la sociedad; y, en tercer término,
una fuente inmediata de recursos financieros para utilizar libremente en el
desarrollo económico.4
Estos sectores, en el fondo, entienden la creación y existencia del
Ejército
como simple resultado de una especie de libre decisión política subjetiva de un
grupo de individuos, susceptible de ser variada a voluntad. No comprenden,
porque no ven ni perciben ninguna constricción objetiva proveniente del
contexto
socio-político e histórico que subyace y explica la aparición y vigencia de las
Fuerzas
Armadas en un país determinado, que la existencia de las Fuerzas Armadas no es
resultado de un capricho u ocurrencia de nadie, sino que es un fenómeno
socio-político e institucional que se inserta en un universo complejo y
multicausal, que
tiene que ver con el origen mismo del Estado y la Nación. Lo cual, en algunos
casos,
se remonta al proceso, naturaleza y características mismas de la conquista y la
colonia en América.
Más allá de estas posiciones a la izquierda y a la derecha de la ruta de
cambios respecto a las fuerzas armadas, nos encontramos con los peligros de un
pasado peligrosamente presente aun hoy. Los peligros nos acosan también desde
atrás, pues allí nos encontramos con una vasta región donde yacen
experiencias antiguas y recientes de toda índole: en muchísmos casos lacerantes
y
dolorosas; en otros de alto valor histórico, pues allí también se hunden las
raíces
profundas del surgimiento y fundación de nuestras repúblicas.
Esta visión que se detiene sobre todo en el pasado, hace que el enfoque
sea inevitablemente selectivo y centre su atención en una estela de conductas
militares, que para los defensores a ultranza de los ejércitos son siempre
gloriosas
y fundantes de la nacionalidad y el Estado; y para los críticos de las fuerzas
armadas,
son siempre antidemocráticas, de desapariciones forzadas y de violaciones a los
derechos humanos, etc.
Sin embargo hoy, con el tránsito a la democracia, el peligro de ambos
enfoques, asidos férreamente a esas experiencias que se juzgan totalmente
positivas
o totalmente negativas, pareciera manifestarse en su irrealidad e
insosnibilidad, en el
primer caso; y en su insuficiencia e impotencia en el segundo.
En efecto: por lo que hace al primero, que sólo encuentra realizaciones
históricas positivas y cierra los ojos ante el cúmulo de fallas y aspectos
negativos de la
acción castrense en América Latina, se ha convertido en un criterio tan
insostenible e
insatisfactorio que cada vez más, al interior de los Ejércitos, tiene menos
adherentes
y sostenedores. Son cada vez más los militares que sienten que no puede taparse
el
sol con un dedo o eliminar una realidad de tan fácil comprobación histórica con
una
simple negación verbal; y más bien participan del criterio de que el futuro de
su
institución sólo puede ser sólidamente construido, en las nuevas condiciones de
la
globalización, con un equilibrado y verdadero ajuste de cuentas con ese pasado
que,
sin caer en inmolaciones inútiles, sí sirva para reconsiderar la ruta seguida
hasta ahora
y les faculte para retomar un nuevo rumbo, que les permita ser la fuerza armada
de
una nación y un Estado democráticos.
El otro enfoque, que mira con horror e indignación las violaciones a la
democracia y a los derechos humanos que plagan, sobre todo, el pasado reciente,
arriesga el mantenernos vueltos hacia el pasado exclusivamente, lo que nos puede
convertir, como le ocurrió a la bíblica mujer de Lot, en modernas estatuas de
sal
mirando para siempre hacia un ayer por lo demás irrecuperable; y del cual no se
podrán extraer, en esas condiciones, iniciativas políticas e institucionales
realistas,
positivas y útiles para avanzar mejor y con menos errores, en el presente y en
el
futuro, en la construcción de un Estado de Derecho, donde el respeto a los
derechos
humanos y los valores democráticos sea la norma y no la excepción.
No se trata, desde luego, de ignorar la realidad de ese pasado tormentoso,
violento y difícil. Este está ahí y no puede borrarse a voluntad, como no
parece
posible hacerlo tampoco con la existencia, el peso y las funciones de los
Ejércitos.
Quizá, incluso, por tratarse del pasado y no poderse cambiar, éste pareciera más
inconmovible y omnipresente. Y es preciso, además, reconocerlo como hecho
histórico incontestable y ajustar cuentas con él, tanto para exorcisar a la
institución
y a las nuevas promociones de tal herencia que no se acepta en el nuevo régimen
de democracia representativa, como para que tal cúmulo de violaciones no se
repita nunca más.
Pero si ese pasado no es ubicado en una adecuada perspectiva de futuro; si
no se le sitúa en la necesidad de superarlo y cumplir con la tarea de avanzar en
la
consolidación democrática; o en la búsqueda del camino adecuado para lograr una
inserción digna y positiva de la Nación en el mundo globalizado de hoy, donde
todos
-organizaciones internacionales y privadas, individuos y Estados- miran, opinan,
influyen e incluso facilitan la aplicación de la condicionalidad cruzada; si no
es así,
entonces el anclarse en el pasado podría convertirse en freno; en peligrosa
fuente de
estancamiento; o en obstáculo insalvable para el reencuentro, en perspectiva
democrática, de la Nación y sus instituciones.
Y es que todas nuestras naciones están urgidas hoy -como en los momentos
más difíciles de nuestra historia- de unidad, democracia y respeto a los
derechos
humanos, para hacer fructíferos los esfuerzos que llevan a cabo nuestros pueblos
-contra viento y marea- para desarrollarse libres, fecundos, soberanos y con sus
propias dimensiones culturales.
Al fin y al cabo es innegable que, hoy por hoy, los valores fundamentales
que
caracterizan la raíz más profunda de nuestras naciones, están sometidos no sólo
a las
fuertes presiones que surgen de los acelerados procesos de globalización que nos
ha
tocado vivir y afrontar, sino a profundos y diversos tipos de cambios:
regionales y
nacionales,unos; científicos, culturales y tecnológicos, otros. Pero que en su
proceso
de transformación están marcando ya los nuevos perfiles de nuestras
nacionalidades,
para ese siglo XXI que parece haber comenzado en 1989, con la caída de la Unión
Soviética y el llamado mundo socialista; con el fin de la Guerra Fría y con la
gran
revolución en las comunicaciones y la cibernética.
Finalmente, hay peligro también en la manera de ir hacia adelante,
aunque aquí el riesgo pareciera menos grave. En este caso, el problema
consistiría en
una estrategia de desarrollo democrático que no capte bien que la tarea política
es
doble:
a) De una parte, la sustantiva, constituida por la redefinición
orgánica y
conforme a las disposiciones constitucionales de las relaciones entre los
poderes
civiles y militares, según el principio de la subordinación de la espada a la
ley y a la
Constitución. Este, con todo, es el punto de partida fundamental, y más que un
hecho es el resultado de un complejo, multidimensional, simultáneo y
contradictorio
proceso de transición democrática, sin lo cual todo lo demás pareciera perder
significado y objeto.
b) De otra, la adjetiva, aunque no menos importante y necesaria, que es
la nueva formación y educación en derechos humanos y valores democráticos de los
cuadros militares, concebidas no como una enseñanza informativa para generar un
conocimiento adicional y paralelo a la formación del militar moderno, sino como
un
elemento consustancial y práctico de su accionar cotidiano, en la paz y en el
conflicto.
Sería un grave error creer que de lo que se trata es de recibir una simple
preparación sobre los derechos humanos como si estos, de un lado, y la
doctrina y formación militar, de otro, fueran dos compartimientos estancos y
aislados, donde al final sólo se rinde un examen escolar del tipo: "los derechos
humanos son..."; y luego se sigue actuando exactamente igual que antes.
O, lo que sería aun un error peor, asumir el criterio de que estamos
frente a
una moda a la que es necesario atender, pero que más pronto que tarde
dichosamente terminará pasando; como si no estuviéramos lidiando nada menos
que con el nuevo y único fundamento moral y político que verdaderamente legitima
y justifica la actuación de las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía
nacional, de
la integridad territorial y de la paz y la seguridad de nuestros pueblos
soberanos.
Conviene detenerse por un momento en esta dimensión del problema de la
formación militar en derechos humanos y valores democráticos.
Algunos sectores, especialmente entre elementos castrenses
autoconsiderados como duros, han tendido a pensar que, en las
circunstancias
contemporáneas, no es mucho lo que puede hacerse, pues habría que evadirse del
mundo real para poder alcanzar el sitio idílico donde, únicamente, tendrían real
aplicación doctrinas tan hermosas pero ajenas al accionar verdadero de la
sociedad, la
vida y el mundo contemporáneos, tan imbuidos de inseguridad, violencia y
manipulación.
Pues no. Se trata exactamente de lo contrario. Es a la realidad
contemporánea, a ese mundo de tensiones, fracturas, extravíos y encuentros, con
todas sus nuevas características nacionales e internacionales, peligros y
oportunidades, adonde se requiere ir. Pero ya no con el justificado y
explicable
desconcierto de nuestros pueblos en los primeros años de la Independencia
hispanoamericana; o como naciones atrasadas que descubren, entre sorprendidos y
extasiados, la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en
otras
latitudes del mundo occidental. Sino, más bien, como creadores de una nueva
historia, nutrida de urgentes reencuentros nacionales, de equilibrados
desarrollos
hemisféricos, de amplia colaboración global y, sobre todo, contando con la
fuerza
moral incuestionable que le da no sólo a quienes llevan uniforme, pero a ellos
muy
especialmente, el saber que se lucha y se vive por la causa de la libertad; del
respeto
al ser humano y sus derechos básicos; de la democracia y de la perpetuación
digna,
en el concierto internacional, de la propia nación.
En cuanto a las pretensiones maximalistas de los que quieren la
desaparición
pura y simple de las Fuerzas Armadas, la realidad ha puesto en evidencia que el
hombre y la sociedad son mucho más complejos que lo que han creído los que así
han planteado la abolición inmediata de los Ejércitos. Al fin y al cabo, la
existencia y
función de las instituciones militares responden a realidades históricas, socio-
políticas
y culturales objetivas, de las que no se puede prescindir a voluntad.
