COMEXT, 06/01/94, EL INGRESO DE MÉXICO A LA OCDE

Comercio Exterior

País/Country: México

Banco Nacional de Comercio Exterior

Autor/Author: Victor Daniel Flores*

Volúmen/Volume: 44

Número/Number: 6

Frecuencia/Frequency: Mensual/Monthly


Fecha/Date: 06//01/94
* Director para la OCDE y miembro del Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las opiniones son exclusiva responsabilidad del autor.

El 18 de mayo de 1994 se formalizó el ingreso de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Con la entrega del Instrumento de Adhesión al gobierno de Francia, depositario de la Convención de la OCDE, México se convirtió en el miembro número 25 de la Organización.

México es el primer país en ingresar a la OCDE desde que lo hiciera Nueva Zelandia hace más de veinte años; es, también, la primera vez que ese organismo acepta a una nación en desarrollo. Esto constituye un reconocimiento a la nueva posición internacional de México, a las profundas transformaciones económicas emprendidas en los últimos años y a sus perspectivas de desarrollo. El nuevo socio tiene un PIB de 360 000 millones de dólares, lo que lo sitúa en el noveno lugar entre las 25 economías de la OCDE y en el decimotercero en escala mundial. 1

La homogeneidad de sus miembros es una de las características más relevantes de la OCDE, lo cual es determinante en la notable eficacia de su gestión. A diferencia de la ONU o el FMI, por ejemplo, a la OCDE no le interesa representar a todas las naciones del planeta. El denominador común de las economías que la integran es compartir valores y experiencias que les permitan identificar problemas comunes y encontrar soluciones conjuntas. 2

Una de las prioridades de la política exterior del gobierno actual fue lograr una mejor inserción de la economía mexicana en el mundo. Con ese propósito, en el marco de la estrategia de modernización, en que la diversificación constituye un elemento esencial para apoyar el desarrollo socioeconómico, México ha efectuado acercamientos con los distintos foros internacionales:

  1. negoció con éxito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte;

  2. impulsó y consolidó el establecimiento de nuevos foros políticos, económicos y sociales en el continente, como el Grupo de los Tres, la Conferencia Iberoamericana y los acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y otras naciones de América Latina;

  3. pugnó por su ingreso como miembro de pleno derecho a todos los foros de concertación del Pacífico, en especial al más importante: la APEC (Asian Pacific Economic Cooperation), y

  4. prestó especial atención a fortalecer y ampliar los vínculos con toda Europa. 3

Una de las acciones de México más importantes de la política exterior es su ingreso a la OCDE, entidad reconocida como la más influyente en la economía y las finanzas internacionales. Con ello, México se adapta rápidamente a la cambiante realidad del mundo de la posguerra fría y a las nuevas prioridades de la agenda internacional.

La OCDE -como foro para la cooperación intergubernamental, de análisis conjunto y de búsqueda de soluciones compartidas- está en una situación privilegiada para enfrentar los principales retos del entorno que está surgiendo. La prueba más clara de que se adapta a las condiciones actuales lo constituye la adhesión de México.

Esto es de gran importancia en la historia de la OCDE: México es el único país en desarrollo que ha sido aceptado en ese foro, y el ingreso de un nuevo miembro necesariamente afectará la gestión del organismo, cuya apertura se relaciona con el fin del mundo bipolar y el surgimiento de nuevos centros económicos. Para la OCDE es fundamental examinar cabalmente su papel futuro en las cambiantes circunstancias internacionales y abrirse a la participación -así sea de manera selectiva- de nuevos actores del escenario económico mundial. 4

Qué es la OCDE

La OCDE se constituyó el 30 de septiembre de 1961; su sede está en París y en la actualidad la integran 25 países que sustentan su estrategia de crecimiento en modelos de mercado, democracia y libre comercio.

