(*)Maestría en Estudios de Africa de El Colegio de México
Además, Portugal se comprometió a ceder dos tercios del territorio mozambiqueño a empresas de capital británico, como las compañías Zambeze, Mozambique y Niassa, establecidas a fines del siglo XIX y principios del XX. Ellas controlaron las principales actividades económicas (agricultura, ganadería, minería, comercio y transporte), pero no garantizaban el financiamiento de la colonia y los colonizadores tuvieron que buscar más capitales extranjeros.
Mozambique cobro cierta relevancia agrícola y logró ser el principal productor africano de copra (pulpa de coco), el segundo de azúcar, el quinto de algodón y el sexto de plátano, pero la atracción de las trasnacionales se centró en las riquezas del subsuelo. Las empresas estadounidenses Texaco, Shell Oil, Pan American, Hunt International Petroleum y Gulf Oil, así como la alemana Gelsenberg, se dedicaron a buscar y explotar petróleo y gas natural; la Johannesburg Consolidated Investment, con capital sudafricano, británico y estadounidense, se adueño del yacimiento carbonífero de Muacha-Visi (en la región de Tete), uno de los más ricos del mundo. Asimismo, un poderoso consorcio internacional construyó la represa de Cabora Bassa, en Zambeze, para crear un polo de desarrollo regional y abastecer de energía hidroeléctrica a Sudáfrica, Mozambique y Rhodesia. Con este proyecto se pretendía establecer una comunidad de un millón de colonos europeos, impulsar la ganadería y beneficiar a empresas extranjeras interesadas en la explotación de uranio, hierro, cobre, diamantes, bauxita, manganeso y niquel.
Lucha anticolonista y nuevas estructuras económicas
En 1951 se intentó disfrazar la dominación colonial del país al considerarlo provincia de ultramar, al tiempo que se alentaron los conflictos étnicos para impedir la formación de un sentimiento nacionalista. En estas circunstancias, reforzadas por prácticas autoritarias, la administración colonial descartó la posibilidad de una reacción independentista y revolucionaria. Sin embargo, se equivocó. Varias fracciones nacionalistas reclamaron la independencia por medio de huelgas y manifestaciones. Ante el recrudecimiento de la violencia colonista las fuerzas independentistas resolvieron unirse para planear y emprender la lucha abierta, encabezada por Eduardo Mondlane, y en julio de 1962 se creó el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) que agrupó a la población dispuesta a combatir el dominio colonial.
En septiembre de 1962 se celebró en el exilio el I Congreso del Frelimo, cuyo programa de acción determinó la formación de grupos militares que se prepararían para la guerra en todo el territorio nacional y proclamó la unidad del pueblo mozambiqueño como factor esencial en la lucha contra el colonialismo portugués.
Después de dos años de labores políticas clandestinas, el 25 de septiembre de 1964 el Frente de Liberación Nacional inició la lucha armada. En Niassa y Cabo Delgado, primeros territorios en ser liberados, restauró con rapidez las actividades productivas para asegurar la alimentación básica de los insurgentes.
Alcanzada esa meta, las condiciones resultaron propicias para el crecimiento agrícola, la organización artesanal y la restructuración económica. Ello permitió alentar la participación popular y brindar a los campesinos servicios básicos de salud, educación y vivienda.
La producción agrícola se organizó en tres categorías con la participación de todos los grupos sociales:
Durante el II Congreso, celebrado en julio de 1968 en las zonas liberadas, se eligió a Moisés Samora Machel como presidente de la organización -Eduardo Mondlanea había sido asesinado- y se ratificó el propósito de formar una sociedad democrática y popular. La lucha se intensificó y se extendió a otras áreas. Años después, en abril de 1974, ocurrió en portugal la revuelta de los militares progresistas que puso fin al régimen colonial lusitano. En Mozambique se estableció un gobierno de transición y el 25 de junio de 1975 se creó la República Popular de Mozambique, el Frente asumió el poder.
Programas económicos del Frelimo
Aunque el Frelimo obtuvo ciertos logros en las zonas liberadas, el nuevo gobierno heredó una estructura económica dependiente con problemas difíciles de resolver a corto plazo y que exigían un lento proceso de restructuración. La economía resintió la larga lucha por la independencia, así como el derrumbe de una parte importante de la actividad productiva por el éxodo masivo de portugueses y la ausencia de mozambiqueños para remplazarlos. De 1974 a 1976 el número de residentes portugueses disminuyó de 250 000 a 20 000 y sólo en puertos y ferrocarriles partieron alrededor de 8 000 trabajadores calificados. También se fue la mayoría de los propietarios de plantaciones y fábricas, administradores públicos y profesionales. Para empeorar la situación, muchos colonos emigrantes destruyeron las fábricas y granjas, agotaron los inventarios y mataron el ganado o lo transfirieron a Sudáfrica.