Los cambios que se han operado con el fin de la guerra fría y la
globalización,
efectivamente pusieron a muchos a buscar e inventar nuevas funciones para
justificar la existencia de los Ejércitos, como si éstos fueran una especie de
parodia de
la obra de Luigi Pirandello "Cinco personajes en busca de autor". Y como si las
nuevas
responsabilidades surgidas con el fin de siglo y directamente ligadas a las
nuevas
amenazas a la seguridad ciudadana y del Estado que podemos identificar
contemporáneamente, no fueran una consecuencia natural de las misiones
fundamentales y clásicas de los Ejércitos y estrictamente enmarcadas en
ellas.
Lo interesante es que esta aparente respuesta a cuestiones como: "¿para
qué
sirven los ejércitos de países pobres y en desarrollo después del fin de la
guerra fría,
la experiencia de la guerra del Golfo y la invasión a Panamá?" (para mencionar
alguna
de las muchas frases que se han dicho), no resolvió sino que más bien profundizó
una
explicable pero finalmente infundada crisis de identidad en muchos de los
integrantes de las Fuerzas Armadas.
Estas, por su parte, siguen teniendo a mi juicio como misión fundamental,
la
defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial y la seguridad de
la
nación, más aquellas otras funciones vinculadas con formas de servicio social y
nacional directamente ligadas a la población; aunque, debemos subrayarlo
explícitamente, no en el espíritu ni con los fines, hoy sin sentido, de las
tareas
cívico-militares de la contrainsurgencia.
Por el contrario, tales funciones esenciales aparecen ahora claramente
ubicadas en un contexto nacional e internacional que hace ineludible la
existencia,
por razones de legitimidad, conveniencia y eficacia, de tres elementos
constituyentes
fundamentales:
a) Un moderno Estado de Derecho, que busca la paz y no la guerra; y
que contribuye junto con los otros miembros democráticos de la comunidad
internacional a garantizar e incluso imponer esa paz, cuando tal circunstancia
se hace
de interés para la seguridad mundial.
b) Un sistema político democrático, que permite la integración al
Estado nacional de todos los estratos sociales y todos los titulares de la
ciudadanía, en
un claro concepto y esfuerzo de desarrollo y construcción de la nación; y, por
último,
c) Un orden jurídico y social, que se inspira en y es estrictamente
respetuoso y garante de los derechos humanos fundamentales.
Por ello mismo no es posible abordar una tarea tan sustantiva con un
criterio cosmetológico, tan empobrecedor como inútil, que sólo busque
disimular
los defectos y encubrir las fealdades. La democracia y el mundo moderno
caminan
en medio de la luz enceguecedora de la libre información, del examen inmediato y
simultáneo de la conducta de líderes, gobiernos, instituciones y empresas. Y no
es
posible eludir ni las denuncias, ni la crítica, ni el examen de la propia
conducta, si no
es contraponiendo a la tergiversación la corrección justa; a la desinformación
la
información verídica; en una palabra, a la mentira la verdad.
Por ello, la tareas de educación de los oficiales y soldados en materia de
derechos humanos, son mucho más que una información sobre el tema, que corre
paralela pero separada de su formación integral y práctica como militares
profesionales.
La formación en derechos humanos y en los principios del derecho
internacional humanitario es, más bien, un elemento central y consustancial de
la
nueva doctrina militar de las democracias occidentales; y constituye, en última
instancia, la base ético-jurídica y doctrinaria para la formación del nuevo tipo
de
soldado que la postguerra fría requiere con urgencia; que la globalización
impone
como carta de legitimidad internacional; y que el éxito de las misiones
concretas,
dentro y fuera del país, hace impostergable.
¿Cómo llevar a feliz término una operación de mantenimiento de la paz si,
más allá de las cuestiones técnicas y militares, no se entiende el alcance que
en
materia de derechos humanos tiene ese despliegue militar? Detengámonos un
minuto en esta cuestión a modo de ejemplo, habida cuenta de la importancia y
amplia participación que han venido teniendo y tienen en la actualidad nuestros
ejércitos en esas operaciones de mantenimiento de la paz.
Pues bien. Cumplida la etapa de despliegue ¿qué es lo que nuestros
oficiales
se encuentran? Una población civil; fracciones armadas que luchan entre sí por
motivaciones distintas, en medio de restos o porciones de instituciones
estatales con
serias dificultades de operación; y de mujeres, niños, etnias, religiones, etc.
que de
alguna manera buscan en nuestros soldados su respeto, seguridad y libertad.
Cabría preguntarse: ¿cómo podría merecer fe y respeto entre la población
civil que busca ser respetada y que queremos proteger, un destacamento militar
que
no sea portador de los valores que precisamente tiene como tarea garantizar?
¿Con
qué autoridad moral se puede defender e imponer el respeto a los derechos
humanos, si en el país de origen estos se violan y en el propio Ejército se
desconocen
y no se educa en ellos a su oficialidad y tropa? ¿Es o no cierto que, desde un
primer
momento, los oficiales en operaciones de mantenimiento o imposición de la paz
tienen que tratar y resolver cuestiones referidas a minorías, etnias,
refugiados,
torturas y, en general, violaciones a los derechos humanos de la población?
¿Participan, en tales casos, en la reorganización del Estado y sus instituciones
fundamentales? Y si lo hacen ¿cuáles son los criterios de organización,
funcionamiento y competencia de tales órganos? ¿Cómo podrían hacerlo propia y
adecuadamente, si los derechos humanos continuaran siendo considerados mera
dispersión ideológica, moda transitoria, fuente de venganza o simple disimulo
cosmetológico, y no elemento ético-jurídico y motivacional del nuevo oficial y
soldado que demanda el mundo contemporáneo? ¿Cómo coordinar, colaborar y
llevar a buen término operaciones militares conjuntas entre distintos países,
dando
interpretación cabal de los límites y facultades que otorgan, por ejemplo, las
reglas
de empeñamiento en una operación internacional determinada, entre militares que,
de un lado, tienen la fuerza y motivación moral del respeto a los derechos
humanos,
saben de ellos por la educación recibida y la práctica cotidiana en su propio
país, y
entienden por ello los límites de su aplicación en acciones de esta naturaleza;
y, de
otro lado, militares que los irrespetan en su país, no creen en ellos, no los
entienden y
desde luego no saben cómo aplicarlos en situaciones límite?
En una palabra: la educación en derechos humanos y la formación militar
moderna, con la nueva doctrina que emerge del tránsito a la democracia y el
final de
la guerra fría, son elementos indisolubles que no sólo permiten la modernización
y
reconversión de los Ejércitos, sino el mejor cumplimiento de su papel; los
capacita
para el desarrollo de labores conjuntas con otras Fuerzas Armadas; promueve y
cimenta más sólidamente una mejor cooperación a nivel internacional; y
determina,
en fin, el reforzamiento de las tareas de consolidación democrática y del
desarrollo
integral, en paz y libertad, de todo el hemisferio.
Al fin y al cabo, un régimen autócratico podría incluso respetar las leyes
de la
guerra, sin dejar de ser autócrata, tiránico y violador de los derechos humanos;
pero
difícilmente podría respetar cabalmente el derecho de los derechos humanos,
porque estos son consustanciales con la democracia.
Se trata, entonces, de tomar la iniciativa por parte de los
propios Ejércitos y Academias Militares para integrar a sus proyectos de
formación
en Academias y Escuelas la enseñanza de los derechos humanos y los valores
democráticos, y no dejarla librada a la marcha de los acontecimientos y a la
buena
intención de oficiales y soldados. Debe comprenderse que tal educación es parte
de
la modernización de la doctrina militar, y es uno de los requisitos
fundamentales para
poner a ésta en concordancia práctica con las nuevas condiciones internacionales
y
nacionales en que los Ejércitos deben actuar y existir; y con los retos que la
globalización presenta a todas nuestras naciones como un todo.
La cooperación internacional en el campo de la seguridad hemisférica,
ciertamente pasa por la elevación del nivel técnico y profesional de los
militares para
el desempeño de sus funciones básicas, que no hay que andar inventando e
improvisando porque están especificadas en las Constituciones mismas de nuestros
Estados y en la realidad socio-política de nuestras naciones. Pero exige
también, de
manera esencial, la formación doctrinaria y práctica de nuestros militares en
derechos
humanos, como parte consustancial de la nueva doctrina militar moderna y como
estadio nuevo y superior de su profesionalización.
Y esto tanto por razones prácticas de credibilidad y confianza de la
sociedad
nacional y de la comunidad internacional, y de las altas expectativas en la
eficacia y
corrección en el desempeño de sus labores; como también por razones de
motivación y fundamento ético-político de las propias unidades militares, en su
accionar contra adversarios de diverso tipo, en sus vínculos con el resto de la
sociedad y en sus relaciones institucionales con las otras entidades que
integran al
Estado nacional y al sistema político global.
Esos adversarios que comprometen la paz internacional; violan los derechos
humanos; irrespetan a las minorías; cometen genocidios y se erigen en amenaza
para
la seguridad de nuestros Estados y naciones, es de esperar que no se diferencien
de
nuestros soldados solamente por el tipo de uniforme que usen, el color de su
bandera o la clase de armas que porten, sino por algo más radical y profundo.
La verdadera diferencia deberá estar en la actitud vital de convicción y
respeto de nuestros oficiales y soldados ante el ser humano y sus derechos
fundamentales, ante la democracia y ante la libertad. Porque ese será, quizás,
no sólo
en el corto sino en el largo plazo, el factor decisivo para garantizar una
verdadera
victoria, no tanto de las armas, como de la libertad y la justicia.
1) Concepto de globalización.
Entendemos como globalización, el acelerado proceso de cambio que, a nivel
mundial, se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano,
pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el
comercio, las
finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Este
cambio ha
conectado por primera vez, de manera prácticamente inmediata, a todos los
regiones del planeta entre sí y proyectado de igual forma los efectos del
acontecer
en esos diversos campos a lo largo y ancho de toda la geografía planetaria.
Sin embargo, este proceso no tiene un carácter unívoco e igual. Sus
formas
de expresión, así como su significado, se ven matizados por una serie de
condicionamientos que colocan, en una nueva dimensión, las diferenciaciones
sociales y culturales al interior de cada sociedad y entre las sociedades
mismas.