Su antecedente es la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), creada al término de la segunda guerra mundial con el fin de administrar y dar coherencia a la ayuda para la reconstrucción europea conocida como Plan Marshall. 5 La OECE se dedicó principalmente a elaborar estudios técnicos y proponer una serie de recomendaciones a los países de Europa Occidental para la recuperación de sus economías y liberar sus flujos de comercio, financieros y de servicios.

La Convención fundadora de la OECE la firmaron 17 países el 16 de abril de 1948: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía, además de Estados Unidos y Canadá como miembros asociados. Cumplidos sus objetivos y los del Plan Marshall, se decidió darle un giro y aceptar nuevos integrantes: el 14 de diciembre de 1960 firmaron la Convención de la OCDE 20 países: los 17 miembros formales de la OECE, más Estados Unidos, Canadá y España. En 1964 se sumó Japón; en 1969, Finlandia; en 1971, Australia, y en 1973, Nueva Zelandia. Ningún país se había incorporado desde entonces hasta 1994, cuando se adhirió México. 6

Con apenas 16% de la población mundial, los países miembros de la OCDE aportan dos tercios de la producción y tres quintos de las exportaciones mundiales. A pesar de sus diferencias económicas, los miembros del organismo están vinculados por intereses y problemas comunes, así como por el compromiso de fortalecer la economía de mercado y los sistemas democráticos.

Mediante el análisis detallado de toda la gama de temas que afectan la economía mundial, la OCDE alienta a los gobiernos miembro -y a otros actores económicos, como el sector privado, sindicatos y expertos académicos- a estudiar y formular las mejores políticas posibles en todos los ámbitos económicos y sociales. Difiere fundamentalmente de otras organizaciones internacionales de corte económico debido a que no posee facultades jurídicas supranacionales ni aporta recursos financieros para préstamos o subsidios. 7 La Convención define su estructura, funcionamiento y objetivos fundamentales, como se aprecia en el recuadro 1 de la página siguiente.

Estructura de la OCDE

El Consejo es el órgano supremo y lo integran los representantes permanentes de los países miembros. Celebra anualmente una reunión con ministros del Exterior, Finanzas y Comercio bajo la presidencia del país elegido para esa función. El Consejo se apoya en un Comité Ejecutivo formado por 14 países.

Los comités desempeñan las labores técnicas: forman grupos y subgrupos de trabajo que, en conjunto, suman alrededor de 150 en los que participan funcionarios de alto nivel encargados de formular políticas en los países miembros. Existen, además, cerca de 50 grupos de expertos técnicos (se calcula que en los diversos acontecimientos de la OCDE participan más de 20 000 funcionarios al año). 8

Los comités analizan temas relacionados con la política económica, finanzas, inversión, comercio, ambiente, asuntos laborales y educación, entre otros. Sus trabajos inciden de manera significativa en las actividades de otros foros, pues es común que sirvan de base para elaborar las agendas de otros organismos internacionales importantes.

Forman parte de la OCDE, además, varios órganos autónomos y semiautónomos que cuentan con su propio Comité de Dirección, por ejemplo el Centro de Desarrollo, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia para la Energía Nuclear y el Centro para la Investigación e Innovación de la Enseñanza. El concurso de los sectores empresarial e Industrial y el Sindical. La Comisión de las Comunidades Europeas participa en virtud de un protocolo firmado al mismo tiempo que la Convención.

Esta también mantiene relaciones con organizaciones internacionales y algunas no gubernamentales.

Los países de la OCDE consideran importante llevar a cabo discusiones con los nuevos actores de la economía mundial. Para ello mantienen contactos estrechos con las llamadas economías dinámicas de Asia (Corea, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malasia); con tres países de América Latina (Argentina, Brasil y Chile); con los socios en transición (Hungría, Polonia y las repúblicas Checa y Eslovaca), y las otrora repúblicas socialistas. Estos contactos se realizan en talleres, seminarios y simposios, así como mediante el Centro de Cooperación para las Economías en Transición.

