Fecha/Date: 08/01/97
Indice
Presentación
1. Fundamentos esenciales de la propuesta
2. Características del modelo propuesto
3. Cambios a los órganos de integración
4. Cambios a los organismos especializados de cooperación
5. Financiamiento
6. Auditoría
7. Estatuto del servicio civil y de la carrera de funcionamiento
centroamericano
8. Lineamientos para un Plan de Acción
Anexo 1
Presentación
Los Presidentes centroamericanos solicitaron al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y a la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) un diagnóstico de los órganos e
instituciones centroamericana para proceder a su
modernización.
La CEPAL, con la cooperación financiera del BID, preparó diversos estudios:
Bases para la evaluación de la
institucionalidad centroamericana; Diagnóstico de la institucionalidad regional
centroamericana, y estrategias y opciones
para el fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad
centroamericana.
En todo este proceso se mantuvo una estrecha interacción con el Grupo de
Representantes de Alto Nivel de los
Gobiernos centroamericanos. Los representantes, en su tercera y cuarta
reuniones celebradas respectivamente en la ciudad
de Guatemala, los días 12 y 13 de febrero de 1997, discutieron y aprobaron la
presente Propuesta para el
fortalecimiento y la racionalización de la institucionalidad regional
centroamericana.
Los tres objetivos clave de este esfuerzo son:
1. reducir la dispersión de lo sorganismos regionales y elevar la eficiencia
y eficacia de los foros y mecanismos
intergubernamentales;
2. asegurar un control adecuado sobre las actividades de los organismos
regionales por parte de las autoridades y
sociedades de lo spaíses, y
3. disminuir los costos que significan los organismos para el gasto público
de los países y establecer una adecuada
distribución de recursos entre ellos.
Sin embargo, cabe subrayar que el objetivo principal no ha sido simplemente
disminuir el número de entidades
regionales, sino adecuar las capacidades institucionales a las necesidades que
plantean los diferentes objetivos de la nueva
agenda común de Centroamérica.
La agenda común inclute objetivos de integración, es decir, la creación de
espacios unificados sujetos a normas
comunes. Estos se consideran como un "núcleo bñásico" de la agenda en la medidad
en que constituyen un eje sólido que
asegura el avance del proceso centroamericano. POr otro lado, la agenda incluye
múltiples objetivos de cooperación, en el
sentido de acuerdos menos dinámicos, de contenido específico y de carácter
exclusivamente intergubernamental. Se
acordaría trabajar en estas áreas en forma mucho más flexible.
El "núcleo básico" de integración, al centro de la agenda común
centroamericana, operaría bajo una nueva forma de
institucionalidad que permita la interacción entre la función comunitaria y la
negociación intergubernamental de los
intereses nacionales. Así, por un lado, se crearía una Secretaría
General basándose en la fusión de las Secretarías
existentes. La Secretaría General tendría una sede única, con oficinas en todos
los países. Por otro, se fusionarían el
Comité Ejecutivo de la Integración Económica, creando un solo foro de
representación de lo spaíses. Este Comité
funcionará con la misma infraestructura de la Secretaría General. La
interacción entre la Secretaría General y el Comité
serñía el mecanismo básico para tomar las decisiones en materia de integración
por parte de los Ministros.
La agenda de las Reuniones de Presidentes sería preparada por el
Secretario General y por el Ministro
responsable de la coordinación nacional del país que ejerza la Presidencia, en
consulta con sus contrapartes.
La ejecución de la agenda común se vería fortalecida adicionalemnte con lo
strabajos de un grupo de delegados
nacionales, encargado de examinar en forma permanente el desenvolvimiento del
proceso de integración, así como de
formular recomendaciones de carácter estratégico.
El Parlamento Centroamericano, que tiene funciones puramente
deliberativa, sería reformado. La
diustribución de funciones difrentes sería objeto de un próximo estudio en el
marco de la profundización de la integración y
del sistema en su conjunto. Sería conveniente realizar también determinados
ajustes de los Estatutos y organización de la
Corte Centroamericana de Justicia.
Una parte esencial de la reforma sería establecer un mecanismo de
financiameinto automático para el núcleo de las
institucionesd arriba mencionadas, y llegar a un acuerdo respecto de los
principios que deberían regir para el resto de los
organismos.
La reforma debería acompalñarse también por la preparación de un sistema de
auditoría, así como de políticas de
personal de la Secretaría y de lo sorganismos regionales.
Finalmente, habría que realizar transformaciones en varios de los organismos
de cooperación regional que actúan
alrededor del proceso y las instituciones de integración.
a. La Centroamérica del futuro: contenido de una agenda común
La agenda fundamental de Centroamérica se enfoca a satisfacer los objetivos
de paz, libertad, democarcia y desarrolklo
enunciados en Esquipulas II, el Protocolo de Tegucigalpa y la Alianza para el
desarrollo Sostenible. La satisfacción de
estos objetivos como condiciones:
En esta propuesta se sostiene que en la agenda común de los países para
satisfacer estas condiciones, la integración
juega un papel relevante en el contexto de un regionalismo abierto con miras a
la integración hemisférica y
multilateral,1 de la consolidación del desarrollo político y social,
y de la preservación cultural.
Así, la libre circulación de bienes, servicios y capitales aumenataría la
competitividad de las empresas centramericanas
y atraería la inversión extranjera; la existencia de un mercado unificadoy una
política comercial común acercentarían la
capacidad de negociación con terceros, y la integración económica contribuiría a
elimnar conflictos, siempre y cuando se
adopten las políticas complementarias que resulten necesarias para aseguarar la
estabilidad del procesos. En este sentido, la
consolidación de un mercado común centroamericano exige un esfuerzo considerable
de convergencia macroeconómica
(particularmente en materia fiscal, monetaria y cambiaria), así como el
establecimiento de un régimen de competencia.
Asimismo, los intensos flujos migratorios demanadn que los Gobiernos estudien
con urgencia medidads para establecer en
forma progresiva noemas que regulen la circulación de mano de obra.
Por otra parte, lo spaíses deberían fortalecer mecanismos de cooperación en
materia de medio ambiente, salud,
educacuión, cultura, infraestructura, turismo y otros similares.