Es así, que podemos señalar algunas de las características relevantes de
este
fenómeno propio de finales del siglo XX, que nos permitirán comprender mejor su
significado en los sistemas políticos y sociales de la América Latina y en el
nuevo
sistema de relaciones internacionales, surgido después del fin de la guerra fría
y la
desaparición de la Unión Soviética.
2) Características de la globalización.
a) La primera característica que podemos señalar es, precisamente, su
carácter de planetaria. Esto significa que en la época contemporánea los
fenómenos que tienen lugar en un sitio del planeta, no reducen su significación
a la
estrecha geografía donde se han producido, sino que se proyectan
inconteniblemente al resto del orbe, con consecuencias inesperadas y, a veces,
superiores a las que era racionalmente posible atribuirles en el espacio
puramente
nacional donde se produjeron. Así, por ejemplo, los acontecimientos en Chiapas
-más
allá de las simpatías y sentimientos de justicia que puedan acompañar el
fenómeno-,
representan relativamente poco en cuanto a su significado poblacional, social,
económico y político en el México de hoy. Sin embargo, por el momento en que se
produjeron -esto es: la fecha de entrada en vigencia del Tratado de Libre
Comercio
(TLC)-, recibieron una atención sobredimensionada que no guardó correspondencia
con su limitados alcances reales. Así, la gran arma del llamado Comandante
Marcos no
ha sido la AK-47, sino su habilidad en intrigar e interesar a la prensa
internacional.
Igualmente, lo que sucede en Haití y Rwanda, perdidos en el Caribe y en Africa,
resultan con efectos en París y New York.
Si el comercio mundial unió al mundo, hoy los medios de comunicación vía
satélite, el desarrollo de la computación y las comunicaciones globales hacen
del
planeta uno sólo de alcance prácticamente simultáneo. Quedar al margen de esta
interconexión global es quedar fuera del curso normal de la historia y
marginarse de
las corrientes más fuertes del desarrollo científico, tecnológico y cultural de
la
civilización.
b) La segunda característica está representada por su condición de ser
universal. Se trata de un fenómeno nuevo que abarca todas las esferas
del
quehacer humano: el comercio, las finanzas y la economía; el transporte, la
ciencia y
la tecnología; la salud, la informática y las telecomunicaciones; la economía,
la
política, la salud, la astronomía y la música, etc.
c) La siguiente característica es su condición de asimétrica.
No
obstante su condición de planetaria y universal, la globalización no tiene la
misma
significación según sea que lo que sucede, esté ocurriendo en cualquiera de los
países
que forman el Grupo de los 7; o en Rusia. O que más bien se esté produciendo en
Tanzania, Nicaragua o Madagascar. Los filtros sociales y nacionales, en
relación directa
con la potencialidad económica, financiera, militar, cultural y tecnológica de
cada
sociedad, juegan aquí un papel para determinar los alcances y significados
reales y
concretos de cada fenómeno globalizador.
d) Esto guarda relación directa con el hecho de que la globalización se
presenta, así, necesariamente diferenciada. Sus costos y efectos se
distribuyen de manera diferente en las distintas zonas del planeta. Los
descubrimientos e innovaciones no tienen así igual manifestación según se trate
de
países desarrollados o subdesarrollados; según se esté en la élite social,
política y
cultural dirigente de la nación, o en uno de sus estratos marginados o
subalternos,
etc. Hay, inevitablemente, una diferenciación que no puede ignorarse, aunque
haya
también una interconexión comunicante que no deja de operar e influir en todas
partes
e) Asimismo, la globalización se nos presenta como desigual. Esto
quiere decir que el poder e influencia de la globalización y sus
mecanismos, en lo militar, lo económico, lo tecnológico y lo político,
etc., se distribuyen desigualmente, en atención al nivel de desarrollo
económico y poderío militar y cultural de cada participante en el
proceso. Será, de este modo, distinto según se trate de Estados
Unidos o Japón, de Cuba o Panamá; de Brasil y Argentina o de
Nicaragua y Mozambique.
f) A las anteriores características debe agregarse aquella que expresa el
hecho de que la globalización, tanto en su origen como en las diversas
manifestaciones de su desarrollo y culminación, resulta ciertamente
ser impredecible. Se ignoran, se puede decir que c
ción nos aparece como devastadora. Se trata de un
fenómeno socio-histórico que ha sacudido desde sus raíces los
mecanismos de estructuración social y política prevalecientes a lo
largo de todo el siglo XX. La modernización económica y el cambio
social que la ha acompañado, tienden a separar a los pueblos de su
identidad local tradicional; y debilitan, en general, al Estado como
elemento de identidad común. Se quiebran así todos o casi todos los
tradicionales referentes políticos, morales y sociales (tales como el
Estado, la soberanía, las fronteras, el orden, la clase, las ideologías y los
paradigmas de racionalización, así como las nociones discriminatorias
entre amigo y enemigo, etc). La crisis de un lugar es rápidamente
asimilada en otro sitio y hasta el delito y la enfermedad se
internacionalizan y se globalizan, como lo demuestra el narcotráfico, el
lavado de dólares y el SIDA.
i) Es natural que, en estas condiciones, otra de las características de
la
globalización sea el que es instintivamente regresiva. La pérdida que la
acompaña de los referentes sociales tradicionales, a los que estaba habituado el
ciudadano y las colectividades, hace a los pueblos retroceder, casi por
instinto, a los
referentes integrativos más primarios: la religión, la etnia, el
neonacionalismo, ya sea
éste de carácter religioso, cultural o étnico; y, en última instancia, a la
fuerza, como
mecanismos cohesionador y estructurador de un orden que se percibe en
decadencia.
3) El contexto socio-político de la globalización.
Si bien la globalización como fenómeno histórico de alcance mundial tiene
su
propia dinámica, se produce en un contexto socio-político que facilita su
desarrollo y,
dialécticamente, es resultado de las profundas transformaciones científicas y
tecnológicas que han hecho posible tanto la globalización como los cambios
políticos
y sociales de las dos últimas décadas. Estos cambios pueden verse
separadamente,
según sus alcances se refieran a un ámbito de alcance mundial o a uno
regional.
Conviene, por ello, analizar tales cambios más detalladamente.
a) Los cambios mundiales: Entre estos destacan, obviamente, los
siguientes:
En primer término, debemos señalar el fin de la guerra fría. No es
necesario extenderse en este extremo, aunque sí es bueno recordar que este
acontecimiento histórico-mundial no se produjo como resultado de la desaparición
de la Unión Soviética, sino más bien como un complicado proceso de cambio en las
relaciones internacionales y en la naturaleza del régimen político y social de
la
antigua URSS, a partir de la perestroika y la glasnost. Esto, por sí mismo,
abrió un
amplio espacio para una redefinición de las relaciones internacionales y la
solución
pacífica de los conflictos, lo que permitió superar los reflejos condicionados y
los
estereotipos de la etapa anterior. Y colocó sobre nuevas bases los enfoques
sobre
política exterior y relaciones políticas y estratégicas internacionales,
superando las
confrontaciones tradicionales y abriendo oportunidades a la colaboración y la
flexibilidad en el tratamiento de los problemas.
En segundo lugar, está la disolución de la Unión Soviética, que
marcó
un acontecimiento sin precedentes en la historia mundial, tanto por la calidad,
significación mundial y peso específico -en lo económico, cultural y militar- de
la
entidad que desaparecía, como por la velocidad e irreversibilidad del fenómeno
en sí
mismo. Más allá de las razones políticas, psicológicas y financieras concretas
de lo
ocurrido, se trató de un hecho de significación profunda en todo el planeta, que
cambió radicalmente no sólo las percepciones políticas de cada quien, sino
también
las certezas y los referentes internacionales de los Estados y ciudadanos de
todo el
orbe.
Esto trajo, a su vez, otro cambio sustantivo de enorme importancia en la
política mundial, que fue el fin de la bipolaridad. Al parecer, lo que
seguía era
un nuevo mundo, con una hegemonía bien definida, la de los Estados Unidos; o, a
lo
sumo, una hegemonía compartida con bloques, que permitirían rápidamente
establecer un soñado nuevo orden internacional, bajo la égida del capitalismo,
la paz
y la democracia burguesa. Con todo, el fenómeno resultó ser mucho más complejo,
dinámico y contradictorio, no sólo para quienes, como la URSS, abandonaban el
escenario, sino para quienes se quedaban en él. Lo que siguió fue una especie
de
nuevo desorden internacional, que no termina de encontrar su nuevo punto de
equilibrio y que requiere, para lograrlo, una nueva redefinición de alianzas,
formas de
colaboración, competencias y poderes a nivel mundial. De hecho, pues, se
transitó
de un mundo bipolar, de agudas contradicciones ideológicas propias de la guerra
fría, a una recomposición múltiple de nuevos centros de poder político,
comercial y
económico, y a una relativa unipolaridad militar.
En este sentido, se produce un nuevo fenómeno, ya en desarrollo con
anterioridad, consistente en la formación de bloques más bien de carácter
político, comercial y económico, aunque no claramente aun militar. Hacen así su
aparición, o se consolidan en las nuevas condiciones internacionales, la Unión
Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLC o
NAFTA), o
los organismos que buscan expresar la Comunidad de Naciones del Sudeste Asiático
que integran la Cuenca del Pacífico, etc.
En abierta contradicción con esta tendencia, que podríamos considerar como
principal, se encuentra el renacimiento de diversas formas de nacionalismos y
fundamentalismos, muy ligados a cuestiones de tipo étnico y religioso, que
han
empezado a marcar el desarrollo de los fenómenos políticos internacionales en la
actualidad. Sus versiones no pueden verse ubicadas únicamente en el mundo
musulmán, sino que abarcan múltiples expresiones, entre las que ciertas
versiones del
indigenismo, el terrorismo y el sectarismo religioso no son de escasa
significación. Lo
interesante es que su presencia se da en el Canadá y los Estados Unidos; en
Guatemala
y Sri Lanka; en España y en el Sahara; en Yugoeslavia y Rusia; en China y la
India, etc.
b) Los cambios regionales: Entre aquellos cambios que se han
producido en la América Latina, incluyendo en primer término a la América
Central,
son de destacar los siguientes:
-Transición de la guerra a la paz. Esta transición marca la vida
política
de naciones que tuvieron que sufrir el desgaste y los costos de un
enfrentamiento
militar interno, como El Salvador, Nicaragua, Perú, en cierto modo Panamá,
Argentina
y Uruguay. La firma de acuerdos o el cambio de políticas estatales, permitieron
el
tránsito de una situación de guerra interna y violación de los derechos humanos,
a
otra de pacificación y de establecimiento de nuevas reglas democráticas del
juego
político. Esto, a su vez, permitió afrontar otras dimensiones de la
problemática
política.
