ACTECO, 09/01/98, PETROPERU: EVALUACION NECESARIA

ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU

País/Country: Perú

Centro de Asesoría Laboral del Perú, Lima, Perú

Autor/Author: Jorge Manco Zaconetti

Número/Number: 192

Frecuencia/Frequency: 10 por año/10 per year

"Creo que ningún ministro de un país más o menos serio se atrevería a decirle a unos cuantos petroleros norteamericanos, cuyos méritos están en proporción inversa a la magnitud de sus cuentas corrientes, Invest your tips in Perú, inviertan sus propinas en el Perú, como si nuestro país fuera la bolsa vacía de un acólito de iglesia pobre, o una suerte de mendigo internacional..."

Daniel Saba: Memorias de un confeccionista

No pueden ser más inoportunos, en razón de los graves desequilibrios del sector externo, los efectos de la llamada "crisis asiática", la retracción de importantes inversiones mineras y gasíferas, las posibilidades de un indeseable conflicto armado con el vecino del norte, las necesidades de contar con fuentes de acumulación interna, la última decisión de la COPRI respecto de las próximas privatizaciones de las refinerías y otros activos de PetroPerú.

Según declaraciones oficiales, en noviembre próximo la Refinería de Talara sería transferida al sector privado mediante un "contrato de operaciones" por un período de veinte años; igual suerte correrían la Refinería de Iquitos, bajo la misma naturaleza de contrato pero por un período de quince años, y la Refinería de Conchán; en este último caso, el 100% de las acciones sería ofrecido al sector privado.

Al margen de los cambios legales, el Estado, a través de PetroPerú, retendría la propiedad sobre el íntegro del capital accionario en las refinerías de Talara e Iquitos, y, como tal, seguiría siendo dueño de los activos. Ambas tendrían un comportamiento parecido al de la Refinería de Pucallpa, operada por la firma Maple Gas Corp. desde abril de 1994 bajo un contrato de alquiler por veinte años.

Mientras, las refinerías de La Pampilla, con el 70% de acciones vendidas, y Conchán, con su futura transferencia, estarían bajo un régimen de propiedad estrictamente privado y, por tanto, en otro marco jurídico. Es decir, el abastecedor del principal mercado del país, La Pampilla-Repsol, y la Refinería de Conchán, principal productora de asfaltos en el mercado doméstico, estarían bajo la lógica del capital privado transnacional.

Se debe recordar que por la "condicionalidad" expresa del Banco Mundial y los compromisos asumidos por el gobierno de espaldas al país, desde 1991 se han transferido las filiales y unidades de PetroPerú (Solgás, Petromar, Transoceánica), grifos, la Refinería La Pampilla, los lotes petroleros 8/8X en la selva y el X/XI de Talara, Lubricantes Petrolube y los terminales.

En América Latina, la excepción

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, en especial Chile y Ecuador, que modernizan sus empresas petroleras, aquí el Gobierno ha decidido terminar con el proceso privatizador de PetroPerú sin una evaluación de conjunto. PetroPerú fue alguna vez la empresa más importante de la economía nacional, en virtud de sus volúmenes de ventas, interdependencia material con las demás ramas productivas, por su contribución en la recaudación fiscal y su rentabilidad estimada por los excedentes generados.

En el contexto internacional se reconoce la experiencia peruana como la más extrema y, de paso, la más irracional, pues resulta inédita la vía de privatizar "por partes" una empresa petrolera rentable. Inclusive en países tan ortodoxos como México, Brasil y Venezuela, se manifiesta la necesaria apertura, ya sea para la participación de capital privado en la petroquímica secundaria (en el caso de México), o para la participación de los capitales privados en los campos marginales o de crudo pesado (Venezuela), o por la participación del capital privado transnacional en el desarrollo del gas (Brasil).

En América Latina existe una clara y decisiva posición en pro del desarrollo de sus empresas estatales, sea a través de la internacionalización (caso de Petróleos de Venezuela, PDVSA), México (Pemex), Brasil (Petrobras y Braspetro) y Argentina (YPF). Esta última, YPF, fue privatizada manteniendo su integración, pero el Estado, las provincias y los trabajadores controlan un porcentaje significativo de acciones (aproximadamente 42%), y se transnacionaliza a través de la compra de la empresa Maxus, estableciendo acuerdos estratégicos con ENAP de Chile para el desarrollo del mercado del gas.

Es decir, la experiencia internacional no avala la "privatización fragmentada"; por el contrario, en la mayoría de los casos se apuesta por la modernización de sus empresas petroleras, pues está demostrado que no existe oposición entre la presencia estatal y la necesaria desregulación y apertura en el sector de hidrocarburos, acorde con las nuevas tendencias que caracterizan a la "economía global".

