Una práctica ya antigua en el Perú consiste en maquillar las cifras con intereses por lo general políticos. Así, el PBI resulta un misterio, el índice de inflación se decide en el gabinete del jefe del INEI, entre otras perlas. Es urgente, por ello, implantar la transparencia también en el terreno de las estadísticas oficiales, que, admás, son un bien público al que todos debemos tener libre acceso en tanto lo sustentamos con el pago de nuestros impuestos.
Uno de los problemas más serios con que se confrontan quienes estudian la economía peruana en los tiempos actuales es el de la credibilidad de la estadística. Un amigo decía, bromeando, que el mayor crimen de Alan García había sido generar una hiperinflación que había distorsionado todas las cifras macroeconómicas. Algo similar sucede bajo el actual régimen, donde, sin embargo, la causa no es económica, sino de un régimen político acostumbrado a la mentira y la manipulación.
Si uno quiere analizar la economía peruana, se confronta con las siguientes preguntas:
¿A cuánto asciende realmente el PBI, si ha sido reconocido por todo el mundo que no es igual a los 65.000 millones de dólares oficialmente reportados?
¿Cómo es posible que el PBI del sector de construcción crezca en 6 por ciento, mientras que la producción de cemento lo hace sólo en ... por ciento y sabemos que sin cemento no hay construcción?
¿Por qué no se publican las estadísticas industriales desde hace una década y sólo encontramos cifras de un lustro atrás?
¿Será que la inflación está bien medida, si es vox populi que el índice arrastra serios problemas debido a una mala medición entre 1988 y 1990?
¿Cómo leer las cifras oficiales de pobreza si no concuerdan con las de Cuánto S.A. y no hay forma de verificar si los datos del INEI son correctos?
¿Han sido registrados los 200 a 300 millones de dólares gastados en los MiG que se compraron, cuando no se consigna ningún aumento en las cuentas de importaciones que suelen anotar tales transacciones?
¿Fue el acuerdo del Plan Brady para pagar la deuda externa realmente bueno, o los intereses que se calcularon en ese momento estuvieron fuertemente sobreestimados para hacer parecer después que se había obtenido un mayor descuento que el verdadero?
¿Cómo es que no sabemos cuánto de la deuda que han contraído los bancos peruanos con el exterior corresponde efectivamente a préstamos de otros bancos, y cuánto a evasión de encajes mediante sus propias sucursales o bancos vinculados?
Algunos de los problemas mencionados han constituido un verdadero sainete. La información sobre el nivel del PBI fue prometida por el ministro Camet, originalmente, para 1994. Camet batió marcas de permanencia en el cargo, pero, sin dar ninguna cifra, se limitaba a dar excusa tras excusa, hasta en media docena de oportunidades, en que anunciaba nuevas fechas nunca cumplidas. El responsable de los cálculos -Félix Murillo, jefe del INEI- continúa desde entonces en su cargo, y nada. Se sabe que existen cifras proyectadas con el año base de 1992, pero que no fueron publicadas porque el PBI aparecía muy bajo, y ello llevaba a que el déficit en cuenta corriente y la presión tributaria, que se suelen medir como porcentaje del PBI, saliesen muy altos. Ya hay proyecciones con el año base de 1994, pero no se dan a conocer a nadie.
No es, por cierto, el único secreto del INEI. ¿Desea usted, señor lector, hacer algún cálculo propio de la inflación por sectores socioeconómicos o cualquier otro? El INEI, institución pública cuyo sustento proviene de los impuestos de todos nosotros, no le dará, bajo ningún motivo, la información requerida. ¿Quiere usted, señor lector, hacer estudios sobre la base de las encuestas de hogares que trimestralmente hace el INEI? Nunca las obtendrá; mejor recurra a la empresa privada Cuánto, que, por un precio módico, sí se las vende.
Lo más grave es que este cáncer se ha ido agravando. Apuesto doble contra sencillo que a fin de año la estadística oficial efectivamente va a registrar que el PBI agropecuario ha crecido 5%, a pesar de que es evidente que los efectos de El Niño hacen eso poco menos que imposible. La razón de mi confianza es bien sencilla: el responsable de las cifras es el jefe de la Oficina Sectorial de Estadística del Ministerio de Agricultura, y el propio ministro ha dicho en todos los tonos que el PBI sectorial crecerá este año 5%. Llegado el momento, ¿dirá el funcionario estadístico la verdad, arriesgándose al despido? Con toda seguridad, no. Más fácilmente, hará un poco de magia con las cifras, elevará las hectáreas cosechadas en varios departamentos e inventará mayores rendimientos. Al fin y al cabo, la base de información real que tienen sus cifras es endeble, por decir lo menos: no hay ninguna encuesta o medición real de la producción realizada; simplemente los cálculos hechos por el método OBC (a ojo de buen cubero), que realizan los funcionarios encargados de la estadística en cada región agraria.