-Transición a la democracia. Se presentan así las condiciones para
afrontar las tareas de transición política de los regímenes autoritarios, de
sustentación militar, a otros de carácter democrático. Teóricamente, se buscaba
que
la transición se orientara a la construcción de un sistema democrático
representativo;
pero la realidad mostró ser mucho más compleja y difícil, sobre todo por la
ausencia
de instituciones fuertes y bien consolidadas y dadas las difíciles condiciones
socio-económicas en que hubo de darse el proceso, lo que ha originado, en
algunos
casos, la aparición de un sistema democrático pero de carácter delegativo.
-Transición a un nuevo modelo económico. Como si las tareas de la
transición política no fueran suficientemente complejas en sí mismas, debieron
combinarse con otro proceso de cambio profundo, referido al modelo económico
imperante. Este, que había buscado el desarrollo hacia adentro, mediante la
sustitución de importaciones, resultó limitado e inoperante, lo que obligó a
cambiar
la orientación y buscar, más bien, un modelo de desarrollo hacia afuera, de
carácter
neoexportador, más inclinado hacia el libre mercado, y mucho menos al mercado
regulado e intervenido por la acción del Estado.
Fueron estos objetivos los que, junto con el problema de la deuda externa,
su
servicio y la inestabilidad inherente a procesos inflacionarios incontrolados,
los que
alimentaron, desde afuera, la adopción de los llamados Programas de Reajuste
Estructural. Estos se convirtieron rápidamente en el eje de las políticas
económicas
de la región, pues fueron requisito indispensable para tener acceso a los
empréstitos
y facilidades brindadas por el sistema financiero internacional y los organismos
correspondientes (Bando Mundial, BID, FMI, etc.)
-Transición a un nuevo modelo de Estado. Esto implicó una
modificación sustantial del modelo de Estado imperante en la región. Se pasó
así del
Estado benefactor e intervencionista, muy en correspondencia con las
orientaciones
ideológicas populistas, socialdemócratas y desarrollistas, a un nuevo modelo de
Estado facilitador y coordinador, que debía no sólo restringir las áreas de su
servicio y
función, sino desprenderse de importantes ramas de actividad, mediante
acelerados
programas de privatización. Se dió así inicio a diversos programas de Reforma
del
Estado, en la búsqueda de incrementar la eficiencia, la mejor utilización de los
recursos escasos y ampliar el espacio para el desarrollo de la iniciativa
privada y la
inversión extranjera.
c) Efectos en el corto plazo:
Los cambios introducidos en los esquemas económicos y productivos de la
región, han empezado a manifestar efectos positivos, aunque más sensibles en el
mediano y largo plazo. Así, aunque para 1994, la CEPAL5 tuvo a bien
señalar la existencia de nuevos indicios que mostraban la consolidación de un
patrón
de desempeño económico más dinámico en América Latina y el Caribe, el logro no
está en absoluto consolidado. La tasa de crecimiento del PIB regional pasó de
un
promedio de 3.2% anual en el trienio 1991-1993 a 3.7% en 1994, incremento sólo
igualado una vez en los últimos 14 años. El ingreso por habitante aumentó 1.9%.
La
inflación media, sin incluir al Brasil, descendió a 16%, la menor en varios
decenios.
Además, los países de América Latina y el Caribe siguieron atrayendo grandes
volúmenes de capital extranjero, que en 1994 se acercaron a 57.000 millones de
dólares y permitieron financiar el creciente déficit de cuenta corriente.
En 1995 los indicadores señalan que la inflación regional cayó a su más
bajo
nivel desde 1970 y que los ingresos por exportaciones rondaron un crecimiento
del
20%. Sin embargo, en general, el crecimiento del PIB descendió del 4.5% al
0.5%. En
términos del ingreso per capita éste tuvo una caída del 2%, que borró el
incremento del 2% que se había logrado en 1994. El déficit de cuenta corriente
de la
región bajó de US$50 mil millones a US$35 mil millones al recortarse el
crecimiento de
las importaciones.
El alivio del peso de la deuda externa que trajo a la región el Plan Brady
y los
programas de privatización, sin embargo, parecen haberse agotado y hacen
previsible para varios países el tener que enfrentar el peso del servicio de la
deuda
externa en los próximos años.
Si bien los cambios ya operados difícilmente podrían revertirse, el
progreso
hacia la plena realización del modelo buscado parece tender a disminuir sus
ritmo y
profundidad, por el incremento de las diversas resistencias que aparecen en su
camino. Si bien el descenso en la inflación que la internacionalización ha
visto
desarrollarse, es una tendencia positiva, no se trata de algo consolidado ni
mucho
menos irreversible. Después del efecto tequila en México y el clima de
poca
confianza financiera, la estabilidad en los precios supone tasas de interés muy
altas,
que minan la inversión productiva y la disciplina fiscal.
En todo caso, sin perspectivas de éxito claras y definidas a mediano y
largo
plazo, en el corto plazo las consecuencias de los nuevos programas que se
implementan en el contexto de la globalización y la internacionalización de
nuestros
mercados, sí resultan bastante evidentes, aunque no necesariamente permanentes
ni
necesariamente universales. Destacan, para efectos de este análisis, las
siguientes:
-Aumento del desempleo. Diversos factores presentes en la economía
regional, como los procesos de ajuste, la presencia de capitales volátiles, el
aumento
sostenido de la PEA y la lentitud en la creación de empleo en el sector privado,
propiciaron el incremento del empleo informal y la elevación del desempleo
abierto.
En 1995 la tasa de desempleo aumentó en Argentina (18.6%), México (6.6%) y Costa
Rica (4.3%). Chile y Brasil lograron un crecimiento económico con disminución
de la
tasa de desempleo. Según la OIT 84 de cada 100 nuevos puestos corresponden al
sector informal, que ocupa el 57% de los ocupados en la región.
-Disminución de los salarios reales. Aunque la inflación cayó del 73%
en
1994 al 18% en 1995, los salarios reales dejaron de crecer y se contrajo el
salario
industrial. Excepciones en la contracción de los salarios reales fueron:
Brasil (2.9%),
Chile (2.7%) y Colombia (1.6%). En el resto de los países las cifras fueron
negativas,
como en México (-13.3%), Bolivia y Uruguay (-4.5%), Perú (-3.1%), Argentina (-
2.6%) y
Venezuela (-1.0%). La contracción de los salarios reales en el conjunto de la
región fue
de -2.4%. (Panorama Laboral pára América Latina y el Caribe, elaborado por la
OIT. La
Nación, 15 de abril de 1996).
-Aumento índices de pobreza. La implementación del modelo neoliberal
ha sido realizado a través de una serie de políticas (como las de liberalización
del
comercio y tipos de cambio; de reforma fiscal y política antiinflacionaria; de
reforma
del mercado, tanto de mano de obra como de capitales; de inversión extranjera,
etc.), que resultan no ser neutrales en cuanto a sus efectos sobre la pobreza y
la
distribución del ingreso. Mientras que algunos de los cambios políticos han
tenido
efectos positivos, otros han sido negativos. No es posible asumir que tales
políticas
no repercutirán en la equidad o que el efecto será necesariamente positivo.
Debe
tenerse muy presente que el contexto en que tales políticas se aplican, es uno
donde
la pobreza es muy alta y la distribución del ingreso muy desigual, lo que hace a
la
América Latina muy vulnerable a cualquier deterioro de la equidad, cualquiera
sea la
metodología finalmente empleada.6
Así en Chile, el país más exitoso en la realización de las reformas
económicas,
los resultados macroeconómicos son impresionantes: el crecimiento del Producto
Interno Bruto fue de 8.3%, el más alto de la región; la inflación calló al 8.2%,
la más
baja en los últimos 35 años; sus exportaciones ascendieron 38% y hasta en el
ámbito
fiscal se ha anunciado un excedente equivalente al 2.6% del PIB, superior aun al
1.7%
en 1994, al 1.9% en 1993, al 2.2% en 1992 y al 1.6% en 1991. Esta caída en el
gasto del
gobierno no se produjo como resultado de una disminución en gastos sociales sino
por el crecimiento del PIB. El gasto social más bien ha tendido a crecer por la
iniciativa gubernamental y política, llegando a representar el 70% -equivalente
a unos
US$8 mil millones, muy superior al 63.3% en 1994 y al 60.6% en 1990. Sin
embargo, en
lo referente a distribución del ingreso, según el reporte de 1995 del Banco
Mundial,
Chile es considerado como uno de los países con el nivel más desigual en la
distribución del ingreso en América Latina. La distribución del ingreso fue
colocada
en un rango igual al de Sud Africa y muy lejos de los Tigres asiáticos con los
que Chile
acostumbra compararse. Según dicho reporte -objetado por razones metodológicas
por el gobierno chileno del Presidente Frei-, el 20% de los sectores más pobres
reciben el 3.3% del ingreso nacional, mientras que el 20% del más rico recibe
el
60.4%. Esto coloca a Chile, comparativamente, por debajo de países como México
(4.1% y 55.9%) y Venezuela (4.8% y 49.5%); y de países del sudeste asiático como
Tailandia (6.1% y 50.7%) y Malasia (4.6% y 53.7%). El otro país que, con la
puesta en
marcha del llamado Plan Real del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ha
podido
empezar a superar la situación de estancamiento que la crisis política del
gobierno de
Collor no permitió afrontar consistentemente con anterioridad, es Brasil. Sin
embargo, en este campo de la distribución de la riqueza la situación resulta
peor que
en Chile: según el estudio citado, corroborado por los realizados por el
Instituto de
Estudios Económicos del Ministerio de Economía (IPEA) y del Grupo de Estudios
Económicos (DIEESE) que han señalado el efecto positivo en sentido contrario que
se
ha logrado con el control de la inflación y la introducción del Plan Real (que
habría
elevado en un 18.2% al 10% más bajo durante 1995, mientras que considerado ya no
el 10% sino el 25% más bajo de la población, éste habría incrementado su ingreso
en
un 6.9%), en Brasil la relación es de 2.1% y 67.5%.