Chile: modernización ejemplar

La experiencia chilena y el desarrollo de su empresa petrolera, ENAP, deberían resultar ilustrativos de una estrategia nacional de desarrollo energético. En el vecino del sur, el Estado no sólo mantiene el control de la actividad refinera a través de la Refinería de Petróleo Concón S.A. y Petrox S.A., con lo que obtiene importantes márgenes de beneficios, sino que, además, a través de la Empresa Almacenera de Combustibles (EMALCO), asegura el acceso de las cadenas de grifos independientes. Con ello preserva la competencia en el nivel de la distribución mayorista y minorista, regulando los posibles abusos en el mercado de los combustibles de parte de las empresas transnacionales.

El caso chileno resulta ilustrativo, a pesar de la globalización, de la vigencia de los intereses nacionales y las políticas de Estado. Se trata de un importador neto de petróleo, es decir, altamente dependiente del mismo, donde su empresa estatal actúa con una lógica de holding en las distintas fases de la actividad petrolera, generando utilidades anuales que superan los 100 millones de dólares.

En la actualidad sólo produce internamente 9 MB/DC (miles de barriles por día calendario) y consume más de 182 MB/DC. Sin embargo, tiene como política de Estado la potenciación y modernización de su empresa estatal ENAP, y como estrategia para asegurar la renta petrolera a través de su filial internacional Sipetrol, explora y explota petróleo en Ecuador, Colombia, Argentina y África.

Sin embargo, lo más notable es el "Acuerdo Estratégico", firmado en marzo pasado, entre los representantes de los trabajadores, supervisores y gerencia. En éste se "reconoce que ENAP es una empresa estatal de todos los chilenos y para seguir sirviendo al país debe modernizarse, crecer y desarrollarse" (El Mercurio, 30/3/98). Esta alianza estratégica, con gestión participativa de los trabajadores, redundará en un mayor rendimiento y productividad.

En ENAP, de acuerdo con la modernidad, se reconoce que el principal activo de la empresa es la capacidad de sus trabajadores, que suman alrededor de 3 mil, asegurándoles la estabilidad laboral.

Esta realidad difiere abismalmente de la nuestra, donde la privatización en el sector hidrocarburos ha significado el despido de miles de trabajadores para ser contratados, parte de ellos, bajo la modalidad de "contrata" o "enganche petrolero", con salarios miserables y jornadas superiores a las doce horas.

Este "acuerdo estratégico" supone un plan de inversiones en los próximos cinco años por un monto de 1.655 millones de dólares, que serán financiados con recursos obtenidos por la venta de activos no deseados, depreciación de activos, endeudamiento razonable sin el aval del Estado, asociación con terceros en proyectos específicos que no comprometan la propiedad, incorporación de capital de terceros en la filial internacional Sipetrol y mediante la reinversión de utilidades.

Evidentemente, esta modernización tiene como objetivo convertir a Chile en la primera potencia refinera de esta parte de América Latina, con la ampliación de la capacidad refinera de ENAP. La capacidad de ambas refinerías bordea hoy los 188 MB/DC, equivalentes a 30 mil metros cúbicos diarios, para pasar en los próximos cinco años a refinar 314 MB/DC procesando gasolinas de alto octanaje sin plomo, que se adecuarán a las exigentes normas ambientales.

Integración del negocio

Debe entenderse que la actividad petrolera es una actividad integrada, en la mayor parte de los casos rentable por la naturaleza del negocio, y que puede ser analizada desde varias perspectivas. Cuando existen ciclos depresivos en los precios del crudo, la integración le permite compensar las pérdidas mediante las utilidades obtenidas en la refinación y procesamiento de derivados. A ello deben agregarse los altos márgenes de distribución mayorista y minorista (grifos).

Así, por ejemplo, en nuestro país la operadora de la Refinería La Pampilla, la transnacional Repsol, tiene su propia cadena de grifos, es la principal accionista en Solgás y Rímac Gas, empresas dedicadas al envasado y comercialización del gas doméstico, y tiene firmado un "acuerdo estratégico" con Lima Gas. Además, está realizando operaciones de exploración de petróleo en el zócalo continental y ha firmado varios contratos de licencia en la búsqueda de crudo en la selva.

Y ha sido, en 1997, la principal empresa importadora de petróleo, que compra del Ecuador, Colombia y Venezuela, por un valor de US$ 452 millones. A ello se deben agregar sus exportaciones de petróleo residual 6 a Chile, por un valor de US$ 12 millones.