El Secretariado es el órgano operativo básico. Lo encabeza el secretario general asistido por tres secretarios generales adjuntos y un secretario general suplente. El Secretariado vigila el buen funcionamiento de los trabajos de los comités y demás órganos y lo forman nacionales de todos los países miembros. La OCDE cuenta con más de 2 000 empleados, de los cuales 700 son profesionistas de primer nivel en escala internacional, sobre todo economistas, analistas y expertos en estadística. 9 La Secretaría se divide en áreas especializadas (direcciones) que corresponden, en general, a las principales secretarías o ministerios de los países miembros. Las direcciones permiten que los temas se examinen desde diversos puntos de vista.

El prestigio de la OCDE se basa en la gran calidad técnica de sus estudios, así como en su neutralidad en cuestiones políticas. Es reconocida como la fuente más importante de datos comparativos sobre las economías de sus integrantes, que tienen a su disposición un caudal de información privilegiada y de calidad, sobre todo de temas relacionados con las políticas económica y social.

El financiamiento proviene de la contribución anual de sus miembros. El Consejo fija las cuotas con base en el producto nacional bruto, la población y el tipo de cambio de cada país.

Ni la Convención fundadora ni las Reglas de Procedimiento establecen criterios definidos para el ingreso de nuevos miembros. Cada caso se examina y resuelve por sus propios méritos y las formalidades se adaptan a las circunstancias específicas. Sin embargo, todo nuevo miembro debe, en primera instancia, suscribir sin reservas la Convención y aceptar el cumplimiento de las obligaciones en ella estipuladas.

La OCDE es tal vez la entidad internacional cuyos funcionamiento y estructura se apegan en mayor medida al principio de igualdad soberana. Las políticas que se proponen en su seno se aplican en los tiempos y las modalidades propios de cada país con base en sus legislaciones nacionales. Todas las decisiones se toman por consenso, por lo que no se discuten en el Consejo hasta que los países miembros -mediante los comités- las han estudiado, analizado y ponderado cuidadosamente. Este proceso es uno de los ejercicios más enriquecedores del organismo, ya que permite a las naciones expresar y comparar su realidad y problemas con respecto a propuestas específicas, con un espíritu permanente de lograr consensos.

En la OCDE se adoptan los siguientes tipos de actas o instrumentos: las declaraciones, que son expresiones de voluntad política; las recomendaciones, que constituyen compromisos formales pero no vinculantes, y las decisiones, que son compromisos jurídicos. En sus 34 años de existencia la OCDE ha adoptado 160 actas, de las cuales 15 tienen un mayor peso relativo: los dos códigos de liberación y las 13 decisiones sobre ambiente.

Los únicos procedimientos de vigilancia multilateral para el cumplimiento de metas y compromisos de los estados miembros son los exámenes periódicos por país que realiza la OCDE sobre diversas áreas y la "presión de pares". Este mecanismo se basa en la fuerza moral de los miembros.

Cuando se creó la OCDE, los países miembros convinieron en continuar los esfuerzos de la OECE tendientes a reducir o suprimir los obstáculos al intercambio de bienes y servicios, así como a mantener y ampliar la liberación de los movimientos de capitales. Ese compromiso jurídico se concretó en dos decisiones: el Código de Liberalización de Transacciones Corrientes Invisibles y el Código de Liberalización de Movimientos de Capital (véase el recuadro 2).

Los códigos son de carácter obligatorio y pretenden facilitar a los residentes de los países integrantes realizar negocios en cualquiera de las economías miembro como si fueran nacionales. Sin embargo, todos los integrantes pueden interponer reservas en los rubros en los que no estén en posibilidades de asumir el compromiso de liberación. Las reservas se retiran de acuerdo con la evolución económica y el marco jurídico de cada país mediante un modelo de examen y consulta continua entre los países miembros. Si bien todos han aceptado los códigos, ninguno ha instrumentado una liberación total. De la misma forma que lo han hecho los demás integrantes, México interpuso una serie de reservas a los códigos. En materia de inversión extranjera, el gobierno mexicano especificó los límites y la necesidad de autorización previa establecidos en su Constitución, en la Ley de Inversión Extranjera y en los tratados internacionales de los que forma parte.