Finalamente, se considera prioritaria la cooperación política en aras de
robustecer la democaracia y los derechos
humanos y de lograr los objetivos de la nueva agenda de seguridad, tales como la
profesionalización y reducción de las
fuerzas armadas, y una adecuación y modernización de las fuerzas de seguridad
para la proteccvión ciudadana y la lucaha
antidogras.
b. Características de la agenda común
En el enfoque que aquí se presenta, la agenda común tiene dos características
esenciales que deben subrayarse. En
primer lugar, sus objetivos son diversoso. Po un lado, incluye objetivos de
integración, en el sentido de la creación
prograsiva de espacios unificados sujetos a noemas comunes. Estos se consideran
como un "nucleo básico" de la agenda,
en la medidad en que constituyen un eje sólido que asegura el avance del proceso
centroamericano.
Los objetivos de integración son principalmente los acurdos contenidos en la
Alianza para el Desarrollo Sostenible y
demás instrumentos globales o especñíficos suscritos por lo spaíses. Los
Gobiernos definirían si también quieren adoptar
compromisos para apoyar los objetivos contenidos en el TRatado de Integración
Social, y aclararían sus intenciones en el
área política.
Por otro lado, la agenda comprende múltiples objetivos de cooperación, en el
sentido de acuerdos menos dinámicos, de
contenido específico y de carácter exclusivamente intergubernamental. Se
caoradaría trabajar en estas áreas alrededor del
núcleo de integración en formas mucho más flexibles, con múltiples niveles de
participación nacional, así como diversas
formas de toma de decisiones y de coordinación (intergubernamental,
interparlamentaria y privada).
En segundo lugar, la agenda se concibe de dos maneras difrentes en cuanto a
la naturaleza del compromiso. POr un
lado, comprende una lista de objetivos específicosy proyectos concretos, ya sean
éstos de cooperación o de integración, que
las partes acordarían realizar. Por otro, incluye también el compromiso básico
de que lo spaíses enfrenten unidos, dentro de
cieryos parámetros acordados, lo sproblemas fundamentales que se presenten.
El compromiso de negociar conjuntamente en determinados foros implica que las
partes acepten que adoptarían una
posición común antes de conocer el contenido específico del acuerdo. En un
nivel más ambicioso, la aceptación de una
competencia común exclusiva en algún sector (como la política comercial en su
conjunto) significaría aceptar de antemano
que sólo será posible una decisión colectiva, sea cual fuere el asunto
particular.
En síntesis, la agenda común es un pacto permanente de perfeccionameinto
continuo (una especie de "contrato
incompleto" a largo plazo), en el que la creatividfad, el consenso y la
confianza son esenciales. En este sentido, la
institucionalidad tiene un papel sobresaliente.
c. Necesidades instuitucionales2
Habría que tener en cuenta dos puntos básicos: i) la matyerialización de la
agenda común requiere de capacidades
institucionales difrenciales, de acuerdo con las necesidades que plantean los
difrentes tipos de objetivos, y ii) la existencia
de las instituciones y organismos regionales debe justificarse en términos del
beneficio adicional que proporcionan a las
entidades nacionales.
Así, la agenda de acercamiento político-cultural y de consolidación
democrática puede beneficiarse de la existencia de
foros e instancias regionales y de las inteacciones entre las fuerzas vivas de
la sociedad.
Los objetivos de cooperación pueden favorecerse de la exisatencia de
organismos técnicos regionales, en la medida en
que éstos aporten un valos agregado a la labor de lo sorganismos y entidades
nacionales, derivado éste de economías de
escala, conocimientos especializadois o cabnales centralizados de recuiursos.
Pra alcanzar estos objetiovosd sólo se
requiere que los organismos regionales cuenten con capacidades técnicas
puntuales y eficientes para trabajar con las
unidades nacionales, dentro de redes de tyrabajo flexibles.
La integración económica genera otras necesidades. es un proceso complejo
caracterizado por un alto grado de
interdependencias, dinamismo y conflictividad; exiete un importante riesgo de
incumplimientos por parte de los Gobiernos
ante presiones internas, la tentación de oprtunismo o problemas prácticos, y
será necesario sostener una acción común
durante un largo período, pese a cambios nacionales y presiones sectoriales,
hasta que los beneficios se produzcan.
En algunos aspectos haría falta contar con una capacidad institucional
jurídica común más "fuerte",3 que
permita superar obstáculos y resistencias a los objetivos de integración
plenamente compartidos por los Gobiernos, así como
garantizar la seguridad jurídica de lo sagentes económicos y fortalecer la
credibilidad de lo scompromisos mutuos (entre los
gobiernos y ante el mercado) y conjuntos (ante terceros).
Finalmente, cabe subrayar la importancia atribuyida a este enfoque a la
creación de interdependencias y de bases
sociales para la integración. Si bien en algunos casos cierta capacidad de
obligación (y hasta de liderazgo) por parte de
instituciones comunes sería útili, también resultas imprescindible fomentar las
interacciones sociales que constituyen la base
real de un proceso regional.
La agenda centroamericana de regionalismo abierto cubre un núcleo de
compromisos de integración y diversos ámbitos
de cooperación. Siguiendo el enfoque de "institucionalismo flexible" (véase el
anexo II), el proceso de reforma dejaría dejar
de existir en un sistema uniforme y partir de la prespectiva de cómo separar,
resignar y redidtribuir las funciones que se
consideren necesarias, en lugar de concentrarse en reagrupar, interconectar y
fusionar instituciones.
Se pueden distinguir difrentes clases y niveles de funciones de las entidades
regionales:
La propuesta consiste en el establecimiento de un "núcleo básico" de la
integración encabezadoi entre la negociación
intergubernamental de los intyereses nacionales y la función comunitaria, es
decir, el mantenimiento de la cohrencia delo
proceso en su conjunto, la representación del interés común y la defensa de la
visión de largo plazo.
La interacción se daría entre la Secretaría Generakl y los foros
intergubernamentales de difrente nivel: un Comité
Ejecutivo, que asegure la representación permanente de los países, y el Consejo
de Ministros, integrado según los temas a
tratar. En este esquema, las decisionesse toamarían en un nivel adecuado, con
el fin de asegurar que los Presidentes y los
Ministros sólo dediquenm su tiempo a asuntos que requieran su atención. Se
considera de la mayor importancia que se
realicen consultas pertinentes con el sector privado y con otros actores. El
desarrollo de las políticas de integración se vería
reforzado adicionalmente por las labores de un Grupo de Designados
Nacionales encargados exclusivamente de
reflexionar en términos regionales sobre los asuntos de la integración
centroamericana y de organizar y movilizar redes de
expertos que ahonden el pensamiento integración regional.
