* Exsubsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP.
El vocablo política no es unívoco, ni siquiera como uno de los términos más usuales en los textos de planeación. El concepto política, al igual que objetivo, linea de acción, pauta y estrategia, a menudo se usa y entiende de distintas maneras. Así, por principio de cuentas es necesario precisar el sentido en que se utiliza como eje de este trabajo. En planeación una política es uno de los elementos de la estrategia establecida para conseguir algún objetivo. Otro son las metas fijadas (lo que implica determinar logros mensurables en plazos determinados). Las metas y las políticas determinan el tipo de procedimientos pertinentes, así como la naturaleza y calidad de los elementos y recursos necesarios para lograr los objetivos. En este modelo, uno entre los muchos modos y orientaciones de la planeación, las políticas constituyen o expresan el elemento normativo, algo así como los condicionantes o caminos que deben seguirse en la estrategia para alcanzar un objetivo. Una conclusión obvia, pero a veces no bien entendida, es que deben distinguirse las políticas de los objetivos, pese a su estrecha relación operativa.
Cuando se plantea el desarrollo del posgrado como objetivo de la política educativa, es evidente que el concepto desarrollo implica distintos rasgos y la categoría de posgrado engloba los niveles de especialización, maestría y doctorado, cada uno con objetivos propios y, por tanto, con estrategias particulares. Es posible abordar las políticas generales (aplicables al desarrollo del posgrado como algo global), al igual que particularizar las políticas correspondientes a los distintos aspectos del desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo (aumento de matrícula; crecimiento de personal académico; actualización de los currículos; reorientación de los proyectos de investigación en la materia, y modernización del equipo, las bibliotecas y los centros de información, entre otros). Cada uno de esos rasgos podría tratarse con mayor detalle, según el nivel del posgrado que se examine.
Por otra parte, es claro que la lista de asuntos por tratar debe incluir variables como el tipo de institución implicada en el desarrollo del posgrado (subsistema tecnológico y subsistema universitario) y la naturaleza de los organismos que aplican las políticas (dependencias federales, instituciones descentralizadas y centros educativos).
Sin pretender hacer un diagnóstico cabal, conviene tener en cuenta las características principales del posgrado en las universidades y demás instituciones de educación superior en México durante los últimos lustros. Cabe señalar que las políticas respectivas se fijaron en los dos últimos planes nacionales de desarrollo, así como en los programas de educación y de desarrollo científico y tecnológico correspondientes. Mientras que en 1970 apenas 13 instituciones de estudios superiores (10 públicas y 3 particulares) impartieron programas de posgrado a 6 345 alumnos, en 1992 lo hicieron 173 (106 públicas y 67 privadas) con una matrícula de 51 464 alumnos. En ese último año los programas de posgrado en marcha sumaron 868, de los cuales 265 (30.5%) fueron de especialidad, 488 (56.2%) de maestría y 115 (13.3%) de doctorado; la matrícula del posgrado muestra que 36.9% de los alumnos cursó estudios de especialidad, 59.6% participó en los programas de maestría y sólo 3.5% en los de doctorado.
Los datos cuantitativos denotan un desarrollo apenas incipiente del posgrado en México, al igual que su concentración en algunas zonas geográficas, ciertas instituciones y áreas específicas del conocimiento.
En 1992 la matrícula del posgrado (51 464 alumnos) representó 4% de la total de educación superior (1 306 621). En ese año 40.7% de los inscritos en posgrado se concentró en el Distrito Federal y 12.4% en la región noreste del país. Por áreas del conocimiento, la matrícula del posgrado se concentró principalmente en las ciencias sociales y administrativas (38.1%) y en las ciencias de la salud (27.6%); los estudios agropecuarios fueron los de menor matrícula (2.7%). Estos datos sobre aspectos cuantitativos denotan un desarrollo apenas incipiente del posgrado en México, al igual que su concentración en algunas zonas geográficas, ciertas instituciones y áreas específicas del conocimiento.
Menos evidentes y más complejos son los aspectos cualitativos. De hecho, un problema básico que no acaba de resolverse por completo es la falta de elementos para juzgar la calidad de los programas de posgrado. Sin embargo, con el establecimiento del proceso de evaluación cualitativa a cargo del Conacyt se cuenta ya con un padrón de posgrados de excelencia.