A partir de los ochenta y como resultado de los profundos cambios tecnológicos, la internacionalización de las economías y la creciente importancia de los servicios, se decidió actualizar los códigos de liberación. Está en estudio la elaboración de un instrumento más amplio.

Las relaciones de México con la OCDE

Las modalidades del ingreso de México a la OCDE revelaron una convergencia de intereses entre las partes. El gobierno mexicano asumió con gran seriedad el proceso inicial de acercamiento y su apego a una estrategia que consistió en participar de manera paulatina sólo en las actividades que fueran de utilidad tanto para el organismo como para México. Mediante una coordinación permanente, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se cuidó que los ritmos y los tiempos fueran los establecidos y se proyectó una imagen de organización y eficiencia. 10 Asimismo, las reformas económicas emprendidas en el país en el último decenio le permitieron adecuarse a los objetivos y las metas que la OCDE se ha planteado a lo largo de su historia.

Las relaciones de México con el organismo se iniciaron en 1978 cuanto éste invitó al gobierno mexicano, junto con Brasil, la India y Corea, a participar en los trabajos del Comité del Acero. En esa ocasión, sin embargo, los cuatro países decidieron no asistir. En 1980 México solicitó participar como observador en un simposio sobre el acero. En 1982 se estableció una relación directa con el Comité del Acero mediante un grupo de enlace que por varios años fue el único punto de contacto con la OCDE. La creciente presencia mexicana en esos trabajos dio lugar a que en 1990 se le aceptara como integrante de pleno derecho del Comité.

De 1991 a 1993 las relaciones se intensificaron. En febrero de 1991 se realizaron varias entrevistas entre altos funcionarios del gobierno mexicano y de la OCDE. Ello coincidió con una decisión de los miembros de analizar el papel futuro del organismo en las cambiantes circunstancias y, sobre todo, la posibilidad de abrirla a nuevos actores del escenario económico mundial. 11

En abril de 1991 el Consejo de la OCDE aceptó la propuesta de acercamiento con México y decidió que cada comité estableciera los términos de la participación mexicana en calidad de observador. El seguimiento del proceso de acercamiento se encomendó a un grupo especial de subsecretarios, coordinado por la cancillería y formado por todas las dependencias gubernamentales interesadas en los temas del organismo.

La estrategia de acercamiento de México consistió en concentrar su presencia como observador en un número limitado, pero creciente, de comités y grupos de trabajo; integrar las delegaciones con funcionarios del más alto nivel y preparación; asegurar una continuidad en su participación, y proporcionar a la OCDE información económica y estadística amplia y detallada. Se pretendía crear el consenso necesario para que México fuera eventualmente invitado a formar parte del organismo.

A fines de 1991 el titular de la SRE se entrevistó con el Secretario General de la OCDE. Como resultado, México empezó a participar como observador en ocho de los principales comités relacionados con movimientos de capital, inversión internacional, mercados financieros, comercio, políticas del consumidor, políticas y legislación sobre competencia, empleo y asuntos sociales y ambiente.

El Grupo de Subsecretarios creó un Grupo Técnico integrado por directores generales. Éste ha tenido la responsabilidad primordial de preparar y dar seguimiento a la participación de funcionarios mexicanos y elaborar los documentos técnicos y jurídicos que han servido de base para el análisis de la compatibilidad de la legislación mexicana con las actas de la OCDE. En abril de 1992 se creó la Dirección para la OCDE con la supervisión del Subsecretario de Relaciones Exteriores.

Por iniciativa de su secretario general, Jean Claude Paye, la OCDE realizó un estudio sobre la economía mexicana que fue examinado en el seno del organismo con la participación de funcionarios mexicanos. El documento se publicó en 1992. 12

En julio de 1992 el presidente Salinas se reunió en París con el Secretario General y se dirigió al Consejo en sesión especial. A raíz de esta visita, México solicitó y logró ampliar su presencia en otros comités y grupos de trabajo: en uno, como miembro formal; en trece como observador, y en otro más como invitado. Además, México intervino en múltiples reuniones especiales, foros, diálogos y proyectos.