Alrededor del núcleo básico mencionado se estructura un segundo grupo de
organismos técnicos regionales, que
aportaría un valor agregado a la labor práctica de las agencias y entidades
nacionales -derivado de economías de escala-. así
como conocimientos especializados y canales centralizados para distribuir
recursos.
Estos organismos funcionarían como partes de redes especializados de actores
públicos y privados, que serían múltiples,
diferenciadas y flexibles. Los organismos serían considerados no como
"instituciones de integración", sino como
organizaciones internacionales de cooperación, papel que desempeñan en la
realidad. No reviste mayor importancia que
tengan un número de países miembros difrente al del proceso de integración
económica ni el carácter de representación
centroamericana en una organización interamericana. Tampoco tiene relevancia
que en el futuro estas instituciones no sean
públicas. Lo crucial es que ofrezcan servicios eficaces a disposición de la
política centroamericana. Sus servicios podrían
asumir diferentres formas, desde un convenio centroamericano hasta la
contratación ad hoc.
a. La Secretaría General
La creación de una sola Secretaría General permitiría impulsar el proceso de
integraciónm en sus difrentes campos de
una manera cohrente y coordinada. Se estima que arrojaría un ahorro neto de
recursos en gastos de funcionameinto, y
facilitaría una asiganación adecuada de recursos de acuerdo con las prioridades
fijadas. Asimismo, garantizaría a las
actuales Secretarías más pequeñas una atención permanente a los sectores de su
competencia. Por otra parte, la unificación
permitiría el tipo de acción coordinada con el Comité Ejecutivo que se propone
como base para las desiciones de
cumplimiento obligatorio en políticas de integración.
Esta Secretaría General debería integrarse sobre las bvases de fusionar las
existentes:
La centralización de las Secretarías de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (SG-CECC) y de
Integración Social Centroamericana (SISCA) debe realizarse, cuando corresponda,
en consulta con las difrentes partes
interesadas.
No se propone la fusión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Moneterio
Centroamericano (SE-CMCA) dentro de la
Secretaría General, puesto que la independencia de los bancos centrales es un
objetivo claro de los Gobiernos.
Teniendo en cuenta las funciones básicas de aswegurar una visión integral, de
conjunto y de largo plazo, de coordinar
los regímenes y normas comunes y de controlar el cumplimiento de los
compromisos, se propone una unificación completa,
en lugar de una unificación descentralizada. No se trata con ellos de aumentar
la burocracia. Ha bría una sola entidad en
lugar de 11. esto no implicaría un aumento de personal, sino más bien una
reducción, acompañada de un fortalecimiento
cualitativo.
La transición, sin embargo, entrañaría costos inevitables. Haría falta un
estudio específico de las consecuencias en
materia de instalaciones. Las acciones de personal exigirían fuertes
erogaciones, y el reclutamiento de profesionales del
nivel deseado requeriría ofrecer salarios competitivos. En particular, es
importante tener en cuenta el caso de la SIECA,
debido al alto número de personas afectadas en reealción con otras secretarías,
así como los problemas especiales que se
presentan, sobre todo la necesidad de restablecer el fondo de pensiones.
La Secretaría General tendría su sede en un país a ser determinado por los
Presidentes, pero mantendría oficinas en los
demás países. Estas oficinas tendrían las tareas de comunicación y difusión y
serían un símbolo de la integración
centroamericana.
Los Presidentes nombrarían al secretario General por un período de cinco
años. La organización dispondría de servicios
comunes (jurídicos; de contabilidad; archivos, base de dtos y estadísticas; de
información y difusión, etc.) y operarían
direcciones encargadas de los sectores sujetos a políticas de integración, en
las que participarían profesionales altamente
calificados.
El personal estaría sujeto a las nuevas normas regionales sobre políticas de
personbal que se adoptarían
simultáneamente y sentarían las bases de un nuevo servicio civil
centroamericano. Sin la exigencia de mantener un balance
razonable de representación de nacionalidades.
La Secretaría General debería tener autonomía en la formulación de propuestas
de políticas e iniciativas para decisiones
en materia de integración. Asimismo, respondería a las solicitudes de apoyo
técnico que le prsenten los países.
b. El Comité Ejecutivo
Por otro lado, el Comité Ejecutivo del SISCA y el Comite Ejecutivo de la
Integración Económica se fusionarían. En
este nuevo Comité funcionaría con la misma infraestructura de la Secretaría
General. Sus miembros, delegados técnico-
políticos, residirían en sus países resopectivos, y se reuniurían en la Sede de
la Secretaría con la frecuencia necesaria. Su
función principal sería representar los intereses de sus países y asegurar una
comunicación permanente entre el nivel
regional y sus gobiernos y administraciones. Por esta razón, deberían dedicarse
en forma exclusiva a los temas de
integración
c. El Consejo De Ministros
Se propone consolidar un solo Consejo de Ministros, "integrado por los
Ministros del Ramo", conforme con el artículo
16 del Protocolo de Tegucigalpa, y revisar el funcionamiento de la coordinación
interministerial. En el ámbito económico,
convendría revisar la figura de un Gabinete Económico Centroamericano, tal como
está expresado en el Protocolo de
Guatemala, puesto que su manejo resultaría complicado. Esto se podría ejecutar
por medio de un reglamento interno del
Consejo.
La interacción entre la Secretaría General y el Comité Ejecutivo sería el
macanismo básico para formular las decisiones
que adopten los Ministros en materia de integración. Con esta base, se levarían
al Consejo de Ministros, en sus difrentes
formaciones, propuestas que cuenten ya con un preconsenso, derivado por un lado,
de la interacción entre la Secretaría
General y los paísesy, por otro, de las consultas con el sector privado y otras
organizaciones representativas.
La toma de decisiones se verá afectada por el sistema de votación que se
adote. En esta fase del proceso de integración,
sin embargo, parecería recomendable mantenerla por consenso para todas las
decisiones normativas.
La Secretaría General, en cooperación con el país que ejerza la Presidencia
pro tempore asumiría las funciones que
actualmente cumple la Secretaría pro tempore.
d. La Reunión de Presidentes
Los Presidentes tienen la función clave de adoptar las decisiones político-
estratégicas en todas las áreas de la agenda
centroamericana. Las medidads propuestas deberían segurar que las decisiones y
compromisos que adopten no excedan las
capacidades nacionales y regionales disponibles, y que hayna sido debidamenmte
analizados y consultados con antelación.