El III Congreso, celebrado en febrero de 1977, definió la ideología marxista-leninista del Frelimo y subrayó la voluntad de que el socialismo mozambiqueño se fincará "en su propia experiencia de 14 años de lucha por la liberación, sin caer en un camino rígido y abstracto a partir de las bases teóricas". Al mismo tiempo se recomendó fortalecer el papel del Estado en la economía; promover la socialización de la agricultura; acelerar los esfuerzos de industrialización, sobre todo en las ramas pesadas, a mediano y largo plazos; preparar un plan decenal, y formar profesionales y técnicos mozambiqueños.
De inmediato el gobierno asumió el manejo de muchas unidades productivas abandonadas por sus propietarios y se emprendió una política de nacionalizaciones que incluyó a la banca, las minas de carbón y las refinerías de petróleo. La economía quedó en manos estatales y las únicas actividades con predominio del sector privado fueron el comercio y los servicios en pequeño. Ante las dificultades económicas, sin embargo, en 1980 se permitió la libre empresa.
Respecto a la socialización de la agricultura, se impulsó el establecimiento de granjas estatales y aldeas comunales con formas cooperativas de producción. Las primeras, controladas directamente por el Estado, se consideraron como uno de los medios más seguros para satisfacer los requerimientos de exportación, materias primas y alimentos para los habitantes urbanos. Las aldeas comunales constituirían el eje principal de las fuerzas productivas en el campo. En las cooperativas de producción se entrelazarían los esfuerzos de obreros y campesinos en pos del bienestar colectivo. La organización de aldeas comunales y cooperativas facilitaría el adiestramiento agrícola, al igual que la solución de problemas de transporte y distribución. Empero, la socialización del sector agrícola tuvo éxito sólo en el sentido de que el Estado garantizó la producción mercantil, pues las cooperativas se enfrentaron a hondas dificultades: la falta de refacciones, la escasez de combustibles y un deficiente mantenimiento del equipo.
Si bien el III Congreso impulsó el establecimiento de aldeas comunales y cooperativas de producción, en la práctica éstas no recibieron el apoyo necesario y quedaron relegadas frente a las granjas estatales. Apenas 2% de la inversión agrícola se asignó a las cooperativas, en tanto que las granjas estatales percibieron alrededor de 90%. El gobierno descuido a gran parte de la población rural, con excepción del proyecto de tiendas populares para estimular el comercio en las zonas rurales. Ese tipo de tiendas, sin embargo, no contó con el respaldo de una infraestructura apropiada y se transfirieron al control privado en 1979.
En cuanto a los empeños de industrialización, el III Congreso consideró prioridades inmediatas implantar la dirección estatal de la industria, aumentar la producción e impulsar el comercio exterior de bienes manufacturados. No obstante, tanto la agricultura como la industria fueron incapaces de generar divisas para robustecer el intercambio externo.
El gobierno preparó un plan decenal con tres grandes objetivos para 1990: el desarrollo de una agricultura estatal eficiente para obtener cosechas de exportación; la colectivización del campo con el propósito de que las aldeas comunales pudieran albergar a diez millones de habitantes (60% de la población) y el despegue de la industria pesada, en especial la siderurgia. Otros objetivos fueron aumentar la oferta de bienes de consumo y fomentar el adiestramiento técnico.
La prioridad de las granjas estatales en la distribución de recursos en la agricultura entrañó una escasez de medios para las cooperativas. Esto, junto con las calamidades naturales, el estado de guerra y el descuido casi total de los pequeños granjeros, propició la falta de alimentos en las áreas rurales. Además, el objetivo de industrialización resultó afectado por el débil desempeño de las granjas estatales.
En el IV Congreso, realizado en abril de 1983, se criticó la ineficiencia general de las granjas estatales y se reclamó el desinterés gubernamental en las cooperativas y los pequeños productores agrícolas. Como corolario, se recomendó estimular la participación privada en las actividades productivas.
Con base en análisis de diversos campos de la economía, se fijaron las siguientes orientaciones para superar el deterioro económico del país:
En el programa de acción del Frelimo para 1984-1986 se indicó que las disposiciones macroeconómicas se debían adoptar sin descuidar los efectos en las finanzas públicas, el crédito, el empleo, los salarios, los precios y la balanza de pagos. Las granjas estatales se reorganizarían para convertirlas en unidades más eficientes, con una dirección eficaz y autonomía administrativa y financiera para facilitar la respuesta a nuevos incentivos.