Por cierto, en todas las reuniones internacionales habidas y por haber, siempre las recomendaciones que expertos y organismos internacionales hacen al INEI son las mismas: que facilite el uso de las estadísticas a los usuarios y les permitan acceso a sus bases de datos -recomendaciones que, año tras año, siempre caen en saco roto.
Hay dos razones directas para este comportamiento del sistema estadístico peruano. La primera es que el INEI pretende cobrar por todo lo que puede. Una privatización de facto, tal como sucede con los hospitales públicos. Así, el INEI busca cobrar cifras astronómicas por bases de datos censales, encuestas de hogares o demás estadísticas que uno desee, con lo cual olvida que su trabajo ya fue pagado con el dinero de todos los contribuyentes mediante el Presupuesto Público.
La otra razón es que si revelan la información más desagregada, que es la que requieren los usuarios para mejorar sus programas de alivio a la pobreza o realizar sus propias investigaciones, también saldría a luz la "cocina", los "ajustes" y "correcciones" hechos a las cifras. Estos ajustes deberían ser realizados sobre bases técnicas para superar posibles sesgos de la información de base, pero terminan, actualmente, supeditándose a las necesidades de la coyuntura política (además de sufrir por su baja calidad técnica).
Existen, sin embargo, algunas razones más profundas, dentro de las cuales queremos anotar dos. La primera es la falta de una modernización del Estado en el sentido más tecnocrático que se pueda pensar, es decir, la de la inexistencia de una organización que tenga organismos definidos con funciones claras, planifique su trabajo, se trace metas y verifique su cumplimiento. Para ponerlo más resumidamente, falta una institucionalidad estatal que utilice la información de manera permanente como una necesidad para la gestión y que, por lo tanto, esté interesada permanentemente en la generación y procesamiento de esa información. Como, por el contrario, el Estado peruano está lleno de organismos sobrevivientes sin funciones definidas ni planes claros, con duplicación de funciones entre varias instituciones, con organismos que se crean y reorganizan año tras año, con equipos directivos que cambian continuamente, la información -dentro de lo cual está la estadística, pero que no se limita a ella- es fragmentaria, ad hoc, no jerarquizada.
La segunda razón es, claro, la propia naturaleza del régimen. La transparencia de la información es un elemento básico de la democracia, y su manipulación, un componente igualmente fundamental en las dictaduras. Pregúntenle a Goebbels, si no. Es parte de la estrategia estilo SIN que opera mediante la deformación silenciosa de la realidad y el control subterráneo, invisible, de los hilos del poder. Y uno de los hilos del poder, como se sabe, es la información. Si el jefe del INEI ha durado en el cargo más que cualquier ministro, no es por su calidad técnica sino por su utilidad política: sus cifras de inflación siempre han coincidido con las previamente anunciadas por el Presidente Fujimori.
Es evidente que la información estadística es un bien público, en cuya elaboración se invierten ingentes recursos estatales y también privados, ya que no es desdeñable el tiempo que con ese fin las empresas privadas y las familias pierden llenando informes y contestando encuestas. Generada la información, transmitirla no tiene costo, y es muy difícil controlar su retransmisión.
El Estado es el único que puede realizar esa función, que, como hemos indicado, es fundamental para una conducción técnica correcta del mismo y para el funcionamiento de la democracia.
En otros países, a ningún político se le ocurriría manipular las cifras estadísticas. En los Estados Unidos, eso es poco menos que impensable; y cuando se tienen que revisar cifras -como se ha hecho recientemente para el cálculo de la inflación o de la pobreza- se nombran comités independientes de alto nivel académico y total independencia al respecto.
Esta solución, que debería ser utilizada sólo para casos especiales, para revisiones específicas, es la que resulta hoy necesaria en el Perú. El INEI no puede seguir siendo un organismo con un jefe autocrático, que no reporta a nadie -ya que el presidente del Consejo de Ministros tiene veinte preocupaciones más urgentes que ésta-. Debe constituirse un comité que, integrado por representantes de las universidades e instituciones de investigación, vele por que la información tenga la calidad técnica y la transparencia que debe.
Es bastante obvio que ello no va a suceder antes del año 2000. La dinámica política está concentrada en cosas bastante "más importantes", como la reelección, y en conflictos mucho más globales. Pero una de las luchas que hay que realizar por desmontar este régimen, y no solamente cambiar su cabeza visible, es la de hacer transparente la información estadística. De otra manera, corremos el riesgo de que esta situación se vuelva un mal endémico.
SUMILLAS