La OCDE es tal vez la entidad internacional cuyos funcionamiento y estructura se apegan en mayor medida al principio de igualdad soberana. Las políticas que se proponen en su seno se aplican en los tiempos y las modalidades propios de cada país con base en sus legislaciones nacionales. Todas las decisiones se toman por consenso, por lo que no se discuten en el Consejo hasta que los países miembros -mediante los comités- las han estudiado, analizado y ponderado cuidadosamente [...] México cumple con el principio de no discriminación, excepto en lo que atañe al establecimiento de bancos, casas de bolsa y compañías de seguros, ya que se otorga un trato preferencial a las inversiones provenientes de los países firmantes del TLC. México se comprometió a revisar ese tratamiento y considerar la extensión de los beneficios del Tratado -en servicios financieros- a todos los miembros de la OCDE a más tardar a principios de 1998.

Como resultado de la participación en el Comité de Ciencia y Tecnología, a principios de 1993 el Conacyt acordó con la OCDE realizar un amplio estudio sobre la política mexicana en esa materia, el cual se presentó en México el 11 de abril de 1994 en una reunión especial del Comité; el documento se publicará en fecha próxima.

En junio de 1993, durante la reunión Ministerial del Consejo, comenzó el examen de los términos y las condiciones del posible ingreso de México al organismo. Por ello, 14 dependencias del Ejecutivo prepararon el análisis de compatibilidad de la legislación mexicana con las 160 actas que la OCDE ha acumulado durante sus 34 años de existencia. En octubre y noviembre de 1993 viajaron a México dos misiones del Secretariado para colaborar en el esfuerzo de fijar la posición mexicana en torno a las obligaciones inherentes a su ingreso. 13

En noviembre último funcionarios de la Sedesol, la SHCP y el Banco de México visitaron la sede del organismo para analizar y preparar los documentos de posición con respecto a los códigos de liberación y las actas en materia de ambiente. La posición de México en torno de las actas restantes se envió a la OCDE en enero de 1994. Éstas incluyen asuntos fiscales, mercados financieros, seguros, legislación y política de competencia, políticas del consumidor, comercio, empleo y asuntos sociales, educación, políticas científica y tecnológica, computación, informática y comunicaciones, agricultura, energía, energía nuclear, transporte marítimo, construcción naviera y turismo.

El documento de posición de México relativo a las actas de la OCDE fue sometido al examen de los comités competentes. El 10 de diciembre de 1993 se analizó la posición con respecto a los temas del ambiente y el 24 de febrero de 1994 la referente a los códigos de liberación y los instrumentos de inversión.

Durante su reunión del 24 de marzo de 1994 el Consejo de la OCDE decidió por unanimidad, con base en los informes presentados por los comités, que México cubría los requisitos para cumplir con las obligaciones que exige ser miembro del organismo. En consecuencia, se fijo el 14 de abril para invitar a México a adherirse a la Convención. En esa fecha, el titular de la SRE y el Secretario General de la OCDE firmaron en París el acuerdo que formalizaba la invitación. El mismo día el instrumento de adhesión se envió al Senado de la República, el cual aprobó el documento el 10 de mayo, y el 13 del mismo mes se publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial. El 18 de mayo de 1994 el instrumento se entregó al gobierno de Francia, depositario de la Convención de la OCDE.

Repercusiones del ingreso

Las reformas económicas que México ha realizado en los últimos años coinciden con las políticas y principios fundamentales de la OCDE. La compatibilidad de objetivos permitió a ambas partes compartir experiencias y generar un interés mutuo por el eventual ingreso de la economía mexicana al organismo.