-Disminución de la inversión pública: Con el objeto de reducir los
déficits fiscales, una de las fuentes principales para que se generen presiones
inflacionarias, que no sólo elevan las tasas de interés sino que distraen los
recursos
privados de la inversión productiva, la tendencia se ha orientado a reducir los
márgenes de inversión pública. Esto se ha traducido no sólo en el abandono de
proyectos empresariales a cargo del Estado, sino también de áreas de inversión
directamente ligadas con los servicios públicos. Las consecuencias de ello no
se
han hecho esperar, generando no sólo descontento popular, sino efectos
secundarios inevitables.
-Deterioro de la calidad de los servicios públicos. Al problema
tradicional de insuficiencia de los servicios públicos ya prestados por el
Estado, se
ha venido a sumar un notable deterioro en la calidad de los que se prestan. La
contracción en la inversión pública ha impedido no sólo el desarrollo
tecnológico
y administrativo de los que se prestan, sino también su simple mantenimiento.
Así, a la insuficiencia de la cobertura se suma el deterioro del servicio
actual. Y sin
perspectiva de modificación por la aguda limitación en la política de
inversiones
públicas.
-Incremento en el costo de los servicios. Simultáneamente, las
necesidades de mantener el equilibrio fiscal no sólo en el gobierno central sino
también en las entidades públicas que brindan servicios a la comunidad, se ha
procedido dentro de los programas de ajuste estructural a incrementar el monto
de las tarifas para adecuarlas a su verdadero valor. En consecuencia, la
población
se ve así colocada en la difícil situación de ver paralizada la cobertura del
servicio de
un lado; deteriorada su calidad, de otro; y, encima de todo, ante un incremento
notable, y a sus ojos injustificado, del costo de los mismos.
-Disminución del gasto en programas sociales. Con la excepción de
Chile,
donde el elevado ingreso del gobierno -incremento de los precios del cobre- y el
alto
crecimiento del PIB sí lo han permitido, en el resto de la región la tendencia
al
equilibrio fiscal ha seguido la ruta del recorte en el gasto destinado a
resolver los
problemas sociales de la comunidad. Esto ha llegado a extremos tales, que han
obligado a los organismos financieros internacionales a cambiar su política y
exigir
la consideración, por parte de los gobiernos, de los costos sociales de los
programas de ajuste. Sin embargo, los resultados no han sido muy visibles a la
fecha; haciendo que las tensiones sociales continúen acumulándose
peligrosamente en las bases mismas de la estructura social.
-Cambio en las relaciones económicas exteriores. Según las cifras
suministradas recientemente por el BID y el IRELA7, sugieren que los
Estados Unidos se ha convertido en el país inversor dominante en América Latina,
con
Europa ocupando ahora un lejano segundo lugar. Inversionistas nortamericanos
hicieron inversiones por USA$34 mil millones en el período 1990-1994, comparado
con
sólo USA$10 mil millones de los europeos. A fines de los 80s., Europa invirtió
más que
los Estados Unidos en la región. Se espera que, dada la competencia en mercado
emergentes clave, la estrategia de la Unión Europea hacia la región, trata de
recuperar el terreno perdido.
Por su parte, Japón y otros países asiáticos, han buscado fortalecer sus
vínculos directos con América Latina, reafirmando un sentido de identidad común
entre ambas emergentes regiones, así como reflejando un no oculto y creciente
deseo de no descansar en la intermediación norteamericana para sus relaciones.
Así
lo demuestran las iniciativas diplomáticas y económicas de varios países
asiáticos en
América Latina, entre las que destacan las visitas a la región de Yoshimiro
Sakamoto,
Viceministro japonés de Comercio Internacional y comercio; de Mahathir Mohamad,
Primer Ministro de Malasia; de Amnuay Virawan, Viceprimer Ministro de Tailandia;
y de
varios otros altos oficiales gubernamentales de China y Corea del Sur. Más
recientemente, el Presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, visitó al
Japón,
en una gira que busca fortalecer las relaciones económicas bilaterales,
debilitadas en
los años 80s. por la inestabilidad política y financiera del país, así como por
la
atracción ejercida por México y su posible inserción en NAFTA.8
Hoy Japón es el cuarto mercado más grande de exportación para Brasil,
alcanzando un 6% ($2.5 mil millones) del total de las exportaciones. Es también
la
quinta fuente más grande importaciones, que ascienden a un 5.6% del total ($1.98
mil
millones). Las inversiones en Brasil totalizan en la actualidad $4.06 mil
millones.
Aunque América Latina es relativamente poco importante para Japón en términos de
su comercio global, con la excepción de Brasil y Chile (con quien tiene un
déficit
substancial entre 216 mil millones de yens de importaciones, contra un monto de
93.6 mil millones de exportaciones); y que en términos de inversión extranjera
directa
en manufacturas y servicios, su participación en modesta, en relación a la de
Estados
Unidos, Euroopa y el resto de Asia, la inversión japonesa en América Latina ha
venido
creciendo rapidamente en los últimos años, casi doblando la suma invertida de
USA$2.73 mil millones a USA$5.23 mil millones entre los años fiscales 1992 y
1994.
Panamá es el recipiente individual más grande en la región, por un monto de
USA$21.8 mil millones, en la inversión acumulada del Japón entre 1991 y 1994,
seguida
por las islas Caymán (9.3 mil millones) y Brasil (8.85 mil millones). México
está de sexto
(2.8 mil millones); mientras que Chile y Perú (con quien Japón tiene un déficit
comercial de USA$13.7 mil millones) recibieron una suma modesta en el mencionado
cuatrienio, por su orden, de USA$118 millones y USA4102 millones. Este renovado
interés de Tokio en la región, hace predecible e inmediato un cambio en la
orientación de las facilidades de financiación japonesas a través de la OECF
(Overseas
Economic Coooperation Fund), que en 1995 sólo destinó a Centro y Sur América,
como un todo, el 5% de los préstamos otorgados por esa entidad, contra un 80%
que
estuvieron dirigidos a Asia, un 9.2% al Africa y un 5.3% al Medio Oriente. Ya
esta
tendencia se ha manifestado en las políticas de asistencia de la ODA (Official
Development Assistance), en las cuales Japón contribuyó con un 17.6% del total
de
ayuda proveniente de la ODA recibida por América Latina en 1993, comparado con
el
17.7% de los Estados Unidos y el 13.7% de Alemania, que junto con Japón
constituyen
los principales tres donadores del Fondo.
d) Efectos en el ciudadano. Tanto los procesos de globalización,
como aquellos de ajuste estructural y reforma del Estado, han tendido a
encontrar
diversas manifestaciones entre los individuos que integran las comunidades
nacionales, los cuales se ven golpeados por acontecimientos que no comprenden a
cabalidad, que les resultan inexorables y sin control, y que son percibidos como
determinantes para el futuro de sus vidas. Entre estos factores, destacan
algunos
que por su significación en el comportamiento social, y muy particularmente
político,
merecen ser mencionados especialmente. Son los siguientes:
- Hay un sentimiento oscuro y no racionalizado de temor. No se
sabe
qué es lo que le va a llegar a cada quien de tanto cambio. Los ciudadanos se
preguntan constantemente: ¿Adónde va el mundo? ¿Qué va a pasar? Esto hace
que ante la incertidumbre y el temor que le acompaña, la opción sea la de
considerar la seguridad como un valor supremo. Hacen así su aparición, con gran
éxito y despliegue, todo tipo de religiones y sectas, antiguas y modernas, a las
que
se pide el consuelo de la seguridad. Pero también aparecen los reclamos por un
autoritatismo que, en las varias versiones que se ofrece, se justifica en la
necesidad
de recuperar una seguridad perdida, aunque el precio pueda ser la pérdida de
libertad y de la reponsabilidad personal. Otros mecanismos encuentran también
su razón de ser en este temor e inseguridad del cambiante mundo de hoy. Entre
ellos destaca el recurso de la evasión, que obvia la responsabilidad de la
elección y
agudiza la búsqueda del alcohol, la droga e incluso la violencia, como medios
útiles
para evadir una realidad insoportable.
-Desarrollo de un sentimiento de desconfianza e incredulidad. Como
el individuo en unos casos no conoce; o porque en otros conoce y sabe que lo que
sucede no es factible para él controlarlo o dominarlo, su actitud es la de quien
desconfía y no cree en nada ni en nadie. La incredulidad racionalizada pasa a
ser
cada vez más generalizada y, en materia política, tiende a debilitar la
participación
organizada de la población. Sin embargo, paradójicamente, este mismo ciudadano
que no cree en nada de lo existente y declara su escepticismo fundado en la
experiencia y en el acontecer diario, pasa fácilmente al otro extremo del
espectro:
cae en agudos momentos de credulidad y fe mística, ajenos a cualquier proceso
racional. Así, se cree en los más extraños y absurdos milagros, en salvadores
que
matan (bastaría pensar en las sectas que han operado bajo iluminados como
Koresh,
Jones o en los campos suizos) y en los más ilusos planes y promesas redentoras,
económicas, sociales, financieras y políticas. Hacen así su aparición día a
día, nuevos
mesías religiosos y recién llegados políticos, todos con sus milagrosos planes
para
alcanzar la salvación. Los jóvenes, ayudados por una maquinaria poderosa de
publicidad, no se quedan atrás de los adultos y asumen el culto a los nuevos
ídolos.