Tales medidas resultaron importantes en el esfuerzo por mejorar el control y la estabilidad de la economía. Sin embargo, fueron insuficientes para alentar la producción a causa de las restricciones exógenas, en particular las de Sudáfrica. El aislamiento de este país, en virtud de las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional, intensificó las acciones de su gobierno para desestabilizar la economía de Mozambique, debilitar el suministro interno y disminuir los ingresos provenientes de las exportaciones. Pese al acuerdo de Nkomati, pacto bilateral de no agresión suscrito en 1984, desde el país vecino del sur se apoyaron actos de sabotaje en contra de carreteras, puertos, ferrocarriles, transportes de carga, líneas hidroeléctricas y centros de producción. Con ello se profundizó la dependencia de los productos sudafricanos. En la industria hidroeléctrica, por ejemplo, Mozambique ha tenido que importar equipos de Sudáfrica y enormes cantidades de diesel para los generadores; de 1980 a 1986 la producción de cemento cayó 70% como resultado de la destrucción de los depósitos de piedra caliza y las fábricas, por lo cual fue necesario reducir las exportaciones de material e invertir grandes cantidades en importaciones de cemento y ladrillo.
A comienzos de 1987 la economía se encontraba en una profunda crisis. La industria y la agricultura mostraban una honda dependencia de los productos importados, cuya adquisición se redujo por el debilitamiento del intercambio externo. Como consecuencia, la deuda foránea de Mozambique se elevó a 3 400 millones de dólares, pese a las facilidades que le brindaron el Club de París y otros acreedores.
Ante tan difícil situación, el gobierno elaboró un programa de recuperación económica para 1987-1990 que pretendía restaurar la capacidad productiva e intensificar la participación de las empresas privadas en la economía. Entre los principales objetivos figuraron revertir el descenso de la producción; asegurar un nivel mínimo de consumo, sobre todo para la población rural; fortalecer la balanza de pagos; corregir las finanzas públicas; mejorar la distribución de los recursos; reducir el control estatal sobre la actividad económica, y ampliar el papel del sector privado.
Como metas más específicas se fijaron las de incrementar la producción agrícola para consumo interno, exportaciones y agroindustrias; estimular a los pequeños campesinos y la agricultura comercial; promover el desarrollo de las exportaciones de los productos minerales y marinos; rehabilitar la infraestructura y la capacidad industrial; ampliar los servicios portuario y ferroviario, y canalizar los recursos externos a las áreas prioritarias. La estrategia gubernamental se encaminó a disminuir los controles administrativos centralizados; permitir políticas de precios y créditos; relacionar el consumo más directamente con el desempeño de las unidades económicas e individuos, y mejorar la planeación económica y la dirección política.
En opinión de los especialistas, el programa de recuperación parecía corresponder a una economía de guerra. De hecho, el esfuerzo productivo ha tenido que cubrir el costo del conflicto bélico con el Movimiento Nacional de Resistencia de Mozambique.
Una fuerza desestabilizadora
En 1975 surgió el Movimiento Nacional de Resistencia de Mozambique, grupo armado opositor al Frelimo. Con el apoyo de Rhodesia y Sudáfrica, los rebeldes asumieron los objetivos bélicos de destruir la economía del país y desmoralizar a la población mediante acciones de sabotaje. El movimiento opera en todas las provincias mozambiqueñas, pero a partir de 1985 sus actividades se han concentrado en Tete, Sofala, Zambezia, Inhambane y Manica. El vasto radio de acción del Movimiento Nacional refleja la magnitud del apoyo sudafricano a los rebeldes y la incapacidad del gobierno de Mozambique para resolver los problemas socioeconómicos de la nación. No obstante, se consiguieron algunos avances en la lucha por la recuperación económica y social. De 1987 a 1989 la agricultura y la industria crecieron a un ritmo promedio anual de 4.5%. Aunque la guerra absorbió 10% del PNB y 33% del presupuesto nacional, el déficit público disminuyó y la inflación se redujo de 160% en 1987 a 30% en los primeros meses de 1990.
Durante el V Congreso del Frelimo, en julio de 1989, se reafirmó el compromiso de la construcción del socialismo, pero se rechazó la orientación marxista-leninista. El Frelimo se definió como "una organización de vanguardia del pueblo mozambiqueño en que pueden participar todos los ciudadanos que acepten los estatutos". Como tareas inmediatas se propusieron incrementar la producción alimentaria sin depender de la ayuda externa; fomentar los regímenes de propiedad estatales, cooperativos, privados y campesinos; terminar con la desestabilización y la guerra e impulsar la capacidad defensiva del país; proporcionar educación, salud y vivienda a toda la población, y reconstruir la estructura social quebrantada por la guerra.