Formar parte de un foro internacional entraña cumplir con ciertos requisitos para ser miembro de pleno derecho; la entrada de México a la OCDE no es la excepción. Como se dijo, ésta no cuenta con mecanismos de presión (excepto la "presión moral") para obligar a los estados miembros a cumplir con los compromisos adquiridos, por lo que el ingreso no representa amenaza alguna para la soberanía ni para la independencia económica del país.

En su declaración de ingreso México acepto todas las decisiones y recomendaciones. Al igual que las otras naciones miembro, el gobierno mexicano se compromete a mantener el grado de liberación económica alcanzado y a continuar ese proceso en la medida en que las condiciones económicas, políticas y jurídicas del país lo permitan.

La liberación debe aplicarse indiscriminadamente; es decir, las ventajas que se otorguen a algún país miembro deben extenderse a la totalidad de los integrantes. De la misma manera, las operaciones realizadas por inversionistas, sean particulares o empresas, de los otros miembros deberán recibir un trato no menos favorable al que corresponde a los inversionistas nacionales.

México cumple con el principio de no discriminación, excepto en lo que atañe al establecimiento de bancos, casas de bolsa y compañías de seguros, ya que se otorga un trato preferencial a las inversiones provenientes de los países firmantes del TLC. Sin embargo, México se comprometió a revisar ese tratamiento y considerar la extensión de los beneficios del Tratado -en servicios financieros- a todos los miembros de la OCDE a más tardar a principios de 1998.

Otros compromisos específicos son el intercambio de información y el pago de las cuotas por concepto de la pertenencia. El presupuesto anual de la OCDE es de alrededor de 200 millones de dólares y la contribución de México, de acuerdo con las cuotas determinadas por el Consejo, será de aproximadamente 1.5% de los gastos totales. Un aspecto importante es que México se compromete a que su participación en otras organizaciones o grupos internacionales sea consistente con los objetivos y los compromisos de la OCDE; esto significa, en particular, que México ya no estará presente en el Grupo de los 77.

Además de los compromisos adquiridos por su ingreso, México obtendrá una serie de ventajas: un acercamiento importante a las economías desarrolladas, así como la oportunidad de participar en la formulación y puesta en práctica de las políticas económicas y sociales del conjunto de los países más avanzados del mundo.

El intercambio de información con los integrantes de la OCDE tiene en la práctica un doble sentido: si bien es un compromiso, ello permitirá a México contar con información precisa sobre las estrategias y las políticas de los demás miembros. Éste es un aspecto fundamental, pues incrementará la eficacia de la comunicación y la cooperación con las principales economías del planeta.

México podrá mejorar y ampliar sus relaciones bilaterales con todos los países miembros, fortaleciendo aún más la política de diversificación de sus relaciones económicas con el exterior. La certidumbre sobre la orientación de la economía internacional y el trato de par con los países industrializados facilitará un creciente acceso diversificado de México a los flujos comerciales, financieros y tecnológicos de los países miembros.

Se espera que con el ingreso a la OCDE los créditos a México reciban una calificación de menor riesgo. Ello se reflejará en menores costos financieros y en el acceso a mayores volúmenes de capital. Al mismo tiempo se fortalecerá la credibilidad y la confianza en la economía mexicana, favoreciendo así la captación de inversión extranjera.

Ni las ventajas ni los compromisos del ingreso a la OCDE entrañan que México haya dejado o vaya a dejar de ser, de forma automática, un país en desarrollo. En este sentido, es importante señalar que el intercambio de información y experiencias abre la posibilidad de reducir las desigualdades económicas entre México y los demás miembros del organismo.

RECUADRO 1
La Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

La Convención de la OCDE y sus tres protocolos se firmaron en París el 14 de diciembre de 1960. El acuerdo consta de 21 artículos y entre las principales disposiciones destaca lo estipulado en el artículo 1, que se refiere a los objetivos del organismo en materia de promoción de políticas orientadas a:

  • impulsar el mayor crecimiento posible de la economía y el empleo; elevar el nivel de vida en los países miembros, en condiciones de estabilidad financiera, y contribuir al desarrollo de la economía mundial;

  • promover el desarrollo económico de los países miembros y no miembros, e

  • impulsar la expansión del comercio mundial sobre bases multilaterales y no discriminatorias acordes con las normas internacionales.