-El conocimiento se hace obsoleto y el individuo se siente
desubicado. Como un resultadod directo de la velocidad de los cambios que
han ocurrido en la ciencia, la técnica y la vida cotidiana del individuo,
rápidamente
el mercado laboral nos pone ante la disyuntiva de reconocer que lo que se sabía,
luego de años de aprendizaje, esfuerzo y práctica, ya no sirve más. La
obsolescencia del conocimiento no sólo se da con relación al pasado, sino al
presente, que implacablemente exige la renovación para no perecer o quedar al
margen del proceso productivo real. Esto hace que, en medio de la lucha por
sobrevivir en esas precarias condiciones en que debe desarrollarse, el individuo
medio tienda a aferrarse a aquello ya conocido y que más o menos permanece: la
familia, la etnia, el poder local, la religión, la nación, etc.
-La inestabilidad pasa a ser una constante. Hay una
correspondencia
directa entre la percepción psicológica del individuo y la realidad social que
lo
circunda. Todo cambia a su alrededor y aceleradamente. Nada perdura;
todo se destruye, modifica o se sustituye. Esto hace que se busque la
estabilización personal por medio de muy diversos mecanismos, pero sobre todo
por el desarrollo de intensos afanes de riqueza personal y búsqueda de prestigio
social. Esto, sin embargo, debe ser de manera rápida y fulminante, porque no
hay
mucho tiempo. Esto facilita que no importe ni el precio ni el cómo. De ahí,
una de
las fuentes más facilitadoras de la corrupción y el negociado de las drogas.
-Se produce una agudización del individualismo y del aislamiento.
En
estas condiciones, esta consecuencia no es inesperada. Todo lo contrario. En
ese
contexto social de incertidumbre, búsqueda de la seguridad a toda costa y por
medio de cualquier mecanismo, no hay tiempo ni espacio para el nosotros.
Primero
está el yo; y luego el sálvese quien pueda. Desaparece así cada vez más el
nosotros.
Esto se traduce en una seria dificultad de llevar adelante la movilización
política con
objetivos sociales. Más bien se tiende a convertir la acción política en un
espectáculo
electoral de cada cuatro años. Se agudiza la división entre campaña electoral y
reivindación social. Aquella sirve, a lo sumo, como mera protesta, pero no como
canal adecuado y viable para la inserción de las demandas sociales coherentes de
la
población. El lema de cada votante pasa a ser, con el consecuente
debilitamiento del
sistema: "Voto por el menos malo". El argumento de que"no hay otra salida" y
"son
los mismos pero no se puede hacer nada", se generaliza y contribuye a llenar el
ambiente, con su fatalismo, de impotencia y frustración.
-Se emprende la búsqueda de nuevas solidaridades. Como los
problemas sociales continúan y las reivindicaciones están a la orden del día con
la
gravedad de la situación socio-económica, se produce un intento de
reactivación de
los mecanismos de lucha social. Sin embargo, estos adquieren la particularidad
de
surgir pero por bolsones aislados: aquí pensionados; allá, maestros o
indígenas. Más allá, desocupados o pobladores sin servicios. En otro lado,
médicos,
empleados públicos, o metalúrgicos, etc. Es notable, en estas condiciones, la
ausencia de vasos comunicantes entre los diverdsos movimientos sociales, que
permitan formar, si no un movimiento político reivindicativo popular, al menos
una
o varias corrientes poderosas de reivindicación social.
4) Efectos ideológicos y políticos en América Latina.
Este conjunto de elementos ha tenido importantes efectos en la región,
desde el punto de vista político e ideológico. Veamos algunos de ellos.
a) Adopción de políticas públicas impopulares.
En primer término, la globalización y los requerimientos de reforma
económica y estatal para poder insertarse de un modo positivo en el
mercado mundial, han tenido que consagrar en la práctica una serie de políticas
públicas altamente impopulares. La adopción forzada de Programas de Reajuste
Estructural, con el consecuente cambio de modelo económico; la lucha contra el
déficit fiscal y la inflación, con su énfasis en la disminución del empleo
público y el
abandono de programas sociales; así como los procesos de reforma del Estado, el
cierre o fusión de ramas de la administración pública, y las privatizaciones,
con el
correspondiente despido de empleados, genera no sólo frustración y angustia en
la población, sino una contradicción política entre la retórica
electoral, de corte populista y demagógico, y la restrictiva práctica
gubernamental.
Este evidente contraste entre lo que se ofreció y se hizo por los grupos
gobernantes, termina debilitando la credibilidad de la clase política dirigente
en su
conjunto. Y como si esto fuera poco por sí mismo, la frustración se ve
agudizada al
sumársele el agotamiento del modelo de spoil system imperante hasta
ahora, dadas las limitaciones financieras y fiscales, tan utilizado para
satisfacer las
demandas de sus clientelas electorales. Parece, así, haberse llegado al fin del
Estado
como objeto del botín político, aunque esto más que por virtud de los políticos,
por
necesidad.
b) Erosión de la política partidaria.
Esta situación, como se ha dicho, ha conducido en América Latina a una
seria
erosión de la credibilidad ciudadana en los políticos, los partidos y las
instituciones
donde estos llevan adelante sus actividades. El mencionado divorcio entre las
promesas de campaña y las acciones de gobierno, resultan palpables y evidentes.
Incluso, son objeto de la burla constante de la población. En uno de los muros
de
Buenos Aires se leía un graffitti que decía lo siguiente: "Campañas
electorales:
Basta de realidades; queremos promesas."
Sin embargo, el problema no sólo se refiere al equipo que
circunstancialmente ocupa el gobierno. La irresponsabilidad de la oposición
resulta
también notoria. De hecho, tiende a criticar lo que inevitablemente hará al
llegar a
ser gobierno. Las promesas populistas no se sostienen y obligan, luego de
gestos e
intentos vanos -en el mejor de los casos-, a adoptar precisamente aquellas
políticas
que se rechazaban rotundamente en la oposición. Venezuela hoy, ejemplifica lo
que
estoy señalando, pues ahí se proclamó un rechazo a cualquier reestructuración
económica y finalmente se ha terminado aceptando las rectificaciones exigidas
por el
Fondo Monetario Internacional para brindar su apoyo a la crítica economía
venezolana.
Políticamente, la situación que se presenta en la realidad, no pasa a de
ser una
u otra forma de simulación de posiciones políticas contrarias. En la realidad,
lo que
opera es el más claro y evidente oportunismo de los grupos dirigentes; el cual
en la
mayoría de los casos expresa, a su vez, un alto grado de desconcierto e
incapacidad
de diagnosticar y responder a las necesidades nacionales con una imaginación
creadora. Bajo el pretexto del supuesto fin de las ideologías, al que
volveremos
luego, se cae en el más elemental practicismo, que se traduce en una política
restringida única y exclusivamente al corto plazo.
Otro fenómeno importante, es la separación que se tiende a producir entre
tecnocracia y políticos. En esta división resultan ganando los ministros (de
corte
tecnocrático) que generan confianza al inversionista y auguran una mejor
estabilidad
económica y financiera (piénsese en Domingo Cavallo, por ejemplo); y perdiendo
los
parlamentarios (políticos), sobre los cuales recaen todas las desconfianzas.
Surgen así
los zares de la economía, que rigen desde los Bancos Centrales y los Ministerios
de
Hacienda; y quienes negocian y resuelven los problemas más agudos de la nación
en
conciliábulos relativamente secretos -los Programas de Ajuste y las cartas de
intención con el FMI sólo se conocen después de firmadas-, cuyo resultado es
simplemente ratificado por el Parlamento sin posibilidad alguna de modificación.
Obviamente, con ello resulta debilitado el Parlamento, una de las instituciones
centrales de la democracia liberal: éste no conoce ni de los acuerdos con los
grupos
armados insurrectos, ni de los planes económicos más importantes en que se
embarca la nación.
Es así que en medio de una incredulidad generalizada, hacen su aparición
salvadores políticos que afirman en campaña ser portadores de auténticos planes
salvadores. Estos usualmente se centran en importantes medidas de shock
económico que, una de dos: si se frustran, por la capacidad de los diversos
grupos
sociales de oponer resistencias, originan una caída vertical de popularidad
inmediata del recién electo. Y si tienen éxito, hacen al Presidente arremeter
de
inmediato contra instituciones de control y balance democrático (como el
Parlamento, las Cortes Constitucionales, etc.),
que son presentadas como obstáculos para alcanzar una mayor eficiencia
gubernamental. Se desarrolla así un nuevo cesarismo o bonapartismo político que
hace que la transición sea no tanto a una democracia representativa como a una
de
tipo delegativo9, que sólo tiene de común con aquella, sobre todo, la
realización periódica de elecciones.
c) Crisis de los Partidos Políticos.
Esto nos conduce, directamente, a una de las particularidades más
generales
de la política latinoamericana, que se suma a fenómenos que también están
presentes en otras regiones del mundo, mostrando cómo hay una clara tendencia a
la universalización de cierto tipo de acontecimientos. Me refiero a la crisis
de los
partidos políticos, agudizada después del inicio de las transiciones a la
democracia en
la región.
Varios rasgos caracterizan este proceso, que paso a analizar
brevemente10.
En primer término, nos encontramos con un evidente retraso de las cúpulas
partidarias, respecto a las nuevas condiciones concretas que se han venido
desarrollando en todo el mundo. Corresponsables, en la mayoría de los casos, de
la
aguda crisis de la década del 80, en particular el acelerado e improductivo
proceso de
endeudamiento externo, se han mostrado incapaces por sí mismas de producir
diagnósticos precisos y soluciones viables propias, que no sean mera aceptación
de
recomendaciones foráneas, usualmente hechas desde perspectivas fiscalistas y
monetaristas. Es así, como ha hecho su aparición uno de los elementos
caracterizadores de la actual crisis de los partidos políticos, sus
organizaciones y
dirigencias: la desactualización. Las cúpulas y dirigencias desconocen
a
profundidad la realidad contemporánea, nacional e internacional; se mueven en un
esquema sobresimplificado y generalmente erróneo de los cambios operados en la
época contemporánea. La tendencia es hacia un practicismo carente de principios
y,
a lo sumo, con simple preocupación electoral. Por ello mismo terminan
moviéndose
en estereotipos económicos y grandes vacíos político-ideológicos, que les
impiden
concebir y conducir proyectos nacionales alternativos a aquellos propuestos por
los
organismos financieros internacionales.