Así, una prueba contundente del fracaso en el proceso de privatización de PetroPerú es la rigidez mostrada en los precios internos de los combustibles. El precio internacional del petróleo, que llegó a fines de 1996 a casi 25 dólares el barril, hoy es de menos de US$ 14; y en el caso del petróleo pesado, llega a los US$ 9 dólares. Es decir, el principal insumo que procesan las refinerías ha experimentado una caída de más de 40%. Ello determina una alta rentabilidad de la actividad refinera, particularmente de las dos más importantes: La Pampilla y Talara.

Según el discurso privatizador, los precios de los combustibles en el mercado nacional deberían haber disminuido sustantivamente, para favorecer al consumidor. Ello no ha sucedido; por el contrario, pagamos una de las gasolinas más caras en América Latina, tal como se puede observar en el cuadro 1, que expone los precios de la gasolina regular, diesel 2, kerosene y gas licuado de petróleo (GLP) en el período junio de 1996-enero de 1998.

La importancia de Talara

Esta realidad hace imperativa la gestión y administración estatal de las refinerías de PetroPerú, en particular la de Talara, por decisivas razones de rentabilidad y seguridad nacional. Debería estar fuera de dudas para nuestros gobernantes su importancia estratégica y su capacidad de reguladora efectiva de los precios internos ante la rigidez mostrada en el comportamiento de los combustibles para adecuarse a la baja.

Se debe tener presente que las presiones a la baja en el precio de los combustibles en el mercado doméstico tuvieron en PetroPerú a su principal protagonista. A ello se debe añadir que parte de la producción talareña satisface una porción del consumo limeño a través de las ventas de Conchán, generando algo de competencia en el mercado oligopólico de combustibles. Actualmente Conchán vende más de lo que produce, al estar integrada materialmente a la Refinería de Talara.

Al margen de su demostrada rentabilidad, en términos geopolíticos, resulta un baluarte en el abastecimiento de nuestra Fuerza Armada ante las reiteradas pretensiones del Ecuador de desconocer el Protocolo de Río de Janeiro. Es evidente que su producción diaria del combustible Turbo A1, de 2.460 barriles, asegura que nuestros helicópteros, aviones de combate Mirage, Sukoi y MIG 29, tengan el abastecimiento en calidad y oportunidad, para defender la integridad del suelo patrio (ver cuadro 2, sobre la importancia productiva de la Refinería de Talara en la producción interna de derivados).

En el mismo sentido, con la producción interna del combustible Diesel 2, que la Refinería de Talara produce en un promedio diario de 15 mil barriles, está asegurada la movilidad de nuestras unidades blindadas, transporte de material, artillería y de la flota de la Marina de Guerra.

Por tanto, recordando lo afirmado por el Presidente Fujimori en la campaña electoral de 1995, ¿por qué deshacerse de una empresa que tranquilamente podría generar US$ 500 millones de utilidades? A pesar de la transferencia de sus principales unidades y filiales, PetroPerú generó en 1997 US$ 190 millones de utilidades para el país. De donde se concluye que la Refinería de Talara no debe privatizarse, por estrictas razones de rentabilidad y seguridad nacional.

Epílogo

Gracias a las condiciones históricas del proceso de privatización, los peruanos resultamos no sólo expropiados sino también financiando el proceso de valorización de las empresas involucradas, que adquirieron activos y empresas a "precios de ganga", como diría el ex ministro de Energía y Minas, Pedro Pablo Kuczynski. La transferencia de riquezas adopta varias formas, que van desde la evidente subvaluación de los activos y reservas petroleras hasta los altos precios de los combustibles en el mercado interno, que no reflejan las importantes disminuciones del precio internacional del petróleo.

Las experiencias de PetroPerú y ENAP resultan casos paradigmáticos en las políticas petroleras. Por un lado, una política suicida que no reconoce el papel estratégico del petróleo, dada su rentabilidad, productividad, contribución fiscal y su papel en la seguridad nacional. Del otro, un proyecto nacional por convertir a Chile en la potencia de esta parte del Pacífico, y que, para ello, se reserva la gestión y administración estatal de la actividad petrolera, particularmente de la refinación.

En tal sentido, sin haberse evaluado la privatización fragmentada de PetroPerú y sus efectos perversos en el mercado de combustibles; sin calcularse la rentabilidad que se hubiese obtenido a través de PetroPerú, con los actuales márgenes de beneficios, lo cual en términos económicos significaría una pérdida nacional del "excedente potencial"; al no haberse aumentado las reservas ni la producción de hidrocarburos, haciéndonos cada vez más vulnerables del petróleo importado; al descapitalizarse el país con la pérdida de capital humano, ya que miles de trabajadores petroleros fueron lanzados al subempleo y desempleo, lo menos que merece la opinión pública es una explicación.