La agenda de las Reuniones Presidenciales sería preparada conjuntamente por
el Secretario de la Secretaría Gemeral y
por le Ministro responsable de la coordinación nacional del paìs que ejerza la
Presidencia, en consulta con sus contrapartes.
Adicionalmente, cabría difrenciar de manera explícita los difrenetes tipos de
cumbre que se celebren (ordinarias,
extraordinarias, de recepción a diganatarios visitantes, de seguimiento, etc.),
a manera de separar con toda claridad aquellas
reuniones o partyes de ellas que se dirijan estrictamente a temas de
integración.
Convendría también distinguir entre los diferentes tipos de decisión de la
Reunión de Presidentes. Unicamente tendrían
fuerza obligatoria7 las decisiones contempaldas en un tratado o
acuerdo ionternacional, teniendo en cuenta que
las acciones obligatorias en las árteas de integración serían normalmente
adoptadas por los Ministros, en ejecución de los
compromisos contenidos en los tratados de base. En tras áreas de cooperación,
las decisiones de los presidentes deberían
establecer "directrices" para vincular a sus respectivos Gobiernos, tales como
las que figuran en el Protocolo de
Tegucigalpa.
e. El Parlamento Centroamericano
El Parlamento Centroamericano es un "órgano de planteamiento, análisis y
recomendación sobre asuntos políticos,
económicos, sociales y culturales de interés común", tal como dispone esl
artículo 1 en su Tratado Constitutivo.
Durante las ionvestigaciones realizadas para elaborar el presente trabajo, se
observaron alguynas incongruencias entre lo
apuntado en las normas respectivas y el funcionamiento del Parlamento. Esto ha
dado lugar en los hechos a situaciones
anómalas dentro y fuera de dicho órgano. Los propios paralamentos se han
percatado de ello y han iniciado ya acciones
para revisar tanto sus aspectos funcionales como sus atribuciones.
Por otra parte, los Presidentes de Centroamérica, durante su reunión
extraordinaria celebrada en la ciudad de
Tegulcigalpa el 28 de enero del presente año, estuvieron de acuerdo en la
importancia de mejorar y fortalecer el Parlamento
con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Encargaron así al grupo de
representantes presidenciales realizar un
esfuerzo para incorporar, "en el marco de estudio BID-CEPAL", recomendaciones
específicas sobre esa entidad, quye
fuesen integrales, con énfasis en los aspectos funcionales, presupuestarios, de
inmunidades y privilegios, y que estuvieran
dirigidas al fortalecimiento de una institución cuya existencia no debe ser
cuestionada.
Como es sabido, lo diputados no realizan en la actualidad funciones
legislativas ni de contraloría, razón por la cual
convendría, a la luz del madato de lo Presidentes, encomendar a un cuerpo
calificado de juristas el estudio de atribuciones al
emncionado órgano, y de apmpliarlas o precisarlas en función de la naturaleza de
los compromisos de integración vigentes.,
Se procuraría con ello darle un carácter vinculatorio o comunitario, tomando en
cuenta la acción legislativa que iría
requeriendo la evolución del proceso de integración. El grupo de juristas
deberían integrarlo profesionales del propio
Parlamento, de los Gobiernos y por lo menos dos expertos de otros foros
regionales parlamentarios, como el europeo.
Mientras no se cuente con los resultados de este estudio y mantenga el
Parlanmento sus funciones vigentes, algunas de
las disposiciones de su Tratado constitutivo parecerían excesivas, como las
relacionadas con las inmunidades y privilegios.
Por otras parte, también sería conveniente anbalizar la composición numérica de
dicho foro y sus formas de renumereación,
a fin de racionalizar sus costos y guardar la debida proporcionalidad con el
sistema institucional centroamericano.
f. La Corte Centroamericana de Justicia
Convendría aclarar la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia en
ciertos aspectos. Asimismo, sería
conveniente modificar el artículo 22 f) del estatuto, que otorga jurisdicción a
la Corte en casos de conflictos entre los
"poderes u órganos fundamentales de los Estados", motivo principal del rechazo
del Estatuto por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica.
Sería importante también tomar las medidas apropiadas para fortalecer a nivel
regional la utilización de mecanismos
privados con el fin de solucionar las controversias que se presenten en materia
comercial. Al mismo tiempo, se podría
estudiar la conveniencia de establecer una sala de Integración Económica,
icorporando las modalidades perjudiciales de
resolución de conflictos.
Finalmente, se recomienda reacionalizar los gastos y la estructura
administrativa de la Corte con vistas a introducir
mayor grado de coherencia posible en la institicionalización regional. Por otra
parte, en estas tareas conviene tener presente
los estudios realizados para otras instituciones de justicia regionales, como es
el caso del Corte Interamericana de Justicia.
g. El Foro de Vice-Presidentes
Este Foro desempeñaría las funciones que le asignen los convenios de aquellas
delegadas por lo Presidentes
centroamericanos.
h. Instancias de reflexión y consulta
Se considera imprescindible que la sociedad centroamericana participe
activamente en el debate de la integración y el
futuro de la región. Existen en Centroamérica la necesidad y un amplio deseo de
promover una actitud de reflexión
estratégica regional y un debate permanente y abierto sobre la naturaleza y los
objetivos del proceso de integración
centroamericana.
Convendría para ellos crear o fortalecer instancias de reflexión y consulta
como las que se señalan a continuación:
i. La organización nacional para la integración
Los cambios propuestos exigirían un esfuerzo adicional para fortalecer la
capacidad de coordinación nacional de los
temas de integración centroamericana. La definición de las instancias de
coordinación inteministerial y sus formas de
actuación dependerían de las realidades de cada país. En todo caso, convendría
adoptar medidas para la formación de
cuadros con niveles adecuados de conocimiento y habilidades en materia de
integración, así como para fortalecer los
procedimientos de comunicación y los sistemas de información, y realizar una
revisión de normas administrativas y
jurídicas.
a. El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología (ICAITI)
Desde el punto de vista de las necesidades de desarrollo de Centroamérica, la
función principal del ICAITI sería
fortalecer la metrología y la función secundaria, la normalización.
La Por otro lado, si bien la tendencia global apunta hacia la aromonización con
referencia a las normas internacionales,
existe una categoría de productos, comerciados principalmente entre los países
centroamericanos, que pueden requerir de la
definición de una norma centroamericana. sería preciso, por ello, preservar
esta función del ICASITI.