Incapaces de interpretar sus propias orientaciones ideológicas y políticas
a la
luz de los nuevos acontecimientos que tienen lugar en el planeta, las
dirigencias
partidarias se ven colocadas ante un proceso adicional, que marca profundamente
su
accionar político y constituye el siguiente elemento de la caracterización de su
crisis:
la desideologización. Es así como, al desideologizarse en nombre de un
pragmatismo realista, las cúpulas partidarias tratan inútilmente de disimular su
desactualización y oportunismo carente de principios. No han podido, tampoco,
valorar adecuadamente el triunfo de la democracia, que no es lo mismo que el
del
capitalismo salvaje, puro y duro, del siglo XIX, ni el alcance, en cuanto diseño
social y
tarea pendiente, de la discusión con el neoliberalismo economicista y la
necesaria
reelaboración de una propuesta que le devuelva a la economía, explícitamente, su
dimensión política.
Esta desideologización oportunista tiene una dimensión internacional,
referida al tema de la crisis de las ideologías nacidas a partir de la segunda
mitad del
siglo pasado; pero tiene también otra interna, nacida de la desactualización,
mediocridad y aventurerismo político de las dirigencias. Estas no parecen
requerir
de sí mismas ningún nivel ideológico, cultural o político, sino tan sólo la
destreza en el
manejo electorerista de los mecanismos intrapartidarios. El divorcio entre
dirigentes
electorales, que abundan, y dirigentes ideológico-políticos, que escasean, se
hace
notorio, diferenciando a las dirigencias actuales de las anteriores que
inspiraron al
partido, y que tenían, a diferencia de aquellas, una unión entre el liderazgo
político,
el electoral y el ideológico, ya fuera éste liberal, socialdemócrata,
conservador,
populista o democristiano.
Este divorcio tiene múltiples consecuencias políticas, una de las cuales
es la de
permitir en la práctica la figura del tránsfuga político, que sin renunciar al
partido, o
rompiendo con él, gobierna con esquemas económicos y orientaciones no sólo
ajenos a sus promesas de campaña, sino en clara contradicción con los postulados
programáticos originales de su organización.
Como el condicionamiento internacional se une a tareas de reforma que son
relativamente comunes en todas partes, se crean las condiciones para la
emergencia
de consensos entre gobierno y oposición, convencidos ambos de que sólo existe
una
única ruta de política económica que seguir. Saben que quien esté en el
gobierno se
verá obligado, prácticamente, a hacer lo mismo. Las diferencias de programas se
dan
en los énfasis, el orden de las medidas o el modo de su aplicación; pero no en
los
contenidos. Lo cual conduce directamente a que cúpulas, dirigencias y partidos
terminen, finalmente, pareciéndose tanto unos a otros, que se hace inevitable la
aparición del otro elemento caracterizador de la crisis: el mimetismo
político.
En el fondo, pues, hay una indiferenciación entre las formaciones
partidarias
nominalmente antagónicas, pues en el fondo resultan siendo lo mismo. La
disputa,
en muchos casos, no versa más sobre el fondo de la gestión gubernamental, que se
define sustancialmente en negociaciones externas, sino sobre quién puede
cumplimentarlas mejor.
En este contexto, las aspiraciones de la población tienden a quedar por
fuera
del debate político, no tanto porque objetivamente no pueden asumirse, sino
porque implicarían un esfuerzo de conducción política que las mediocres cúpulas
partidarias se muestran incapaces de tomar. Más concentradas en sus intereses
inmediatos, incluyendo los privilegios que acompañan al ejercicio del poder, los
partidos y cúpulas resultan perdiendo, salvo para efectos electorales, toda
porosidad
social. Literalmente devienen autistas. Surge así el siguiente elemento
caracterizador
de la crisis: la falta de porosidad social y el autismo político de las
dirigencias.
Este hecho origina una profundización de la fractura existente entre
dirigencias, partidos y realidad social, que aparecen así desarticulados en
direcciones
no sólo distintas, sino frecuentemente contrapuestas. Las campañas electorales
se
tornan más y más en un problema de técnica publicitaria. La comunicación de
ideas
con la ciudadanía se interrumpe de manera permanente. A lo más que se llega es
a la
elaboración de slogans del tipo atrapatodo, en clara
correspondencia
con la nueva naturaleza que han tendido a adquirir los partidos políticos. Hay
incomunicación. Todo lo cual agudiza en la ciudadanía su pérdida de
credibilidad en
partidos, cúpulas, instituciones, etc., combinándose con frecuencia con
escándalos
políticos de corrupción administrativa, que conducen rápidamente a un grave
proceso de desencanto democrático.
Hay otros elementos más que caracterizan la crisis actual de los partidos
políticos y sus cúpulas en la mayor parte de los países de la región. Me limito
a
enumerarlos brevemente: desarrollo de un internismo partidario, que
traslada el eje de la preocupación política al control del propio partido y a la
derrota
de los adversarios de la propia formación política. Se agudiza, en un extremo,
ya no
sólo la separación entre cúpulas y ciudadanía, sino el divorcio entre gobierno y
partido, entre el candidato y el electo, entre las promesas de campaña y los
programas de gobierno, etc. En el otro extremo, la acción política práctica es
la de
buscar la aniquilación del co-partidario opositor; con lo que el internismo
deviene,
con harta frecuencia, en canibalismo electoral, que ya en campaña se hace
extensivo sin solución de continuidad al rival del partido contrario. Esto hace
que, al
fin de cuentas, todos resulten contribuyendo, de un modo u otro y a todo lo
largo
del proceso, a deslegitimar a la clase política dirigente en su conjunto.
A esto se suma, además, el oportunismo institucional que supedita
las
instituciones del Estado a los intereses partidarios y personales de los
integrantes de
la cúpula. Esto coloca a gobiernos y cúpulas en el plano inclinado de la
impunidad
para evitar las sanciones a sus abusos, con lo cual la sociedad toda empieza a
moverse
en un ambiente en que la corrupción ya no es un fenómeno aislado, sino una
constante de la vida pública nacional.
Es así como surge el otro elemento de la crisis, que es precisamente el
fenómeno de la corrupción. Esta es tan grave en toda la región, que ha
tenido que ser incluida como tema de agenda en la reunión de la OEA en su última
reunión en Caracas, para tratar de establecerla como una causal de extradición.
Debe
recordarse, en este sentido, que un buen número de presidentes y vicepresidentes
en América Latina se han visto envueltos en graves casos de corrupción y
acusaciones, con nefastas consecuencias para sus mandatos políticos. Entre
ellos
deben incluirse los nombres de Fernando Collor de Melo en Brasil, Jaime Lusinchi
y
Carlos Andrés Pérez en Venezuela; Jaime Paz Zamora en Bolivia; y Alan García en
el
Perú. Ernesto Samper ve tambalearse su gobierno en Colombia y el Vicepresidente
de Ecuador, Alberto Dahik se encuentra refugiado como asilado político en Costa
Rica, acusado de malversación de fondos públicos y corrupción administrativa.
La
reputación de Carlos Salinas de Gortari se desplomó, costándole su candidatura a
la
OMC, y el encarcelamiento de su hermano Raúl, con cargos de corrupción, vínculos
con el narcotráfico y hasta asesinato.
No es de extrañar, entonces, que toda esta pérdida de credibilidad
ciudadana
en partidos, cúpulas e instituciones tienda a traducirse en fenómenos políticos
nuevos, aunque con claros antecedentes en la historia de la región. Es así como
la
crisis de los partidos parece estar abriendo el espacio en algunos países
latinoamericanos, para la aparición de diversas formas de movimentismo
político que psicológica, más que teóricamente, sería la alternativa a la
crisis de las
formaciones partidarias tradicionales. Favorece esta alternativa la aparición
de
tránsfugas políticos y recién llegados, entre los que cabría mencionar por más
conocidos a figuras como Rafael Caldera de Venezuela, Sixto Durán-Ballén en
Ecuador,
Andrés Pastrana y Alvaro Gómez en Colombia, Jorge Serrano Elías en Guatemala,
Ernesto Pérez Balladares en Panamá, Alberto Fujimori en Perú, etc.
Debe precisarse, sin embargo, que el desencanto democrático que
acompaña al desprestigio de partidos y cúpulas, no se refiere a una pérdida de
valor de la democracia en sí misma. Según muestran todas las encuestas que
hemos realizado, el cansancio de la población se ubica en relación directa con
el
funcionamiento actual de partidos, cúpulas, dirigencias e instituciones
públicas. Se
quiere la democracia y la vida política: pero no tal y como éstas se da en la
actualidad. Más suscintamente dicho, hay una crisis dentro de la
democracia.
No es una crisis de la democracia, en la cual la mayor parte de la
población
declara firmemente querer vivir.
6) Tareas pendientes de la consolidación democrática.
