La relación entre minería y agricultura en el Perú es de vieja data. El tema es hoy particularmente sensible, pues se ha expandido en el mundo la idea de que hay que proteger la Naturaleza --y al hombre como parte de ella-- de la expoliación a la que prertende someterla el "desarrollo".
Desde 1992 las comunidades campesinas están siendo afectadas por el crecimiento en cinco veces del área destinada a la exploración y explotación minera que ha alcanzado las 20 millones de hectáreas potencialmente expropiables, de acuerdo con una legislación promocional minera que termina siendo confrontacional y no garantiza estabilidad a la misma en el mediano y largo plazo.
La relación entre la minería y las comunidades compesinas ha sido tradicionalmente compleja y, en no pocos casos, motivo de conflictos sociales. En la sierra central, por ejemplo, la Cerro de Pasco Corporation, tras contaminarlas con los humos de la Fundición de La Oroya, acaparó las tierras de las comunidades campesinas. Tras la expropiación, la nueva empresa estatal Centromín y otras empresas de la región continuaron afectando las tierras comunales, dejando más de 20.000 hectáreas de pastos naturales severamente contaminadas, al igual que toda la cuenca alta del río Mantaro, al punto que la mitad del lago Junín, el segundo más grande en el país luego del Titicaca, ha perdido su valiosa flora y fauna, mientras que el Mantaro ha quedado convertido prácticamente en un río sin vida.
Con estos antecedentes, que se repiten en diferentes partes del país, es lógico que la nueva y creciente inversión minera motive la preocupación de las comunidades campesinas y, en general, de la población del entorno de las minas.
La instalación, en 1992, de Yanacocha en Cajamarca, la mina de oro más importante de Latinoamerica y propiedad de la Newmont (EE.UU.) y el Grupo Benavides (Perú), motivó la protesta de las comunidades que recibieron apenas 35 dólares por hectárea por sus tierras y que temían una mayor contaminación por el uso de sustancias como el cianuro en los procesos de recuperación del oro. Después de la protesta, la empresa incrementó el pago por las tierras y explicó las prácticas de seguridad y mitigación que emplearía.
La inversión minera representa nuevos retos para las comunidades campesinas a fin de lograr compatibilizarla con su desarrollo local y no repetir lamentables experiencias como las reseñadas. Esto demanda tener en cuenta algunas características de la nueva inversión minera.
En primer lugar, los nuevos proyectos mineros tienen mayores escalas de producción a fin de disminuir drásticamente costos y aprovechar yacimientos de menores leyes. Así, por ejemplo, Yanacocha tiene una capacidad de extracción cinco veces la de Cuajone. Antamina, uno de los megaproyectos que sí se llevará a cabo en los próximos años, tiene a su vez una dimensión dos veces mayor a Yanacocha; y, en la sierra central, San Gregorio, en Pasco, resultará dos veces el actual tajo de Cerro de Pasco, mientras que Toromocho, en Junín, un proyecto todavía en licitación, sería cuatro veces el tajo de Cerro de Pasco.
Para las comunidades campesinas, estos proyectos significan simplemente un recorte al acceso a sus tierras y también una disputa con las empresas mineras por el agua. En la provincia de Cerro de Pasco, por ejemplo, 70% del área de la provincia se encuentra solicitada para exploraciones que involucran tierras de veintiocho comunidades campesinas.
En segundo lugar, siendo la minería una actividad intrínsecamente contaminadora, los riesgos ambientales son mayores con las nuevas tecnologías que utilizan grandes volúmenes de sustancias tóxicas. Si bien se dispone internacionalmente de técnicas cada vez más seguras y limpias y la legislación ambiental nacional ha mejorado sustantivamente en los últimos años, la dimensión de los peligros ambientales demanda una mayor acción tanto de las empresas como del Estado y de las propias comunidades afectadas para garantizar un control ambiental adecuado.
En tercer lugar, debido a las grandes escalas de producción, las nuevas inversiones hacen un uso intensivo de los recursos mineros acortando la vida de las minas, agotando más rápidamente el patrimonio minero de las regiones donde se ubican los proyectos mineros.