Como premisa fundamental de la estrategia para desarrollar el posgrado, la política de concertación orienta otra serie de acciones que la SEP, el Conacyt y las instituciones de educación e investigación han emprendido o cuando menos divulgado. También en ella se enmarca la creación de una red de instancias y mecanismos como la Comisión Nacional de Evaluación (Conaeva), la Comisión Nacional del Posgrado y las Comisiones Dictaminadoras. Simplemente se trata de ejercer la vieja práctica universitaria de la administración y el gobierno en forma colegiada que debe privilegiar, en este caso, la participación de los académicos en los centros educativos y la de los responsables del bienestar y el desarrollo económico en los sectores sociales.
La instrumentación de esas políticas generales se debe complementar con un programa de criterios e indicadores que permita justipreciar el grado de cumplimiento de las metas y acciones respectivas. Un tomador de decisiones en las instituciones de educación superior e investigación, por ejemplo, podría adoptar el siguiente modelo:
Se trata de fortalecer al posgrado con políticas orientadas a elevar su calidad y pertinencia, con miras a una cobertura superior a 4% de la matrícula de educación superior
Al establecer criterios e indicadores de excelencia, el tomador de decisiones tendría que combinar tanto las correspondientes a la calidad intrínseca del programa como las que atañen a su pertinencia respecto al bienestar social y el desarrollo económico del país. Para ello se tendrían que considerar la capacidad del personal académico y la pertinencia de los métodos, conocimientos e información manejados, así como la relevancia científica, tecnológica, social y económica del saber de los graduados.
Las decisiones con base en modelos como el anterior permitiría, además, tener elementos para identificar los requerimientos de un nuevo posgrado. Cabe entonces enunciar otra política general respecto al posgrado:
Parece claro que las políticas generales referidas se centran en el mejoramiento cualitativo del posgrado, pero también es posible que se interpreten como una tendencia restrictiva en la apertura de posgrados e, incluso, encaminada a suprimir programas. Estas secuelas no se pueden descartar porque reflejan la inviabilidad de los programas inoperantes y de calidad mediocre, pero ello no implica desapego al empeño de hacer crecer el posgrado.
En suma el objetivo es fortalecerlo con políticas orientadas a elevar su calidad y pertinencia, con miras a una cobertura superior a 4% de la matrícula de educación superior. La situación inversa ya ocurrió y el desafío es remontarla en definitiva.
Programas como el Sistema Nacional de Investigadores, la carrera docente y el Fondo para Modernizar la Educación Superior son fruto y formas operativas de tales políticas. En el Conacyt funcionan otros programas con la misma orientación, como el de Empresas de Base Tecnológica.
La política prioritaria de las autoridades educativas federales ha sido orientar los recursos y esfuerzos a formar ciudadanos cuya educación básica les facilite el acceso a las mejores oportunidades de bienestar económico. La educación superior constituye una vía para el progreso individual y, sobre todo, para generar conocimiento básico y desarrollar tecnologías.
Si el país ha puesto grandes esperanzas en la educación, corresponde al posgrado crear los productos más avanzados de esa función social. Habida cuenta de las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública en los distintos campos y quehaceres educativos, así como las repercusiones sociales de los servicios correspondientes y los sectores que se benefician de la educación superior y en particular del posgrado, la política general de la dependencia en materia de financiamiento de este nivel educativo es la de coparticipación con los propios beneficiarios. Esta línea de acción general tiene matices como el que distingue, por ejemplo, el conocimiento como bien social del que se puede apropiar como bien particular.
Cada punto de este trabajo se ha difundido ya con amplitud, pero su reafirmación es un ejercicio útil porque expone elementos para el debate y la búsqueda de conocimientos que caracterizan la vida universitaria. En cierta manera ésta se puede definir como una conversación civilizada con innumerables formas de dar y recibir.
Cuando el diálogo cede paso al dogmatismo, cuando la búsqueda del conocimiento se suspende por la imposición de alguna supuesta verdad absoluta, entonces la institución universitaria se paraliza y queda en riesgo su existencia misma. Las amenazas son muchas y tal vez las más peligrosas pueden emanar de las propias instituciones. Una de ellas es considerar que los valores de la institución son tan evidentes que ya no necesitan explicación, o bien que su labor es tan incuestionable que no requiere revisiones ni esfuerzos de actualización.
Los investigadores y académicos tienen, entre sus muchos compromisos, los de redefinir y reafirmar la naturaleza y el propósito de su propio quehacer en el posgrado. Con ello se puede evitar que este nivel educativo caiga en la complacencia y la autoperpetuación, es decir, que se inmovilice y se convierta en mitología.