En consecuencia, se propone transformar el ICAITI en un organismo que podría
llamrse Instituto Centroamericano de
Metrología y Normalización. Un laboratorio primario de metrología requiere de
gastos fijos muy elevados, por lo que no
parecería posible que ets entidad se autofinanciara. En una primera estimación
se calcula que estos servcios solamente
aportarían entre 10 y 20% de los costos del Instituto. Esta entidad precisaría
de una asiganación presupuestaria permanente
soble la base del presupuesto institucional común, que asegure el mantenimiento
y la actualización de los equipos, así como
contar con un nivel mínimo de personal calificado.
Se requeriría de un estudio adicional para determinar si sería preferible
mantener únicamente las capacidades de
metrología existentes (actualmente cubren apenas unas cinco dimensiones de la
metrología), o ampliarlas a fin de contar con
un servcio primario centroamericano que abarque las necesidades esenciales.
Asimismo, a partir de un proceso adicional de
análisis y consulta, habría que decidir si la nueva entidad funcionaría
únicamente como un foro de acuerdo entre las
entidades públicas y privadas que disponen de las capacidades técnicas, o si
convendría que dispusiera de un laboratorio
para realizar pruebas.
Por otra parte, habría que decidir el destino de la capacidad de
investigación propia del ICAITI. Teniendo en cuenta los
argumentos relativos a la preferencia por una estrategia de red centroamericana
(ver infra), no convendría desplegar un
esfuerzo común para fortalecer esta capacidad. Tampoco parecería aconsejable
eleiminarla completamente, en la medida en
que ésta podría ser un recurso útil para Guatemala y una fuente de ingresos
complementarios para el organismo.
Una solución adecuada sería que la investigación y la sesoría ceinetíficas
que realice eñ Instituto financiadas por fondos
estrapreuspuestarios que consiguiera el propio Instituto. Este organismo
operaría como un centro más de investigación de
una red centroamericana.
b. La Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de
Centroamérica y Panamá
(CTCAP)
En ICITI ha efectuado una labor de investigación y desarrollo en varias
áreas, incluyendo actividades de interés en
conservación energética de fuentes de contaminación. También tiene la ventaja
potencial fe ofrecer a las fuentes
internacionales de financiameineto y de cooperación una institución regional
para la realización de programas.
No obstante, parecería existir cierto consenso en la mayoría de los países en
que tanto la distribución de los benefecios
de un enfoque regional, como la promoción de la cooperación dentro de
Centroamérica, serían mejor servidas por una red
centroamericana de centros especializados de excelencia. La coordinación de
esta red podría confiarse principalmente a la
CTCAP, en su futura calidad de Dirección de una Secretaría unificada.
En la medidad en que esta red se apoyaría en las universidades, se recomienda
que coordine esfuerzoz con el programa
del Consejo Superior Universitario Centrioamericano (CSUCA) para promover
posgrados regionales, así como con la
Asociación de Universidades Privadas y las Federaciones Empresariales.
La movilización de recursos adicionales para apoyar estos esfuerzos de
cooperación regional requeriría o bien de ala
adopación de programas especiales del BCIE o de la creación de un Fondo
Centroamericano de Desarrollo Ceinbtífico y
Tecnológico, que se usaría para contratar servcios de investigación científica y
tecnológica de importancia regional en
diferentes laboratorios y centros de investigación, y para promover proyectos
concretos de cooperación entre centros de
investigación y empresas de difrentes países.
c. El Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP)
Existe cierto consenso en que el ICAP tendría en el futuro dos áreas
centrales de trabajo.
En primer lugar, debería de servir como centro de una red dedicada a
fortalecer las capacidades centroamericanas para
la integración regional. Esto incluiría, entre otras actividades:
Por otra parte, se debería reforzar al ICAP para que opere como un centro de
excelencia en materia de gestión pública,
particularmente en políticas de competencia y regulación, con capacidad para
desarrollar estrategias innovadoras, basadas
en el análisis de las nbuevas terorías y mejores prácticas en el mundo.
Convendría en consecuencia transformar el ICAP en un instituto mixto,
integrado por un pequeño núcleo de
profesionales permanentes (o por lo menos con contratos de duración media) con
experiencia comprobada y reconocida.
Asimismo, contaría con servicios especializados (biblioteca, centro de
documentación, bases de datos y de expertos) de
valor para la región. El nuevoi ICAP tendría participación pública y privada.
Sus autoridades incluirían representantes de
los Gobiernos y administraciones nacionales, instituciones regionales,
universidades y organizaciones privadas.
En este marco, sería apropiado sustituir el sistema de financiamiento
completo de los Gobiernos por un sistema mixto.
Esto supondría un asiganación presupuestaria de base derivada del presupuesto
común, que podría tomar la forma de un
contrato marco para la realización de una cantidad mínima de acciones de
capacitación y de otro tipo. Adicionalmente, el
instituto debería trabajar dentro de la red de organizaciones relevantes, para
vender no sólo servicios directos, sino también
complementar, en el ámbito regional, el trabajo de las entidades nacionales.
sería deseable, en particular, que llevase a cabo
operaciones conjuntas (joint ventures) con el Instituto Centroamericano
de Administración de Empresass (INCAE).
d. La organización regional de turismo
Considerendo la interdependencia que el turismo y otras áreas de integración
tienen con respecto a las necesidades de
facilitación turística y de armonización de normas e incentivos, se sugiere que
las funciones de la Secretarías de Integración
Turística Centroamericana (SITCA), en materia de política común turística,
podrían incoprporarse en la Secretaría General.
Sin embargo, convendría que las tareas de promoción de Centroamérica como
destino único y las otras áreas del desarrollo
turístico común fuesen realizadas por una entidad centroamericana mixta.
e. Otras entidades regionales
En el documento Diagnóstico de la Institucionalidfad Regional
Centroamericana se presentó un resumen de
las funciones y financiamiento de otras entidades regionales, así como una
apreciación de su desempeño y evolución
reciente. En él se formulan lasa siguientes conclusiones y recomendaciones.
Existen diversas entidades regionales especializadas, con funciones claras en
la agenda centroamericana, y que han
realizado -o están realizando- importantes esfuerzos de modernización
institucional y racionalización administrativa. Se
cuentan, entre ellas, al Banco Cenytroamericano de Integración Económica (BCIE),
La Comisión Centroamericana de
TRansporte Marítimo (COCATRAM), la Corporación Centroamericana de Servicios de
Navegación Aérea (COCESNA),
el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y el Organismo
Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA). Cabe agregar que tres de ellas, el BCIE, la COCESNA y el
OIRSA, se autofinancian mediante la
venta de servicios.
La Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) requiere, por
otra parte, que sus funciones y su
organización sean revisadas en el marco de los cambios que se están dando en el
mercado regional, de acuerdo con las
decisiones que se adopten en este sector. La revisión correspondería a las
instituciones nacionales, con el apoyo de estudios
técnicos especializados.
Asimismo, convendría dejar al criterio de las instituciones nacionales
participantes la aplicación de medidads de
reforma para su consolidación, y retener el sietema de financiameineto
descentralizado en el Comité Coordinador Regional
de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana (CAPRE), y en el
Centro para la Prevención de Desastres Naturales en América Latina Central
(CEPREDENAC). En cuanto al primero, se
considera importante asegurar su participación en el desarrollo de un enfoque
integrado para el recurso agua. Respecto del
segundo, parecería necesario aclarar su papel institucional en relación con los
organismos nacionales y otras organizaciones
internacionales responsables en los campos relevantes.
En cuanto al Consejo Superior Universitario Centroamericana (CSUCA), cabría
examinar la participación de las
asociaciones de universidades privadas en los esquemas de cooperación regional,
así como su posible vinculación con las
tareas de integración, tales como la homologación de títulos con vista al libre
ejercicio de profesionales en toda
Centroamérica,
Respecto de las otras instancias de coordinación entre organismos nacionales
-algunas de las cuales no tienen sede ni
personal permanente-, tales como el Censejo Centroamericano de Vivienda y
Asentamientos Humanos (CCVAH) o el
Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social (COCISS), sería
conveniente basarse en acuerdos de
implementación para diseñar su estructuración.
Una parte esencial de la reforma sería establecer un mecanismo de
financiamiento automático para el núcleo
institucional, y llegar a un acuerdo respecto de los principios que dfeberían
regir sobre las demás instituciones u organismos.
Este acuerdo podría ser visto también como una muestra del compromiso de los
Gobiernos con el proceso de integración.
En el mismo espíritu, convendría que cada país presentase un plan de acción para
aolventar los saldos pendientes de los
aportes gubernamentales, con modalidades propias y teniendo en cuenta sus
posibilidades.
El esquema de financiamiento se basaría en tres elementos: un presupuesto
institucional común. un financiamiento
descentralizado y el autofinanciamiento.
a. Presupeusto institucional común
Adicionalmente, el presupuesto común permitiría apoyar de manera permanente y
parcial a entidades centroamericanas
que ofrezcan servicios con un valor agregado regional y que requieran de un
apoyo público común, pero que no realicen
funciones sistémicas. Por ejemplo, estas asiganaciones podrían asumir la forma
de convenios permanentes con el instituto
que sustituría al ICAITI, para el mantenimiento de las capacidades primarias en
materia de metrología, o con un ICAP
transformado, para capacitar a funcionarios públicos.
Así, sería deseable diseñar mecanismos nacionales, de acuerdo con las
normas constitucionales de cada país,
que garanticen que el monto aprobado por el CVonsejo se transfiera, en forma
obligatoria y automática, de los gobiernos
nacionales al presupesto institucional común.
Convendría también considerar la adopción de mecanismos comunes para
alimentar el presupuesto,
aprovechando los diversos estudios que se han realizado sobre la materia.
Cabría, en primer luigar, analizar con mayor detalle la comunicación de un
fideicomiso mediante alguna
combinación de aportes de los paìses (posiblemente bajo la forma de préstamos
del BCIE en algunos casos), y de la
cooperación internacional.
En segundo lugar, podrían edstablecer tasas especiales cuyo monto formaría
parte dirtecta del presupuesto. Si bien en
teoría podría establecerse una tasa al comercio extrarregional para el
financiamiento de la institucionalidad, esto presenta
serios problemas. Debido a que no se ha alcanzado una unión aduanera entre los
cinco países, los aranceles continúan
siendo nacionales y no comunitarios, por lo que puede haber resistencia a que su
recaudación se convierta en un bien
común. Otra opción de financiamiento sería la transferencia de una parte del
producto de la venta de formularios aduaneros
al fondo común. No obstante, si bien esta opción ha sido aprobada poe los
Ministros Responsables de la Integración
Económica y la SIECA la ha puesto en práctica, existen hasta ahora ciertas
reticencias y cuestionamientos a esta venta.
Además, según algunas estimaciones de la SIECA, los recursos que podrían
obternee¡rse por este medio serían de sólo unos
200,000 dólares anuales. Se ha hecho mención al establecimiento de otros tipos
de impuestos (cobrar comisiones a cheques
usados por pagos de bienes y servicios de otros países o una cuota al peaje de
vehículos). pero ello requeriría de estudios
más detallados para evaluar su factibilidad y rendimiento probable.
Por último, se podrían obtener fondos de la cooperación internacional,
solicitando conjuntamente créditosd que los
países transferirían, bajo su responsabilidad, directamente al presupuesto y no
al fideicomiso.
b. Financiamiento descentralizado
Entre los organismos que dispondrían de financiamiento descentralizado para
cubriri enteramente sus gastos fijos se
cuentan la Secretaría Ejecutiva del CVonsejo Monetario Centroamericano (SE-
CMCA), el Centro para la Prevención de
Desastres Naturales en América Central (CPREDENAC), La Comisión Centroamericana
de Transporte Marítimo
(COCATRAM), la Comisón Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), el
Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA), y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP), así como las diversas
instancias de coordinación intergubernamental. Los recursos no tendrían
relación alguna con el presupuesto común.
Povendrían en su totalidad de las entidades públicas nacionales relacionadas
directamente con las actividades de estos
organismos.
La agencia centroamericana de turismo constituiría un caso especial, ya que
contaría con financiamiento mixto.
Las autoridades o instituciones nacionales correspondientes determinarían en
todos los casos los montos de este
financiamiento.
c. Autofinanciamiento
Finalmente, existen unas cuantas instituciones que pueden autofinanciarse
enteramente mediante la venta de servicios,
como el BCIE y la COCESNA, o casi completamente, como la OIRSA, que únicamente
obtiene el 5% de sus ingresos de
las aportaciones de los Gobiernos, mientras que el resto proviene de la venta de
servicios de fumigación internacional.