Todo esto nos conduce directamente a enunciar, al menos brevemente, las
tareas actuales que deben llevarse a cabo en América Latina, para la
construcción y
consolidación de la democracia en toda la región:
a) En primer término, es necesario consolidar los esfuerzos que se han
venido desarrollando para la organización y realización de elecciones
periódicas,
competitivas y limpias. Es este un factor que no puede ni subestimarse ni
sobredimensionarse en su real significado. Es una condición necesaria para la
consolidación democrática en la región, aunque no es en absoluto una condición
suficiente, como parecen haberlo querido entender ciertas corrientes liberales.
b) En segundo lugar, es decisivo abordar los problemas del
desarrollo
institucional en toda la región. Deben superarse las notorias limitaciones
que una
herencia negativa nos ha dejado en este campo. No es posible construir una
sociedad democrática moderna, con instituciones civiles fuertes y operantes, si
tareas esenciales de la integración social-territorial del Estado continúan
siendo
cumplidas exclusivamente por las fuerzas armadas de la región; las cuales las
asumieron ante el abandono tradicional que de ellas se había hecho, por élites
sólo
interesadas en facilitar todo lo relacionado con su conexión con el mercado
mundial.
c) En tercer término, una de las tareas pendientes más importantes, por
su papel político y social, es la realización de una auténtica reforma de la
administración de justicia. El desarrollo de un poder judicial realmente
independiente, permitirá crear un verdadero Estado de Derecho, donde la división
de poder y los contrapesos institucionales garanticen la libertad y la
democracia; y
donde la impunidad no sea la moneda corriente que corroe el sistema social y
político permanentemente.
d) Un cuarto elemento está constituido por la necesidad de lograr un
verdadero fortalecimiento de los sistemas de opinión pública y los medios de
comunicación. El control cruzado de la ciudadanía y una prensa libre e
independiente, en sus diversas orientaciones ideológicas y políticas, aparece
como un
factor clave para contrapesar los poderes públicos, frenar los abusos, sentar
responsabilidades y educar políticamente a la población.
e) Dado el papel tradicional que los militares han jugado en la vida
política de la región, es preciso avanzar en la redefinición democrática de
las
relaciones civiles y militares. La retirada de estos a los cuarteles ha
sido un paso
importante, que requiere sin embargo el completarse de varios modos: desde el
establecimiento de una nueva doctrina de seguridad de la nación y el ciudadano,
que
liquide los resabios de la vieja y antidemocrática doctrina de la seguridad
nacional;
hasta la adopción de políticas congruentes tanto en la formación doctrinaria y
profesional del nuevo militar, como en el desarrollo de las instituciones
civiles que
asuman las funciones hoy llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas.
f) Finalmente, como culminación y elemento concomitante de todos
estos procesos, está la formación de una cultura política democrática,
sustitutiva
de la vieja cultura política autoritaria que, aun hoy, permea profundamente
el
pensamiento y la psicología de la región. Es esa una argamasa esencial sin la
cual la
consolidación del nuevo edificio democrático que se construye, no puede ser
definitivamente alcanzada.
7) Perspectiva de las relaciones Rusia/América Latina.
Es en este contexto de globalización, transición y consolidación
democrática
en que se desenvuelve la América Latina, que debemos redefinir las relaciones de
la
región con Rusia y la Comunidad de Estados Independientes.
Es evidente que, en una situación de agudas tensiones y dificultades de
reforma interna, tanto de Rusia como de América Latina, las perspectivas del
comercio y las relaciones económicas internacionales tienden a centrarse en
aquellas
que puedan brindar un resultado más inmediato y directo.
Políticamente, interesan también las relaciones que contribuyan a
fortalecer
la democracia y la estabilidad social, y que presenten las mejores posibilidades
de
brindar consistencia y continuidad. Si hay dudas en estos aspectos, es posible
que el
interés se desplace a otras esferas y se oriente hacia mercados tradicionales ya
conocidos.
Comparativamente, Rusia está en mejores condiciones ahora que antes para
beneficiarse de los cambios que la globalización y el fin del viejo orden
internacional
y de la guerra fría han traído a la América Latina y al mundo.
Un estudio de las condiciones específicas de la situación anterior, cuando
una pujanza en muchos órdenes hacían de la Unión
Soviética un actor internacional de primera línea, aunque con notorias
limitaciones
para incrementar realmente su comercio con la región11; y su
comparación con las actuales circunstancias, muestra un amplio margen de
oportunidades que no debiera ser desaprovechado por un inmediatismo
cortoplacista y estrecho.12
Hay varios elementos que deben ser considerados para valorar las
dimensiones positivas del cambio. Destacan los siguientes:
-Una homogenización de los sistemas políticos, en el sentido de haberse
orientado sus respectivos regímenes a la democracia, tanto en Rusia como América
Latina.
-Una reorientación del comercio, que ya no se limita a la esfera estatal,
lo que
restringía las iniciativas y sometía a vaivenes políticos las negociaciones,
sino que abre
espacio a la iniciativa privada, que permite crear una base de sustentación
social más
sólida, continua y consistente que la oficial y pública.
-Una participación normal de Rusia en los organismos reguladores del
comercio y las finanzas internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Organización Mundial del Comercio), de los que forma parte la
América
Latina; todo lo cual facilita y legitima las transacciones comerciales
internacionales.
-Superación de los esquemas y condicionamientos heredados de la guerra
fría, que permiten a Rusia aparecer como un actor responsable, capaz de
comerciar y
participar en las actividades económicas internacionales, sin asumir actitudes
riesgosas propias de una entidad disociadora, oportunistamente beneficiada de la
inestabilidad regional o carente de responsabilidades en los esfuerzos de
consolidación democrática. El mejor ejemplo podría ser la participación rusa en
la
modernización de los arsenales de la región, actualmente liberados de
restricciones
en su renovación, por la decisión norteamericana de recuperar espacios cedidos a
competidores europeos. Rusia podría ser un participante legítimo e importante,
en
la medida en que su intervención se ubique -y sólo ahí- en el contexto de
consistencia
y continuidad con los objetivos de democracia y estabilidad en la región.
Sin embargo, para lograrlo, debe dejarse de lado la búsqueda de resultados
a corto plazo. Rusia y América Latina deben comprender que sus problemas
inmediatos, que parecen absorberles todas sus energías, no debe hacerles perder
la perspectiva; y que hay múltiples elementos que se combinan, para hacer que
una visión de mediano y largo plazo sea el punto de despegue para iniciativas
creadoras, mutuamente beneficiadoras, en el campo económico, comercial y
cultural entre ambas regiones del mundo.
(*)(Texto de la ponencia presentada por el autor en la Conferencia "El Rol de
las Fuerzas Armadas en la Protección de los Derechos Humanos", organizada por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Comando Sur del Ejército de
los
Estados Unidos. Miami 5-7 de febrero de 1996)
(**)Rodolfo Cerdas Cruz (n.1939) es Director del Programa de Educación
en Derechos Humanos y Valores Democráticos para Fuerzas Armadas y de Policía del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de la Unión Europea. Obtuvo el
Doctorado en Sociología en la Sorbona, París V. Es Catedrático de la
Universidad de
Costa Rica y fundador e investigador del CIAPA, un Centro de Investigación
privado en
Ciencias Sociales. Ha sido Visiting Fellow de Saint Antony's College de la
Universidad
de Oxford y Conferencista en las Universidades de Londres, Stanford, Miami,
Warwick,
Barcelona, etc. Diputado independiente a la Asamblea Legislativa en el período
1978-82, y miembro de la Comisión de Reformas al Servicio Exterior de Costa Rica
en
1996. También ha sido Consultor de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de
Desarrollo, de la Comisión de la Comunidad Europea, del Centro de Asesoría y
Promoción Electoral (CAPEL) y Analista Permanente para Oxford Analytica.
Miembro
del Consejo Internacional del Journal of Latin American Studies de Cambridge
University Press. Autor de varios libros y multiplicidad de artículos en
revistas
especializadas.
(1)Cfr. Varas, Augusto "Las relaciones cívico-militares en un marco
democrático", en
Goodman, Louis W. et al. (comp.) "Los militares y la democracia. El futuro de
las relaciones
cívico-militares en América Latina", Peitho, 2a. ed. en castellano, Montevideo,
1992, pág.
269.
(2)Este problema está directamente ligado al de la condicionalidad cruzada en
favor
de la democracia, practicado por diversos organismos multinacionales, de gran
importancia desde el punto de vista económico, financiero y político. Me he
referido a
esta cuestión crucial de la politica internacional contemporánea, especialmente
en
América Latina, en Cerdas, Rodolfo "Condicionalidad y Demoracia en
Centroamérica. La
promoción de la democracia desde el exterior", FLACSO, Cuaderno de Ciencias
Sociales 89,
San José, 1996.
(3)Organización de Estados Americanos, Washington, sesión plenaria del 9 de
junio
de 1995.
(4) Esta parece haber sido la concepción subyacente en las llamadas "4 D" del
entonces Secretario de Estado James Baker, que incluían la Desmilitarización.
Esta también
es la tesis que, en términos generales, ha defendido la Fundación Arias para la
Paz.
(5)Cfr. CEPAL "Balance preliminar de la economía de América Latina y el
Caribe.
1994." Comercio Exterior, Vol.45, Nº2, México, Febrero 1995, pág.170 y ss.
(6)Para el debate metodológico sobre la medición de la pobreza, ver: Sen K.
Amartya "Sobre conceptos y medidas de pobreza", pág.310 y ss. Banco Mundial
(Documento): La medición de la pobreza", pág.323 y ss; Desai, Mghnad:
"Bienestar y
privatización vitales: propuesta para un índice de progreso social.", pág.327 y
ss.
CEPAL/PNUD: "Procedimientos para medir la pobreza en América Latina con el
método de
la línea de pobreza.", pág.340 y ss. Boltvinik, Julio "El método de medición
integrada de la
pobreza. Una propuesta para su desarrollo.", pág.354 y ss. Comercio Exterior,
Vol.42, Nº4,
México, abril 1992.
(7)Cfr. Oxford Analytica "Latin America Daily Brief. Executive Summary."
March 27,
1996.
(8) Cfr. Oxford Analytica "Latin America Daily Brief", March 19, 1996.
(9)Cfr. O'Donnell, Guillermo "Delegative Democracy", Journal of Democracy,
Vol. 5, Nº
1, January 1994, pág. 134 y ss.
(10)He hecho una caracterización detallada en mi libro "El desencanto
democrático. Transición y crisis de partidos en Centroamérica y Panamá." Rei
red
editorial iberoamericana centroamérica, s.a., San José, 1993, pág. 157 y ss.
(11) Cfr. Fichet, Gérard "Tres decenios de relaciones entre América Latina y
la Unión
Soviética", Comercio Exterior, Vol. 31, Nº 2, febrero de 1981, México, pág.
160 y ss. Allí se
señala cómo los cambios en la escena internacional y los factores políticos
nacionales han
permitido un desarrollo muy inferior de las relaciones y convertido su historia
en una muy
azarosa.
(12)Cfr. CEPAL "Panorama de las relaciones económicas entre
América Latina y Rusia." Comercio Exterior, Vol. 45, No. 3,
Marzo de 1995, México, pág. 251. Como allí se señala, por su
importancia estratégica, la variedad de sus recursos y avance
tecnológico en ciertas ramas, Rusia es una potencia mundial.
El cultivo de sus relaciones económicas es una opción para
diversificar los vínculos externos de América Latina, con
posibilidades importantes para el intercambio y la inversión
recíproca en el mediano y largo plazos.