A pesar de las iniciativas de paz emanadas del V Congreso, todavía queda un largo camino por recorrer antes del fin de la guerra. Aunque el Movimiento Nacional ha manifestado estar dispuesto a negociar, el cese de las hostilidades no es una empresa fácil; en varios sentido el grupo opositor constituye un movimiento terrorista con un débil liderazgo y sin bases sociales definidas ni un programa coherente. Tampoco se trata de la única fuerza armada opositora del país; la Unión Africana de Mozambique, por ejemplo, opera por separado en la provincia de Zambezia. Cualquier negociación de paz, por tanto, debe ir más allá de un trato entre los líderes del Frelimo y los rebeldes del movimiento nacional.
En tales circunstancias, el alto al fuego definitivo exigiría, mínimo, tres condiciones:
Una tarea cuesta arriba
Con el logro de la independencia, el Frelimo aspiraba a reconstruir la economía y lograr el desarrollo del país. Pese a los esfuerzos realizados, sin embargo, Mozambique ha sufrido grandes dificultades, ahondadas por las acciones destructivas de la oposición militar respaldada por Sudáfrica.
El sabotaje contra transportes, líneas de energía, recursos naturales y obras de infraestructura obstaculiza el progreso de muchas áreas y obliga al gobierno a mantener onerosos gastos de defensa. La población ha sufrido pérdidas de escuelas, centros de salud, comercios, fábricas, tiendas populares, granjas y otros establecimientos.
Tanto la sequía como la guerra civil han forzado a que más de cinco millones de mozambiqueños -un tercio de la población- abandonen su hogar (sobre todo en el campo) en busca de alimento y seguridad. De ellos, se estima que 1.5 millones se han refugiado en países vecinos. El desplazamiento de millones de personas significa que comunidades enteras, otrora autosuficientes, quedaron desarraigadas y se tornaron dependientes de la ayuda externa.
La guerra y los desastres naturales sucesivos han hundido a Mozambique en una pobreza absoluta. Sin lluvias, a menudo las cosechas se han perdido por completo en el centro y sur del país. En 1992 el primer ministro Mario Machungo hizo un dramático llamado de urgencia: "Muchas personas corren peligro de morir de hambre y perecerán a menos que la comunidad internacional los auxilie con rapidez (...). El país necesita 1.2 millones de toneladas de grano, pero sólo puede pagar 6%, el resto deberá provenir de donadores internacionales". Como respuesta, la ONU coordinó el envío de alimentos y otros artículos de primera necesidad a la nación del sudeste africano.
En agosto de 1992 el presidente de Mozambique, Joaquín Chissano, y el líder del Movimiento Nacional, Alfonso Dhlakama, convinieron en firmar un alto al fuego en el curso de las semanas siguientes. Chissano llegó a declarar que tanto el gobierno como los rebeldes han buscado libertad y democracia, por lo que "la guerra no se justifica". Uno de los puntos del acuerdo fue facilitar la entrega de alimentos en áreas apartadas, conforme al programa de la ONU, pero el Movimiento no cumplió por completo el compromiso por temor a que la operación encubriera una acción militar. Así, el estado de guerra subsistió como obstáculo para la libertad de movimiento en casi todo el territorio del país.
El camino hacia la paz duradera está preñado de obstáculos formidables. Si termina la guerra, es posible que la mayoría de los adultos pueda reanudar su forma de vida anterior. El futuro es más incierto para los niños que han crecido sin educación ni destrezas, excepto en el manejo de las armas. Gran parte de la inversión pública se asignó al transporte, las comunicaciones y las vías de acceso a los países vecinos. Esa orientación atendió a razones comerciales, pero en realidad ha tenido escaso beneficio directo para la población. No pocas veces, en cambio, las políticas gubernamentales acenturaron la pobreza. Las penurias financieras han normado los presupuestos de salud y educación. Otro duro golpe para los servicios sociales fue el retiro del apoyo económico proveniente de los países otrora socialista de Europa del Este.
La magnitud de los problemas socioeconómicos en Mozambique, al igual que en otras naciones africanas, exige profundos cambios internos para fomentar un desarrollo industrial capaz de aprovechar los recursos naturales y humanos; transformar los sistemas de tenencia y explotación de tierra; diversificar la producción, e implantar un sistema educativo que prepare cuadros calificados que impulsen el progreso técnico del país.
Mozambique se encuentra en la transacción de una economía centralmente planificada a una más liberal; de un régimen socialista a una sociedad abierta al sector privado; de un país en guerra a una nación en paz, y de un sistema de partido único a uno plural.
Sin embargo, la incesante destrucción desvanece los planes gubernamentales para avanzar hacia el desarrollo político, económico y social. El enorme costo de los años de guerra civil y sequías socava las posibilidades de una reconstrucción nacional con recursos propios. El futuro de Mozambique permanecerá incierto mientras no termine el hostigamiento externo y no surja un equilibrio político interno que permita al pueblo mozambiqueño proteger la soberanía nacional, reconstruir la estructura social y remontar la profunda crisis económica.
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