Sería indispensable constituir una entidad centroamericana independiente
responsable de la auditoría general, de
acuerdo con lo previsto en el Protocolo de Tegucigalpa (artículo 33). Sin
embargo, en estos momentos no sería preciso
crearla al estilo de un Tribunal, sino que podría recurrirse a firmas
reconocidas. En el caso de las entidades en las que ya se
efectúan audirorías de este tipo se podría mantener esta práctica, pero se
obligaría a las que no lo hacen a realizarlas en un
plazo razonable.
Al mismo tiempo, convendría solicitar a los Contralores de Cuentas de
Centroamérica que elaboraran un perfil del futuro
sistema con cooperación técnica internacional. En este marco se precisaría
establecer normas y procedimientos obligatorios
para las compras y la administración de bienes y servicios.
Simultáneamente, con las medidas ya mencionadas, sería imprescindible acordar
un Estatuto del Servicio Civil
Centroamericano que estblezca normas y procedimientos profesionales uniformes,
los cuales regirían al personal de los
organismos y las instituciones. Asimismo, sería conveniente regular la carrera
del funcionario y empleados
centroamericanos, estableciendo al fecto el escalafón correspondiente. Se
podría elaborar un anteptoyecto con apoyo
internacional.
En el Estatuto se establecería un escalafón centroamericano de salarios y
beneficios, así como un régimen de disciplina.
En él se especifiaría también la obligatoriedad de designar por concurso a los
titulares y a los profesionales.
Si bien no sería imprescindible fijar cuotas de representación nacional en
cada entidad para los profesionales, sería
deseable buscar equidad en la representación, sin comprometer por ello la
calidad del trabajo. En Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores podría emitir una resolución que establezca un
procedimiento mediante el cual esl sistema de
auditoría revisaría periódicamente los reclutamientops de personal. Se
aseguraría así mismo que no hubiesen desviaciones
en contra de funcionarios de los países miembros con nacionalidad diferente a la
del país sede. Asimismo, el personal no
nacional bedería recibir automáticamente status de residente en el país sede.
Por último, cabe subrayar la importancia de asegurarc un alto de
tansparencia.
En este propuesta se plantea una importante reforma a la institucionalidad
regional que requeriría de una preparación
técnica cuidadosa, y exigiría cambios significativos en los instrumentos
jurídicos regionales. Su funcionamiento presentará
un gran desafío político y práctico. Es necesario también tener presente que la
propuesta sucitará resistencias de quines se
considern afectados por ella.
Por otra parte, las circusntancias parecen favirecerla en comparación con
iniciativas anteriores. La fuerza del consenso
y el compromiso que existe en la actualidad entre los Presidentes
centroamericanos para implantar una reforma ofrece bases
sólidas para su implantación progresiva. Además, existe en la comunidad
internacional la voluntad de ofrecer apoyo
político y material para una reforma sustancial. Finalmente, se puede afirmar
que los cambios propuestos sólo serían
radicales en algunos casos, y se prevé que de surgir alguna oposición, ésta se
circunscribiría a determinados círculos y
esferas.
a. El sistema de financiamiento
Para poner en marcha la reforma propuesta, sería preciso establecer un nuevo
sistema de financiamiento.
Un grupo especializado, nombrado por los Presidentes, debería elaborar a la
brevedad posible un plan de acción
detallado para la ejecución de la propuesta, dicho grupo, que podría encabezar
la SIECA, trabajará en estrecha consulta con
el BCIE, los Ministerios de Hacienda, los Bancos Centrales y la Comisiones de
Hacienda de las Asambleas Nacionales.
b. Los cambios institucionales
i. La Secretaría General. La unificación de las secretarías
implicaría importantes
movimientos de instalaciones y personas. Habrá que prever, por lo tanto, que
ésta se efectúe como un proceso de mediano
plazo y en difrentes etapas. En una primera, se elaboraría, firmaría y
ratificaría un nuevo tratado; se identificarían las
necesidades con respecto al personal e infraestructura de la nueva Secretaría
General, y se definirían los costos de las
acciones de personal y mudanzas. En una segunda fase se abriría la sede, se
adoptaría a la fusión de las entidades
involucradas.
Este proceso requiere de decisiones acaso difíciles, en cuanto a la elección
de sedes, en el marco del impacto que la
reforma tendrá sobre la distribución geográfica de los órganos y organismos
regionales.
Se sugiere que la nueva agencia centroamericana de turismo se ubique en
Managua, de tal manera que la incorporación
de las funciones se secretaría de la SITCA en una Secretaría General no
afectaría la presencia de organizaciones regionales
en Nicaragua. Honduras no se vería afectado, puesto que las dos secretarías con
sede actualmente en Tegucigalpa (CEAC y
CCHAC) tienen una naturaleza, por lo que su permanencia en esta ciudad es
temporal. El caso de El Salvador dependerá de
la suerte de la SG-SICA. Ante esteas prespectivas8se considera de la
mayor importancia que la Secretaría General
mantenga oficinas en cada país.
En el cuadro siguiente se muestra la distribución geográfica de los órganos y
organismos regionales sin incluir la sede de
la Secretaría General.
a/ No se incluye en este cuadro la Secretaría General
ii. Los organismos especializados. En el caso de los tres organismos
especializados qie se verían afectados,
se propone un procedimiento similar que consistiría en la elaboración, por un
comité técnico mixto nombrado por las
autoridades actuales respectivas, de un plan detallado que sería discutido con
los principales actores.
En el caso del ICAP, se realizarían consultas con representantes de los
ministerios responsables, el INCAE, así como
con expertos de las universidades, de otras instituciones de formación y de
investigación, y de entidades privadas (como la
Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, ASIES, y la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social, FUSADES), y con especialistas internacionales.
La transformación del ICAITI sería discutida con representantes de los
ministros responsables, de las federaciones
industriales y de los principales laboratorios nacionales de metrologíay normas,
y con expertos en la materia.
La creación de una organización mixta centroamericana de turismo sería
analizada por la SITCA y también por
representantes de las autoridades y agencias nacionales, así como de las
asociaciones privadas de turismo y por especialistas
envitados.
c. Los cambios jurídicos
Los cambios jurídicos más importantes que deberían comentarse en el marco de
un nuevo tratado derivarían del nuevo
sistema de financiamiento, y de la unificación de las secretarías.
Asimismo, en los casos de ICAITI, ICAP
y SITCA, sería preciso abrogar los convenios existentes y modificar sus
estatutos, de acuerdo con sus nuevas funciones y
naturaleza.
Con respecto al Parlamento Centroamericano de Justicia (supresión o
reformulación del artículo 22, literal f)).