Para cumplir con esos objetivos, la Convención utiliza tres mecanismos principales (artículo 3) mediante los que los integrantes se comprometen a:

  • mantener entre sí un flujo de información constante y proporcionar a la OCDE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

  • consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos instrumentados de común acuerdo, y

  • cooperar estrechamente y emprender acciones coordinadas cuando se considere apropiado.

El desarrollo de esos mecanismos ha sido tan eficaz que la OCDE es el organismo de estados más relevante en materia de intercambio de información y de estudio y análisis de la actividad económica mundial. En su seno, los gobiernos de los países miembros se consultan, discuten y comparan los efectos de las políticas económicas y comparten información para enriquecer su formulación. Además, realiza una valiosa labor de investigación y estudio sobre un extenso número de temas de la actividad económica de los gobiernos y sus puntos de contacto con otras responsabilidades estatales, como el comercio, inversión, finanzas, ambiente, energía y educación.

La Convención fundamenta (en los artículos del 5 al 7) las actas que emanan del organismo: las decisiones y las recomendaciones. Las primeras son de carácter obligatorio y las segundas son precisamente eso: recomendaciones, a fin de que los países miembros consideren ponerlas en práctica. El artículo 5 establece, asimismo, la facultad de la OCDE de concluir acuerdos internacionales.

Los artículos del 8 al 11 se refieren a la estructura funcional de la OCDE. La máxima autoridad la constituye el Consejo, formado por los representantes permanentes de los países miembros. El Consejo designa a un secretario general -nombrado por cinco años- que encabeza la función administrativa y preside las reuniones de los representantes permanentes. El secretario general es un funcionario del organismo y responde únicamente a él, con total independencia respecto de país miembro alguno.

El artículo 20 se refiere a las obligaciones financieras de los integrantes; se fijan cada año con base en una escala de cuotas determinada por el Consejo.

Por último, destaca el artículo 26, que establece la capacidad para invitar a otros países a integrarse al organismo. La invitación a México se fundamenta en ese artículo y en el 5, toda vez que esa acción expresa una decisión de consenso.

El resto del articulado se refiere a otras facultades específicas de la OCDE, como invitar a gobiernos no miembros a participar en ciertas actividades (fue el caso de México cuando se integró a los trabajadores del Comité del Acero por el convenio del 5 de septiembre de 1990), y a las disposiciones financieras y entrada en vigor, denuncia y ratificación de la Convención.

Fuente: OCDE, Convention on Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), OCDE, París, 1960.

RECUADRO 2
Códigos de Liberalización de Movimientos de Capital y de Transacciones Corrientes Invisibles de la OCDE

  1. Los códigos de liberación de la OCDE son decisiones del Consejo, por lo que son legalmente obligatorios; los miembros deben hacer lo necesario para asegurar que se cumplan esas obligaciones.

  2. Su objetivo es la liberación progresiva de todas las operaciones que abarca su ámbito de competencia. Asimismo, constituyen un marco de notificación, examen y consulta mediante el cual pueden supervisarse las prescripciones y lograrse la liberación.

  3. La liberación en el marco de los códigos significa que los residentes de los países miembros no están sujetos a coto alguno para concluir entre sí las transacciones especificadas en las listas de liberación, así como efectuar las transferencias de una nación a otra. También significa la no interferencia de las autoridades en la libre elección de los participantes en operaciones liberadas.

  4. En caso de que las operaciones liberadas requieran autorización, ésta deberá otorgarse en forma automática.

    Las autoridades tienen el derecho de imponer restricciones -de conformidad con el artículo 3 de los dos códigos- cuando se considere que el interés nacional puede resultar perjudicado en cuanto al orden o la seguridad públicos. La liberación no debe ser frustrada por las medidas nacionales ("arreglos internos") que, si bien pueden no constituir estrictamente una prohibición, probablemente restringirían la posibilidad de realizar la operación.

