La década de los noventa ha sido un período de crecimiento de la inversión minera en el mundo. América Latina se ha convertido nuevamente en la principal zona receptora de inversiones en este sector: en 1997 la región concentró aproximadamente 40 por ciento del total de la inversión minera a escala mundial, lo que representó cerca de 15 millones de dólares, el doble de la inversión alcanzada en 1995.
La frontera minera se ha ido desplazando e incorporando nuevas zonas a la actividad. Esto ha ocurrido no solamente en los países mineros tradicionales de la región, sino también en aquellos que por primera vez conocen una importante y acelerada actividad de exploración. En la gran mayoría de casos, estamos hablando de casi un quinquenio de intensa exploración minera, de lo cual se espera que se confirmen importantes proyectos que entrarían en una próxima etapa a la fase de explotación.
Sin embargo, este avance de la minería en la región implica el resquebrajamiento de una serie de equilibrios preexistentes en las zonas de actividad. Si bien hoy en día hay una mayor conciencia sobre las externalidades negativas del sector, los avances concretos en muchos aspectos distan mucho todavía de alcanzar niveles óptimos. Es por eso que se vienen desplegando diferentes esfuerzos que, siendo importantes, hasta el momento no dejan de ser unilaterales, de carácter parcial y poco coordinados entre sí.
Con el título "Minería y desarrollo sustentable en las Américas" se desarrolló en Lima, el 27, 28 y 29 de junio, un taller internacional organizado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), del Canadá, con la participación de representantes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas mineras, instituciones de investigación, organismos no gubernamentales y comunidades. Lo cierto es que esta iniciativa, a la que se suman algunas otras que se han venido desarrollando en estos últimos años, confirma que el tema de la minería y el desarrollo sustentable aparece en la agenda del desarrollo de finales de siglo.
Estas actividades convocan a un grupo representativo de estas iniciativas y permiten un mayor conocimiento sobre los avances que se vienen dando en diferentes ámbitos. Permiten además identificar los elementos comunes de una misma problemática de nivel continental y las posibilidades de intercambio.
Si bien se puede constatar que los sectores menos conservadores de la industria minera han procesado un reconocimiento del conjunto de externalidades negativas, estos cambios todavía no se expresan en la posibilidad de integrar otras visiones e intereses en un proceso articulado con las poblaciones y organizaciones sociales en las zonas en las que se desarrolla la minería. La visión unilateral de las acciones parece primar hasta el momento en la lógica de las empresas mineras, acompañadas de criterios compensatorios hacia comunidades como expresión máxima del reconocimiento de la responsabilidad de su actividad.
Este hecho puede estar ligado a los distintos tiempos y prioridades que se manejan en la construcción de las viabilidades necesarias para el desarrollo de la actividad minera. Por lo general, cuando una empresa minera adquiere los derechos de un proyecto fija en el contrato con el Estado los plazos en los que deberá desarrollar las distintas etapas del proyecto, teniendo como prioridad la construcción de la viabilidad técnico-productiva.
Es en este proceso en que aparece como necesidad para las empresas la construcción de otro tipo de viabilidades que les garanticen una mayor estabilidad para sus operaciones en el mediano y largo plazo. El problema se agudiza cuando, por ejemplo, se pretende subordinar la construcción de la viabilidad social o ambiental de los proyectos a los plazos previamente fijados en los contratos, sin considerar la necesidad del desarrollo de procesos que permitan una verdadera construcción de consensos.
Otro aspecto importante que destacar es que, en este proceso de crecimiento de la actividad minera en el continente, las empresas deberían uniformar experiencias y principios de gestión ambiental que en algunos casos han demostrado lo que podría ser la tendencia a una mayor eficiencia y responsabilidad. Los ejemplos de las task forces, en el Canadá, como coaliciones de intereses diversos en zonas mineras, muestran logros importantes que pueden aportar a globalizar resultados en la perspectiva de mejorar los estándares internacionales de la industria.
Se plantea, igualmente, la necesidad de identificar los avances que se vienen obteniendo en materia de reglamentos y políticas ambientales en diferentes países mineros, apoyando un proceso de homogeneización hacia arriba que sea compartido por las propias empresas y gobiernos. Esto impediría el doble discurso en algunos sectores, en donde, por un lado, se adopta el concepto de desarrollo sostenible y, por otro, se incentivan los procesos de desregulación en los países mineros del sur.
Aparece como una nueva característica en esta etapa de crecimiento de la actividad minería en el continente la construcción de redes de intercambio a escala continental que acercan a comunidades, instituciones especializadas y otros entes, en busca de consolidar la construcción de un espacio de globalización de experiencias que aporte a mejorar los equilibrios de esta actividad con su entorno.
El conjunto de estas iniciativas deberá servir para la perspectiva de desarrollar un proceso integral que intente resolver los problemas de fondo que aparecen como grandes desafíos para los distintos sectores involucrados en esta nueva etapa de desarrollo de la minería.