Los cambios en la organización y en materia de gastos podría realizarlos la
propia Corte, puesto que a ella compete la
definición de la administración y el personal (Título VI del Reglamento
General).
En la primera fase de la reforma, el Comité Ejecutivo podrís seguir
operando sobre la base del Protocolo de
Tegucigalpa. Al adoprtarse el nuevo tratado, convendría formalizar tanto la
fusión entre el Comité Ejecutivo de la SICA y
el Comité Ejecutivo de la Integración Económica como el principio de interacción
entre el Comité y la Secretaría en la
formulación de las políticas y la preparación de decisiones con carácter
obligatorio.
La introducción de un "sistema de auditoría y fiscalización
financiera" se precé explícitamente en el Protocolo
de Tegucigalpa (art.33). La elaboración de normas de políticas de
personal y la posible creación de un Servicio
Civil Centroamericano podrían tomar la formas de un reglamento, fundamentado en
el mismo Protocolo, que el Consejo
adoptaría.
d. Elaboración de un Plan de Acción
Una vez que los Presidentes hayan definido las líneas fundamentales de la
reforma, se propone crear un grupo especial
de trabajo encargado de coordinar la elaboración de planes detallados
relacionados con los aspectos institucionales, jurídicos
y de financiamiento.
SIGLAS
(1)De acuerdo con el planteameinto de la CEPAL en torno al
"regionalismo abierto", los instrumentos de la integración deben
permitir utilizar de manera conjunta los mercados, recursos e
instituciones de lo spaíses de la región para competir en el mercado
internacional y para aumentar las exportaciones destinadas a
terceros países. A fin de que la integración centroamericana
estrecha no restrinja las relaciones económicas con el resto del
mundo, ésta debería llevarse a cabo dentro de un proceso que concile
la interdependencia generada por acuerdos preferenciales con las
señales de mercado que surgen en un contexto de apertura y
desregulación. Véase CEPAL, El regionalismo abierto en América
Central (Los desafíos de profundizar y ampliar la información)
(LC/MEX/L.261), 31 de enero de 19095.
(2)Véase el anexo II, que resume la base conceptual adoptada
para establecer los parámetros para la reforma.
(3) No se propone adoptar modelos o instrumentos
"supranacionales" clásicos, como la delegación de poderes normativos
a órganos autónomos, o acotar votación por mayoría para la adopción
de decisiones vinculantes. Tampoco se trata de crear organismos
comunes grandes. Lo importantes es establecer mecanismos y
prácticas comunes que institucionalicen (con el menor grado de
burocratización posible) la incorporación de la visión comunitaria,
la coherencia entre las políticas y el cumplimiento de los
compromisos. Asimismo, se trata de introducir rigideces, sino de
desarrollar una capacidad común creativa para enfrentar nuevos
problemas, generar consensos y gestionar el cambio.
(4)La fusión de las secretarías del CEAC y del CCHAC daría
lugar a una Dirección de Energía.
(5)Se incorporarían en la Secretaría General sólo las
funciones de Secretaría Regional de la SITCA, dejando las tareas de
ejecución práctica de los programas de facilitación, promoción y
otros a una agencia centroamericana de cooprración tirística que
trabajaría en estecha coordinación con el sector privado.
(6)Así como en el caso de la SITCAS, se sugiere incorporar en
la Secretaría General las funcionews de la Secretaría Ejecutiva de
la CRRH que tienen que ver con una política común del recuros agua,
dejando los proyectos prácticos a una agencia que opore en el marco
interamericano.
(7)Se sugiere continuar con el proceso de analisis y discusión
del Anteproyecto de Reglamento de Acvtos Normativos del SICA con el
propósito de limitar el derecho de propuesta y de asegurar un
adecuado proceso de prepàración técnico-políticas de las decisiones.
(8) Por otra parte, en el caso de dos secretarías, habrá que tener en cuenta
también la relación orgánica existente con organizaciones internacionales (entre
la SG-CECC y la UNESCO, y la SG-CAC y el IICA).
1. Fundamentos esenciales de la propuesta
2. Características del modelo propuesto
La dirección estratégica regional
3. Cambios de los órganos de integración
4. Cambios a los organismos especializados de cooperación
5. Financiamiento
6. Auditoría
7. Estatuto del servicio civil y de la carrera de funcionario
centroamericano
8. Lineamientos para un Plan de Acción
SEDES DE LOS
ORGANOS Y ORGANISMOS
REGIONALES a/
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa
Rica Panamá
PARLACEN BCIE CCJ SE-
CMCA
Ex-ICAITI OIRSA COCESNA COCATRAM Ex-
ICAP CEPREDENAC
INCAP ICEP
b/ COMTELCA Turismo CSUCA
CCP CAPRE
b/ Instituto Centroamericano de Estudios
PolicialesAnexo I ALCA Area de Libre Comercio de las Américas
ASIES Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
CAPRE Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y
Saneamiento de Centroamérica,
Panama y Repuública Dominicana
CCJ Corte Centroamericana de Justicia
CCVAH Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos
Humanos
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CPREDENAC Centro para la Prevención de Desastres Naturales en América
Central
COCATRAM Comisión Centroamericano de Transporte Marítimo
COCISS Consejo Superior Universitario Centroamericano
FEDECATUR Federación de Cámaras de Turismo de
Centroamérica
FUSADES Fundación Salvadoreña para el desarrollo Económico y
Social
ICAITI Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología
Industrial
ICAP Instituo Centroamericano de Administración
Pública
ICEP Instituto Centroamericano de Estudios
Policiales
INCAE Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas
INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria
PARLACEN Parlamento Centroamericano
S-CCHAC Secretaría pro tempore del Comité de Cooperación de
Hidrocarburos de América
Central
SE-CCAD Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
SE-CEAC Secretaría Ejecutiva del Consejo de Electrificación de América
Central
SE-CMCA Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano
SE-CRRH Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Regional de Recursos
Hidraúlicos
SG-CAC Secretaría General del Consejo Agropecuario
Centroamericano
SG-CECC Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultura
Centroamericana
SG-SICA Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana
SICA Sistema de Integración Centroamericana
SIECA Secretaría Permanente del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana
SISCA Secretaría de Integración Social Centroamericana
SITCA Secretaría de Integración Turística Centroamericana
ST-CTCAP Secretaría Técnica de la Comisión para el Desarrollo
Científico y Tecnológico de
Centroamérica y Panamá.