  5. A raíz de la revisión de 1992 del Código de los Movimientos de Capital, los miembros permiten a los participantes en operaciones financieras transfronterizas elegir para denominación y liquidación cualquier moneda que pueda usarse entre residentes. Pueden considerarse restricciones medidas como los requisitos de depósitos obligatorios, las penalidades por las tasas de interés o los impuestos específicos sobre el volumen de operaciones en transacciones financieras transfronterizas.

  6. De conformidad con el artículo 5, las autoridades pueden verificar la autenticidad de cada operación o prevenir la evasión de leyes y reglamentos; la verificación debe realizarse tan rápida y fácilmente como sea posible.

  7. Aceptar los códigos entraña la obligación de no retener la autorización de las operaciones entre los residentes de los nuevos integrantes y los de las demás naciones integrantes, a menos que se hayan interpuesto reservas con respecto de los asuntos relevantes o se invoque la derogación de las cláusulas del artículo 7.

  8. Los términos del artículo 2 inciso b) no permiten interponer reservas adicionales a ninguno de los asuntos incluidos en el Código de Corrientes Invisibles o en la Lista A del Código de Movimientos de Capital. Ello entraña un "estancamiento" que, en condiciones normales, no permite reducir el grado de liberación de las operaciones. Con respecto a los asuntos de la Lista B del Código de Movimientos de Capital, es posible imponer o reimponer restricciones e interponer reservas en cualquier momento. Cuando ello ocurre, las razones deberán notificarse de inmediato al organismo y el país miembro deberá someterse a un examen periódico de las reservas que argumenta.

  9. La invocación de las cláusulas de derogación sólo pretende eximir en forma temporal las obligaciones de liberación; las restricciones impuestas deberán retirarse tan pronto como las circunstancias lo permitan.

  10. Las restricciones restantes deberán aplicarse en forma no discriminatoria entre los miembros de la OCDE. Los que aún no hayan liberado sus operaciones no deberán ser discriminados y seguirán recibiendo los beneficios de la liberación. Los integrantes de un "sistema especial arancelario o monetario" pueden aplicar entre sí medidas adicionales de liberación sin extenderlas a otros miembros (artículo 10). Desde el 16 de julio de 1986 se incorporaron al Código medidas de reciprocidad y otras formas de discriminación en el ámbito de la inversión directa interna, sujetas a revisiones comparables a las que se aplican a las reservas.

Fuente: OCDE, Introduction to the OECD Codes of Liberalization, OCDE, París.


1. Christian Schricke, "Mexico 25th Member of the OECD", The OECD Observer, núm. 188, junio-julio de 1994.

2. Andrés Rosenthal, Presentación del Subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Andrés Rosenthal, ante las Comisiones Unidas del Senado de la República, México, 6 de mayo de 1994.

3. Ibid.

4. Andrés Rosenthal, La política exterior de México en la era de la modernización, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 142.

5. Armando Gómez Huesca, "Confianza del exterior en México", Siempre, núm. 2089, México, 7 de julio de 1993, p. 117.

6. Arturo Tornel, "Compromiso con el crecimiento justo y ordenado, el ingreso a la OCDE" (entrevista con el embajador Daniel Dultzin), El Universal, México, 4 de abril de 1994, p. 30.

7. Andrés Rosenthal, Presentación..., op cit..

8. OCDE, La OCDE en pocas palabras, OCDE, París, s.f.

9. Arturo Tornel, op cit..

10. Andrés Rosenthal, La política exterior..., op cit.., p. 145.

11. Andrés Rosenthal, Presentación..., op cit..

12. Estudios Económicos de la OCDE, México, 1991-1992, París, 1992.

13. Andrés Rosenthal, Presentación..., op cit..