Una forma de compensación tradicional de las empresas mineras a las poblaciones locales por el agotamiento de los recursos mienros ha sido el empleo y el efecto en la actividad económica regional. Sin embargo, debido a las nuevas tecnologías, la relación empleo/inversión ha disminuido en 50%, y el impacto económico local se reduce debido al elevado componente importado de los proyectos.
Por ello adquiere mayor importancia, como efecto positivo para las comunidades y las poblaciones locales, su participación en el excedente minero y la adecuada compensación por el uso de las tierras, a fin de lograr que la presencia de la minería, que puede ser más breve que las tradicionales inversiones mineras, contribuya al desarrollo local. En vista de que en la actualidad la participación es indirecta e insuficiente a través del canon minero y los fondos generados por el derecho de vigencia, es necesario revisar las formas y la magnitud de la participación de las comunidades campesinas, como también la aplicación de los fondos generados para que efectivamente sirvan al desarrollo productivo de las comunidades.
| PETITORIOS PARA EXPLORACIÓN MINERA A 1995 |
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| Empresa | País | Miles de Ha | % |
| Río Tinto Zinc RTZ | Inglaterra | 1.742 | 16,3 |
| ASARCO | EE.UU. | 520 | 4,6 |
| Southern Perú | EE.UU. | 475 | 4,8 |
| Teck Corporation | Canadá | 449 | 4,0 |
| Newmont Mining | Canadá | 253 | 2,2 |
| Cambior | Canadá | 185 | 1,6 |
| Phelps Dodge | EE.UU. | 142 | 1,3 |
| Newcrest | Australia | 112 | 1,0 |
| Cedimin | Francia | 118 | 1,0 |
| Mitsui | Japón | 79 | 0,7 |
| Anglo American | Sudáfrica | 64 | 0,6 |
| Noranda | Canadá | 43 | 0,4 |
| Otras trasnacionales | 3.659 | 32,2 | |
| Nacionales | 3.956 | 29,3 | |
| Total | 11.354 | 100,0 | |
Sobre 3.310 hectáreas de la comunidad campesina de Vicco, ubicada en la provincia de Cerro de Pasco, la empresa Sociedad Minera El Brocal, donde participan el Grupo Benavides, la familia Fernandini y COMINCO del Canadá, planea desarrollar el proyecto San Gregorio, que procesaría 15.000 toneladas métricas de mineral diarias para abastecer con concentrados de zinc a la Refinería de Cajamarquilla que COMINCO y Marubeni compraron a Minero Perú. La comunidad no está de acuerdo ni con la extensión solicitada ni con el monto fijado por Energía y Minas como servidumbre por el uso de sus tierras, esto es, 175 dólares por cincuenta años de uso de cada hectárea, suma reducida inclusive si las tierras fueran dedicadas a la actividad ganadera. La comunidad demanda un nuevo proceso con garantía de diálogo y trato directo con participación de COMINCO, con el fin de que se respeten los derechos territoriales de la comunidad y se asegure el uso sustentable de los recursos.
La Ley de Minería señala que tras concluir un período de negociación comunidad-empresa sin acuerdo entre las partes, el Ministerio de Energía y Minas fija el monto de la servidumbre a ser pagada a las comunidades, en lo que es virtualmente una expropiación. Esto recorta el derecho de negociación de las comunidades sobre el uso de sus tierras y termina enajenando inconstitucionalmente las tierras de las comunidades. Este procedimiento, al no contar con el respaldo de las comunidades, no otorga a las inversiones mineras las necesarias seguridades y estabilidad social.
SUMILLAS
... los nuevos proyectos mineros tienen mayores escalas de producción a fin de disminuir drásticamente costos y aprovechar yacimientos de menores leyes.
... siendo la minería una actividad intrínsecamente contaminadora, los riesgos ambientales son mayores con las nuevas tecnologías que utilizan grandes volúmenes de sustancias tóxicas.
... debido a las grandes escalas de producción, las nuevas inversiones hacen un uso intensivo de los recursos mineros acortando la vida de las minas, agotando más rápidamente el patrimonio minero de las regiones donde se ubican los proyectos mineros.