La década de los ochenta marca la culminación de un complejo conjunto de fenómenos internacionales e internos que desembocó en la crisis del endeudamiento, entre otros hechos sintomáticos de los efectos de cambios acumulativos en la economía planetaria. La generalización de los mismos problemas -si bien con diferencias de intensidad- en casi toda América Latina y otras latitudes del Tercer Mundo es claramente indicativa de la presencia de fuerzas que trascienden la especificidad o los alcances de las políticas nacionales.
La crisis de la década pasada, con toda su secuela de males, nos ha dejado enseñanzas valiosísimas. Fue un llamado de atención imperativo para revisar nuestras vinculaciones con el exterior, con una economía internacional en metamorfosis profunda donde la especialización en la venta de productos primarios pierde día con día significación dinámica. Fue, asimismo, el descubrimiento de los nuevos límites de las autonomías de las naciones periféricas en un mundo multipolar y cada vez más interdependiente de poderes privados en ascenso y poderes estatales disminuidos o confrontados. Y fue recordatorio de que los mercados internacionales de mercancías y capitales no operan como prescribe el modelo de libre concurrencia: hay oligopolios, racionamiento y discriminación, cuando no exclusión de algunos participantes.
Ciertamente varios gobiernos -el nuestro entre ellos- intentaron sostener durante los setenta tasas de crecimiento poco realistas en términos de los desequilibrios macroeconómicos, recrudecidos por el receso mundial de comienzos del siguiente decenio; la banca privada internacional presionó a los países a tomar empréstitos excesivos ante los apremios de reciclar ahorros y petrodólares. Asimismo, es innegable que los organismos financieros internacionales y los principales países acreedores impusieron modalidades recesivas de ajuste en que el criterio predominante -casi único- fue mantener el servicio de los intereses, cualesquiera que fuesen el costo y la capacidad de pago de las naciones endeudadas.
Con todo, la deficiencia básica del modelo nacional de desarrollo residía en haber pasado por alto las mutaciones acumulativas de la economía internacional que ya habían alterado de raíz la división internacional del trabajo de la posguerra y la organización económica que le servía de apoyo. La fusión de producciones, mercados y finanzas a través y a pesar de las fronteras nacionales; la formación de redes y nódulos transnacionalizados de fabricación y comercialización fuera de los cuales sólo se puede producir y vender marginalmente; la integración orgánica de ciencia y economía que se expresa en ritmos intensificados de cambio tecnológico y de competencia, son otros tantos hechos que señalaban con nitidez la obsolencia de las vinculaciones económicas de México con el exterior y la necesidad insoslayable de renovarlas como condición sine qua non del desarrollo del futuro.
A mayor abundamiento, el requebrajamiento del imperio soviético y la declinación del liderazgo económico de Estados Unidos han gestado vacíos de poder que entorpecen la tarea de remodelar el orden económico internacional. Por ello y por la multiplicación de problemas de alcance planetario -como el de la ecología- se desdibuja la idea de luchar cooperativamente para cancelar la brecha del subdesarrollo.
Así, se está pasando de un período de intenso crecimiento basado en el intercambio mundial y amplia cooperación entre el Norte y el Sur a otro de desarrollo más pausado y mucho menos solidario.
En consecuencia, el reacceso al desarrollo sostenido o la eliminación de la pobreza, pese a la ascendente interdependencia entre países, son cuestiones que descansan paradójicamente en el esfuerzo propio y en la articulación de las energías nacionales para abrirse camino a la modernidad y asimilar altas dosis de costos sociales.
En tales circunstancias, México decide llevar adelante la reforma económica, entendida en el sentido de abrazar una estrategia de crecimiento hacia afuera con supresión unilateral de la gran mayoría de las barreras protectoras. Correlato de esa decisión fueron la adhesión posterior al GATT, la desregulación interna (caracterizada por los procesos de privatización y de transferencia de funciones del Estado al mercado) y la instauración de estrictas políticas de estabilización encaminadas a recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos.
El proceso de acomodo resultante partió de la disposición a pagar un precio de magnitud nada deleznable. El ingreso por habitante en la década de los ochenta cayó más de 10%, se polarizó la pirámide distributiva y se debilitaron buena parte de los pequeños y medianos productores y el empleo en el sector moderno de la economía. Los gobiernos se vieron forzados a aplazar demandas sociales apremiantes, aun a riesgo de socavar su legitimidad y el proceso paralelo de modernización política.
Del lado positivo, aparte de mejorar las perspectivas de desarrollo de largo plazo y acrecentarse los flujos de capital del exterior, muchas empresas (sobre todo las de tamaño grande) se reestructuraron, modernizaron y consolidaron, aprendiendo a sobrevivir en un clima abierto de concurrencia internacional; las privatizaciones extendieron el criterio empresarial de la eficiencia en la esfera de la producción; se lograron credenciales de acceso al apoyo de las naciones industrializadas y a las redes transnacionalizadas del comercio y la producción, y se pusieron en práctica con energía redoblada políticas para proteger la ecología y compartir el tráfico de drogas.
En esa perspectiva, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la culminación jurídica, institucional, de la estrategia de desarrollo hacia afuera y de reconstrucción de la inserción de México en la economía internacional. Es también la afirmación de que el país persistirá por largo tiempo en llevar adelante una reforma económica en que la demanda externa, la inversión extranjera, el sector privado y el juego de las fuerzas del mercado desempañarán los papeles protagónicos.
Los empresarios nacionales y extranjeros dispondrán incuestionablemente de expectativas más firmes para sustentar sus decisiones en materia de producción e inversión. Además, podrán captarse las ventajas clásicas de la ampliación de mercados: el aprovechamiento de economías de escala, la mejor división del trabajo, mayor eficiencia por la intensificación de la competencia.
Asimismo, el propio Tratado de Libre Comercio es un seguro frente al espectro de proteccionismo que pudiesen invocar las naciones industrializadas en defensa de las demandas de bienestar y empleo de sus electorados frente al éxodo de las inversiones transnacionales hacia países de menores costos y regulaciones. Y puede ser por igual un seguro contra la segregación económica que ya experimentan las naciones carentes de la flexibilidad para hacer suyas las nuevas reglas y condicionalidades de la economía mundial o que no pueden incorporarse a algún bloque comercial poderoso.
Con todo, no cabría esperar demasiados efectos espectaculares e inmediatos de la instauración de la zona de libre comercio. En los hechos, el grueso de la apertura de los mercados nacionales ya se había producido con antelación y las barreras de acceso a Estados Unidos -salvo casos especiales- han sido, por lo general, moderadas.
En contraste, habrá nuevas exigencias de ajuste productivo por el desfase natural entre importar a partir de una oferta externa elástica y la maduración más pausada de proyectos dedicados a desarrollar exportaciones no tradicionales, por más que las oportunidades existan y se cuente con genuinas ventajas competitivas. También habría que aguardar cambios sustantivos en la naturaleza de los flujos internacionales de capitales. Hasta ahora han sido más bien limitadas las inversiones extranjeras creadoras de nuevas capacidades productivas y abundantes las de corto plazo que buscan beneficiarse con los diferenciales en las tasas de interés.
En conclusión, si bien hay que felicitarnos y felicitar a los negociadores de todas las partes contratantes por la terminación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por ser éste pieza vertebral, articuladora de la reconstrucción obligada de nuestras vinculaciones económicas con el exterior, habría de admitirse que ese logro no constituye en sí mismo una panacea.
Sería inútil llamarse a engaño; aprovechar las oportunidades potenciales de la zonas ampliada de intercambio dependerá de nuestras capacidades de invertir con sabiduría, reconvertir instalaciones para no echar por la borda riquezas acumuladas, adiestrar a marchas forzadas a los trabajadores y técnicos en actividades de creciente densidad de conocimientos, o enriquecer los proyectos de investigación y desarrollo y, sobre todo, acompañar el desarrollo con un grado razonable de equidad distributiva.